Nostalgia (democrática) de futuro

Fotografía de Nicolás Muller, de los años cuarenta, 

parte de una exposición inaugurada en noviembre 

de 2020 en el Instituto Cervantes de Tánger.

La actualidad nos presenta un anteproyecto de ley de memoria democrática, la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar símbolos de la II República, el permanente blanqueamiento del franquismo, ya sin frenos mentales ni sociales, el centenario de la Legión... ¿Cómo nos situamos hacia el pasado?

Somos lo que elegimos recordar, se puede decir desde un enfoque literario, pero la frase se puede aplicar también a la política: una sociedad elige unos determinados referentes pasados para tratar de ser mejor en el presente y a futuro. Así han actuado muy diversos países, media Europa recuerda y honra la resistencia al nazismo, no el colaboracionismo imprescindible de muchos para que triunfara en suelo alemán, holandés o francés; los mismos EEUU pasan de puntillas sobre el genocidio de los nativos norteamericanos o el racismo, aunque conmemoren a Martin Luther King -fiesta nacional- por unas ideas más ejemplares que las de sus asesinos; la parte del planeta que algunos identifican como Occidente sólo comienza ahora a pensar qué hacer con su pasado colonialista, el contenido de sus museos y la valoración que merece una actuación pretendidamente civilizadora que en la inmensa mayoría de las ocasiones fue ejemplo y preludio de guerras, racismo y violencia vividas más tarde en la propia Europa en la primera mitad del siglo XX.

Hay causas nobles y otras lo son menos, compatible con la frase de Camus cuando dijo en relación con la Guerra Civil que "fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa".

En relación con los acontecimientos registrados por la Historia, nada fue inevitable.

Digamos que España no estaba condenada a un golpe de Estado en 1936, a una Guerra Civil con medio millón de muertos (200.000 en la retaguardia) y 40 años de dictadura.

Digamos que Francia pudo o no sufrir un golpe de Estado en 1962 (lo sufrió, a manos de sus militares africanistas y fracasó) o Chile 1973 o Argentina 1976 o Egipto en 2013, acontecimientos -golpes de estado y dictadura posterior- ante los que uno puede mostrarse crítico, indiferente o entusiasta.

Para acercarse a estos procesos históricos siempre es útil buscar la compañía de historiadores, profesionales de las Ciencias Sociales que cuentan con la perspectiva, conocimiento y competencia profesional del oficio, y son de ayuda en este momento el reciente "Una violencia indómita. El siglo XX europeo", de Julián Casanova; o "El holocausto español", de Paul Preston.

Se trata de estudiar la historia de la violencia para comprender lo que ocurrió y evitarla, libros que arrojan luz sobre los bárbaros y quienes se resistieron a la barbarie.

En un clima de crispación política que curiosamente aparece en España en las legislaturas en las que no gobierna la derecha, se reprocha a la izquierda algún tipo de extraño complejo o pecado original en su acercamiento a la Guerra Civil, quizá por ponerse de parte de las víctimas, entre ellas la democracia.

Desde dentro del colectivo acusado se puede decir que simplemente los referentes simbólicos y los objetivos son distintos, que la supuesta voluntad revanchista, que hasta podría estar justificada, hasta ahora no ha tenido confirmación científica con pruebas de laboratorio.

Una prueba bastante clara del ánimo fundamentalmente constructivo y conciliador de los partidos hoy gobernantes se puede observar en la conmemoración este mismo año del centenario de la Legión, recordatorio exquisitamente acrítico con su historia, con su actuación durante más de la mitad de su existencia,  ligada mayoritariamente al colonialismo en Marruecos y el bando insurrecto de la Guerra Civil; relacionado con lo anterior, sigue pendiente por parte de las Fuerzas Armadas una profunda revisión de sus referentes simbólicos, en vista de los cuales no ha sido mala decisión proyectar su utilidad desde el presente hacia el futuro, aunque se titubea.

