lunes, 9 de diciembre de 2019

Comunicando Europa

Las instituciones y organismos que forman la Unión Europea suman una maquinaria de comunicación institucional de las más potentes del planeta.
El español Mikel Landabaso, responsable desde 2016 de Estrategia y Comunicación Corporativa de la Comisión Europea, recordaba este pasado septiembre en Santander, en el marco de un curso de verano organizado por el Movimiento Europeo, que las ruedas de prensa y web de la Comisión son las mayores del mundo, e insistía además la dificultad de comunicar en tiempos de desinformación.
Landabaso consideraba en aquel foro la comunicación como una conversación interactiva; y afirmaba que los datos y hechos no hablan por si mismos, hay que enmarcarlos en valores; y en esa dirección se dirige la voluntad de las últimas campañas de la Comisión, llegar a la cabeza del ciudadano a través del corazón, contando historias reales de personas reales. De este modo se observa que tras la comunicación empresarial (BMW y la mano por la ventanilla) y la comunicación política (populismos), la comunicación institucional de la UE ha entrado también en buscar la fibra sensible de un ciudadano emocionalmente asediado y que vive al borde del infarto o de la indiferencia por sobredosis.
Otro enfoque para comprender mejor el proceso de comunicación institucional es prestar atención a los profesionales y medios encargados de reproducir los contenidos.
La profesora de Relaciones Internacionales, Unión Europea y Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, Marta Hernández Ruiz, acaba de publicar una investigación muy rigurosa sobre cómo se refleja la información sobre asuntos europeos en los medios de comunicación españoles.
El trabajo destaca en cuanto a la metodología y exhaustividad del análisis de lo publicado por cuatro de los principales medios españoles -El País, El Mundo, TVE y Telecinco- durante 2013 y 2014. Asimismo se centra también el estudio en la creación de la opinión pública y cómo se construye la interpretación más extensamente aceptada de la realidad, proceso en el que interaccionan la agenda y los esfuerzos de las instituciones europeas, pero muy poderosamente la agenda de los propios medios y también la agenda política nacional (teoría de la agenda setting).
En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, señala la autora, "en un importante porcentaje no se cubrió como información europea, sino nacional; se buscaba el componente de confrontación, cercanía y entretenimiento que aporta especialmente la información política nacional".
En la publicación aparecen elementos imprescindibles para comprender el proceso de la comunicación en nuestro país, como la alta concentración empresarial, la primacía del infoentretenimiento sobre información más dura como la europea, la debilidad del servicio público y de los medios públicos de comunicación que podrían otorgar mayor cobertura a los temas europeos frente a los privados, entre otros.
Para la autora, "la UE no condiciona la agenda mediática, sino que forma parte de la misma en la medida en que se adapta a las temáticas previamente seleccionadas por los medios como los más importantes".
Desde este punto de vista, la maquinaria institucional más potente del planeta no tendría fuerza suficiente para marcar la actualidad informativa, fijada por los medios con criterios nacionales; otro tema a plantear sería si los medios son autónomos en la fijación de la agenda o responden a intereses económicos de las empresas periodísticas y de los anunciantes.
En este sentido, cualquier acercamiento a la comunicación en España, incluida la tan reiterada desinformación / fake news, está obligado a prestar atención a la debilidad actual del periodismo en un doble sentido, tanto en lo que se refiere a la falta de independencia de las empresas como a la precariedad laboral de los profesionales que elaboran la información.
Otro aspecto interesante del libro es que no existe una relación entre las competencias de la UE y su impacto en los medios, es decir, a más poder de la UE -en política agraria, medioambiental, empresas- no hay mayor cobertura.
La investigación está marcada claramente por los temas que coparon la actualidad durante los años objeto de investigación, especialmente la crisis económica, Ucrania o la crisis migratoria y de refugiados, aunque las principales conclusiones son de gran utilidad para comprender el momento actual.
Bienvenidos análisis sobre cómo funciona la comunicación, casi siempre mucho más que un vehículo intermedio entre instituciones y ciudadanos, con los medios como agentes imprescindibles y con sus propios intereses en el proceso de recopilación y difusión de información. En la comprensión y actuación sobre este proceso se encuentran claves sobre cómo disminuir la distancia entre instituciones y ciudadanos, entre el diseño de políticas y sus beneficiarios.
La cobertura ideal o mejorada de la información relacionada con la UE no sería "incrementar la cobertura de las virtudes del proceso de integración", afirma la autora, "ése no es el cometido de los medios, sino de transferir a la esfera pública nacional un debate serio sobre una organización internacional que , actualmente, cuenta con cuotas de poder muy importantes".
Sobre Europa, también en relación con otros ámbitos, como la seguridad, la defensa o la energía, el ideal informativo ya no sería que hablaran bien de uno / de ellos, objetivo permanente de quienes trabajan en esos sectores y profesionales afines; lo mejor para el ciudadano es que exista debate público sobre temas esenciales para organizar la sociedad y el espacio compartido; y a largo plazo muy probablemente los sectores económicos e institucionales afectados acabarían dándose cuenta de que les interesa una mejora en la percepción del ciudadano como resultado de la confrontación de ideas, que las decisiones no se toman completamente a sus espaldas porque participa o asiste a su discusión.

Marta Hernández Ruiz, La Unión Europea en los medios de comunicación españoles: estudio de primer nivel de la teoría de la Agenda Setting, Pamplona, Aranzadi, 2019.



