Soberanía nacional recortada

Imagen creada por Inteligencia Artificial (ChatGPT),
que no es ni inteligencia ni artificial.

La segunda legislatura de Donald Trump al frente del Gobierno de Estados Unidos y al mando de la primera maquinaria militar mundial amenaza no sólo con dinamitar la arquitectura política y de seguridad construida trabajosamente tras la Segunda Guerra Mundial, sino implantar el caos generalizado, lo que significa le ley de la selva, la imposición de la fuerza sin matices y el descontrol de algunos actores. La lógica dice que el desorden tendrá algún tipo de respuesta por métodos directamente emparentados con el momento y por tanto no plenamente predecibles.

El Gobierno de España ha tomado en septiembre de 2025 una serie de acuerdos restrictivos contra dirigentes y relaciones comerciales con el actual Gobierno de Israel como respuesta al muy probable genocidio que aplica a la población palestina, con toda seguridad limpieza étnica y discriminación institucionalizada (apartheid), con el resultado de al menos 65.000 palestinos asesinados durante los últimos dos años.

Entre las medidas aprobadas (anuncio del presidente Pedro Sánchez del 8 de septiembre, Consejo de Ministros un día después), figuran la 'Prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes' y la 'Denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel'.

La realidad es que al menos el último punto resulta muy complicado de cumplir por la existencia del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, renovado por última vez en 2023 para aumentar de cuatro a seis los destructores de la Marina de los Estados Unidos autorizados a tener base permanente en la Base Naval de Rota; Convenio cuyo origen son los pactos firmados por Franco con Eisenhower en 1953.

Las bases militares de utilización conjunta de Rota y Morón son hoy españolas, aunque con contratos de la luz independientes entre los dos inquilinos, y si uno no comparte recibos y discusiones con Iberdrola no parece posible la confianza total entre compañeros de piso.

Las bases amparan un tráfico de buques y aeronaves norteamericanas sobre las que el Gobierno español tiene escaso control, los acuerdos se basan en la confianza mutua e impiden, en el mejor de los casos, el tránsito de armas nucleares.

La experiencia histórica aclara además que el apoyo de Estados Unidos a Israel es casi total en tiempos de paz, y en caso de conflicto, forzado o actualmente voluntario, absoluta. Testigos directos cuentan por ejemplo cómo en la guerra del Yom Kippur de 1973 los cazas norteamericanos aterrizaban en la base madrileña de Torrejón y despegaban minutos después con la estrella de David en el fuselaje.

Digamos como principio universal que la existencia de bases y miles de militares en un tercer país restringe la soberanía del anfitrión.

Unos días después de los primeros acuerdos citados, el 10 de septiembre de 2025, el Gobierno de Israel ordenó el bombardeo de la capital de Qátar, Doha, al parecer para ejecutar extrajudicialmente a una delegación de Hamás que parecía estar participando en la negociación de algún alto el fuego provisional en la Franja de Gaza.

La sorpresa del Gobierno qatarí y las monarquías del Golfo ha sido mayúscula, después incluso de ayudar a repeler la respuesta de Irán a Israel interceptando misiles unos meses antes; después del reciente anuncio de inversiones qataríes públicas multimillonarias por 500 mil millones de dólares en EEUU, incluido un avión presidencial para Trump como regalo del emir valorado en 400 millones de dólares.

La gravedad del ataque sobre Qátar va más allá de los muertos y de violar la soberanía de un país aliado de EEUU, sino por tener una renta per cápita superior al atacante, en contra de la costumbre, aviso para navegantes dentro y fuera de Oriente Próximo.

Qátar alberga la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Próximo, lo que convierte en imposible la no participación de EEUU (algunas fuentes incluyen al Reino Unido) por activa o por pasiva o por irresponsabilidad en el ataque.

El bombardeo israelí sobre Qátar quiebra de alguna forma la alianza estratégica de las petromonarquías árabes durante los últimos 80 años basada en inversiones multimillonarias, compra de armamento norteamericano y cesión de soberanía a EEUU a cambio de seguridad.

Las consecuencias se irán definiendo en el transcurso de los próximos meses y probablemente supongan una reconfiguración de alianzas, por desconfianza absoluta sobre las actuales.

Únicamente añadir, como muestra de impunidad absoluta de la que el primer ministro Netanyahu se aprovecha, que el Gobierno israelí ha atacado militarmente sólo en 2025 a Líbano, Siria, Irak, Irán, Yemen y Qátar, además de los palestinos ocupados de los que legalmente es responsable y una flotilla de ONG amarrada en Túnez. Todos los afectados han visto su soberanía severamente recortada, digamos suavemente.

La realidad es que la soberanía nacional en la segunda década del siglo XXI está en entredicho.

Por una parte, porque convivimos con riesgos, amenazas y tendencias globales que saltan fronteras nacionales, ya sea la globalización, la digitalización, el cambio climático, el terrorismo (de Estado y particular), los fondos de inversión, los virus, las finanzas internacionales (sólo la deuda es soberana) y otros fenómenos varios.

A lo anterior se suma la creación de organizaciones internacionales -Naciones Unidas, OTAN, Unión Europea- donde los Estados han ido mancomunando decisiones o cediendo soberanía para enfrentarse en común a desafíos.

En el orden internacional surgido de la 2GM la soberanía era pieza fundamental del entramado, únicamente matizada por la denominada 'responsabilidad de proteger' surgida del optimismo post guerra fría, con el sano propósito de impedir catástrofes humanitarias, principio ahogado sin embargo en la intervención fallida sobre Libia.

Algún analista considera incluso que el Estado nación en boga durante los últimos dos siglos, con la democracia liberal asociada en su mejor versión, con sus banderas, sus fronteras sagradas y su servicio militar -que algunos nostálgicos se empeñan en reivindicar, ignorando su inutilidad militar- fue una creación para una economía industrial y una sociedad hoy desaparecida.

Ahora bien, cosa distinta es la cesión voluntaria de soberanía a recibir el bombardeo de un vecino.

La Unión Europea es competente en muchos asuntos porque así lo han decidido los Estados miembros. Cuando nos alarmamos por la inacción de la UE ante determinados problemas, como la llegada de inmigrantes o refugiados, muchas veces se olvida que los Estados miembros no han cedido esa competencia a la Unión; y siempre se olvida que en esos casos, y aquí está la Defensa militar, los 27 consideran que aún hoy les interesa más la actuación propia e individual que la colectiva.

Contamos hoy por tanto con violaciones impunes al derecho internacional humanitario, a la soberanía estatal y a cualquier norma de convivencia entre países; tenemos un proceso de cesión de soberanía voluntaria a organizaciones internacionales; contamos con la presencia militar de la primera potencia mundial en suelo español y europeo; y asistimos pasmados a la eliminación de la arquitectura internacional de seguridad construida en la guerra fría y sustituida por la nada.

El resultado parece ser un caos no gobernado ni por Estados Unidos, una reconfiguración de alianzas políticas, un nuevo orden en construcción que se puede generar fruto de actuaciones militares o por voluntad política previa.

La soberanía nacional está en 2025 recortada y bien recortada siempre que lo sea por voluntad propia, no por imposición, y por tanto quizá la solución en nuestro caso ante muchos desafíos actuales sea ceder aún más soberanía hacia la Unión Europea, que incluya competencias sociales y luego quizá de política exterior y militares. ¿Estaría la mayoría de la ciudadanía española de acuerdo? 

Ceder soberanía o que te la pisoteen, podría ser la alternativa.

Artículo publicado también en La Discrepancia

Gaza y nuestra seguridad

El asesinato en Washington de dos trabajadores de la embajada de Israel el 22 de mayo de 2025 aflora de forma brusca una amenaza hasta hoy latente a nuestra seguridad: el estallido de episodios de violencia más allá de Oriente Próximo, la comisión de atentados en territorio nacional en el marco de la ocupación colonial y la limpieza étnica que se lleva produciendo en la Palestina histórica desde hace 80 años y en niveles especialmente sangrientos desde hace dos.

Caben matices a lo sucedido en EEUU, la proliferación de armas de fuego en ese país en manos de particulares, la tasa de asesinatos, las continuas masacres en institutos a las que nadie busca explicación política. Y caben lecciones a estudiar, lo de lecciones aprendidas resulta siempre algo pretencioso.

Caben también similitudes, a la espera de resultados de la investigación si alguna vez se comparten: actores solitarios que pasan de la radicalización -aunque radicales hay muchos en cualquier sociedad- a la radicalización violenta, en este apartado hay una minoría bastante reducida. El salto es lo que se pretende detectar.

En cualquier caso el fenómeno en España no nos coge de sorpresa. Responsables y organismos de seguridad se temen y actúan sobre un posible atentado consecuencia indirecta del asesinato de palestinos desde hace dos años.

La prueba es el creciente y elevado número de detenciones de personas acusadas de yihadismo.

Según datos en abierto del Ministerio del Interior, hasta el mes de mayo se han detenido en España en 2025 un total de 67 personas acusados de algún delito relacionado con el terrorismo que llamamos yihadista, lo que de mantenerse la evolución puede llevar a terminar el año con récord histórico y superando incluso la cifra de 2004, año de los atentados de Madrid, que fueron 131 los detenidos. Para ver la progresión, Interior informa de 89 detenidos en 2024 y de 53 en 2023.

Inmediatamente después de estos datos es necesario aclarar que cosa distinta es detención que juicio que condena, es decir, que no todos los detenidos son acusados ni los acusados juzgados ni todos los juzgados son condenados. Estudios indican que alrededor de un 40% de los encausados por delitos relacionados con el yihadismo son finalmente absueltos. La causa está en que hará una década que la actuación judicial y policial se adelantó, se producen digamos detenciones preventivas, en muchos casos personas autoradicalizadas con contenidos digitales, y probar las intenciones es complicado.

La Memoria 2024 de la Fiscalía General del Estado ofrece algunas reflexiones de interés que pueden ayudar a enfocar la lucha desde los tribunales y el Estado (algunos de los puntos reflejan posición, otros parecen un aviso para navegantes judiciales):

1. La radicalización yihadista en España se caracteriza por la juventud de los radicalizados.

2. Los espacios virtuales desempeñan un papel central como catalizadores del proceso de radicalización.

3. Los conflictos internacionales y las crisis geopolíticas han tenido una gran repercusión en la radicalización yihadista en España.

4. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha enfocado en el «discurso del odio», especialmente en las redes sociales, su lucha contra esta tipología delictiva.

5. Comportamientos que alaban o justifican actos terroristas no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica.

6. Para que un discurso sea penalmente relevante, debe suponer una incitación, al menos indirecta, a la violencia.

7. El discurso para tener trascendencia penal ha de generar una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros, o para el propio sistema de libertades.

8. La lucha contra el terrorismo requiere un enfoque multidimensional que incluya tanto medidas de seguridad como estrategias de prevención y desradicalización.

9. La cooperación internacional es esencial para combatir eficazmente el terrorismo yihadista.

10. Es necesario un equilibrio entre las medidas de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales para garantizar una lucha efectiva contra el terrorismo.

Curiosamente parece temerse una reacción terrorista de inspiración yihadista a partir de las matanzas en Israel/Palestina, donde la religión de las víctimas poco tiene que ver (afecta a musulmanes, cristianos e incluso ateos), aunque sea un recurso argumental muy potente. Confundir movimientos nacionalistas como Hamás o Hezbolá con organizaciones terroristas yihadistas como Al Qaeda o Dáesh es un error frecuente. Cada momento declina la violencia de una forma determinada, no parece haber hoy indicios de que organizaciones palestinas hayan decidido cometer actos terroristas en Europa o EEUU como si ocurría en los sesenta y setenta del siglo XX.

En cualquier caso, siempre es buen momento para incidir en que el terrorismo no es una ideología, sino un instrumento para alcanzar objetivos políticos. Y existe una variedad poco estudiada que es el terrorismo de Estado, que practica el actual Gobierno israelí y casi todos los que le precedieron.

Siempre será difícil aplicar la etiqueta de terrorismo a individuos radicalizados violentos sin organización ni estructura detrás ni objetivos políticos, que es el formato hoy más frecuente. No existe ejército formado por un solo individuo, y si además cobra se llama mercenario.

El caso es que el riesgo probable de que se cometiera un atentado cercano que utilizara el recurso argumental de la violencia muy real contra los palestinos ya se ha producido. Si no hemos atendido convenientemente el problema en origen durante los últimos 20 meses y ya ha saltado a territorio nacional/occidental, el interés por la resolución del conflicto debería dispararse, más allá de la regulación del grifo de la ayuda humanitaria.

Cualquier especialista en seguridad podría añadir además que con carros de combate no se lucha contra el terrorismo, lo que introduce el ámbito de la seguridad interior, que en España y la Unión Europea recibe también un presupuesto público muy considerable.

Acierta el Gobierno de Pedro Sánchez cuando pretende que los obsesionados con el porcentaje del gasto en Defensa, que no por la utilidad de lo financiado, contabilicen como seguridad su vertiente cíber o general también interior, porque el mundo digital mal entiende de fronteras y las inseguridades exteriores fácilmente se convierten en interiores. La seguridad es un objetivo mucho más amplio que el equipamiento militar con el que se insiste en respuesta a unas amenazas no concretadas. Sobre la campaña en marcha para incrementar el gasto público en Defensa reviste interés recordar que la actual teocracia israelí ha conseguido monetizar/rentabilizar la ocupación colonial de palestinos a través de una industria tecnológica y de defensa muy extendida de la que nuestras Fuerzas Armadas deberán estar ya buscando sustituto.

Recordemos asimismo que la disuasión armada ha fracasado en Ucrania y Palestina, probemos entonces ahora la disuasión política y comercial y penal contra la violencia, avanzar en los procedimientos penales a los máximos responsables de violaciones del derecho internacional y tratar de romper las estructuras que lo han hecho posible.

La visión realista de las relaciones internacionales ha demostrado ya sobradamente sus limitaciones, la tolerancia con dictadores y regímenes autoritarios, la impunidad de los criminales de guerra, la retórica con más de 50.000 palestinos muertos en dos años, la incongruencia del doble discurso se trate de Ucrania o Palestina.

Hasta quienes no consideren los derechos humanos motivo suficiente para una llamada a la acción, por interés interesado y egoísta nos conviene desactivar la violencia por lejos que se produzca, nunca está demasiado lejos.

Europa voluntaria

Proliferan los llamados a la unidad de Europa, realidad política de valores y libertades, el espacio económico y social más avanzado del planeta, amenazada militarmente en su existencia desde Moscú y políticamente despreciada desde Washington, que nos dicen que ha asegurado nuestra seguridad durante ocho décadas y puede dejar de hacerlo, por lo que nos enfrentamos como europeos a un parteaguas que fuerza a decisiones drásticas. 

Aunque convendría que fuéramos analizando la situación por partes.

La unidad deseada parece ser la unión de los mercados militares. La fórmula inicial de construcción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, que fue la puesta en común de recursos económicos como primer paso y avance de unidad política, no está garantizado que tenga éxito en 2025 a partir de adquisiciones y producción de sistemas de armas. La Unión Europea no es el Mercado Común de 1957 ni el Tratado que puso en común el carbón y el acero en 1952, la naturaleza política e institucional cambió en 1992 con el Tratado de Maastricht y la conversión en Unión Europea, desde entonces mucho más que un mercado;  y en 2010 con los Tratados de la UE y de Funcionamiento de la UE, que son nuestra Constitución a nivel continental.

Algo, mucho, cambió también en percepciones ciudadanas y políticas con la respuesta a la Gran Recesión a partir de 2008 que obliga a replantearse la aplicación de fórmulas de aparente éxito en el pasado a la situación presente. 

Se nos traslada el mensaje de que Europa sufre una amenaza existencial, que no puede ser de otra naturaleza que militar de la Rusia de Putin dispuesta a atacar territorio europeo, lo que nos obligaría a activar la cláusula de defensa mutua recogida en el artículo 42, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea; además del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte,  que a día de hoy se mantiene, según afirman fuentes militares españolas, lo que viene a decir que EEUU actuaría en caso extremo, se mantendría el paraguas de seguridad en situaciones límite.

Una amenaza existencial como la que se certifica no requeriría un 2% del PIB, ni el tres ni el cinco, sino la totalidad de recursos humanos y económicos de los que dispongamos, pero no se nos está pidiendo un esfuerzo total en respuesta a una amenaza existencial.

En cuanto a capacidades militares, si el objetivo es poder hacer frente a un conflicto militar directo con una potencia nuclear pues requerirá un componente nuclear militar europeo que se podría desarrollar desde cero, o bien mancomunar las cabezas nucleares de las que dispone Francia y Reino Unido. Ahora bien, las armas británicas dependen para su lanzamiento de EEUU, por lo que habría que descartarlas en una deseable autonomía estratégica europea.

Necesitaríamos armas nucleares para un enfrentamiento atómico con Rusia que asegurara la destrucción mutua inmediata, escenario al menos creíble para una disuasión que, todo sea dicho, parece haber fracasado en el caso de Ucrania.

El objetivo que se nos presenta es convertir la Unión Europea en una potencia militar mundial, en igualdad de capacidades letales con Estados Unidos, Rusia o China. En este caso no parece aconsejable continuar albergando en suelo europeo a cien mil militares norteamericanos, bases militares extranjeras o armas nucleares ajenas en media docena de países (confirmadas en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía, de EEUU).

Extraña en un planteamiento de máximos que la Unión Europea invite y participen sus representantes en las cumbres que se están celebrando para diseñar la independencia estratégica y militar con responsables políticos del Reino Unido o la OTAN.

Aflora en cualquier caso de reacciones e intervenciones públicas una buena dosis de pánico, el desconcierto de quien se encuentra de repente solo gritando en una manifestación de la que no fue el convocante. Sólo se puede explicar como fruto del desconcierto decisiones como censurar medios de comunicación o anular elecciones y candidatos en Rumanía.

El ciudadano no ha recibido argumentos convincentes ni asistido a debate político alguno sobre la necesidad de un seguidismo acrítico y sin matices de EEUU desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, la anexión de Crimea en 2014, desde la implosión de la URSS en 1991, desde la caída del muro de Berlín en 1989, desde los acuerdos de Defensa entre Franco y Eisenhower de 1953, desde el final de la Guerra Mundial en 1945; ni se entiende el seguidismo sin matices ni la urgencia en sustituir al aliado norteamericano.

Europa es una comunidad cultural, no solo de raíces cristianas, y una realidad política que se ha ido construyendo por la voluntad de los Estados nación que lo forman. La imposición no ha sido la norma.

El respeto a la diversidad es una característica esencial de la Unión, el Estado social también, la democracia representativa. Bien es cierto que los valores o el orden internacional basado en reglas que figura como pretensión son una realidad fronteras adentro del territorio europeo y una hipótesis no confirmada con los hechos en nuestra política exterior, y para confirmarlo sólo habría que preguntar a afganos, sirios o palestinos y nuestros vecinos del Mágreb.

Sobre algunas políticas se han puesto de acuerdo los países de Europa en gestionarlas de forma unida, otras se acuerdan y algunas permanecen en los Estados como la Defensa, no por incapacidad, sino por decisión consciente de cada uno en que sigue siendo el mejor camino para defender los intereses nacionales, por separado. Esto es lo que se aparenta querer cambiar.

Cualquier escenario futuro que se vaya construyendo, y no hay que olvidar que se trata de un proceso dinámico, actualmente en marcha, parte de una enorme dependencia de EEUU, para ir progresivamente completando capacidades para compartir decisiones quizá en el marco de una nueva alianza militar que sea algo más que correa de transmisión del patrón norteamericano. Se requiere fortalecer capacidades, pero sobre todo establecer instrumentos de mando y control de esas capacidades que hoy están en el marco OTAN.