En España se podría afirmar que estamos viviendo por fascículos y tardíamente la comisión de la verdad que suele acompañar los procesos de transición desde la violencia o dictaduras a regímenes democráticos, procesos que se han vivido recientemente en países cercanos como Colombia, Marruecos o Túnez y aquí nunca se celebró en formato al uso (aquí un acercamiento al tema).

Como contraste digamos que Franco ha cabalgado a caballo en  el principal centro de formación de los militares españoles -Ejército de Tierra- hasta agosto de 2006, en la Academia General Militar de Zaragoza; todos los oficiales españoles que han pasado por el centro hasta esa fecha han convivido con naturalidad con el dictador en estatua ecuestre, con el débil argumento que el dictador fue antes director de la academia, como si pudiera celebrarse de Hitler sus años mozos o sus dotes pictóricas o literarias.

Con semejante paisaje, digamos entre paréntesis que no sorprende la reciente salida ideológica del armario de algunos generales al pasar al retiro, armario en el que guardaron su ideología extrema para ascender en el escalafón bajo gobiernos incluso socialistas. 

Más allá de gestos simbólicos, la principal iniciativa pública para honrar a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura ha sido hasta hoy la conocida como ley de Memoria Histórica, llamada realmente Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

En cumplimiento de aquella ley, que se quedó algo corta en cuanto al compromiso del Estado con las víctimas desaparecidas, desde el Ministerio de Defensa se realizaron diversas actuaciones para profundizar en el conocimiento de nuestra historia mediante la digitalización de fondos documentales,  la mejora del tratamiento de los fondos y acceso a los archivos históricos, la modernización de museos militares y la retirada de símbolos en dependencias del Ministerio y ejércitos relacionados con la Dictadura o la Guerra Civil.

En el proceso de aplicación de la ley se retiraron a lo largo de los años 2009 y 2010 un total de 410 símbolos; y se modificaron además 11 denominaciones de bases, acuartelamientos o establecimientos (Carmen Polo y Francisco Franco daban nombre a residencias militares en Madrid hace una década).

Sobre símbolos retirados, al margen de caballos y águilas, sirva recordar ejemplos anecdóticos como uno que conmemoraba en Ferrol la primera guardia que pasó insomne el dictador en tiempos de joven militar; o una placa en bronce con nada menos que las huellas de la pisada de Franco que se lucía en Ceuta emulando las de aquel astronauta Armstrong sobre la luna.

"Always Franco", escultura de Eugenio Merino.

La renovación completa del Museo del Ejército, inaugurado en julio de 2010 en su nuevo emplazamiento del Alcázar de Toledo, podría encuadrase también en las iniciativas puestas en marcha de recuperación respetuosa del pasado.

¿Qué ocurrió después de aquel impulso de finales de la primera década de siglo? Poco reseñable, más allá de declaraciones públicas y voluntad política en contra de financiar actuaciones enmarcadas en este campo de la memoria histórica o acusaciones directas a familias de desaparecidos de querer lucrarse con las subvenciones.

El hilo cronológico nos lleva entonces hasta la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019, de la que se acaba de cumplir un año sin movimiento alguno por parte de los muchos nostálgicos, que tampoco peregrinan a Mingorrubio/cementerio de El Pardo para visitarlo en su nueva morada, ni una vela calientaplatos parece haberse encendido para la ocasión. Recordemos, porque la memoria es corta, hasta la democrática, que tuvo que ser el mismo Tribunal Supremo quien avalara en sentencia la retirada de los huesos del dictador de la basílica, sentencia firme y unánime del Supremo del 30 de septiembre de 2019 que puso fin al proceso contencioso-administrativo interpuesto por la familia para intentar impedir su salida del Valle de los Caídos.

El calendario avanza y llega a enero de 2020, cuando se crea por primera vez en el seno del Ministerio de la Presidencia una Secretaría de Estado de Memoria Democrática. 

"Siendo la memoria el ejercicio de reconstrucción del pasado en el momento presente, ha de entenderse como un derecho; un derecho de la ciudadanía", se lee en una web puesta en marcha desde la Presidencia del Gobierno. "Para ello, el objetivo fundamental de toda política de memoria es crear condiciones de pedagogía social que se constituyan en garantías de no repetición".