lunes, 4 de noviembre de 2019

Habemus Ley de Seguridad Nacional

Artículo publicado también en infoLibre.
Llevamos semanas, meses, oyendo llamamientos para aplicar en Cataluña la Ley de Seguridad Nacional, caso peculiar de clamor político solo comparable con el interés relacionado en activar uno de los artículos de la Constitución sobre el mismo territorio, una especie de pensamiento mágico sobre los efectos de la legislación que no se ha mostrado muy productivo en el pasado reciente.
La novedad de esta columna es que la Ley en cuestión ya se está aplicando, por métodos distintos a los esperados por sus propagandistas, y tiene contenidos poco conocidos.
Reconozcamos que no andan sobrados de credibilidad los partidarios teóricos de la Ley. En las elecciones generales celebradas en abril, desde la oposición conservadora, ultra conservadora y extrema se situó al presidente Pedro Sánchez al margen de la Constitución; conocida la sentencia del Tribunal Supremo el 14 de octubre poco recorrido dejaron para incrementar la dosis de exigencia al Gobierno central sobre el independentismo catalán.
En cualquier caso, en esa hipótesis del presidente triscando por las montañas agrestes del más allá de la Constitución no se acaba de ver qué interés tendría en aplicar ninguna otra ley, pero volvamos a este lado de la realidad.
La Ley de Seguridad Nacional se aprobó en el Congreso en el verano de 2015 -Rajoy de presidente- por una amplia mayoría parlamentaria; el reproche nacionalista de que la ley se había elaborado con la voluntad de limitar competencias autonómicas sonaba en aquellos momentos estrambótico.
Entre las novedades de la ley destaca la creación de una situación de interés para la seguridad nacional para aplicar en casos extraordinarios, cuya gravedad no requiere los estados de alarma, excepción y sitio que figuran en la Constitución y regula una ley de 1981.
Esa nueva situación de interés para la seguridad nacional debe ser declarada por el presidente del Gobierno mediante un Real Decreto, y se entiende aquélla que, por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos y la dimensión o transversalidad de las medidas para su resolución, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus funciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno en el marco del sistema de seguridad nacional.
La Ley obtuvo el claro rechazo en el Parlamento de los portavoces de ERC y PNV, y la Generalitat de Cataluña interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, que se desestimó en noviembre de 2016 mediante sentencia que considera que la norma no invade las competencias de la Generalitat, añade en relación con las Comunidades Autónomas que la Ley “contempla de forma expresa su participación en la gestión de la crisis desde las tempranas fases de prevención y detección, así como su intervención en el Consejo de Seguridad Nacional, incluso antes de que dicha declaración tenga lugar”.
La sentencia señala que la situación de interés para la seguridad nacional no altera el esquema de reparto de competencias, pues cada Administración sigue ejerciendo las que le corresponden, “si bien en el marco de una situación de mayor coordinación, justificada por la envergadura y relevancia de la crisis que debe afrontarse, la cual exige una movilización unitaria de los medios disponibles”.
Se trata por tanto de “la coordinación reforzada entre administraciones”, lo que “presupone, lógicamente, la existencia de competencias autonómicas que deben ser coordinadas, competencias que el Estado debe respetar”.
Parece claro que la Ley de Seguridad Nacional no es el instrumento para tomar el control sobre la seguridad en Cataluña, reconducir a un presidente díscolo o a una policía autonómica que se emplea diligentemente hasta la fecha en el control de los violentos.
El objetivo y valor de la Ley fue y es mucho mayor, que no es otro que la progresiva construcción de un sistema de seguridad nacional, que la reacción y coordinación del Estado no dependa de las circunstancias, de la inspiración o de la buena o mala sintonía de los responsables políticos y operativos entre sí.
En el último lustro se ha ido fortaleciendo el departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno en Moncloa, con un responsable al frente nivel director general; se elabora un informe anual de seguridad nacional de interés variable; se han redactado estrategias sectoriales en ámbitos como ciberseguridad, energía, terrorismo, escenarios aeroespacial y marítimo.
Y aparece ahora activo un comité de situación que no se había reunido de forma extraordinaria, ligado a las circunstancias de seguridad del país, ni por el ébola, la abdicación del rey Juan Carlos I y coronación de Felipe VI, ni en los atentados de Cataluña del verano de 2017 (aquí algunos análisis sobre estas circunstancias).
Ésta es la novedad: la comisión de seguimiento de la situación a la que pomposamente se refieres los medios de comunicación estos días y cita el presidente Sánchez no puede ser otra que este Comité previsto en la Ley de Seguridad Nacional, desarrollado por Orden PRA/32/2018, de 22 de enero.
La Ley de Seguridad Nacional establece que el Consejo de Seguridad Nacional estará asistido por un Comité Especializado de carácter único para el conjunto del Sistema de Seguridad Nacional en materia de gestión de crisis, este Comité de Situación.
En resumen, Moncloa-Presidencia-el Gobierno central-el Estado cuenta con un Comité de Situación que se enmarca en el sistema de seguridad nacional que nace con el Consejo de Seguridad Nacional en 2013, regulado por la Ley de 2015, comité cuyo funcionamiento se concreta específicamente en 2018 y que se muestra operativo por primera vez para la gestión de crisis en septiembre-octubre de 2019.
Buena noticia entonces conocer que se han fortalecido los instrumentos del Estado, institucionales, administrativos, operativos, para dar respuesta y gestionar una crisis; afirmación independiente de la crítica o elogio hacia las decisiones que se tomen en cada momento.
Por tanto, podríamos decir que la Ley de Seguridad Nacional se está aplicando con motivo de la tensión violenta generada en Cataluña tras la sentencia del Supremo.
Para los propagandistas que quieren ir más allá tiene interés además explicar que la señalada situación de interés para la seguridad nacional no implicaría cesar al mando de los Mossos, al consejero de Interior ni a nadie.
Y aún más relevante, no puede afectar a derechos fundamentales.
El artículo 23 de la Ley dice expresamente que "la situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos".
La buena noticia es que la Ley muy lentamente pero va ayudando a construir un sistema español de seguridad, porque las instituciones y mecanismos administrativos y legales conviene dejarlos fijados y que no dependan de humores ni coyunturas.
A los impulsores de medidas excepcionales en Cataluña y España con motivo del procés habría que preguntarles hasta dónde quieren limitar temporal o permanentemente los derechos fundamentales de los españoles -catalanes y de las restantes 16 Comunidades Autónomas-, porque algunas de las fórmulas propuestas limitaría derechos, y otras como la Ley de Seguridad Nacional es explícita en excluir su recorte.

Sugerencias

  • Historiador de lo complejo, por José Álvarez Junco (El País, 24.10.2019). En recuerdo de Santos Juliá: "No es solo que conociera infinidad de datos, que los conocía, sobre la España contemporánea. Es que tenía una idea guía, un esquema explicativo bien construido, que subyacía y daba coherencia a toda su obra. Si soy capaz de sintetizarla, esa idea consistía en que la construcción de un Estado que funcione es requisito esencial para la modernización y la democratización de una sociedad".
  • Departamento de Seguridad Nacional - Moncloa: legislación y normativa.

sábado, 26 de octubre de 2019

Formación contra la desinformación

La desinformación comienza a generar como reacción materiales de gigantesco interés.
La preocupación publicada por las fake news ha bajado unos grados de alarmismo, consecuencia lógica de que no han demostrado los superpoderes previstos por ejemplo en las elecciones al Parlamento Europeo, autonómicas y locales en España del mes de mayo y en las elecciones generales del mes de abril.
Al margen del mundo profesional de la seguridad, que mezcla conscientemente o no la desinformación con las ciberamenazas, la comunicación con el delito, para jóvenes y adolescentes, para el ciudadano medio de cualquier edad e incluso para los periodistas y personas vinculadas a la transformación de contenidos y su difusión las mismas redes que canalizan veneno pueden dar acceso a contenidos que nos pueden ayudar a navegar por las aguas de los contenidos digitales.
A continuación tres iniciativas a observar con la máxima atención, relacionadas directamente con la educación: formación contra la desinformación.

(in)fórmate

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Google, el patrocinio del Gobierno central y la colaboración de los principales medios de comunicación españoles han puesto en marcha este 2019 la iniciativa (in)fórmate, un proyecto para la educación en el consumo de medios e información online, que promueve la alfabetización mediática y el fomento del pensamiento crítico en la población adolescente de 14 a 16 años que está cursando 3º y 4º de la ESO en centros educativos españoles.
Se pretende promover en los adolescentes la habilidad y la voluntad de acceder a la información ofrecida por los medios tradicionales y el contenido online, analizarla, contextualizarla y evaluarla fomentando su pensamiento crítico.
El proyecto va dirigido principalmente a implicar a centros educativos y equipos docentes, que los contenidos se incluyan además en horario lectivo y forme parte de las asignaturas.
La web ofrece también recursos para adolescentes y profesores.

Stop rumores

La Fundación Andalucía Acoge lleva años luchando contra lo que hoy denominamos fake news / noticias falsas y con más rigor desinformación. Nada menos que en 2014 creó la llamada Agencia Stop Rumores, una estrategia de impacto comunicativo y social que tiene como objetivo luchar, de forma sostenida en el tiempo, contra los rumores que dificultan la convivencia en la diversidad, desmontando muchos estereotipos negativos en relación con la inmigración y las ayudas públicas.
Financiado por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración, cuenta con más de 500 Agentes Anti-rumor y un centenar de entidades entidades (centros educativos, administraciones públicas, asociaciones) adheridas a su metodología y objetivos.
Este octubre de 2019 se ha puesto en marcha un MOOC -curso gratuito online-, "Quieres ser Agente Antirrumor?".
En todo caso desde su web Stop Rumores se ofrece cantidad de contenidos de utilidad para formarse e implicarse contra la desinformación.