El esfuerzo económico que se exige hoy para incrementar el gasto en Defensa obliga a un salto político adelante de la UE aún más ambicioso, previo o simultáneo, al avance militar en marcha. Se plantea duplicar (admitido) e incluso triplicar el gasto en Defensa en una década. Únicamente un fortalecimiento político de la UE a esa escala permitirá el avance militar, dando respuesta a instrumentos de funcionamiento, pero también a desafíos como la vivienda, la inclusión de nacidos fuera y descendientes, derechos y valores aplicados también a nuestra vecindad, el multilateralismo hoy cuestionado, la educación y la cultura, la libertad de expresión o la protección social.

Europa debe unir la seguridad militar con la seguridad social. Y Europa crecerá voluntariamente, como lo ha hecho desde su nacimiento, aunque necesitará una participación ciudadana mayor que en los 68 años transcurridos hasta hoy.

Avancemos en la Europa social y política y la Defensa llegará después, los europeos querremos defender conjuntamente una potente realidad compartida.

Artículo publicado también en La Discrepancia.

Desinformación: también nacional y económica

Las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en España el 9 de junio y estudios recientes han puesto sobre la mesa dos facetas de la desinformación habitualmente desatendidas: el componente fundamentalmente nacional del fenómeno, y la variable económica que explica su desarrollo y que podría utilizarse para desactivarla. El foco habitual es securitario y de procedencia extranjera, por tanto lo podemos enriquecer con acercamientos complementarios.

Advertidos sobre la amenaza rusa en los comicios, se ha acabado colando en el Parlamento Europeo como contribución hispana una agrupación de electores autodenominada "Se acabó la fiesta", con tres eurodiputados. De esto no habíamos sido alertados. Su cabeza, Luis Pérez Fernández, alias "Alvise”.

La trayectoria del impulsor del hasta el momento exitoso producto político ha estado vinculado a Ciudadanos (en la Comunidad Valenciana; seguidores de aquel extremo centro ya extinto le acompañan y le votan) aunque fundamentalmente es fruto del ecosistema de plataformas digitales donde florece la fabricación de bulos.

Habitualmente el recorrido de este tipo de contenidos falseados pasa por ser utilizados por organizaciones, medios de comunicación tradicionales y fuerzas políticas frecuentemente de derecha extrema y extrema derecha, pero en el caso que nos ocupa el fabricante ha decidido presentarse directamente a las elecciones, saltarse intermediarios entre productor y consumidor.

No es extraño ni en España ni en otros países la irrupción de perfiles estrambóticos aparentemente ajenos al mundo político, y las elecciones al Parlamento Europeo se prestan a este tipo de experimentos (50% de abstención y buena parte de los que depositaron su voto lo hicieron desde el estómago ulcerado); cabe recordar a personajes como Ruiz Mateos (con la totalidad de su numerosa familia aún imputada), aquel Jesús Gil, el mismo Trump, amparados estos ejemplos en una supuesta competencia empresarial previa que se acababa siempre demostrando ficticia, y su ejercicio político entre peligroso y preocupante.

La novedad en el caso actual es su procedencia desde el ecosistema digital contaminado y la producción de falsos contenidos informativos que denominamos desinformación. No muy alejada se encuentra la trayectoria del actual presidente argentino Javier Gerardo Milei, en su caso procedente de la degradación televisada a donde llegó desde la economía y antes su docencia.

El discurso político de Alvise -no presentó programa electoral el 9J- contiene muchas amenazadas de cárcel, racismo, mensajes antimonárquicos -en este punto se admiten pocas bromas-, desprestigio de las instituciones, ataques a la prensa y un patriotismo cervecero.

Ya lo tendremos cinco años en el Parlamento Europeo y amenaza con presentarse a las próximas elecciones generales. Entretanto auguramos una difícil convivencia con las organizaciones políticas más cercanas y con las instituciones de las que ya forma parte.

Una segunda faceta de la desinformación escasamente tratada es su dimensión económica. Digamos que la materia prima del ecosistema digital es hacer negocio con el tráfico de contenidos, poco importa su naturaleza, y la densidad del tráfico es rentabilizable por publicidad.

Toda campaña de desinformación tiene un interés, político en muchos casos, económico a menudo y combinado casi siempre.

En este sentido de poner el foco en los ingresos, un reciente estudio publicado en la revista Nature apuntaba a la publicidad como sustento de webs y personas especializadas en manipular contenidos digitales, y detrás de la publicidad hay plataformas digitales que controlan la distribución de contenidos; y empresas o instituciones que pagan por promocionarse, habría que matizar que la financiación publicitaria de estos contenidos puede ser consciente y voluntaria y también existe la posibilidad de que las empresas no controlen el soporte final de su publicidad al gestionarse la ubicación por intermediarios automatizados (artículo referido: Ahmad, W., Sen, A., Eesley, C. et al., Companies inadvertently fund online misinformation despite consumer backlash. En Nature 630, 123–131 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07404-1).

Según el análisis publicado en Nature, "mejorar la transparencia para los anunciantes sobre dónde aparecen sus anuncios podría por sí solo reducir la publicidad en sitios web de desinformación, especialmente entre empresas que antes desconocían que sus anuncios aparecían en dichos medios y, por lo tanto, inadvertidamente financiaban la información errónea".

Añaden que "nuestros resultados sugieren que tanto la simple divulgación de información como las clasificaciones comparativas pueden reducir la demanda de los consumidores de las empresas que anuncian en sitios web de información errónea".

Existen ya organizaciones que denuncian y alertan a las empresas del soporte digital donde finalmente aparece su publicidad, y en no pocos casos la acaban retirando ante el riesgo de publicidad negativa, crisis reputacional o rechazo de los consumidores (campañas de boicot).

Resulta de interés atender con este enfoque al origen de la desinformación, su financiación y los intermediarios, cuando normalmente se centra la atención en el ciudadano consumidor final (a él se dirigen las iniciativas de alfabetización mediática) o en desmentir la falsedad de los contenidos falsificados ya en circulación (fact checkers, verificadores).

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado la próxima presentación de un paquete de medidas de regeneración democrática que contemplará previsiblemente algún tipo de iniciativa relacionada con la desinformación. El marco ha sido y será la Unión Europea y su estrategia puesta en marcha desde 2018, con mucha insistencia sobre la desinformación de origen ruso y su aparente y no demostrada capacidad de alterar mentes y votos. 

Sin embargo, lo más interesante puesto en marcha en el último lustro desde Bruselas y Estrasburgo se centra en la transmisión de los contenidos, la responsabilidad de las grandes plataformas digitales y la transparencia sobre publicidad y financiación, línea seguida por reciente normativa sobre servicios digitales y sobre medios de comunicación, más que en la naturaleza de los contenidos, de difícil control, sobre todo por principios democráticos.

Como existen precedentes, esperamos en cualquier caso mucho ruido sobre las iniciativas que finalmente se presenten: los impulsores y beneficiarios mediáticos y políticos de la desinformación ya se han puesto en guardia y preparan respuesta.

¿Está España en guerra?

Asistimos a un lenguaje bélico y a una movilización de recursos económicos y militares a un nivel que nos debe llevar a preguntarnos si España está en guerra en marzo de 2024.

Habría que comenzar señalando que los países ya no declaran la guerra. Lo cierto es que la guerra está prohibida como forma de resolver conflictos entre Estados, la fecha se sitúa alrededor de 1945, con el planeta espantado con la segunda gran guerra europea y luego mundial, cuando Naciones Unidas apuesta en su Carta por el arreglo pacífico de las diferencias: "Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección".

Añade que "ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales".

Queda así reducida la utilización de la fuerza, entendemos que militar, a la legítima defensa, a las guerras civiles que aparecen en otro lugar (asunto interno) y a la fuerza aprobada por el Consejo de Seguridad. Pocas excepciones se pueden añadir, salvo el derecho de un  pueblo colonizado a liberarse, que se fue configurando en las décadas siguientes; y por el cambio de siglo apareció la injerencia humanitaria, la responsabilidad de proteger, que no ha acabado de cuajar tras la mala experiencia libia.

A pesar de lo que diga el derecho internacional y la ONU, la realidad es que las guerras existen y asistimos hoy en directo a dos especialmente cercanas en Ucrania y Palestina-Israel, coinciden en este tiempo ambos conflictos con nosotros, otra cosa es que nos estemos enterando de lo que está ocurriendo.

En este marco, la ministra de Defensa, Margarita Robles, declara a mediados de marzo de 2024 en una entrevista en La Vanguardia que "la amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente". Se lanza el mensaje de un peligro inminente y una ciudadanía despreocupada, que de ser ciertos ambos factores obligarían a una pedagogía permanente desde los ámbitos responsables de nuestra seguridad.

Se insiste a menudo en una ciudadanía menor de edad, inconsciente de los peligros que nos acechan, también se aplica la visión a Europa -entidad política infantil, al parecer, formada por Estados muy maduros-, a lo que habría que responder con respeto e información; la alterativa sería un discurso comprensible para un adolescente de 14 años, como se ha concluido de los mensajes de Trump, con variantes como 'los malos' que trufan también aquí muchas de las intervenciones públicas de nuestros uniformados.

"La amenaza es total y absoluta", se nos dice, "Europa tiene que ser consciente de que el peligro está muy cerca; no es una pura hipótesis, es real, la civilización puede ser atacada por personas sin escrúpulos como Putin".

En términos militares relacionados con la guerra en Ucrania la posición de España es coordinada e indistinguible de las organizaciones internacionales de las que formamos parte y con cuyos miembros nos une el compromiso de asistencia militar mutua, por el artículo 42(7) del Tratado de la UE y el artículo 5 del Tratado de Washington (OTAN), en el caso de recibir una agresión armada, se entiende, explícitamente o no, un ataque contra el territorio.

A tenor de las declaraciones públicas y la reacción en la práctica, en España, la UE y la OTAN hemos decidido aparentemente que la agresión rusa contra Ucrania de febrero de 2022 supone una amenaza existencial, sólo así se explican las actuaciones puestas en marcha; y resulta que una Ucrania hostil es percibida en Rusia también como una amenaza existencial. Con este escenario, y teniendo en cuenta la capacidad nuclear de ambos bandos, la victoria militar resulta imposible y entra como objetivo el desgaste del contrario a largo plazo.