A través de este sitio web, se podrán consultar una serie de recursos informativos, así como atender las peticiones y reparación de las víctimas y sus familiares. 

Finalmente llegamos al anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado por el consejo de ministros de 15 de septiembre.

"El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura".

La Ley adopta medidas destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.

Se determina la consideración de víctima con arreglo a los parámetros internacionales de Derechos Humanos y declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.

Además, instaura el 31 de octubre, fecha de la aprobación en Cortes de la Constitución española en 1978 como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas. Asimismo, se declara el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.

La nueva ley recogerá la elaboración un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, dando respuesta a la fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas en ese periodo. 

Sobre el derecho a la verdad de las víctimas, se asume que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad, reforzando la colaboración entre las mismas. Incluye medidas como el impulso al mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones y régimen de autorizaciones. Asimismo, se crea el Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Se incluyen actuaciones como la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la Dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales podrán adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Introduce a su vez medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial. Con el mismo objetivo se ocupa de la revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios, que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura.

Asimismo, incluye actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista.

Recoge también acciones en el plano educativo actualizándolos contenidos curriculares para ESO y Bachillerato, y en el plano de la investigación y la divulgación con el fin de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. Se contempla la constitución de una Fundación cuyo objeto será contribuir al conocimiento, difusión y promoción de la historia de la democracia en España a través de la preservación de los archivos de los presidentes del Gobierno constitucionales.

Retirada de la placa en homenaje a Largo

Caballero de su casa natal en Madrid.

Se regulan los Lugares de Memoria Democrática con una función conmemorativa y didáctica. En cuanto al Valle de los Caídos, se enfatiza su resignificación con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes. Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos tienen el carácter de cementerio civil y solo podrán albergar restos de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil. Asimismo, se procederá a reubicar cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la Dictadura. Se declarará con la ley como extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Este anteproyecto de ley se puede interpretar como la segunda parte de la Ley de Memoria Histórica de 2017 y un avance más en la profundización democrática de nuestro país, en línea con las democracias avanzadas que celebran sus amagos democráticos y condenan las dictaduras, al menos sobre suelo patrio (cosa distinta sucede con el Brasil de Bolsonaro, para quien su dictadura militar mató poco).

Junto a las iniciativas legislativas cabría mencionar actuaciones poco conocidas y de largo recorrido, como la desarrollada en los últimos años por parte de la Diputación de Ciudad Real con el Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED, bajo el nombre de "Mapas de Memoria", un espacio de investigación, creación e intervención social que busca generar conocimiento sobre el pasado reciente. Conformado por antropólogos, historiadores, investigadores y artistas, su objetivo es establecer puentes para comprender la memoria, la violencia y el trauma, así como dignificar a las personas que fueron desaparecidas o silenciadas.

Siempre conviene recordar que la ampliación o el ejercicio de derechos no afecta al no interesado, ya sea el matrimonio homosexual, la libertad de expresión o que el Estado te ayude a encontrar y enterrar al abuelo: quien no se quiera casar, opinar o no tenga abuelo en paradero desconocido nada tiene que temer.

Contra olvidadores (Benedetti), agoreros, provocadores, asustados de buena fe, contra perezosos intelectuales, la España de 2020 tiene una solidez institucional y social en nada comparable a los años treinta del siglo XX; la prueba es la civilizada no respuesta -probablemente reducida a los tribunales, y al uso del detergente para eliminar pintadas- a la inmensa provocación desde el Ayuntamiento de Madrid de retirar a martillazos de su casa natal una placa conmemorativa de Largo Caballero, muerto en el exilio, prisionero de los nazis, presidente del Gobierno, ministro de la República, por decisión del PP gobernante tras propuesta de Vox apoyada también por Ciudadanos. La misma sentencia política a muerte civil ha recibido Indalecio Prieto, fallecido en el exilio, promotor nada menos que de un acuerdo nacional en 1948 con los monárquicos para restaurar la democracia en España, secretario general del PSOE y ministro de la República.