UNESCO

Con un objetivo más especializado, dirigido a profesionales de los medios de comunicación y estudiantes de periodismo, la UNESCO -agencia de Naciones Unidas para la Educación- trabaja también desde hace años con estos temas y ha elaborado material de interés.
Journalism, `Fake News’ & Disinformation (original en inglés; versión en español clicando aquí) es una guía práctica para directores de medios, periodistas y docentes, con material para utilizar en seminarios, publicaciones y talleres. Profesores de periodismo pueden usar los siete módulos como un plan de estudios modelo para la enseñanza en el aula, con resúmenes, ejercicios, tareas y lecturas sugeridas.
La publicación ofrece un listado de mejores prácticas sobre una amplia variedad de temas, desde la verificación básica de hechos y redes sociales hasta la alfabetización mediática y la lucha contra el acoso online.
Asimismo la UNESCO celebra todos los años la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional, en 2019 la última semana de octubre, con actos organizados por todo el mundo y con recursos en línea gratuitos, tanto para público en general como profesores.

martes, 15 de octubre de 2019

Especies exóticas invasoras

El Ayuntamiento de Madrid anuncia que ha decidido gastar cien mil euros para reducir la población de cotorras argentinas, por lo visto la penúltima especie invasora caracterizada ésta por construir grandes nidos potencialmente peligrosos (el argumento sería aplicable a las cigüeñas, que además no son residentes permanentes, nos utilizan como Mónaco los deportistas de élite), son animales ruidosos las cotorras y, lo peor, desplazan a avifauna autóctona como los gorriones y las palomas; el presupuesto tocará como a seis euros por cotorra eliminada.
Sorprende el presupuesto, lo costoso de eliminarlas, las prioridades políticas del nuevo equipo gobernante en el Ayuntamiento de Madrid, sorprende hasta el adjetivo exótico: "extranjero o procedente de un país o lugar lejanos y percibidos como muy distintos del propio"; "extraño, chocante, extravagante"; en México, bailarina exótica es bailarina de cabaré, signifique lo que signifique hoy cabaré en cualquier lugar.
En realidad especies invasoras hay muchas si no lo son todas.
Habría que distinguir entre este caso y la hipotética proliferación de caimanes en el estanque del Retiro de Madrid, los mejillones cebra del delta del Ebro (producir un kilo de arroz autóctono dicen que requiere 1.500 litros de agua), algún caracol manzana... No es saludable tener anfibios gigantescos carnívoros en los parques ni la naturaleza ofrece muchos casos de animales fluorescentes.
Hay especies peligrosas que hay que evitar, pero invasores los tenemos todos en el árbol familiar. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Washington se acaba de sumar a más de 130 ciudades y ocho Estados de EE.UU. que han cambiado el Día de Colón arguyendo que el conquistador “esclavizó y masacró" a miles de pueblos indígenas; cabe aclarar que por aquellas tierras del distrito de Columbia a Colón lo consideran italiano, no sabemos si exótico italiano.
Por otra parte, nadie relaciona las 20.000 cotorras argentinas que se calcula vuelan y gritan por nuestro país (la mitad en Madrid) con el acusado descenso de la población de gorriones, que ha caído de 165 a 155 millones en las últimas décadas siguiendo una tendencia observada en toda Europa y aún sin explicación.
En tiempos de globalización y mestizaje nos preocupa el origen del pájaro silvestre y giramos la cabeza hacia el gorrión nacional al que no hacíamos caso en el último medio siglo ni como tapa en su versión de pájaro frito.
La sandía procede hasta en el nombre de la región paquistaní del Sind, la patata y el tomate de la orilla americana del Atlántico, y aquí se podría seguir con listados cursis que circulaban hace años, estilo que mi actual vehículo es de una marca sueca propiedad de una empresa china y el anterior fue fabricado en Bélgica de una marca española perteneciente a una multinacional alemana.
Nos tranquilizamos vistiendo de nazareno a nuestro hijo de cinco años en la Semana Santa del pueblo mientras nos llega por televisión el último tifón que arrasa Tokio o contemplamos aterrorizados la serie de asesinatos de niños y mujeres jóvenes que pueblan las mañanas televisivas.
Amigas cotorras, todos somos invasores.
El mérito o la desgracia de estos pájaros es que no se han congelado en invierno a pesar de su origen tropical, al parecer porque son silvestres, no criados en cautividad, y se han adaptado con mayor genio que el nacido en jaula.
Desde aquí un consejo: aguantad cinco años de fríos y nadie se acordará de vuestro origen extranjero.
Con un poco de suerte y si continúan los inviernos suaves, las cotorras es muy posible que sobrevivan incluso a especies bien españolas que ocupan el Ayuntamiento de Madrid.
Entretanto el interesado puede comprometerse, porque la medida anunciada no ha gustado a todo el mundo.
El partido animalista PACMA, la primera formación extraparlamentaria -es decir, el partido con más votos que no consiguió diputados el pasado mes de abril-, ha puesto en marcha una campaña política sobre el asunto, "Las cotorras de Madrid condenadas a muerte ¡Firma para salvarlas!", y dicen: "El Ayuntamiento de Madrid y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, pretenden exterminar a casi 12.000 cotorras argentinas que habitan en la ciudad gaseándolas con un químico tóxico y mortal, provocándoles una muerte agónica y dolorosa. FIRMA AHORA para que paralicen este cruel exterminio de miles de cotorras. ¡Basta de matanzas!" (las mayúsculas son del PACMA).
Aclaran algo más el tema: "Matar aves por medio de gas no es un método de sacrificio ético: es doloroso y estresante, la pérdida de conocimiento nunca es instantánea, y provoca reacciones desesperadas de huida, aleteos, vocalizaciones, intentos desesperados por huir. Algunas aves siguen aleteando incluso cuando aparentemente han perdido la consciencia y otras sobreviven al gaseado, lo que implica tener que matarlas después aumentando el tiempo de agonía".
Acabo de firmar, ya somos 11.935 personas, casi tantos como cotorras.
Donde hay una polémica hay también una oportunidad.

