Derecho a la desinformación

Artículo publicado también en infoLibre / Blog Al revés y al derecho

La igualdad, la libertad, la cultura requieren el compromiso del interesado

El titular es claramente una provocación para despertar interés, como tantos que abundan, la diferencia es que éste no pretende monetizar la sorpresa y el artículo sí espera ofrecer un contenido equivalente al esfuerzo de lectura.
Por tanto, más que un ejemplo de clickbait, es decir, titulares-cebo que únicamente buscan accesos, aumento de tráfico, visitas y la consiguiente decepción del lector, en este caso se trata de la clásica reducción al absurdo, que si está bien construida no es tan reducida ni tan absurda.
Entrando en el tema, existe una preocupación real sumada a alguna otra forzada causadas por el crecimiento de la desinformación (fake news, noticias falsas) en el ecosistema digital que marca hoy toda nuestra vida y que afecta especialmente -y se ve afectado- por los ámbitos periodístico, empresarial y político.
Dese por hecho que en una democracia la libertad de expresión y de información es uno de sus ejes fundamentales, su ataque rivalizaría en gravedad con muy pocos comportamientos, quizá solo con el espionaje a contrincantes políticos, la actualidad dice que hoy estos derechos informativos se ven obligados a convivir en un escenario donde también habitan contenidos averiados, manipulados, que despiertan altas dosis de inquietud periodística, empresarial y política.

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información

Se repite que los ciudadanos tenemos el derecho a la información. ¿Qué significa esto?
En el artículo 20 de la Constitución española, en el capítulo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, "se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción"; y "a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica".
Incluye también la libertad de cátedra; y "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".
"El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa", advierte."Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial".
Se deduce por tanto que el ciudadano tiene el derecho a informar ("expresar y difundir libremente") y ser informado ("recibir libremente información"), porque habría que matizar que el panorama ha cambiado desde 1978 y la clásica distribución de tareas, el derecho a informar para los medios de comunicación y el papel de informado pasivo al ciudadano han saltado por los aires y en la actualidad, al menos como planteamiento, todos somos emisores y receptores de información. Si la información ya no es exclusiva del gremio periodístico cabría abrir el debate, para otra ocasión, de si no serían exigibles esos requisitos de veracidad informativa a todo el que difunda información.
La Constitución establece claramente como límites a esa información el delito y la censura, marco que se aconseja también  aplicar a la desinformación.
Aquellos padres fundadores de la democracia española, asistidos por un muy amplio equipo detrás, incluyeron una expresión realmente controvertida, "información veraz", que con los años se ha convertido en centro de atención cuando el volumen desmesurado de contenidos por los canales digitales impide aparentemente distinguir la calidad de lo que circula.
La "información veraz" puede tener una doble interpretación, desde el punto de vista de la comunicación y desde el ámbito del derecho.
En el primer caso se trataría de acercarse al concepto de verdad periodística, verdad informativa, la verdad comunicada, que se trata de algo no tan rotundo como una verdad científica, sino la reconstrucción que hace el periodista de la realidad a partir de unos hechos.
Lo que habría que exigir a los profesionales de la información y a las empresas informativas no sería por tanto una verdad matemática, sino una honestidad-profesionalidad en los procedimientos.
En el segundo caso, el punto de vista jurídico, aclara la sinopsis que ofrece el Congreso en su web del articulado de la Constitución, que "el precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles (se citan varias sentencias), puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información".
Cuando hablamos entonces de la veracidad de la información estamos haciendo en el fondo referencia a la calidad de los contenidos informativos, que puede interpretarse como una consecuencia de la profesionalidad en su elaboración, de la actuación profesional del periodista, circunstancias en cualquier caso difícilmente garantizables por contrato, teniendo en cuenta que a menudo se etiquetan como información contenidos de ocio que inundan las redes y a menudo se etiquetan como información contenidos manipulados publicados por medios de comunicación perfectamente respetables, o respetados por muchos.

Recibir y difundir información rigurosa requiere

un trabajo profesional y un compromiso individual

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información, otra cosa es limitar físicamente métodos de difusión fraudulentos y de generoso uso, como las cuentas automatizadas, o exigir transparencia en los contenidos patrocinados, que es por donde avanzan iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea.
De lo anterior se deduce el título del artículo, que en una democracia tenemos el derecho a ser desinformados, porque el derecho a difundir y recibir información no puede ser limitado salvo por el código penal, lo que no equivale a vivir permanentemente en un basurero informativo.
Ha dejado escrito Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía y referencia feminista, que “si queremos realmente que este mundo nuestro, que es bastante mejor y más habitable que los anteriores, perviva, tenemos primero que saber bien qué es, y aprender a defenderlo con las mejores razones. Nuestro mundo -añade- no pertenece a la cadena espontánea de las cosas. La democracia no viene de serie, la igualdad no viene de serie, la libertad no viene de serie".
Es error muy extendido considerar asuntos complejos y valiosos, la información rigurosa, la democracia, el progreso, la igualdad, como materiales acabados, empaquetados y disponibles en el lineal del supermercado, en lugar de procesos que requieren el esfuerzo del interesado y además de forma continuada.
Nunca estaremos suficientemente informados, nunca la igualdad entre sexos estará garantizada, nunca la democracia española alcanzará un punto de perfección y no retorno, nunca España estará suficientemente vertebrada (y esto es lo contrario al pesimismo de Ortega continuamente revisitado durante los últimos cien años); son procesos.
Tenemos derecho a desinformar y ser desinformados, porque otra cosa sería vivir en un Estado no recomendable, aunque por supuesto el objetivo es recibir y emitir una información rigurosa pero que requiere su trabajo y es un proceso que nunca se puede dar por finalizado.
Damos por hecho que la información rigurosa implica un esfuerzo profesional y económico en su elaboración, la buena información es lenta y cara de producir; no resulta tan admitido que estar informado también requiere un esfuerzo individual, personal, acudiendo y premiando a quienes nos ofrecen contenidos de calidad, cuando no pagando por esos contenidos como parece que se nos pedirá en breve por parte de las principales cabeceras.