Para quien dude sobre la decisión, 250 historiadores se han sumado hasta la fecha a una declaración de emergencia en la que sustentan los criterios no históricos de la medida.

España es sólida a pesar de sus destructores, lo que no les quita responsabilidad en el intento.

El anteproyecto de ley de Memoria Democrática saldrá adelante o no dependiendo de la lógica parlamentaria, más allá de los efectos higiénicos que algunos le adjudicamos, como a la lógica parlamentaria respondió la eliminación de la Justicia o la Sanidad universal del ordenamiento patrio con gobiernos anteriores.

En cualquier caso, siempre será muy distinto enfrentarse a una dictadura a padecerla, beneficiarse de ella o añorarla acusando de dictatorial a la democracia que la sustituyó.

No es lo mismo ampliar derechos que recortarlos.

En relación con el pasado, cada uno elige el espejo donde mirarse.

Nadie quiere hoy ganar una guerra porque la razón democrática sólo estuvo en un bando; el objetivo es ganar el presente y el futuro.

Sugerencias

• Memoria democrática, información y enlaces en la web de Presidencia del Gobierno.
• Normativa relacionada con la memoria democrática
• Centro Documental de la Memoria Histórica
• Ministerio de Justicia
• Sobre Largo Caballero, Prieto y Vox. Un informe técnico (Conversación sobre la Historia, 6.10.2020).
• Mapas de la Memoria (proyecto de la Diputación de Ciudad Real y la UNED).
• Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos.
• Declaración institucional de Pedro Sánchez con motivo de la exhumación de los restos de Francisco Franco (La Moncloa, 24 de octubre de 2019).
• Acuerdo para la ejecución de la exhumación y reinhumación de Francisco Franco (Moncloa, 11.10.2019).
• Comisiones de la verdad, versión española, por Carlos Penedo (Blog Contextos / infoLibre, 16.1.2018).

Elogio de los efectos secundarios

 Columna de opinión publicada originalmente en Estrella Digital.