Sugerencias





martes, 17 de septiembre de 2019

Nuevo ciclo político: ahora toca qué Europa


Artículo publicado también en infoLibre.
Desde que las emociones llegaron como ingrediente principal a los mundos de la política, la comunicación y la comunicación política, no ganamos para sustos: todos nos quieren emocionar, desde la marca integradora de piezas de vehículos al gabinete de prensa de cualquier organización, incluidas las más duras como las policiales y militares, y emocionados vivimos, casi al borde del infarto, en un ay.
Reconozcamos que el caos tiene un atractivo mayor que el argumento racional, de ahí su adicción por parte del periodismo, y también que la proliferación de profecías catastrofistas y apocalipsis no acaban de concretarse en la inmensa mayoría de los casos, sin que se pidan responsabilidades a sus autores por el estrés generado.
Cabría decir que el derrotismo está sobrevalorado; y la inteligencia emocional, también.
Nunca se debería olvidar que detrás de las apelaciones más directas a la emoción hay personas y decisiones perfectamente racionales.
Mientras vivimos con el nudo en la garganta, la barbilla arrugada y la lágrima asomando, por ahí observan algunos responsables de nuestras emociones con mirada de hielo.
Como sucede también con la inteligencia artificial, detrás de comportamientos automatizados hay y habrá humanos y decisiones humanas.
Por tanto, desconfiemos algo de la emoción y del algoritmo, porque no circulan sin conductor.
Buscando el equilibrio en la dieta, algunos seguimos interesados ya desde Altamira hasta la fecha en estimular la parte más racional de la persona, sujetar al mono que llevamos dentro, que la emoción no sea el único ingrediente, aunque luego nos emocionemos con el resultado o el marco.
En esta línea un curso de este verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo analizó en Santander el relanzamiento de la Unión Europea en estos tiempos del brexit.
Su organizador en nombre del Movimiento Europeo que preside, Francisco Aldecoa, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, insiste en la idea de que la amenaza de brexit no será efectiva hasta que realmente se cumpla (las sociedades tienen mecanismos de autodefensa para evitar hacerse daño), y que hasta entonces ha sido un impulsor de la construcción política del continente: la amenaza británica está siendo un factor de cohesión entre Estados, instituciones y sobre todo ciudadanos. "El brexit se ha convertido en una oportunidad para las transformaciones de la UE pendientes tras años de bloqueo", opina.
Casi en broma reclama que sería justo erigir un monumento tanto al brexit como a Trump en frente de las instituciones comunitarias, junto a los padres fundadores, en reconocimiento a su papel impulsor de la integración europea.
Buena parte de los participantes en Santander recordaron los resultados de las elecciones europeas de este mayo de 2019, en las que la participación subió diez puntos: los antieuropeos que suman la extrema derecha y los populismos varios fracasaron en su intento y además están divididos entre sí, no forman bloque.
Superados muchos de los miedos, la amenaza existencial ha pasado en apenas tres años de la Unión Europea al Reino Unido; los problemas más graves, del proyecto común a algunos de sus Estados miembros.
Y en este punto -ya abandonando Santander- se hace necesario el matiz y la clarificación del proyecto, más allá de Europa sí o no, nos quedamos o nos vamos, blanco o o negro.
Según el último Eurobarómetro publicado en agosto, nada menos que el 87% de los españoles se sienten ciudadanos europeos, el tercer mayor porcentaje continental tras Luxemburgo y Alemania, y por encima de la media también alta del 73%.
Somos Europa, nos sentimos europeos... y se agradece cualquier esfuerzo por definir y explicar hacia dónde vamos.
Porque en esto de Europa aparecen con facilidad dos sesgos que sería conveniente al menos ser conscientes de su existencia.
Uno probablemente generacional incrementa con la edad el apoyo incondicional a Europa,  herencia de cuando España estaba fuera del club político y existía una aspiración mental y democrática hacia el norte. Los ataques al proyecto común de los últimos años han abonado también la simplificación del debate sobre Europa a un salirse-quedarse.
Cierta juventud que observa de forma muy crítica a la UE da por irrenunciable porque no han conocido otra cosa algunos avances como los Erasmus, la moneda única o cruzar fronteras a 120 kmh sin temblar ante el guardia mientras revuelve nuestra ropa interior.
Un segundo sesgo a evitar consiste en aplaudir de forma acrítica cualquier movimiento que se produzca en la construcción política de Europa, con independencia de su dirección.
Fotos del banco de imágenes de la Comisión Europea
EC - Audiovisual Service
Parece sensato pensar que los riesgos globales que afectan a la seguridad se afrontan mejor con instrumentos mancomunados en Defensa; ahora bien, ¿en cualquier sentido? ¿Todo lo aprobado en Defensa europea tiene el mismo peso, relevancia? ¿No sería conveniente un equilibrio entre estrategia de seguridad compartida, actuación conjunta sobre el terreno e intereses industriales? -algo vencido ahora el tema hacia el tercer elemento-.
Parece consensuado y claro el diagnóstico de que las instituciones comunitarias no protegieron los suficiente al ciudadano europeo durante la crisis, y de ahí salió la voluntad de proteger en dos sentidos, el militar y el social (aquí alguna reflexión sobre el asunto).
Siendo los dos ámbitos competencias estrictamente nacionales, ¿han avanzado a la misma velocidad la Europa de la Defensa y el Pilar Social europeo? ¿Puede uno avanzar sin el otro? ¿Existe alguna entidad política autónoma que carezca de estas dos competencias, sumada la fiscal? ¿Se prevé presupuesto para cada una de ellas en el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-27? (pregunta retórica, en asuntos de desarrollo de capacidades militares ya está previsto).
¿Existe algún proyecto o posibilidad de restar control al Consejo -primeros ministros-, cuyo poder se ha disparado en la última década?
El interés y compromiso político con Europa no puede ser un cheque en blanco, porque el futuro dependerá de lo que se haga, decisiones políticas racionales, aunque a veces se utilice la emoción para llegar a la cabeza, como reconocen los responsables de la estrategia de Comunicación de la Comisión Europea.
Se agradece en todo este proceso el suministro de materiales. Tanto el MPDL como la Fundación Alternativas han aportado recientemente ingredientes para el análisis y el debate.
El Movimiento por la Paz presidido por Francisca Sauquillo acaba de presentar un monográfico sobre "La Europa que avanza".
La Fundación Alternativas bajo la dirección ejecutiva de Diego López Garrido anuncia para septiembre dos debates sobre propuestas en materia social para la próxima legislatura europea que ahora comienza; y publicó este mes de mayo un documento de análisis sobre el compromiso de los Estados miembros en materia de seguridad y defensa europea.
El funcionamiento de las instituciones europeas favorece una coalición de hecho en políticas de diferente signo, eso sí bajo la dirección en Comisión, Consejo y Parlamento de dirigentes conservadores -así ha ocurrido desde la última década de policrisis-, como se comprueba con la elección de Ursula von der Leyen, conservadora que ha incorporado a su programa de investidura contenidos sociales, verdes y hasta se compromete el año próximo a plantear una conferencia sobre el futuro de Europa e incluso una modificación de los tratados que harían posible esos contenidos sociales.
Sin embargo los acuerdos forzados o voluntarios nunca debieran ocultar el debate sobre la Europa en construcción, y el marco de ese debate ya es secundario, locales institucionales, civiles, públicos, privados, incluso una península de cuento en Santander de uso particular borbónico en origen y hoy de disfrute universitario, turístico y socializado.
Europa es un proyecto político supranacional y utilitario -competencias para alcanzar objetivos-, las apelaciones a los valores son admitidas como aderezo de competencias y avances concretos, y no todo movimiento es un avance.
Dejemos la emoción para el entorno y la pasión de cada uno en la defensa de los argumentos, porque resulta más necesario que nunca debatir sobre contenidos, y ese debate acercará las instituciones al ciudadano.
Política, profesional y personalmente Europa es el proyecto, pero no cualquier proyecto; hay que definirlo entre todos, al menos discutirlo.

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sábado, 31 de agosto de 2019

Tánger despega


Antigua Aduana rehabilitada en el puerto de Tánger (Fotos: PND).
Si Tánger es un estado de ánimo, como dicen que dijo algún escritor de mediados del XX, la ciudad marroquí del Estrecho vive hoy un momento de euforia contenida, para algunos locales una euforia comparable a la España del cambio de siglo.
La contención puede venir de una sociedad más pausada, que se observa en la afición al té con hierbabuena y la forma de conducir en oleadas, sin histeria,  junto a las restricciones al crédito bancario -según cuentan- que evitan alegrías financieras particulares.
La visita a la ciudad en este verano de 2019 revela en cualquier caso una transformación en marcha sin precedentes, una inversión pública generosa y con efectos muy visibles, que reluce especialmente en la línea de costa, la Corniche, paseo marítimo durante kilómetros desde el cabo Malabata hasta circunvalar la ciudad antigua, medina y kasbah, dirección cabo Espartel (aquí web oficial sobre el proyecto del puerto de Tánger).
Se cumple una década de algunas grandes inversiones que marcan simbólicamente el despertar de Tánger y la zona norte de Marruecos: el puerto Tánger Med, a 40 kilómetros de la ciudad, gigantesca infraestructura donde hoy atracan los ferries procedentes o destino Algeciras (2,8 millones de viajeros), y donde se gestiona el movimiento de centenares de miles de contenedores (3,4 millones al año); este 2019 se acaba de inaugurar una ampliación.
Tanger Med es también la puerta de salida de la producción de muchas de las empresas instaladas en las zonas francas que rodean Tánger y que han creado decenas de miles de empleos en la región.
Entre ellas, de forma muy destacada, la fábrica de Renault-Dacia, inaugurada en 2012, que ya ha producido más de un millón de vehículos, entre ellos monovolúmenes como el Lodgy que han sustituido la mayor parte de aquellos Mercedes destartalados conocidos como grand taxi del pasado reciente.
Mezquita de la medina de Tánger.
Junto al empleo creado (inversión privada), las obras en el puerto y las infraestructuras van entrando en servicio, una de las más llamativas el primer tren de alta velocidad del continente que une desde noviembre de 2018 Tánger y Casablanca en dos horas y diez minutos y un precio por trayecto entre 20 y 30 euros, con la polémica habitual (elitismo, necesidad) sobre este tipo de inversiones que en su caso ha superado los 2.000 millones de euros financiados por Francia y petromonarquías del Golfo.
La inversión pública se percibe también en detalles menos aparatosos, nuevas zonas verdes, muy verdes, en instalaciones deportivas públicas o parques infantiles; también en la recuperación de zonas de la muralla y la medina bastante respetuosa, como el edifico de la antigua Aduana a los pies del Hotel Continental.
España continúa hoy muy presente en la realidad tangerina, desde la historia, la geografía, el callejero, los Almacenes Alcalá (tejidos y novedades escrito en la fachada), la historia, el español aprendido -cuentan- a través de Televisión Española y Canal Sur (hasta que llegó la TDT), los miles de marroquíes que han estudiado la Secundaria en el operativo desde hace seis décadas Instituto Severo Ochoa (dependiente del Ministerio de Educación, sistema educativo español) y sobre todo Tánger atrae a miles de turistas españoles que llenan sus calles.
España aparece también con empresas como Zara (desde 2017) y ALSA como concesionaria de los autobuses urbanos de la ciudad; el Instituto Cervantes y confiemos en que el centenario Teatro homónimo sea pronto rehabilitado, tras la reciente cesión a las autoridades locales, y se convierta en un foco de actividad cultural compartida.
Más allá de hispanos y extranjeros, el paisaje humano de Tánger es hoy mayoritariamente marroquí y variopinto, marroquíes residentes, de la emigración, del sur del país visitando el norte, también turismo de otros países árabes.
La ciudad transmite la impresión de estar en proceso de depender de inercias propias, no sólo externas. Tánger vive el presente y mira al futuro con optimismo, que contrasta con el pesimismo algo impostado en esta orilla hacia lo por venir.
Mezquita construida entre los nuevos puerto pesquero
y la terminal de ferries a Tarifa.
La ciudad ha conseguido dar carpetazo al mito del Estatuto internacional que la gobernó durante la primera mitad del XX, con excéntricos millonarios norteamericanos organizando fiestas, el cielo protector de algunos escritores malditos y la ausencia de marroquíes que reflejan novelas como la recomendable "La vida perra de Juanita Narboni" del español tangerino Ángel Vázquez.
Ha superado Tánger también la reivindicación autóctona que refleja un escritor marroquí como Mohamed Chukri, grito de los excluidos que nunca fueron invitados a aquellas fiestas.
Tánger ha fulminado sus fantasmas, ha dejado atrás el colonialismo visible y el invisible que ligaba su grandeza a un pasado de ocupación colonial, parece haber superado también la reacción de los condenados de la tierra; es su historia, pero no el punto de llegada ni referencia obsesiva.
Tánger, habría que analizar si es aplicable al resto del país, da la impresión de estar a punto de depender de sí misma, o expresado de otro modo, pasar a ligar su suerte a las fuerzas combinadas y no elegidas del mercado, de la coyuntura y del azar, como el resto del mundo que llamamos desarrollado.
Se podría decir que en Tánger Dacia ha vencido a Mercedes (aunque se mantenga con el modelo Vito para el transporte turístico), lo que tiene algo menos de glamour decadente pero más futuro.
Y su futuro siempre será compartido con España; los juegos de suma cero (lo que gana uno lo pierde otro) no suelen ser frecuentes ni en economía ni en sociología ni en cultura.