La guerra en muchos casos puede ser un término utilizado en sentido amplio, así como se emplea para referirse a la guerra contra el tabaco, la obesidad o la diabetes. Aunque ni en este sentido metafórico convendría relajarse pues aquella autodenominada guerra contra el terror, la  utilización del terrorismo como marco para justificar operaciones militares, amparó desde comienzos de siglo conflictos armados cuyo balance ha superado con creces el millón de muertos, principalmente en Irak, Afganistán y Siria.

España tiene en la actualidad 622 militares desplegados en Letonia, país fronterizo con Rusia, contingente que incluye carros de combate; y se acaba de completar el despliegue de 700 militares y 250 vehículos del Ejército de Tierra en Eslovaquia.

España tiene previsto además durante 2024 el despliegue de ocho cazas en Letonia y en Rumanía, en rotaciones de cuatro meses que suponen el traslado de 150 militares. A lo anterior se suman 40 militares españoles en Rumanía operando un radar, país fronterizo con Ucrania y el mar Negro.

En cuanto a la Armada, España asumió el mando este mes de enero de la Agrupación Naval permanente número 1 de la OTAN, que moviliza al menos a otros 400  militares españoles y opera en el mar del Norte.

El esfuerzo económico en Defensa, el apoyo a Ucrania, los sistemas de armas propios y compromisos de gasto están siendo también intensos. Sólo mencionar que con el presidente Sánchez el presupuesto del Ministerio de Defensa se ha incrementado alrededor del 50% en apenas un lustro; más una larga serie de acuerdos del Consejo de Ministros  de adquisición de nuevos sistemas de armamento que pueden sumar alrededor de 20.000 millones de euros que se pagan a medio y largo plazo. El silencio de la oposición conservadora lo convierte probablemente en el mayor acuerdo político no expresado en el país, toda vez que el PP ha decido dinamitar Europa como espacio compartido.

Visto lo visto, ante la pregunta inicial habría que responder provisionalmente que sí, España participa activamente en una guerra, aunque delegada, 'guerra proxy', que llaman, apoyamos con todos los medios económicos y armamentísticos, incluso formamos a militares ucranianos en territorio nacional, pero la primera línea de combate y las víctimas mortales las pone otro.

España está en guerra, teniendo en cuenta recursos económicos, armamentísticos y militares desplegados, también según los recursos dialécticos, retóricos; y el salto a una guerra convencional lo marcarían los fallecidos propios, que podrían producirse por combates con tropas españolas sobre el terreno en Ucrania (hasta hoy no contemplado, aunque se reconoce que ya hay militares de países miembros de la OTAN), por ataques recibidos en aguas o países vecinos a Rusia donde operamos, por ataques rusos a objetivos militares en España en caso de una escalada que se podría producir por decisión consciente de las partes o por chispa accidental.

Ante el panorama descrito se requiere trasladar a la ciudadanía mensajes complejos, promover el debate público y parlamentario, ingredientes no muy utilizados en asuntos relacionados con la Defensa, la seguridad y las Fuerzas Armadas, que suelen vivir más cómodamente en la ausencia de explicaciones y sin rendición de cuentas de decisiones tomadas.

La permanente minoría de edad de la sociedad española en materia de seguridad se podría afrontar con educación ciudadana, formación y responsabilidad política y técnica, por probar, y luego analizamos resultados.

Hasta que ocurra nos quedamos con algunas certezas: la seguridad de que nos hacemos preguntas, el  gasto público en ascenso, la imposible victoria militar sobre Rusia; tenemos certezas como la ausencia de declaración de guerra, la ausencia de debate y de muertos propios; y que la situación es tan explosiva que el equilibrio actual podría estallar en cualquier momento.

La gran incógnita es la cantidad de recursos que se están dedicando para el día después, para adelantar escenarios alternativos o construir la futura relación de vecindad entre la UE y Rusia.

Artículo publicado también en Blog IDAPS, La Hora Digital y Atalayar.

Palestina en Eurovisión

Resulta que Australia participa en el festival de Eurovisión desde 2015. Son más de 17.000 kilómetros los que separan Zahara de los Atunes y Camberra, ¿cuál es entonces la explicación? Pues porque nos gusta y porque nos divierte, que cantaban Los Ronaldos, más una pizca de historia inglesa y porque son de origen mayoritariamente europeo, fruto de un tipo específico de colonialismo anglo que desplaza a la población local, hacia otros lugares u otros mundos, y sitúa a colonos, que hoy mismo podemos contemplar en algunos lugares de Oriente Próximo.

La trayectoria de Israel en el Festival Europeo de la Canción es aún más larga, se remonta a 1973, año recordado por la guerra del Yom Kipur, el Gran Día (en árabe se dice muy parecido) de fiesta que los vecinos aprovecharon para atacar, una actuación que hoy pertenece a la arqueología política de las cosas imposibles que vuelvan a suceder.

Israel ha llegado incluso a ganar Eurovisión en cuatro ocasiones. Destaquemos entre sus representantes a la cantante israelí Noa en 2009, artista de origen familiar yemení, podríamos considerarla una judía árabe, familia de religión judía y cultura árabe, como cientos de miles de habitantes de Oriente Próximo y Mágreb durante siglos, hasta los años sesenta del siglo pasado.

Australia e Israel son la muestra de que Europa es más que un marco geográfico, es una idea política, garantía de Derecho, libertades y desarrollo para sus nacionales, no llega a ser un estado de ánimo, como se dice de Tánger, pero se acerca, e incluye en el club a quien le apetece, y excluye por los mismos motivos aunque el candidato sea tan europeo como Turquía.

La Unión Europea de Radiodifusión dice regirse por normas, y una de ellas prohíbe y sanciona las manifestaciones políticas. La edición del Festival Europeo de la Canción de 2024 (Malmö, Suecia, en mayo, tras ganar en la edición pasada la cantante Loreen, sueca de origen marroquí) ha nacido ya con cierta polémica a cuenta de la participación de Israel, el contenido de su participación -les han forzado a cambiar tema y letra- y las llamadas a su exclusión.

Con más de 31.000 muertos encima de la mesa en seis meses de violencia extrema, muchas voces defienden la expulsión de Israel del certamen, como se hizo hace dos años con Rusia. 

La Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) anunció en 2022 el boicot a la participación de Rusia en el Festival de la Canción de Eurovisión de ese año porque "a la luz de la crisis sin precedentes en Ucrania, la inclusión de una participación rusa en el Concurso de este año desacreditaría la competencia" (quizá quisieron decir competición).

"La EBU es una organización apolítica de emisoras comprometidas con la defensa de los valores del servicio público", decían de sí mismos. "Seguimos dedicados a proteger los valores de una competición cultural que promueve el intercambio y la comprensión internacionales, reúne al público, celebra la diversidad a través de la música y une a Europa en un mismo escenario", justificaban la exclusión.

El distinto tratamiento a Rusia e Israel en el concurso alimenta la visión muy real de doble moral por parte de la organización, opinión muy extendida fuera de lo que se ha venido en llamar Occidente, otra etiqueta no geográfica.  Sobre la politización del festival, recordemos que Ucrania venció en la edición de 2022 por motivos extra musicales, muy políticos, para regocijo generalizado.

Para completar el contexto, recordemos que Islandia, pequeño y poco habitado país al norte de todos los nortes, conocido por producir a Björk y otros músicos inclasificables, fue multada en 2019 por la organización del festival porque sus participantes exhibieron una bandera palestina. Este 2024, un cantante palestino ha estado a punto de ganar la representación del país en Eurovisión, ha quedado segundo en el espectáculo de selección, con un tema cantado en islandés, pues en Islandia y otros sitios es el idioma lo que mejor representa la identidad cultural, más allá del origen y lugar de nacimiento del cantante.

Defendamos desde aquí el arte, la cultura y el deporte al margen de consideraciones políticas, defendamos la participación libre de cualquiera al margen del comportamiento de los dirigentes de su país, algunos recordamos vagamente en nuestra infancia el boicoteo mutuo de EEUU y la URSS a sus juegos olímpicos respectivos.  Ahora bien, si excluimos debiera aplicarse la nueva regla a todo caso.

Difícil evitar en la edición de 2024 la contaminación política palestina  del concurso, por los muertos, por los prolegómenos, por el Benidorm Fest islandés, por la pegatina de los Goya, porque es la actualidad y los artistas suelen ser gente sensible a las tragedias y a la actualidad.

Separar cultura y política es imposible hasta en Eurovisión, con su defensa por ejemplo edición tras edición de opciones sexuales no convencionales, eso es política con mayúsculas, y la participación de Israel también lo es.

Desde esta columna lanzamos una petición a la Unión Europea de Radiodifusión: que se estudie la participación de Palestina en próximas ediciones del concurso, si llegara algún día a materializarse esa idea de los dos Estados vecinos. Comparte espacio geográfico con Israel, Mediterráneo con Europa, comparte monoteísmo, cercanía también cultural y condición de víctima de una limpieza étnica, en su caso en marcha.

O mejor propuesta aún, que la representación de un futuro único Estado democrático y aconfesional que integre a todos los ciudadanos de la Palestina histórica, independientemente de sus creencias, se alterne un año en hebreo y otro en árabe, o una estrofa en cada idioma.

Lo que está claro es que tanto derecho como cualquiera tienen los palestinos a estar presentes en Eurovisión, y hasta que sea con música ya están allí políticamente instalados, muy especialmente en la edición de 2024.

Artículo publicado también en La Hora Digital.

Desinformación y urnas

La desinformación representa un fenómeno de tal relevancia que sobrepasa los marcos habituales de acercamiento y análisis, excede el ámbito de la seguridad en el que normalmente se nos envuelve; es importante porque va más allá de malvados agentes extranjeros tratando de manipular nuestra mente, insistamos en que hay mucho desinformante en nuestra cercanía. La desinformación es un problema de información y de comunicación, alimento esencial para los ciudadanos en un sistema democrático.