Exigirse una verdad objetiva haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información

La solución a estos asuntos complejos suele ser multifacética y de largo plazo, ligada a la educación (alfabetización digital), a la cultura, a la salud democrática que no sólo hay que exigirla a los políticos profesionales, al trabajo continuado que va construyendo lentamente una reputación profesional y el reconocimiento del papel de ciertos mediadores que nos ayudan a digerir la actualidad (a los que no ayuden no hay que reconocerles nada).
Huyamos de las soluciones simplistas e inmediatas; las de quienes alarman con la seguridad amenazada sin ofrecer datos que lo sustenten, de quienes amagan con limitar contenidos; y las de quienes nos desinforman; pero huir de estos caramelos requiere un esfuerzo.
El sistema de libertades y el entorno tecnológico facilitan que seamos desinformados... y en manos de quien quiera evitarlo está que no sea así. Nunca han existido mayores oportunidades para informarse y formarse con contenidos de calidad, lo que requiere un comportamiento activo por parte del interesado.

Sugerencias

• The Urgent Quest for Slower, Better News (The New Yorker, 10.4.2019).
• ¿Hasta qué punto influyen las redes sociales en las elecciones? (La Vanguardia, 8.4.2019).
• David Jiménez: "Villarejo fue una de las principales fuentes de 'El Mundo' y facilitador de la mayor parte de nuestras exclusivas" (infoLibre, 8.4.2019).
• El comisario Villarejo ofrecía a sus clientes “maniobras de intoxicación informativa” (El País, 8.4.2019). 
• De la verdad informativa a la “información veraz” de la Constitución Española de 1978. Una reflexión sobre la verdad exigible desde el derecho de la información, por Ana Azurmendi, Universidad de Navarra, 2005.

Felipe VI, ¿un año perdido?

En transparencia y actualización institucional de la monarquía poco se ha avanzado en los 12 meses de Felipe VI como rey. Superado el relevo generacional entre reyes, los principales retos quedan pendientes

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

El Jueves, 10-6-2015.

Entre viajar en Metro al trabajo, como la nueva alcaldesa de Madrid, o en bicicleta como algún primer ministro nórdico, y mantener un espacio natural de uso particular de 15.000 hectáreas rodeando el palacio de la Zarzuela (el Monte del Pardo), existe un amplio margen de actuación.
"Una monarquía renovada para un tiempo nuevo" fue el principal mensaje del discurso de Felipe VI ante las Cortes en su proclamación como rey el 19 de junio de 2014. Pocas dudas hay sobre la novedad de los tiempos: emergencia de nuevos partidos, elecciones municipales y autonómicas sin mayorías absolutas, cambio en la secretaría general del PSOE y de los directores de El País, El Mundo y La Vanguardia, ruptura de Convergencia i Unió. Pero ¿se ha renovado la monarquía?
El periodista José Antonio Zarzalejos identifica en su último libro Mañana será tarde cuatro factores que marcaban el ambiente previo a la abdicación de Juan Carlos: ruptura familiar, ausencia de ejemplaridad y responsabilidad, desregulación y opacidad. Desde el punto de vista institucional lo anterior se puede resumir en transparencia y regulación legal, que afectan directamente sobre comportamientos propios y entornos cercanos.

La protesta ciudadana ha pasado de ir contra las instituciones a querer entrar dentro