Sugerencias






martes, 2 de julio de 2019

El gremio periodístico mira a la Edad Media


Los matrimonios celebrados en España por el rito cristiano de la Iglesia Católica han caído hasta poco más del 20% de las parejas que deciden oficializar su relación, desde el 70% que alcanzaban allá por el cambio de siglo. Ante estas circunstancias, terremoto sociológico, pues no resulta razonable que la Iglesia aún mayoritaria en nuestro país se dedique a espantar a los fieles, no parece que le sobren, y por eso no se acaban de entender asuntos como las últimas declaraciones del embajador del Vaticano sobre el sectarismo del Gobierno español en relación con los restos de Franco o su pasividad relacionada con la pederastia.
Sirva lo anterior como símil también aplicable a las asociaciones de la prensa -las grandes, medianas y pequeñas- y los planes que anuncian sobre requisitos restrictivos que exigirán para formar parte de ellas, en un momento en el que la profesión vive una crisis de credibilidad y precariedad laboral con pocos precedentes.
La Federación de Asociaciones de la Prensa de España -FAPE- acaba de inaugurar el verano de 2019 anunciando que "admitirá como nuevos socios, únicamente, a profesionales licenciados en Periodismo, Comunicación o Comunicación Audiovisual", que escribe con mayúscula inicial para reflejar la importancia que concede a esas titulaciones, si bien la terminología de "licenciados" no es seguro que se siga utilizando en la universidad española.
Añade la FAPE que "la medida estará vigente a partir del 30 de marzo de 2020 y supone la supresión de la conocida como 'tercera vía', por la que, con carácter excepcional, las asociaciones federadas podían solicitar a la Federación autorización para admitir como socios a quienes, sin tener la mencionada titulación, ejercen el periodismo de forma continuada y como principal medio de vida".
De tal modo quien esto escribe, licenciado en Filología, con algún máster en Periodismo y experiencia profesional tanto en medios como en gabinetes de comunicación, no sería admitido como miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid -APM-, como así ocurrió hace unos años.
La incógnita es si a quienes ya estamos dentro se nos hará el vacío estilo Gila, "alguien ha estudiado algo que no sirve", dejarán de invitarnos cada enero a la misa en honor al patrón San Francisco de Sales y al cóctel posterior (abonando 15 euros) o se establecerá como una categoría a extinguir en un plazo prudencial.
En el último y recomendable informe anual de la profesión periodística elaborado por la APM se aclara a qué se dedican los profesionales de la comunicación.
En relación con las dos especialidades en las que los periodistas trabajan -la información periodística y la comunicación corporativa- “la situación evoluciona muy lentamente”, y entre quienes contestan la encuesta profesional, que este año han sido 1.700 periodistas, desciende el porcentaje de quienes se dedican a la información (56%) y aumenta el de los que se dedican a la comunicación (44%). Las mujeres son mayoría entre quienes se dedican a la comunicación corporativa contratados por terceros (los falsos autónomos dan para muchas columnas, aquí una).
Sería de interés también destacar del informe de la APM que el paro y la precariedad que provoca es considerado el principal problema profesional por los periodistas encuestados; la mala retribución del trabajo se ha consolidado en el segundo lugar de las preocupaciones; el tercer y cuarto lugar de los principales problemas profesionales lo ocupan la falta de independencia política y económica de los medios, con el 19%, y la falta de rigor y neutralidad en el ejercicio profesional, con el 15%; el quinto lugar entre las preocupaciones lo ocupa la falta de tiempo para elaborar la información; y hay que acudir al sexto lugar para encontrar el intrusismo profesional entre las pesadillas de la profesión (lo menciona el 9% de los encuestados).
De lo anterior se deduce un amplio campo de actuación para un colegio o asociación profesional como vigilantes de condiciones laborales, de límites a la libertad de expresión sobrepasados desde la extrema derecha a publicadores asustados de viñetas políticas, como grupo de presión (lobby) en defensa de la independencia del profesional de la comunicación frente a la empresa en la que trabaja o la influencia del mundo político y económico.
La realidad es que el miembro de una asociación profesional de periodistas en España, juzgando por la de Madrid, recibe una comunicación continua sobre ofertas comerciales (club de descuentos, viajes, entradas, cupones); atrás ha quedado el servicio médico que la APM ofrecía a sus socios -aquí lo contaba-, con la negativa de la Comunidad de Madrid a seguir con el convenio, lo que provocó la baja de un tercio de los miembros de la APM; y hay que reconocer que la Asociación sí organiza jornadas de formación y elabora publicaciones de calidad sobre la profesión.
De cumplir con lo anunciado, la FAPE y sus asociaciones renunciarán a medio plazo a representar a la mitad de los profesionales que se dedican en España a la comunicación, impulsados por un corporativismo que no aparece en los primeros lugares de las preocupaciones de la profesión.
Un fenómeno bien interesante al que no se atiende es el actual proceso de desprofesionalización de la comunicación, pero no por parte de profesionales de otras disciplinas que se han formado en periodismo y cuentan con años de experiencia laboral en medios y comunicación corporativa, sino por parte de ajenos completamente a la profesión.
En este sentido, por poner tres ejemplos, el ecosistema digital ha favorecido la aparición de especialistas en marketing como community managers u otros puestos que descuidan los contenidos en favor de su formato y difusión. La información espectáculo ha provocado también la proliferación de animadores que desprecian el trabajo informativo en contraste con el muy respetable de quienes llenan horas de televisión con vaquilla o sin ella.
En tercer lugar, al calor de las fake news, la desinformación y la confusión interesada entre ciberamenazas físicas y bulos, va creciendo el número de quienes se suman a la comunicación procedentes del mundo de la seguridad y la tecnología sin experiencia ni formación en cuanto al procesado de información con un fin.
El corporativismo no es exclusivo de la profesión periodística, se asegura que existe en la universidad, en la política, en cuerpos de altos y medianos funcionarios, claramente en la empresa, y uno sospecha que hasta en el gremio de instaladores de aparatos de calefacción.
Lo que no está demostrado con pruebas de laboratorio es que el corporativismo sea de especial utilidad para ganar el futuro, sí para mantener rescoldos de un pasado por supuesto idealizado.
Contra la incertidumbre parece que se elige una vuelta al gremio medieval, recinto cerrado con normas de obligado cumplimiento para espantar a la competencia, y aprendices, muchos aprendices, que podrían ser los becarios que pueblan las redacciones.
Queda el consuelo de que estos impulsos suelen ser intermitentes: vendrán más años buenos y nos harán menos ciegos.