Comenzamos este 2024 con numerosas citas electorales en medio planeta, este febrero al Parlamento gallego, en junio al Parlamento Europeo, en noviembre se celebran presidenciales en Estados Unidos, más otras geografías más lejanas, y las elecciones son un momento especialmente sensible para desinformar en general y también para desinformar sobre desinformación.

Los últimos episodios nos alertan sobre los intentos de procedencia rusa de desinformación con el proceso independentista catalán de escenario, campañas que se mezclan interesadamente con contactos entre líderes nacionalistas y responsables rusos de quinto nivel, todo bajo el paraguas de estrategias híbridas en la llamada zona gris, obviando que en todo lo relacionado con Rusia hace ya dos años al menos que hemos pasado directamente de la sutileza del gris al negro de los disparos de artillería.

Siete años han transcurrido ya desde aquellas declaraciones de independencia en Cataluña que hoy no se producen y poca luz se ha arrojado sobre una trama rusa. Habría que distinguir en este sentido entre campañas políticas/partidistas contra Pedro Sánchez, contra Putin-Rusia, y las campañas específicas de desinformación, de las que lo poco conocido no justifica un alto grado de preocupación, otra cosa es que medios de comunicación normalmente rigurosos (en España y EEUU) se hayan prestado a inflar el globo. La desinformación, en este caso y muchos otros, es instrumento vicario para dirigir el foco hacia otro asunto.

Cataluña se conecta en las últimas semanas con el Parlamento Europeo, relación nada espontánea ya sea por amnistía, fondos europeos, agricultura y lo que venga, muchos están buscando ese altavoz de la política nacional en sede comunitaria a riesgo de romper la ficción en la que vivimos de que Bruselas/Estrasburgo era un ámbito apartidista. Suele también aparecer frecuentemente un comisario griego muy interesado en la actualidad española y muy ligado al Partido Popular, ligación biográfica y laboral.

Concretando, el Parlamento Europeo aprobó este 8 de febrero de 2024 una Resolución "sobre la trama rusa: acusaciones de injerencia rusa en los procesos democráticos de la Unión Europea", con muchos ingredientes. Se trata de un pronunciamiento político, nada que ver con una investigación, no es su tarea, lleno de sugerencias, condicionales, referencias a artículos periodísticos y expresión de preocupaciones; porque eso es lo que hacen los parlamentos, representar políticamente al ciudadano, debatir, controlar a su Gobierno cercano, legislar e instar a sí mismo y a otros a hacer algo.

El contenido hispano se encuentra en un punto de esa Resolución que tiene 27, donde se señala que el Parlamento Europeo "expresa su profunda preocupación por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso; observa que, de confirmarse, la injerencia rusa en Cataluña formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión en la UE; expresa su profunda preocupación por las campañas a gran escala de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos intensos contactos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa con representantes del movimiento independentista y del Gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Cataluña -añade-; pide a las autoridades judiciales competentes que investiguen eficazmente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo supuestamente relacionados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la Unión Europea y sus Estados miembros; lamenta todos los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia; pide que los asuntos de los diputados catalanes al Parlamento Europeo en cuestión se remitan al Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados" (cursivas no en el original).

La única afirmación rotunda del párrafo son "las campañas a gran escala de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña", sin que existan ni se aporten hasta el momento pruebas conocidas de tanta rotundidad. Aunque sería discutible el volumen, en asuntos de desinformación se suele además confundir tamaño con efecto o efectividad.

En la exposición de motivos de la Resolución se acude como fuente de las sospechas a "algunas informaciones periodísticas", a "las informaciones de diversos periodistas de investigación", a una reunión de Puigdemont con un exdiplomático ruso, que un juzgado de Barcelona ha prolongado una investigación seis meses,  se incluye que "representantes de un grupo de secesionistas catalanes de España que han mantenido relaciones con personalidades cercanas al Kremlin exigen que se les conceda una amnistía por sus presuntos delitos".

La Resolución tiene otros contenidos que no han sido destacados especialmente, como las sospechas de relaciones con el Kremlin -"al servicio de intereses rusos" es la expresión- de una eurodiputada letona, se insiste mucho sobre esta eurodiputada (a propósito, ¿en qué quedó aquel escándalo bien fundado de patrocinio de Qátar y Marruecos a eurodiputados?); aparecen en la misma Resolución las relaciones de Moscú con la extrema derecha en varios países europeos.

El Parlamento Europeo "expresa su especial preocupación ante informes recientes según los cuales las autoridades rusas están proporcionando relatos específicos a partidos políticos y agentes de extrema derecha de diferentes países de la Unión, en particular Alemania y Francia", relatos y financiación, se podría añadir porque se menciona en otro lugar, y se cita también entre los supuestos beneficiarios a la extrema derecha italiana.

De gran interés es la referencia crítica con la plataforma conocida como Twitter, que ha pasado de gran colaboradora con las autoridades comunitarias a otra posición hostil tras la toma del control de la empresa por Elon Musk a finales de 2022. El Parlamento en este momento "observa con preocupación que X ha dejado de seguir el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación voluntario; manifiesta su preocupación por la propagación de la desinformación y los contenidos ilícitos en la plataforma".

Finalmente la Resolución del Parlamento Europeo "subraya el papel clave del periodismo de investigación a la hora de revelar los intentos de injerencia extranjera y actividades encubiertas; reitera su petición a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros para que garanticen una financiación suficiente y sostenible destinada al periodismo de investigación", signifique lo anterior lo que signifique.

El Parlamento Europeo ha puesto este febrero de 2024 una percha para hablar de desinformación y sea bienvenida; junto con otras como la reciente ley europea de Libertad de los Medios de Comunicación; las relaciones de diversos departamentos de la UE con las plataformas digitales; o en territorio patrio los estudios patrocinados por el Departamento de Seguridad Nacional (Presidencia del Gobierno) recientemente presentados, con un riesgo no tanto de sesgo partidista como de sesgo securitario, porque es quien financia.

Estaremos atentos en cualquier caso durante este año electoral a los temas de desinformación, las campañas detectadas (el mundo digital deja huella de todo lo que ocurre, aunque se puede difuminar la procedencia) y los colaboradores necesarios en territorio nacional, agentes políticos y medios de comunicación. Existen también campañas y no pocas hispano-españolas.

No se habrá avanzado significativamente en temas de desinformación hasta que sus impulsores políticos no tengan un castigo electoral y los colaboradores mediáticos reciban el descrédito reputacional y de audiencia. Buen año entonces este 2024 para reaccionar, porque sin condena social y ciudadana la manipulación informativa se seguirá practicando.

Artículo publicado también en La Hora Digital.

Respuesta a la desinformación desde la UE y España

Este mes de abril de 2023 ha visto la luz la publicación colectiva del Movimiento Europeo en España, dirigida por Francisco Aldecoa y Mercedes Guinea, dedicada a la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea 2023. Propuestas desde la sociedad civil, obra publicada en la editorial Catarata.

Agradezco la oportunidad de haber podido participar en esta compilación de análisis y ensayos con un capítulo titulado "Avances en España y la UE sobre desinformación y regulación de plataformas digitales entre las elecciones al Parlamento europeo de 2019 y 2024. Propuestas de actuación durante la Presidencia española del consejo de la UE".

Comparto capítulo del que soy autor, en esta entrada la introducción y las conclusiones, y en este enlace el texto completo.

LA DESINFORMADA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Durante la legislatura 2019-2024 la Unión Europea, desde sus instituciones y organismos, y también los Estados miembros como España, han enfocado la desinformación como un ámbito prioritario, principalmente desde la perspectiva de la seguridad y como injerencia externa, y se ha aprobado normativa y actuaciones que sobrepasan esa perspectiva y afectan a campos como la regulación de las plataformas digitales, la protección de las libertades públicas o de los medios de comunicación tradicionales. 

La diversidad de iniciativas y la aparente dispersión y fragmentación dificulta su encuadre y comprensión, una visión global de la comunicación y la desinformación que es el objetivo de este artículo con el horizonte de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023 y las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.

Partiendo de un punto abstracto y filosófico, “las informaciones falsas, a diferencia de la información equivocada o insuficiente, en la medida en que son intencionalmente producidas, erosionan ese recurso escaso de la sociedad democrática que es la confianza. La confianza es un bien común al que no dañan el error y la equivocación, pero sí la falsedad manufacturada”; aunque “no es únicamente un problema de malvados desinformadores, sino sobre todo de confusos buscadores de información”. Corresponde la reflexión y la frase del epígrafe a Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política .

En la actividad política que busca el equilibrio entre intereses, entre lo público y lo privado, la perspectiva es diferente, si bien el diagnóstico y la preocupación pueden ser compartidas.

Los ciudadanos europeos y españoles afrontamos un problema de calidad democrática, con múltiples variables que conectan con la amplia circulación de materiales falsificados, no siempre informativos, casi siempre de entretenimiento; problema relacionado con la desinformación, la comunicación, las injerencias extranjeras, la regulación de las plataformas digitales, la alfabetización mediática, la crisis de negocio de los medios de comunicación tradicionales, la publicidad digital, la precarización de la profesión periodística, la extensión del populismo y la crispación como estrategia política/mediática racional, la crisis de los intermediarios, el desprecio hacia la política, la influencia de las redes sociales sobre el negocio periodístico, de la tecnología sobre la forma de comunicar, la sobreexposición informativa, la búsqueda de un beneficio económico con la desinformación…

Sobre todo ello -principalmente sobre desinformación y comunicación- han pretendido actuar las instituciones europeas con especial intensidad en la actual legislatura 2019-2024: han sido aprobados informes, resoluciones, normativa, estrategias, por parte de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, del Tribunal de Cuentas Europeo, del Consejo Económico y Social, del Servicio Europeo de Acción Exterior, de los Estados miembros como España, abundancia de materiales y emisores que dificulta la percepción del problema y la orientación de la respuesta.

Desde el punto de vista de mayor presencia pública, la desinformación se ha encuadrado preferentemente como cíber amenaza exterior, un problema de seguridad omnipotente, con la capacidad de poner en riesgo nuestra democracia y hasta el resultado de las elecciones. La realidad es mucho más diversa, compleja y más interesante.