En ocasiones las consecuencias no deseadas pueden ser mejores para el común que el objetivo primero, beneficios inesperados para la mayoría.
Viene esto al hilo de la indignación de algunos países de Europa más la alianza anglosajona, eso que llamamos Occidente, porque Corea del Norte ha lanzado, al parecer con éxito, un satélite de observación. La sorpresa no procede de que moleste que los norcoreanos quieren contemplar la Tierra desde el espacio, sino en su capacidad probada para poner en órbita o trasladar a largas distancias toneladas de lo que sea, también de explosivos.
La carrera espacial del alunizaje y Jesús Hermida, la inversión multimillonaria que centró buena parte de la idealizada guerra fría, estaba más relacionada con el desarrollo de misiles balísticos que con la cosecha de piedras lunares. A partir de los avances tecnológicos nazis en la Segunda Guerra Mundial, EEUU y la URSS desarrollaron los misiles balísticos como instrumento imprescindible para poder lanzarse armas nucleares.
Cuando se nos asusta con la posibilidad de que grupos terroristas puedan acceder a armas químicas, bacteriológicas, nucleares -probablemente algún ministro en funciones esté pensando en recordarlo, si no lo ha hecho ya-, normalmente se oculta que además del contenido hay que disponer de un continente, un vector (agente que transporta algo de un lugar a otro); en estos casos es aún más difícil conseguir el vehículo que el pasajero.
Pero el común de los mortales nos hemos beneficiado de la carrera espacial-misilística: no sólo la miniaturización de la tecnología, también el velcro, el taladro sin cables, el refresco soluble con sabor a frutas (por no escribir Tang), el termómetro de oído y las mejores gafas de sol son efectos secundarios beneficiosos.
No es mucho teniendo en cuenta el riesgo de destrucción planetaria con las aún existentes 15.965 cabezas nucleares, pero algo es algo.
Otro ejemplo: los avances tecnológicos que hoy nos permiten estar conectados 24 horas diarias tienen su origen en la doble revolución registrada por la informática y las telecomunicaciones.
Como en el caso anterior, el objetivo primero no era mi vida social o hundir la prensa escrita en papel, sino militar (inversiones públicas del Pentágono) a lo que se sumó más recientemente los réditos muy reales de la globalización financiera, los mercados abiertos non-stop, sin molestas interrupciones de fiestas locales y horas nocturnas. Pero nosotros hemos sacado Twitter, Facebook y los navegadores para el coche.
Último ejemplo. Ante una catástrofe, de origen natural o humano, lo único bueno sólo pueden ser los efectos secundarios; dicho de otra manera, su gestión y lo que se aprende en el proceso.
La invasión de Irak de 2003 puede calificarse de catástrofe humanitaria y disparate político, origen de cientos de miles de muertos y placenta del Dáesh, el autodenominado grupo terrorista Estado Islámico.
El periódico El País sacó a la luz hace un par de años un vídeo que mostraba torturas por parte de cinco militares españoles a prisioneros iraquíes durante aquella invasión en la que algunos siguen diciendo que no participamos. También por el mismo diario conocemos en febrero de 2016 que el Tribunal Militar Central ha archivado el caso.
Es iluso defender que en un amplio colectivo como las Fuerzas Armadas no se produzcan casos de acoso laboral o sexual, e incluso torturas en un escenario bélico sin reglas como el Irak de 2003, lo que parece aconsejable es que la organización desanime al potencial agresor y actuar de inmediato si no se ha podido evitar.
El caso tiene implicaciones sobre la moral individual y la ética colectiva, ante un suceso de este tipo inmediatamente la cabeza se predispone a favor del agresor o de la víctima. En esta función personalmente elijo el papel de torturado.
Pero si pensamos en una organización la clave es cómo se reacciona al escándalo, si prima el corporativismo incluso por encima de un delito. Las imágenes muestran a delincuentes hoy impunes y algunos todavía de uniforme.
El auto que archiva el caso grabado y probado de torturas en Irak puede tener el atractivo artístico de la coherencia legal, pero es incomprensible.
En este asunto de Irak aún no han llegado los efectos secundarios beneficiosos para la mayoría.
Nos falta el velcro.

Sugerencias

• El tribunal militar archiva las torturas en Irak obligado por la fiscalía (El País, 8-2-2016).
• El Pentágono publica casi 200 fotos del maltrato en Afganistán e Irak (El País, 6-2-2016).
• Entrevista a Antonio López: "No sé si mi tierra es la que más me gusta, pero es la que más me importa" (La Tribuna de Toledo, 29-1-2016).

El teniente Segura lleva a los tribunales a su biógrafo

POR UN DOCUMENTAL QUE ANALIZA LAS 'TRES CORAZAS' DEL EJÉRCITO
El militar que ha denunciado corrupción en el Ejército acaba en los tribunales enfrentado al periodista que ha realizado un documental sobre sus denuncias. Le pide el secuestro de la cinta, seis mil euros y la destrucción del material utilizado

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Luis Gonzalo Segura. | Tropoeditores

El próximo 12 de marzo se celebrará en un juzgado de Madrid un encuentro inesperado: el de Luis Gonzalo Segura, el teniente del Ejército que ha revelado supuestos casos de corrupción, y Carlos Hernando, periodista que ha elaborado un documental -"El informe Segura"- sobre las peripecias del teniente y su reclamación de mayor transparencia y control sobre las Fuerzas Armadas.
El teniente ha denunciado al realizador y ha llegado a amenazar al también periodista con el Código Penal militar que critica cuando lo sufre sobre su persona, según Hernando. Del contenido de la denuncia y de las palabras del realizador se deduce una estrecha colaboración entre ambos que se rompió por diferencias económicas y de contenido.
"Él -en referencia al teniente-, que va reclamando libertad de expresión para los militares, intenta cortar la de un civil", comenta Hernando a este periódico, lo que interpreta, al menos, como "contradictorio".
El Juzgado de 1ª Instancia número 38 de Madrid admitió el pasado 23 de enero a trámite la denuncia presentada  un mes antes por Luis Gonzalo Segura basada en la vulneración de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Según el director, el teniente exigió aparecer crucificado en el documental