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domingo, 23 de junio de 2019

Los vértigos de la defensa militar

Artículo publicado también en el Blog Al revés y al derecho e infoLibre.
Desde la Guerra Civil y el posterior Estado militarizado vigilante de la población local, principal preocupación de cualquier dictadura, la secuencia por la que España ha ido mejorando sus competencias militares -siendo generoso, conformando una política de defensa- pasa por Estados Unidos, la OTAN, decisiones propias y ahora se plantea en el marco de la Unión Europea.
Los convenios de defensa con EEUU a partir de 1953, la integración en la OTAN en 1982 (y en su estructura militar en 1999), la transición militar que no se completa hasta finales de los ochenta, las leyes que organizan la Defensa nacional de comienzos del siglo XXI, el Tratado de Lisboa de la UE de 2007 y los avances en materia de defensa europea de los últimos años son todas decisiones políticas, nivel estratégico, con consecuencias sobre la organización, su personal, los medios y las actuaciones finales con medios militares.
Fueron decisiones políticas ceder soberanía y bases militares a cambio de la reincorporación de la dictadura a la comunidad internacional, y una consecuencia de aquello fue la llegada de material militar norteamericano excedente de la Segunda Guerra Mundial.
La participación en la Alianza Atlántica, referéndum mediante, fue una decisión política de enorme relevancia para modernizar las Fuerzas Armadas y calmar reacciones ultras, objetivo alcanzado en el primer supuesto.
Es pura política que la Unión Europea se plantee hoy una autonomía estratégica en materia de defensa y del mismo carácter la decisión de formar parte o no por cada país miembro de las iniciativas comunitarias.
En este ámbito de la seguridad se habla mucho de operaciones militares, de intervenciones más o menos pacíficas, de operaciones especiales de las que nada se dice porque son especiales, y poco se debate sobre la efectividad de tales intervenciones, si cumplen o no sus objetivos.
En asuntos de defensa y seguridad se habla mucho de lo que dicen los responsable políticos, de declaraciones en cumbres y pre cumbres, se analizan los tuits de Donald Trump con la dedicación de un kremlinólogo hacia las fotografías de la jerarquía soviética, y no rascando mucho aparecen intereses industriales.
En asuntos de defensa y seguridad se habla mucho de presupuestos, de destinar el dos o el cuatro por ciento del PIB, de grandes y pequeños programas de armamento.
Y poco tiempo y esfuerzo se dedica a la estrategia de seguridad que debiera amparar declaraciones, presupuestos y actuaciones.
Lo anterior en cierta forma sobrevoló el reciente seminario celebrado a comienzos de junio en Toledo organizado por la Asociación de Periodistas Europeos de Miguel Ángel Aguilar y Diego Carcedo, bajo el título de "OTAN: el vértigo de la retirada americana".
En este tipo de seminarios se hace un esfuerzo colectivo e individual muy sano por captar la diferente percepción sobre seguridad de aliados como las repúblicas bálticas o Polonia, mientras que se ignora directamente, cuando no se desprecia, la percepción sobre seguridad de los españoles, manifestantes o no contra la invasión de Irak.
Otra peculiaridad es que en estos foros a un profesor universitario ruso lo convertimos inmediatamente en portavoz de Putin, mientras que una investigadora francesa se representa exclusivamente a sí misma y su capacidad de análisis.
Aparte de sensibilidades y generalizaciones, también se escucha mucho y bueno.
Por ejemplo, respuestas a la pregunta, parafraseando a Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodieron las relaciones OTAN-Rusia?  Muchos lo sitúan en la anexión rusa de Crimea en 2014, otros lo remontan al bombardeo de Belgrado en 1999, alguno apunta a la extensión de la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia, y la lógica apunta hacia la instalación de un escudo antimisiles norteamericano cuyo componente naval descansa en la base española de Rota, el terrestre por Rumanía y Polonia.
Centra el debate de forma recurrente en la actualidad la disyuntiva de destinar esfuerzos humanos y presupuestarios de los países europeos con la UE o la OTAN. Quien dirigiera la Alianza y la política exterior y de seguridad de la Unión, Javier Solana, afirma tajante que la duda sobre la compatibilidad de ambas organizaciones procede más de la ideología que de la realidad; y se muestra partidario de gastar más en defensa, pero europeamente.
Se dice que la velocidad de los acontecimientos exige reaccionar sin la obligada en otro tiempo reflexión teórica previa. "La OTAN ha hecho teoría desde la práctica", defienden los más atlantistas; la OTAN impone doctrina actuando, opinan conocedores de la organización.
Tengo escuchado a Javier Solana en otros foros decir que las intervenciones militares -pensando en aquellas llamadas operaciones de paz que nadie llama hoy así- tienen la capacidad de detener el reloj del conflicto y dar tiempo a la política para encontrar una solución, la resolución del conflicto no es militar.
Por tanto, todo indica que miramos hoy el instrumento, los medios, el gasto y no su finalidad.
El centro de atención no debiera ser la presencia de un grupo táctico acorazado español en Letonia (con carros de combate Leopardo), la participación intensiva de la Armada en las operaciones navales de la OTAN -incluido el Mar Negro-, la presencia de una batería española de misiles Patriot en Turquía desde hace un lustro, la participación del Eurocuerpo en la República Centroafricana, de militares españoles en Malí, Sahel, Cabo Verde o Túnez.
Más que en su presencia el interés tendría que centrarse en porqué están allí, qué estrategia, legalidad y legitimidad ampara su presencia en esos escenarios, qué se pretende conseguir y cómo se va consiguiendo (cumplimiento de objetivos).
A España, a la Unión Europea y a la OTAN, a Estados Unidos, habrá que pedirles cuál es su estrategia de seguridad, el marco político que ampara sus decisiones en la materia y se entiende que sus adquisiciones de material militar para tener unas determinadas capacidades de actuación.
El llamado concepto estratégico de la OTAN data de 2010, momento anterior a las concentraciones del Maidán de Ucrania y la anexión de Crimea por Rusia, cuando finalizaba la operación ISAF en Afganistán y la Alianza se planteaba su futuro y su área de actuación, todo interrumpido por una simulación de guerra fría que no resiste comparación con el modelo original, entre otros muchos motivos porque no existe alternativa ideológica ni contraparte militar: el presupuesto de defensa sólo de EEUU triplica al de China y es diez veces el de Rusia.
La última estrategia de seguridad de la UE fue aprobada en 2016, su texto sigue pareciendo casi revolucionario ("La UE promoverá un orden mundial basado en normas, con el multilateralismo como principio esencial y las Naciones Unidas como núcleo"), y se mantiene la duda de si los 28 países miembro la firmarían hoy y la aplican en la práctica, en cualquier caso requerirá una actualización en el nuevo periodo que arranca con las recientes elecciones al Parlamento Europeo.
La estrategia española de seguridad es de finales de 2017, Gobierno Rajoy, y la última Directiva de Defensa Nacional en la que cada Gobierno deja escritos sus objetivos data nada menos que de 2012, hace tres elecciones generales.
Un ejercicio de interés sería contrastar en qué coinciden y difieren las estrategias de seguridad de EEUU, la OTAN, la UE y España; en el campo de los intereses comunes de seguridad, que debe ser mayoritario, sirve la situación actual; recordemos que en la OTAN las decisiones se toman por unanimidad; en las áreas y objetivos no compartidos -por ejemplo, acuerdo nuclear con Irán- pues se requiere determinar estrategia y medios propios.
¿Debe la UE quedarse con misiones en defensa que no quiera afrontar la OTAN?
¿Necesita la UE la disuasión nuclear, un arma inútil por no utilizable?
El mundo es más complejo que la división entre aliados y enemigos que nos llega desde Estados Unidos, existen muchos otros estados intermedios, frecuentes en el mundo de la empresa, como la competición y la cooperación, defendió Sylvie Matelly, directora del think tank francés IRIS.
Una parte minoritaria de los reunidos en Toledo se mostraba partidario de que Europa refuerce sus capacidades militares y de mantener una relación de colaboración con la OTAN sin jerarquías, la parte más uniformada y más oficial se muestra acríticamente atlantista.
En cualquier caso, reconociendo el espectáculo de contemplar un tanque de 60 toneladas a 70 kilómetros por hora campo a través, las actuaciones sobre el terreno y el gasto militar no conforman una estrategia de seguridad.
Haciendo un símil con otras disciplinas, el medio ambiente está dejando de ser una opción en materia de desarrollo económico, no es admisible crecimiento a costa del entorno. En asuntos de seguridad quizá pueda ocurrir algo similar con otros elementos como derechos humanos en destino y transparencia, que es debate político y público, en origen, resultado de la voluntad de fijar por escrito que estas cosas no dependan de las personas y las circunstancias, sino del sistema así organizado.
Porque estos asuntos de la seguridad se organizan a nivel estratégico, lo demás llega en cascada, o así tendría que ser si ese tipo de documentos fueran más que un ejercicio elaborado para amparar actuaciones que se van organizando según los acontecimientos.
La ausencia de una estrategia propia es siempre aprovechada por la inercia, por intereses industriales o por la estrategia de terceros que sí la tienen.