Por centrar cronológicamente los esfuerzos hay que remontarse a 2016, cuando bréxit y Trump, momento en el que se encienden todas las alarmas en la comunidad internacional, en la Unión Europea y en los países miembros sobre la desinformación. El motivo: el referéndum convocado por el primer ministro británico David Cameron (junio), y perdido; y dos, la campaña presidencial en Estados Unidos (noviembre), las técnicas, recursos y hasta la injerencia extranjera en favor del finalmente ganador Donald Trump.

La Unión Europea viene combatiendo activamente la desinformación desde 2015. Tras una Decisión del Consejo Europeo, y a fin de “contrarrestar las actuales campañas de desinformación de Rusia”, se creó el Grupo de Trabajo East StratCom, adjunto al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). 

En abril de 2018, la Comisión esbozó un enfoque europeo y algunas herramientas autorreguladoras para combatir la desinformación en la red. El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 28 de junio de 2018, invitó a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a la Comisión a que presentaran un plan de acción con propuestas específicas para ofrecer una respuesta coordinada a la desinformación. El Plan de Acción de la Unión Europea contra la desinformación, presentado el 5 de diciembre de 2018, incluye diez acciones específicas basadas en cuatro áreas prioritarias, y consolida los esfuerzos de la Unión para hacer frente a la desinformación; con un enfoque que implicaba a toda la sociedad en el refuerzo de la cooperación entre agentes clave como las autoridades públicas, los periodistas, los investigadores, los verificadores de datos, las plataformas en línea y la sociedad civil.

Un importante elemento del Plan de acción de 2018 consistía en instar a las plataformas a que aplicasen el Código autorregulado de buenas prácticas contra la desinformación. En octubre de 2018, firmaron el código de buenas prácticas Facebook, Google, Twitter y Mozilla, en breve se sumó Microsoft, así como las asociaciones comerciales que representan a las plataformas en línea, a la industria publicitaria y a los anunciantes. 

En marzo de 2019 se creó un Sistema de Alerta Rápida para poner en contacto a los expertos en materia de desinformación de las instituciones de la UE con los de los Estados miembros y facilitar la comunicación entre organismos oficiales de análisis y mejores prácticas sobre aspectos como la comunicación proactiva y la eficacia en la respuesta. Otro elemento esencial del Plan de acción era el incremento de la cooperación internacional, como la enmarcada en el G7 y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

Tenemos por tanto fechados en 2018 la Comunicación sobre la lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo; el Plan de acción en materia de desinformación, que tiene por objeto reforzar la capacidad y la cooperación de la UE en la lucha contra la desinformación; más el Código de buenas prácticas en materia de desinformación, la primera vez en todo el mundo que la industria ha acordado, de forma voluntaria, normas de autorregulación para luchar contra la desinformación. 

Después de esos pilares fundacionales han  llegado el Plan de Acción para la Democracia Europea, un informe crítico del Tribunal de Cuentas; una ponencia específica en el Parlamento Europeo con su informe correspondiente de recomendaciones; varias iniciativas legislativas, no concluidas a febrero de 2023, sobre medios de comunicación y publicidad política; se ha legislado a nivel comunitario sobre mercados y servicios digitales; se ha aprobado un nuevo código de conducta reforzado con las plataformas digitales; y como marco político ha llegado la pandemia del covid-19, la invasión de Ucrania y se acercan las próximas elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2024.

Desde España cabría citar la aprobación de un Protocolo de actuación interno que conecta al Gobierno con Bruselas en materia de desinformación; el protagonismo del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno en la creación de un grupo de trabajo, la publicación de un informe y el compromiso de elaborar una estrategia nacional contra la desinformación, aún no nacida; más una ponencia sobre desinformación en la comisión mixta de Seguridad Nacional.

Finalicemos el comienzo con la definición ortodoxa de la desinformación elaborada por los documentos europeos y mayoritariamente aceptada: “La desinformación se define como información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público. El perjuicio público comprende amenazas contra los procesos democráticos políticos y de elaboración de políticas, así como contra los bienes públicos, como la protección de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos de la UE. La desinformación no incluye los errores de información, la sátira y la parodia ni las noticias y los comentarios claramente identificados como partidistas” (...).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

“La sociedad del desconocimiento”, titula Daniel Innerarity el ensayo origen de la cita que abre este texto, no en un sentido negativo sino con el propósito de entender que en la sociedad actual la gestión del conocimiento es clave, para instituciones públicas y también entidades privadas, y que incluso se requiere la implicación del ciudadano interesado en la calidad de su dieta informativa.

Señala Innerarity en su obra que “en una democracia el combate contra la falsedad sólo puede llevarse a cabo en un entorno de pluralismo garantizado (…). Una democracia es un sistema de organización de la sociedad que no está especialmente interesado en que resplandezca la verdad, sino en beneficiarse de la libertad de opinar (…). Protejámonos de los instrumentos a través de los cuales pretendemos protegernos frente a la mentira”. 

El conflicto de Ucrania; las elecciones municipales, autonómicas y generales en España previstas para 2023, más las elecciones al Parlamento Europeo en 2024 son factores que promoverán el debate y actuaciones relacionadas con la desinformación, y la alarma sobre su peligrosidad.

La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 sin duda desarrollará sus actividades en este marco. Circula el tópico en el mundo diplomático que desde el Tratado de Lisboa, en vigor desde 2009, este tipo de presidencias rotatorias más que dirigir el tren tienen el papel de un jefe de estación, es decir, regular el tráfico, establecen la agenda, dirigen reuniones, concentran el foco internacional y nacional, buscan acuerdos, y en el caso español tendrá además la responsabilidad de impulsar la conclusión de expedientes o proyectos legislativos en trámite al ser final de legislatura, así como colocar ciertos temas para la próxima Comisión que surja tras las elecciones de 2024.

En este sentido se aportan a continuación algunas conclusiones y recomendaciones fruto del camino recorrido desde 2018 por la Unión Europea y España en la lucha contra la desinformación. De normas y actuaciones referidas en los últimos años, se puede concluir:

• El enfoque en seguridad y de origen externo a la UE y la solución tecnológica copan el tratamiento de la desinformación y las actuaciones emprendidas. 
• Las elecciones de 2019 no confirmaron las expectativas alarmistas. El presupuesto disperso de la UE contra la desinformación (en torno a 10 millones de euros anuales) tampoco es proporcional a la peligrosidad declarada de la amenaza.
• En la respuesta a la desinformación, han adquirido protagonismo los verificadores de información (fact checkers), de utilidad para una primera respuesta; mientras que las actuaciones de largo recorrido, como campañas de alfabetización mediática, digital e informacional, avanzan muy lentamente y con alcance muy limitado.
• Gran parte de las iniciativas sobre desinformación en la UE se corresponde con mecanismos de contacto e información entre Gobiernos y organismos comunitarios, sin repercusión sobre el ciudadano, se habla sobre desinformación, pero no se ofrecen herramientas. Proliferan las iniciativas sin repercusión pública alguna.
• El tratamiento de la desinformación desatiende su carácter nacional en la mayor parte de las ocasiones, como origen o colaborador necesario en su difusión; y factores que la alimentan como el populismo como estrategia política y la desintermediación, el desprestigio del periodismo, de la política y de las instituciones.
• Los medios de comunicación tradicionales privados han visto como ha desaparecido su modelo de negocio con la publicidad en manos de las plataformas digitales. La respuesta mayoritaria ha sido la reducción de la calidad, la precarización de plantillas y la búsqueda de contenidos viralizables o viralizados de rápida elaboración.
• Entre los temas objeto de campañas de desinformación destacan la igualdad, el feminismo y la inmigración, asuntos no contemplados por un enfoque en la respuesta exclusivamente securitario y de origen externo. La desigualdad abona el terreno para que germine la desinformación.
• Existe una colaboración de cogobernanza entre la UE y las grandes plataformas, reforzada desde la aprobación de las leyes de mercados y servicios digitales. Las medidas fruto de esta colaboración y de las leyes afectan a la circulación física de la desinformación (bots, cuentas falsas, protección de datos) más que a la naturaleza de la información, donde se entraría en la censura de contenidos incompatible con un sistema democrático.

Algunas recomendaciones de actuación:

• La desinformación es un fenómeno que se combate con información de calidad y transparencia.
• Sería deseable impulsar la elaboración en España de la comprometida Estrategia de lucha contra la desinformación, que sobrepase el ámbito de la seguridad y la injerencia exterior y contemple otros elementos también como la economía de la desinformación, la alfabetización mediática, informacional y digital, la comunicación, la educación, la calidad democrática y el origen y recorrido nacional de muchas de las campañas..
• Fomentar a nivel español y europeo la investigación académica y tecnológica de dos facetas poco desarrolladas: la influencia real de las campañas de desinformación sobre la opinión pública, incluida la intención de voto (análisis cualitativo más que cuantitativo); y el origen de las campañas de desinformación por canales digitales.
• Culminar los procedimientos parlamentarios en marcha en el Parlamento Europeo, como la normativa referida a medios de comunicación; y a publicidad política.
• Impulsar los medios de comunicación públicos para contribuir a fortalecer una opinión pública europea, fomentando la presencia de temas europeos y sobre desinformación.
• Máxima vigilancia contra medidas restrictivas a la libertad de opinión, que vulnerarían el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
• Establecer la máxima coordinación, seguimiento y evaluación de las diferentes actuaciones puestas en marcha por instituciones y organismos de la Unión Europea sobre desinformación.
• De cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, presentar en positivo la participación, la información y el debate como derechos del ciudadano, más que un motivo de amenaza por parte de potencias extranjeras omnipotentes hacia un ciudadano indefenso.
• En coordinación o inspiración con la UNESCO, elaboración de materiales prácticos para periodistas, formadores y ciudadanos, que contribuyan a comprender el fenómeno de la desinformación y responder. Cubrir carencias de formación y análisis.
• Eliminar la limitación de publicación de encuestas excepto el día de reflexión y votación.
• Teniendo en cuenta lo sucedido en países como EEUU o Brasil, donde se han puesto en duda los resultados electorales, se requiere máxima información y transparencia sobre el sistema electoral y el escrutinio.
• Fomentar la difusión de iniciativas y materiales de utilidad para el ciudadano, más allá de los grupos de especialistas o de contacto entre Gobiernos. La fragmentación de iniciativas también dificulta la comprensión del fenómeno de la desinformación. El objetivo debe ser capacitar a la sociedad civil.
• El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (Joint Research Centre, JRC), con sede en Sevilla, ha elaborado excelentes documentos sobre desinformación , su labor podría potenciarse en los ámbitos pendientes de desarrollo detectados.