El militar pide en su demanda, a la que ha tenido acceso Estrella Digital, "la retirada inmediata del documental 'El informe Segura' de todos aquellos eventos en el que hubiese podido hacer partícipe el documental referido, en particular la edición de los premios Goya de 2015", también se exige el pago de 5.440 euros y que se condene al demandado a publicar la sentencia y al pago de costas. Como medidas cautelares el militar pide "el depósito de todas las copias del documental, así como todos los negativos e imágenes de archivo, grabaciones audiovisuales, grabaciones sonoras, el material documental y fonográfico" y se solicita también que "se proceda a la intervención y depósito de los ingresos obtenidos mediante la proyección" del documental en dos salas de Madrid.
En la demanda el teniente menciona un supuesto acuerdo verbal con el autor por el que recibiría un 10% de los beneficios obtenidos en taquilla y sugiere su participación como coguionista y coproductor del documental. El enfrentamiento cada vez más enconado lleva al militar a exigir en octubre la paralización del trabajo.
En su demanda Segura afirma haber pedido al director del documental que retirara imágenes y audio sin distorsionar de mandos del Ejército hablando con el teniente, tomadas con grabadora y cámara ocultas, también escenas de la vida familiar, de la prisión militar y de la huelga de hambre que realizó durante los meses que estuvo recluido en un acuartelamiento de Madrid.
La versión de Carlos Hernando es muy diferente: "el dueño de este producto audiovisual soy yo", afirma tajante, y relata a Estrella Digital un rosario de exigencias de Segura que consideró "no admisibles", entre ellas la voluntad del militar de aparecer crucificado al final de la película.
En el origen de la historia se encuentra la novela que el teniente Segura publica en 2014, "Un paso al frente", en la que se relatan casos de corrupción en el Ejército en clave de ficción. El militar ha aparecido en los meses posteriores en medios de comunicación de todo tipo denunciando la corrupción, ya no en términos de creación artística.

Director y película denuncian tres corazas que impiden aflorar la corrupción en las Fuerzas Armadas

Hernando contactó en primavera con Segura, se trabajó intensamente en el documental durante el verano, y fue en otoño cuando explota la relación entre ambos, después de la estancia en prisión del militar y una huelga de hambre de 22 días.
La trifulca entre protagonista y director del documental se sobrepone ahora sobre el propio contenido de la película, que argumenta con la participación de políticos, periodistas, juristas y catedráticos gran parte de las denuncias genéricas del teniente.
En el documental, demandante y demandado parecen coincidir en un diagnóstico: la necesidad de que las Fuerzas Armadas cuenten con canales y órganos que amparen la denuncia de corrupciones. Más en concreto, la película apunta hacia "tres corazas" que pudieran encubrir las irregularidades en el ámbito militar: una Justicia militar que se considera no objetiva y herencia de la Transición; la ineficacia de la Guardia Civil para investigar corruptelas en el seno de las Fuerzas Armadas, consecuencia de su naturaleza militar; y la ausencia de una fiscalización sobre los multimillonarios programas de armamento.
En apoyo de los argumentos mencionados aparecen en la película los diputados Irene Lozano (UPyD) y Gaspar Llamazares (Izquierda Plural), una jurídico del Ministerio de Defensa que aboga por la eliminación de la Justicia militar, un suboficial del Ejército y una agente de la Guardia Civil que cuentan haber sido represaliados por sus denuncias, representantes del Sindicato Unificado de la Policía y hasta Juan Carlos Monedero.