miércoles, 5 de junio de 2019

Despejando la niebla informativa

La Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa -ADESyD- organizó en noviembre de 2018 en Madrid un Congreso en el que participé con una ponencia titulada "Unión Europea, desinformación y realidad", un recorrido por las actuaciones desde Bruselas en este campo, los materiales que ha ido dejando por el camino y conclusiones propias.
ADESyD ha presentado este mes de junio las actas del Congreso, disponibles en este enlace.
Reproduzco a continuación el apartado final de mi contribución, un largo artículo académico con sus notas al pie e incluso bibliografía.

Despejando la niebla

"Berline: the salute", de Jan Vanriet. Colección Roberto Polo, Toledo.
Porque la desinformación se ha convertido en un cajón grande y oscuro donde conviven materiales y voluntades de muy diverso signo se hace necesario también un esfuerzo de explicación, más allá de la denuncia o la comprobación de contenidos falseados.
Conviene advertir que en asuntos de desinformación los denunciantes a menudo no dicen la verdad y ocultan sus verdaderos intereses: los medios de comunicación tradicionales están alarmados en realidad por la competencia publicitaria de las plataformas digitales, el mundo de la seguridad piensa más en redes que en mejorar su comunicación digital, algunos políticos quisieran ver desaparecer un contrapoder crítico; y abundan en canales digitales contenidos informativos que no lo son, sino entretenimiento o materiales ideados para generar tráfico y publicidad. A lo anterior se suman alianzas coyunturales entre algunos de los actores que acrecientan la confusión.
La desinformación está desempeñando una función parecida a los canarios en la mina o los rosales en la cabecera de los hilos de las viñas en La Mancha, testigos que alertan de una enfermedad mayor.
El fenómeno permite aflorar desafíos del máximo interés que afectan a la profesión periodística, a la competencia empresarial en un entorno digital, a la comunicación política, sin caer necesariamente en alarmismos que la convierten en amenaza principal de los sistemas democráticos; si así fuera la rotundidad de las pruebas que respaldan las acusaciones debiera subir muchos enteros.
La Unión Europea lleva realizado un intenso trabajo a través de un proceso en marcha que previsiblemente alcance y supere las elecciones de mayo de 2019. La actuación de las instituciones comunitarias contiene además una lección añadida a la hora de interpretar la comunicación: la importancia de tener en cuenta quién habla y las competencias de quien emite el mensaje.
Si el secretario general de la OTAN afirma en una entrevista que “necesitamos prensa libre e independiente, periodistas que hagan preguntas incómodas”, cabe preguntarse si la Alianza Atlántica tiene entre sus objetivos impulsar la incomodidad de las entrevistas que realizan a su secretario general , o quizá esconda otro objetivo más relacionado con la tensión con Rusia.
La Comisión Europea ha demostrado una capacidad importante de análisis en este asunto de la desinformación, pero a la hora de concretar actuaciones las propone lógicamente en terrenos donde tiene competencias, entre las que aún no se encuentra la defensa militar, aunque sí aflore su reconocida capacidad de elaborar normativa, vinculante muchas veces muy lejos de las fronteras de sus miembros; capacidad de la UE también en materia de competencia empresarial, protección de datos, confidencialidad de las comunicaciones, derechos de autor, también la capacidad de incrementar recursos públicos gravando con impuestos la actividad digital, que se mueve mejor y más rápido que los inspectores de Hacienda.
El alarmismo con el que se ha arropado la desinformación como amenaza casi existencial de regímenes democráticos tiene el inconveniente de que eleva la capacidad de influencia de estos materiales hasta un límite difícil de creer, aún no ratificado por estudios científicos.
Asimismo se desvía el foco del interés económico muy a menudo presente en estas campañas de desinformación, el fomento de tráfico de contenidos para la generación de ingresos por publicidad o como ejecutores de campañas, que alguien lo tiene que hacer.
Se puede afirmar que es económica la causa de la degradación de las condiciones laborales de los periodistas, es económico el beneficio que se busca con la publicación de noticias falseadas en muchos de los casos , es económica la preocupación de fondo  de los medios de comunicación tradicionales cuando tratan el tema de la desinformación, en economía piensa la UE cuando pretende regular la actividad de las plataformas digitales que hoy ocupan los primeros puestos a nivel planetario en capitalización bursátil y los últimos en pago de impuestos…
Afortunadamente comienzan a aparecer las primeras reacciones a la desinformación.
Desde el periodismo, van surgiendo comprobaciones de declaraciones y de cifras, verificadores de datos; y el rigor periodístico como una alternativa al periodismo espectáculo, los principales periódicos españoles especulan con el próximo estableciendo de sistemas de pago por contenidos que solo serán rentables si se ofrece credibilidad y profesionalidad a cambio. El periodismo riguroso suele ser lento y caro, mientras que la información distorsionada suele ser de rápida elaboración y bajo coste.
Desde la empresa, tras los bandazos primeros en un escenario novedoso, se aprecia la necesidad de regular la coexistencia entre medios de comunicación tradicionales –quizá con figuras de protección e incluso financiación pública, como los teatros, la ópera o las bibliotecas- y las plataformas digitales, que no parece que contribuyan al fisco como el resto de actividades económicas.
Por su parte, gigantes como Google o Facebook, que han crecido aceleradamente en tres lustros hasta su relevancia actual, dependen aún más de la reputación que otros sectores económicos, y se moverán en favor del usuario aunque sea perezosamente por interés interesado.
Desde la comunicación política no parece que tenga un largo recorrido la utilización de la desinformación como argumento de reemplazo al terrorismo internacional como gran amenaza existencial.
A medio y largo plazo, en estos temas de desinformación que son en el fondo asuntos de información, la UE demostrará la firmeza de su compromiso si avanza en iniciativas generalizadas y relacionadas con la alfabetización digital y la promoción de información rigurosa.
Se sorprende Daniel Innerarity del cambio cultural que ha supuesto haber pasado “de celebrar la ‘inteligencia distribuida’ de la Red a temer la manipulación de unos pocos; de un mundo construido por voluntarios a otro poblado por haters; de celebrar las posibilidades de colaboración digital a la paranoia conspirativa; de la admiración por los hackers a la condena de los trolls; de la utopía de los usuarios creativos a la explicación de nuestros fracasos electorales por la intromisión de poderes extraños (más creíble cuanto más rusa sea dicha intromisión)”.
Añade Innerarity que “en una sociedad avanzada el amor a la verdad es menor que el temor a los administradores de la verdad”; y alerta contra la “imagen exagerada de tres poderes que son más limitados de lo que suponen: el de los conspiradores, el del Estado y el de los expertos. Por supuesto que hay gente conspirando, pero esto no quiere decir que se salgan siempre con la suya, entre otras cosas porque conspiradores hay muchos y generalmente con pretensiones diferentes, que rivalizan entre sí y que de alguna manera se neutralizan” .
La desinformación es principalmente un problema que atañe a la información, categoría a la que no pertenecen todos los contenidos digitales, y el panorama se aclara algo si lo enfocamos desde los campos de la comunicación, de la competencia empresarial y del argumento político.
El digital aparece claramente como uno de esos espacios comunes con soberanía difusa que requieren una mayor regulación, evitando la censura y legislando a favor de los ciudadanos, tres condiciones difícil de compaginar; añadiendo que la tecnología que ha disparado la difusión de todo tipo contenidos también lo ha hecho con los de calidad y puede ayudar además a identificar y reducir los manipulados interesadamente.