Comunicar de manera efectiva una realidad compleja

Las instituciones europeas suman la mayor maquinaria de comunicación pública del planeta, y aún así no resulta extraño escuchar la insatisfacción interna, y externa entre especialistas, sobre la falta de conocimiento ciudadano de su trabajo y actuaciones.

Las explicaciones pueden ser diversas: las siete instituciones comunitarias principales y las decenas de organismos no tienen como tarea comunicar Europa, sino su área de actuación específica; la agenda pública, periodística y política, sigue marcada fundamentalmente por un enfoque nacional, y así se interpreta lo que se produce en Bruselas; nadie comunica Europa en su totalidad, y si se produjera cabría preguntarse qué Europa existe como común denominador o qué proyecto europeo se persigue, la consigna de 'más Europa' se queda hoy corta como acicate u objetivo totalizador.

Como sucede con cada país, la relación de España y de los españoles con Europa es particular, se convirtió durante buena parte del siglo XX en anhelo político frente a la dictadura, un paraíso idealizado de desarrollo económico y libertades públicas, un más allá con una acumulación de expectativas difícil siempre de cubrir.

Con la integración de España en la entonces CEE tres décadas después de su nacimiento el enfoque cambió, ya como país miembro, se comenzaron a recibir fondos europeos de cohesión y estructurales -a cambio de ampliar el mercado y la liberalización económica- que han sido claves para la modernización del país.

En 2023 el objetivo ya no es -sólo- ser miembro o recibir ayuda al desarrollo, sino participar en las decisiones e impulsar políticas y consensos, como ha ocurrido con los fondos Next Generation o en materia de energía. Por primera vez en décadas, compartimos desafíos y perseguimos soluciones también compartidas.

La Unión Europea es una gran maquinaria de comunicación, pero tan importante es su condición de formidable fuente de información, en ocasiones especializada, siempre de interés, para 450 millones de personas ciudadanas de los países miembro y también para el resto de la comunidad internacional.

La Oficina en España del Parlamento Europeo difundía a comienzos de 2023 un estudio en el que señalaba que el 57% de las leyes aprobadas por el Parlamento español en 2022 derivaban de directrices y decisiones europeas, de 73 leyes aprobadas un total de 42 están vinculadas con la UE, 21 responden al mandato de aplicación de reglamentos comunitarios o a la transposición al ordenamiento jurídico interno de España de directivas aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo; el resto de normativas aprobadas respeta también la línea de actuación marcada desde las instituciones de la UE.

La Unión Europea, el nivel de decisión comunitario, marca como nunca la actividad política y la realidad ciudadana de los Estados miembro, y con una progresión creciente: el 57% vinculado con Europa de las leyes aprobadas por el Parlamento español en 2022 fue el 51% en 2021, representó el 50% en 2020 y el 42% en 2019.

El peso de la normativa consecuencia de Europa es tan relevante que su seguimiento resulta imprescindible para el ámbito político o empresarial, pero también para el ciudadano. Podríamos decir que casi todo pasa por Bruselas, y para el común eso significa que la UE es fuente informativa de incalculable valor si se quiere conocer y comprender la actualidad.

En este marco multifacético de complejidad institucional -aunque accesible-, de diversidad de objetivos de comunicación, de densidad informativa, se mueve el Movimiento Europeo, plataforma principal en España a favor de la construcción política de Europa, punto de encuentro de la sociedad civil, profesional, institucional y académica -decimos-, ya con casi 75 años de trayectoria, parte de una amplia red europeísta con presencia en 34 países y 15 Comunidades Autónomas.

Resulta aclaratorio destacar que el Movimiento Europeo acapara también una serie de factores particulares no fáciles de comunicar: cuenta con miembros a título individual, pero también es asociación de asociaciones; en las actividades del Movimiento se encuentra el análisis académico de especialistas en Relaciones Internacionales y Unión Europea; pero también destaca el activismo político promoviendo un avance del proyecto europeo más o menos federal, más o menos social según preferencias; componente académico, componente activista, muchas veces protagonizado por jóvenes, componente también institucional, como colaborador necesario de la UE en la difusión de políticas o como agente de la sociedad civil en iniciativas de la importancia de la Conferencia sobre el Futuro de Europa recién celebrada en 2021/22.

Esta más revista que newsletter 'Europa en movimiento' es órgano de comunicación del Movimiento Europeo en España desde 2014 y cumple 50 números, 34 de ellos desde que en septiembre de 2019 quien esto escribe se incorporó como editor de la publicación, de periodicidad desde entonces mensual y rigurosamente periódica incluso en pandemia, en una trayectoria que coincide con la última legislatura comunitaria.

'Europa en Movimiento' se distribuye digitalmente entre más de un millar de destinatarios que incluye responsables políticos de las instituciones comunitarias y Gobiernos nacionales, parlamentarios, periodistas especializados, académicos, profesionales y ciudadanos, además de su difusión por redes sociales.

A través de sus páginas se intenta comunicar la intensa actividad pública del Movimiento Europeo en España; por estas páginas han pasado asuntos del calado del bréxit, el covid, los fondos Next Generation, el Año Europeo de la Juventud, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la respuesta de la UE a la invasión de Ucrania..., y lo que venga de importancia ahí tendrá su espacio. 

Europa desde España ya no es sólo un objetivo de libertades y desarrollo, no es exclusivamente fuente de financiación, es parte integrante de la gobernanza y toma de decisiones multinivel, es el marco mancomunado desde donde nuestro país ha decidido intervenir en casa y en el mundo.

El Movimiento Europeo es actor comprometido desde la sociedad civil del proyecto europeo, referente fiable para tomar el pulso y explicar Europa, y desde esta publicación contamos la actividad propia y la comunitaria, un doble gorro de actuación y análisis, un vehículo para trasladar información y entenderla, tarea tan compleja como ilusionante y necesaria para todo aquel que desee ser parte activa de nuestro tiempo.

Artículo publicado en 'Europea en movimiento', revista del Movimiento Europeo en España.

España y su Defensa

Monumento a la Legión erigido en Madrid
ciudad en noviembre de 2022.

La Defensa de España (fronteras, intereses, valores, sin concretar mucho), la Defensa de los españoles (foco en la ciudadanía) y la defensa de quienes viven de la Defensa (empleados públicos, industria), pueden coincidir, quizá debieran coincidir, pero no son los mismo; la Defensa sería probablemente la suma de todo. 

El caso es que fui invitado hace pocas semanas en un ámbito restringido a hablar de la Defensa y España, con tres indicaciones orientativas del debate o los intereses de la audiencia: uno general, otro de opinión pública y un tercero de industria de Defensa. 

Traigo aquí no lo que allí se habló ni lo que dije, sino lo que llevé en la cabeza; reconociendo que estos ejercicios generalistas tienen su dificultad, y que la reacción más racional ante una oferta de este tipo hubiera sido no decir una palabra o escribir 774 páginas.

Siempre es relevante identificar al que habla, en mi caso el foco es el de la comunicación y del análisis de las políticas públicas, información que permite confirmar o descartar la habitual confusión de papeles: muy a menudo encontramos políticos en el papel de periodistas, funcionarios en el de políticos, periodistas y analistas en el de activistas.

Sobre cada uno de los acercamientos a la Defensa señalaré, utilizando la expresión anglosajona, un elefante en la habitación, un tema incómodo y presente sobre el que nadie habla o le apetece tratar en público.

Defensa y España

La política de Defensa en España está lógicamente condicionado por la moción de censura que acabó en junio de 2018 con el Gobierno conservador del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy (ligado a la publicación de una sentencia sobre corrupción en su partido) y las elecciones generales de diciembre de 2019 que llevaron al Partido Socialista a formar un Gobierno de coalición con Podemos.

El marco de la Defensa en España está escrito en documentos como la Directiva de Defensa Nacional de 2020, la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2021, la Brújula Estratégica de la Unión Europea de marzo de 2022 y el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN aprobado en la cumbre de Madrid de junio de 2022, documentos todos imprescindibles para el interesado, cuyo orden cronológico quizá debiera haber sido al revés (OTAN, UE y luego España con seguridad y finalmente Defensa).

Luego viene la realidad a poner a prueba documentos y estrategias, el momento concreto que todo lo altera. La actualidad de España en noviembre de 2022 en estos asuntos de seguridad y defensa está marcada claramente por dos circunstancias: la invasión de Ucrania del 24 de febrero, y la respuesta de la UE con España incluida; y la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que contemplan un crecimiento de los fondos de Defensa del 25% (sumaría un incremento de más del 40% con el actual presidente del Gobierno).

Desde otra perspectiva a más largo plazo, en España vivimos dos procesos de calado no concluidos. Por una parte, la creación desde aproximadamente el cambio de siglo de un sistema de seguridad nacional, que va mucho más allá de un departamento de coordinación en Moncloa, implica un cambio de perspectiva no rematado. Existe una ley de seguridad nacional, un consejo de notables que preside el rey Felipe, un comité de situación más operativo y discreto engrasado durante la pandemia, una estrategia de seguridad nacional, un informe anual, pero no un consejero de seguridad nacional.

Un segundo proceso, directamente ligado a la organización y la eficacia militar, es el recorrido hacia lo conjunto, impulsado desde la Ley de Defensa de 2005; se trata de un largo camino hacia la acción conjunta de los tres ejércitos, bajo un mando unificado en el JEMAD -al parecer aún no asumido desde los ejércitos-, en los ya seis espacios de actuación (tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio y, el último en incorporarse, el ámbito cognitivo).