En la cinta aparece Monedero: 'El 23-F triunfó'

El dirigente de Podemos señala en la cinta que este caso del teniente Segura supone una "llamada de alerta de las insuficiencias de la democracia en España", y llega a afirmar que "el 23-F fue un golpe que triunfó porque buscaba disciplinar a los españoles". Critica Monedero la opacidad de la organización, la tutela militar de la Transición y la existencia de una Justicia propia.
El documental incluye también muy leves críticas sobre la estrategia seguida por el teniente Segura y su alta exposición mediática, aludiendo algunos de los intervinientes a que las denuncias pudieran haber sido realizadas con mayor éxito por otros medios.
El director del documental se reconoce "perplejo y asombrado" por la deriva de los acontecimientos. "Esto es nuevo para mí", afirma, se siente perjudicado profesionalmente por la ofensiva judicial del teniente, que ha bloqueado cualquier promoción del documental o negociación con televisiones para su difusión.
En su trayectoria como realizador de cine documental figuran piezas sobre Cuba y la oposición a Castro; una película llamada "El violinista de Auschwitz", corto de 2012 -nominado a los Goya- que cuenta la historia de un judío sefardí que pudo salvar la vida en ese campo de exterminio. Su próximo proyecto, un documental sobre el primer preso del IRA que ha pedido perdón a sus víctimas.

Sugerencias

• Morenés renuncia al poder de nombrar jueces militares (El País, 22-2-2015).
• El Ejército vuelve a arrestar al teniente Luis Gonzalo Segura (Estrella Digital, 19-11-2014).
• El "miedo" del Ejército al teniente Luis Gonzalo Segura (Estrella Digital, 19-9-2014).
• El teniente Luis Gonzalo Segura pone fin a la huelga de hambre (Estrella Digital, 8-8-2014).
• Defensa acusa al teniente Segura de faltas graves (Estrella Digital, 20-7-2014).
• Luis Gonzalo Segura podría enfrentarse a seis años de prisión (Estrella Digital, 1-7-2014).
• Luis Gonzalo Segura pide amparo a Felipe VI (Estrella Digital, 30-6-2014).
• "El Ejército es un sistema de castas" (Estrella Digital, 21-4-2014).

La reforma de la justicia universal complica la lucha contra el terrorismo yihadista

Cuatro decenas de españoles luchan hoy en Oriente Próximo encuadrados en el yihadismo radical, número a gran distancia de otros países europeos y árabes. Recientes cambios legales han sido contraproducentes en la lucha contra este terrorismo

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Ejercicio de racionalidad poco frecuente para hablar de terrorismo. El Real Instituto Elcano ha organizado este miércoles un debate en Casa Árabe de Madrid sobre los desafíos para España de la movilización yihadista en Siria e Irak. Analistas y responsables del ámbito judicial, diplomático y policial han arrojado luz sobre la primera prioridad en materia de seguridad en estos momentos.
Dos conclusiones importantes: recientes reformas legales y otras anunciadas han sido contraproducentes contra este tipo de terrorismo o no son necesarias. La segunda, la movilización yihadista en España es hoy muy inferior a la de otros países europeos; son pocos y están vigilados.
La reforma del pasado mes de marzo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que introduce nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar, bajo el principio de la justicia universal, crímenes de especial gravedad cometidos fuera de nuestras fronteras, ha sido contraproducente en la lucha contra el terrorismo yihadista.
Así opina la fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, que no comparte la necesidad de una próxima reforma del código penal, como anuncia el Gobierno, y considera incluso que la limitación de la justicia universal complica un elemento imprescindible en la lucha contra el terrorismo, la cooperación internacional.

Fiscal Delgado: "El código penal no hace falta cambiarlo"