martes, 16 de abril de 2019

Derecho a la desinformación

Artículo publicado también en infoLibre / Blog Al revés y al derecho
La igualdad, la libertad, la cultura requieren el compromiso del interesado

El titular es claramente una provocación para despertar interés, como tantos que abundan, la diferencia es que éste no pretende monetizar la sorpresa y el artículo sí espera ofrecer un contenido equivalente al esfuerzo de lectura.
Por tanto, más que un ejemplo de clickbait, es decir, titulares-cebo que únicamente buscan accesos, aumento de tráfico, visitas y la consiguiente decepción del lector, en este caso se trata de la clásica reducción al absurdo, que si está bien construida no es tan reducida ni tan absurda.
Entrando en el tema, existe una preocupación real sumada a alguna otra forzada causadas por el crecimiento de la desinformación (fake news, noticias falsas) en el ecosistema digital que marca hoy toda nuestra vida y que afecta especialmente -y se ve afectado- por los ámbitos periodístico, empresarial y político.
Dese por hecho que en una democracia la libertad de expresión y de información es uno de sus ejes fundamentales, su ataque rivalizaría en gravedad con muy pocos comportamientos, quizá solo con el espionaje a contrincantes políticos, la actualidad dice que hoy estos derechos informativos se ven obligados a convivir en un escenario donde también habitan contenidos averiados, manipulados, que despiertan altas dosis de inquietud periodística, empresarial y política.
No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información
Se repite que los ciudadanos tenemos el derecho a la información. ¿Qué significa esto?
En el artículo 20 de la Constitución española, en el capítulo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, "se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción"; y "a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica".
Incluye también la libertad de cátedra; y "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".
"El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa", advierte."Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial".
Se deduce por tanto que el ciudadano tiene el derecho a informar ("expresar y difundir libremente") y ser informado ("recibir libremente información"), porque habría que matizar que el panorama ha cambiado desde 1978 y la clásica distribución de tareas, el derecho a informar para los medios de comunicación y el papel de informado pasivo al ciudadano han saltado por los aires y en la actualidad, al menos como planteamiento, todos somos emisores y receptores de información. Si la información ya no es exclusiva del gremio periodístico cabría abrir el debate, para otra ocasión, de si no serían exigibles esos requisitos de veracidad informativa a todo el que difunda información.
La Constitución establece claramente como límites a esa información el delito y la censura, marco que se aconseja también  aplicar a la desinformación.
Aquellos padres fundadores de la democracia española, asistidos por un muy amplio equipo detrás, incluyeron una expresión realmente controvertida, "información veraz", que con los años se ha convertido en centro de atención cuando el volumen desmesurado de contenidos por los canales digitales impide aparentemente distinguir la calidad de lo que circula.
La "información veraz" puede tener una doble interpretación, desde el punto de vista de la comunicación y desde el ámbito del derecho.
En el primer caso se trataría de acercarse al concepto de verdad periodística, verdad informativa, la verdad comunicada, que se trata de algo no tan rotundo como una verdad científica, sino la reconstrucción que hace el periodista de la realidad a partir de unos hechos.
Lo que habría que exigir a los profesionales de la información y a las empresas informativas no sería por tanto una verdad matemática, sino una honestidad-profesionalidad en los procedimientos.
En el segundo caso, el punto de vista jurídico, aclara la sinopsis que ofrece el Congreso en su web del articulado de la Constitución, que "el precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles (se citan varias sentencias), puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información".
Cuando hablamos entonces de la veracidad de la información estamos haciendo en el fondo referencia a la calidad de los contenidos informativos, que puede interpretarse como una consecuencia de la profesionalidad en su elaboración, de la actuación profesional del periodista, circunstancias en cualquier caso difícilmente garantizables por contrato, teniendo en cuenta que a menudo se etiquetan como información contenidos de ocio que inundan las redes y a menudo se etiquetan como información contenidos manipulados publicados por medios de comunicación perfectamente respetables, o respetados por muchos.
Recibir y difundir información rigurosa requiere
un trabajo profesional y un compromiso individual

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información, otra cosa es limitar físicamente métodos de difusión fraudulentos y de generoso uso, como las cuentas automatizadas, o exigir transparencia en los contenidos patrocinados, que es por donde avanzan iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea.
De lo anterior se deduce el título del artículo, que en una democracia tenemos el derecho a ser desinformados, porque el derecho a difundir y recibir información no puede ser limitado salvo por el código penal, lo que no equivale a vivir permanentemente en un basurero informativo.
Ha dejado escrito Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía y referencia feminista, que “si queremos realmente que este mundo nuestro, que es bastante mejor y más habitable que los anteriores, perviva, tenemos primero que saber bien qué es, y aprender a defenderlo con las mejores razones. Nuestro mundo -añade- no pertenece a la cadena espontánea de las cosas. La democracia no viene de serie, la igualdad no viene de serie, la libertad no viene de serie".
Es error muy extendido considerar asuntos complejos y valiosos, la información rigurosa, la democracia, el progreso, la igualdad, como materiales acabados, empaquetados y disponibles en el lineal del supermercado, en lugar de procesos que requieren el esfuerzo del interesado y además de forma continuada.
Nunca estaremos suficientemente informados, nunca la igualdad entre sexos estará garantizada, nunca la democracia española alcanzará un punto de perfección y no retorno, nunca España estará suficientemente vertebrada (y esto es lo contrario al pesimismo de Ortega continuamente revisitado durante los últimos cien años); son procesos.
Tenemos derecho a desinformar y ser desinformados, porque otra cosa sería vivir en un Estado no recomendable, aunque por supuesto el objetivo es recibir y emitir una información rigurosa pero que requiere su trabajo y es un proceso que nunca se puede dar por finalizado.
Damos por hecho que la información rigurosa implica un esfuerzo profesional y económico en su elaboración, la buena información es lenta y cara de producir; no resulta tan admitido que estar informado también requiere un esfuerzo individual, personal, acudiendo y premiando a quienes nos ofrecen contenidos de calidad, cuando no pagando por esos contenidos como parece que se nos pedirá en breve por parte de las principales cabeceras.
Exigirse una verdad objetiva haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información
La solución a estos asuntos complejos suele ser multifacética y de largo plazo, ligada a la educación (alfabetización digital), a la cultura, a la salud democrática que no sólo hay que exigirla a los políticos profesionales, al trabajo continuado que va construyendo lentamente una reputación profesional y el reconocimiento del papel de ciertos mediadores que nos ayudan a digerir la actualidad (a los que no ayuden no hay que reconocerles nada).
Huyamos de las soluciones simplistas e inmediatas; las de quienes alarman con la seguridad amenazada sin ofrecer datos que lo sustenten, de quienes amagan con limitar contenidos; y las de quienes nos desinforman; pero huir de estos caramelos requiere un esfuerzo.
El sistema de libertades y el entorno tecnológico facilitan que seamos desinformados... y en manos de quien quiera evitarlo está que no sea así. Nunca han existido mayores oportunidades para informarse y formarse con contenidos de calidad, lo que requiere un comportamiento activo por parte del interesado.

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