Sorprende que las inercias y autonomía de los ejércitos de Tierra, Aire y de la Armada continúan pasados 35 años después de crearse el Ministerio de Defensa y quedar englobados en su estructura, ministerio/poder civil al que desde el mundo uniformado se sigue observando desde la desconfianza, la injerencia en su actuación y la obstrucción en la deseada relación directa con el jefe del Estado, obviando que por mucho mando supremo que le reconozca la Constitución no dirige las Fuerzas Armadas.

El marco imprescindible de la Defensa en España es la OTAN (léase Estados Unidos en la Alianza además de acuerdo bilateral) y la Unión Europea.

El elefante en la habitación sobre la Defensa de España es la posibilidad de tener que hacer frente a una amenaza no compartida con nuestros socios de la OTAN o de la UE, a pesar del artículo 5 de la Alianza y el 42.7 del Tratado de la UE sobre asistencia mutua, es decir, la desestabilización del norte de África, es decir, un conflicto abierto con Marruecos. Un enfrentamiento con el vecino del sur se presenta como una posibilidad remota, teniendo en cuenta los intereses de Estados Unidos en ambas orillas o la diferencia de renta de uno a diez, lo esperable es que las tensiones se jueguen con estrategias híbridas en la zona gris, como las 12.000 personas que cruzaron la frontera de Ceuta en mayo de 2021 en apenas 48 horas; a la contra juega el ejemplo de Ucrania, muy lejos del gris, o que las autocracias por regla general no son previsibles en ningún lugar del planeta.

Opinión pública y Defensa

Cada país tiene su historia y su sensibilidad, que han de tenerse en cuenta para el desarrollo de cualquier política pública y aún más los instrumentos dedicados a defender al ciudadano de amenazas.

Las relaciones de los españoles con la Defensa y las Fuerzas Armadas y el mundo militar están marcadas por la Guerra Civil de los años 30 del siglo XX; por la no participación de España en ninguna de las dos grandes guerras europeas y luego mundiales del pasado siglo; por el hecho de que no fuimos liberados por los aliados desembarcando en nuestras playas (sí lo hicieron en Casablanca y Normandía, por ejemplo); por los acuerdos de Defensa firmados en 1953 entre la dictadura de Franco y EEUU, reeditados hasta la fecha;  por 40 años de dictadura con un fuerte componente militar (aparte del jefe del Estado, alrededor del 25% de ministros y procuradores en Cortes fueron militares); por el golpe de Estado de 1981 y otros intentos cercanos. 

La cúpula militar española actual entró en las academias de oficiales con Franco vivo y salieron licenciados antes de la Constitución; hasta el año 2006 una estatua ecuestre de Franco ocupaba lugar principal en la Academia General Militar de Zaragoza, con el peregrino argumento de que fue director del centro, como si en las calles alemanas hubiera estatuas de homenaje al Hitler pintor; aún hoy el dictador da nombre a una sección de la Legión.

Cambios sociológicos y políticos profundos equiparan hoy las relaciones entre ciudadanía española y Defensa y las FAS a cualquier otro país: la consolidación de la democracia (fin del ruido militar desde finales de los 80); la integración en la OTAN; las operaciones internacionales en las que han participado militares españoles, que ya nadie llama operaciones de paz (Angola y Namibia en 1989, Centroamérica, ex Yugoslavia, Líbano desde 2006, entre otras); el fin del servicio militar en el cambio de siglo, positivo, en contra de lo que algunos opinan, la experiencia de los españoles era con una gran organización ineficiente; la creación de la UME en 2005 para actuar profesionalmente en emergencias. Los españoles valoran hoy ante todo la profesionalidad de sus Fuerzas Armadas, un cambio realmente histórico.

La última gran encuesta pública que ha preguntado a los españoles por seguridad y amenazas se la debemos a la Fundación Alternativas, a la empresa 40DB y a la financiación del Ministerio de Defensa en enero de este 2022, con unas conclusiones relevantes: europeísmo de los ciudadanos en relación con su seguridad; transversalidad de las amenazas (pandemias, cambio climático, mayor peso que el riesgo de conflicto militar); y diversidad de enfoques, por orientación política, edad o sexo. A los ciudadanos que así se expresan debe ir orientada la Defensa.

En esta encuesta, realizada antes de la invasión de Ucrania, a la pregunta sobre las principales amenazas para la seguridad de España, los encuestados señalan en primer lugar la propagación de enfermedades infecciosas, seguido de terrorismo internacional, cambio climático y desastres naturales, ciberataques, flujos migratorios, desinformación y polarización, crisis de suministros, inestabilidad Mágreb y Sahel, armas de destrucción masiva, China, conflictos armados, Rusia y EEUU.

Los españoles encuestados opinan que las organizaciones con mayor capacidad para proteger a los ciudadanos frente a esas amenazas son, en primer lugar, la Unión Europea (25%, de las respuestas, mayor apoyo cuanto más joven es el encuestado); seguida de la OTAN con el 18% (más respaldo en mayores de 55 años); y el Estado español es mencionado como garante por un 13%.Tres de cada cuatro encuestados consideran que España debería abogar por una Europa de la defensa, con una mayor coordinación entre los Estados miembros de la Unión Europea y menor dependencia de EEUU.

En relación con la opinión pública, el elefante en la habitación sería la identificación de la Defensa, de lo militar, con una franja de la ciudadanía de orientación política ultranacionalista y extrema, la que correspondería por ejemplo con los abucheos al presidente del Gobierno si es de izquierdas en el desfile del 12 de octubre, nunca criticado desde la oposición conservadora.Cualquier gran política pública, con gran volumen de presupuesto, necesita la complicidad de la sociedad, la legitimidad de su respaldo. El peligro sería que la Defensa de España no tuviera en cuenta la diversidad de los españoles, sino que responda a un país inventado, a una sociedad inexistente.

"Es patente el desapego antipatriótico de los votantes de la izquierda sociológica", ha dejado escrito en sus memorias el penúltimo JEMAD, que fue nombrado por la ministra Cospedal y estuvo aún un par de años bajo Gobierno PSOE; es curioso que nunca se utilice la expresión 'derecha sociológica', parece en este caso un fenómeno natural.

Industria de Defensa

España es el séptimo exportador mundial de material de defensa y de doble uso, reflejo de una importante industria como sector y de empresas competentes, menos creadora de gran número de empleo que sí especializado y con tecnología avanzada, en muchos casos de carácter dual.

Lejos quedan los tiempos en los que cada ejército tenía detrás en simbiosis una empresa pública. Santa Bárbara fue privatizada durante la fiebre de adelgazamiento del sector público en el cambio de siglo por cinco millones de euros, aunque el Tribunal de Cuentas certificó más tarde que la venta costó 500 millones al erario público. En aquellas fechas, la pública CASA se integró en EADS, ahora Airbus, a cambio de un 5% de la multinacional. La Armada es la única que aún mantiene con los astilleros públicos Navantia una estrechísima relación con la industria.

Tras Airbus y Navantia, Indra parece ser la empresa llamada a ser el gran actor empresarial nacional en este sector, con un 26% de sus acciones en manos de la pública SEPI, y así lo muestra su no bien recibida elección como coordinador nacional en el programa del futuro caza europeo FCAS, junto con Dassault y Airbus en Francia y Alemania. 

Parece claro que la industria española de Defensa encara una nueva época de bonanza por parte de los Presupuestos Generales del Estado de los que depende, si bien no se ha alterado el sistema de financiación de los grandes sistemas de armamento a larguísimo plazo que hace que hoy estemos pagando aún las decisiones de compra del anterior ciclo inversor.

En éste como en todos los apartados relacionados con la Defensa aparece la UE, con una alta participación española por ejemplo en 28 de las 60 iniciativas en marcha en el marco de la PESCO, cooperación estructurada permanente que Bruselas ha puesto en marcha, que no conforma una política de Defensa pero se va avanzando con proyectos industriales conjuntos.

El gasto en defensa de los 27 miembros de la UE está creciendo significativamente hasta alcanzar los 214.000 millones de euros en 2021 (un 6 % más que en 2020), cuatro veces el de Rusia y casi lo mismo que China; la previsión es que siga aumentando con fuerza en los próximos ejercicios y tiene pendiente que ese gasto sea coordinado. Hasta el momento no existe un mercado europeo de Defensa, todos los países priman la industria propia, salvo los casos de programas multinacionales y consorcios.

No avanzará Europa en Defensa si no avanza Europa como proyecto federal (que incluye su pilar social); las últimas decisiones como respuesta a la pandemia, con el endeudamiento común y los fondos europeos de recuperación, más las decisiones tomadas en Defensa apuntan hacia ese avance federal necesario para que se traslade a las decisiones sobre seguridad común.

En este ámbito de la industria -sea española o europea- uno podría preguntarse si la economía responde a los intereses nacionales de seguridad o a otras lógicas más relacionadas con la rentabilidad y los beneficios de los accionistas.

Hablando de elefantes, en este caso parece claro que la industria de Defensa española, ni de la ningún otro país, tiene el tamaño y la autonomía suficiente para fabricar todos los sistemas de unas Fuerzas Armadas con todas las capacidades militares, parece imponerse a medio plazo cierta especialización entre los ejércitos y las industrias de los 27 y programas de desarrollo conjunto.

Cierre

El análisis de las encuestas ofrece un resultado paradójico: España es un país seguro que los españoles no reconocen como tal, en un mundo inseguro que no nos lo parece.

Existe unanimidad entre los agentes afectados sobre la necesidad de implicar a la sociedad en temas de Defensa, unanimidad en el discurso que no se acompaña con un comportamiento que alimente esa implicación deseada, más allá de recibir el aplauso o el apoyo acrítico. 

En cualquier caso, sobre la salud de la Defensa con mayúscula y de las tres defensas primeras -la de España en abstracto, la de los ciudadanos españoles y la de quienes trabajan directamente en ella- se podría decir que cualquier tiempo pasado fue peor.

Pero la Defensa no es una religión, es una política pública, debatible, con opciones distintas, y necesitada de rendición de cuentas y evaluación de resultados. Existe en este sentido recorrido por delante, tanto en España como en la Unión Europea.

Artículo publicado originalmente en Blog IDAPS.