En la mesa redonda organizada por Elcano, la fiscal señaló que "nuestro código penal es suficientemente expreso, no hace falta cambiarlo". Delgado opina que la legislación española es completa, "contempla la colaboración, pertenencia, financiación y la difusión publica", se ha ido conformando a lo largo del tiempo con ETA como principal amenaza, y sí serían necesarias algunas reformas imaginativas en derecho procesal para aumentar la eficacia en la lucha contra el terrorismo yihadista.
"La colaboración ciudadana no tiene los cauces necesarios", defiende la fiscal en referencia a la protección de testigos. Es partidaria además de mejorar la capacitación de jueces, fiscales, cuerpos de seguridad en este nuevo tipo de terrorismo que utiliza naturalmente medios tecnológicos y redes sociales. Un campo que considera prioritario es facilitar la infiltración de agentes encubiertos, muy complicado en esos círculos pero esencial para conseguir pruebas.
Porque la fiscal señala que en muchas ocasiones se carece de pruebas directas, testigos o documentos que acrediten la comisión de un delito, por lo que hay que actuar con rigor para que los detenidos acaben finalmente condenados, que la acumulación de inidicios tenga carga probatoria.
Delgado percibe carencias en herramientas procesales, y en ese aspecto observa lagunas u obstáculos en la cooperación internacional. "El terrorismo yihadista no tiene fronteras, es un terrorismo de ida y vuelta, lo vimos con los que fueron a Bosnia o Afganistán y volvieron, no conocen fronteras y nosotros sí". En ese punto reconoce la estrecha colaboración con Marruecos, pero que existen dificultades en las comisiones rogatorias a otros países que complica esa cooperación.

Interior calcula que 30 ó 35 españoles pueden estar actuando en Siria e Irak

"Muchas veces la prueba incriminatoria está en Marruecos y el autor es español y está aquí", señala. Plantea alternativas como "que se juzgue al sospechoso en el país que tenga más pruebas, la entrega temporal para que se juzgue fuera de España aunque luego cumpla la condena en nuestro país", algo hoy no posible. "Ahora con la reforma de la justicia universal se han establecido trabas" para, por ejemplo, que investigaciones concurrentes en dos países se unan y se juzque al acusado donde se tenga mayores posibilidades de éxito.

Amenaza y datos

El investigador principal sobre terrorismo internacional del Real Instituto Elcano, Fernando Reinares, señaló que "España no está entre los países europeos más afectados por este problema, ni en términos cuantitativos ni cualitativos". La movilización yihadista de nacionales de origen inmigrante es mucho mayor en Francia, Alemania, Reino Unido o Bélgica.
La causa que maneja el analista es que la población musulmana en España es principalmente de origen inmigrante por causas económicas y de primera generación, mientras que en los otros países la radicalización se produce en segundas y terceras generaciones, no asimiladas culturalmente.
Reinares señala que siete de cada diez detenidos en nuestro país se concentran en Ceuta y Melilla, y que la mayor parte de las redes desmanteladas en la última década tienen doble composición hispano-marroquí o un fuerte contenido del vecino del sur.
El jefe del área de terrorismo internacional del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, Juan Carlos Marín, puso números al tema de discusión. Interior maneja la cifra de unos 60 combatientes españoles en Siria e Irak, 30 ó 35 actualmente presentes y activos, otra decena podría haber fallecido en atentados y otra decena podría haber vuelto de la zona. Se estima que en Oriente Próximo actúan unos 12.000 combatientes extranjeros, de ellos 1.200 procedentes de Europa occidental.

El Gobierno presentará en breve un plan nacional contra la radicalización

En relación con el grupo autodenominado Estado Islámico, "hoy creemos que no tienen capacidad de atentar en nuestro país, pero a medio plazo sí pueden tenerla", afirma el representante de Interior, y señala el riesgo de que grupos terroristas del norte de África se unan al Estado Islámico, como ha ocurrido recientemente con parte de Al Qaeda del Mágreb, alrededor de 200 militantes que pueden tener como objetivo intereses españoles en el norte de África, por ejemplo, en Argelia.
Insiste Marín en la importancia de actuar en todo el ciclo de vida de la actividad terrorista y anuncia como inminente la presentación por parte del Gobierno de un plan nacional de lucha contra la radicalización violenta.
Más allá de las cifras, el riesgo de actuación ha sido elevado por el Ministerio este mes a nivel alto, al igual que otros países como Reino Unido, y confiesa que el atentado este mes de mayo de un ciudadano francés en el Museo Judío de Bruselas, con cuatro víctimas mortales, ha encendido todas las alarmas de los cuerpos policiales del continente.

Sugerencias

• La Audiencia Nacional establece salvedades a las limitaciones de la justicia universal (Estrella Digital, 5-10-2014).