En su Informe sobre la Democracia en España 2014, la Fundación Alternativas publicaba a escasa fechas de la abdicación de Juan Carlos como uno de los síntomas del deterioro institucional del país lo que llamaba "una monarquía endeble". Éste era el punto de partida.
Un año después, Alternativas destaca que el nivel de insatisfacción de los españoles con la democracia alcanza registros históricos, hasta el 68% de los ciudadanos, treinta puntos por encima de la situación previa a la crisis. El misterio es que de esa insatisfacción ha desaparecido la monarquía, identificada entonces como uno de los síntomas más graves de la crisis institucional generalizada.
Según afirma el informe 2015, "el manejo político de la crisis ha exacerbado los efectos de la mala situación económica sobre la satisfacción con el funcionamiento de la democracia". Alternativas recuerda que los problemas más importantes que afronta España según los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): el paro, “la corrupción y el fraude”, y “los políticos en general, los partidos y la política”.
Consiguiendo sobrevolar el nuevo rey sobre la insatisfacción generalizada, en el Barómetro del CIS del pasado mes de abril la monarquía recibe una nota del 4,34%, suspenso aunque seis décimas por encima de la valoración de hace un año; y únicamente el 0,1% de los españolas la sitúa como uno de los principales problemas del país. El 57% de los encuestados valora el trabajo de Felipe VI como rey.
Menos positivo es que el apoyo a la monarquía es muy bajo entre la gente joven y los ciudadanos con más estudios. Entre los mayores de 65 años el rey recibe un 5,76 y baja con la edad gasta el 3,59 de los españoles entre 25 y 34 años.
Por nivel de estudios la valoración de la monarquía alcanza su techo entre los españoles sin estudios (5,63) y va bajando hasta el 3,96 que le otorgan los titulados universitarios.
Parece en cualquier caso que ha desaparecido la monarquía como problema como consecuencia del recambio generacional, lo que no equivale a la renovación que prometió el rey en su coronación hasta en tres ocasiones. Ha desaparecido del foco, o los ciudadanos la han eliminado de entre sus preocupaciones, en el momento en que han desaparecido los escándalos y sólo queda el procedimiento judicial de la infanta Cristina para entretenimiento de republicanos.

Transparencia parcial

La web de la Casa Real ofrece información institucional, normativa y una básica información presupuestaria sobre los 7,7 millones que supuestamente sufraga los gastos "para el sostenimiento de su Familia y su Casa" y que erróneamente se identifica con el coste para el Estado de la monarquía.
El coste de la Jefatura del Estado es un tema desconocido, que va mucho más allá de esos 7,7 millones pues ahí no se incluye, por ejemplo, ni la seguridad ni las residencias reales ni el coste de la Guardia Real, unidad militar a su servicio con 1.500 militares.
Otro ejemplo: los 1,8 millones de euros que costaba el mantenimiento anual del yate Fortuna -20.000 euros llenar el depósito-, entregado en 2013 por el Estado a los empresarios que interesadamente se lo regalaron años antes, no los sufragaba el presupuesto de la Casa, sino Patrimonio Nacional, como la mayor parte de sus gastos.
Tras dudas iniciales, la Casa Real entró finalmente en la ley de transparencia de diciembre de 2013, aunque parcialmente pues sólo ofrece información de los 7,7 millones de euros que figuran en los presupuestos generales del Estado y para mayor detalle se remite al Gobierno: "la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de las disposiciones de esta Ley".

En las cuentas de la Casa Real no se incluyen los 127 millones de presupuesto de Patrimonio Nacional

En la información colgada en su web la Casa Real informa de sueldos, 234.000 euros para Felipe VI, 187.000 es la nómina del rey Juan Carlos, 187.000 el de la reina Letizia y 128.000 el de la reina Sofía, que duplican y triplican el del presidente del Gobierno.
Se informa también de contratos y convenios, entre los que destaca la renovación informática por más de 400.000 euros o el interés de la Casa Real por lo que publican los medios de comunicación: 62.000 euros en análisis de información en internet; 42.000 euros en seguimiento de noticias en prensa, radio y televisión; y 48.000 euros en un servicio de cobertura audiovisual con la Agencia EFE.
Fuera quedan los 124 millones de euros del presupuesto 2015 de Patrimonio Nacional, "organismo público responsable de los bienes de titularidad del Estado que proceden del legado de la Corona española", que  "tiene como fines principales el fundamental apoyo a la Jefatura del Estado para la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen, así como la puesta a disposición de los ciudadanos del patrimonio histórico-artístico que gestiona a través de su uso con fines culturales, científicos y docentes". No distingue en sus cuentas Patrimonio entre el coste, digamos, del Palacio Real de Aranjuez, patrimonio histórico visitable, y el palacio de la Zarzuela, de uso particular.
En septiembre de 2014, la Casa Real firmó un convenio con el Ministerio de Hacienda para la realización de auditorías sobre las cuentas anuales de esos 7,7 millones de euros, que las realizará la Intervención General de la Administración del Estado "comenzando con las del ejercicio 2015". La Casa real tendrá hasta marzo para entregar sus cuentas y la IGAE otros tres meses para entregar su informe, "cuyo destinatario será el Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey".
Otro pequeño paso del último año ha sido la firma también en septiembre de 2014 con el Ministerio de Justicia que comprende "el asesoramiento jurídico sobre cualquier cuestión o materia que afecte tanto al ejercicio de las funciones de la Casa de Su Majestad el Rey, como a su estructura, organización o funcionamiento". Asimismo incluye "la  coordinación, en su caso, de todos los procedimientos judiciales en los que la Casa de Su Majestad el Rey o cualesquiera órganos de su estructura fueran parte, informándole puntualmente de su existencia y periódicamente de su estado de tramitación y de todas las cuestiones que, respecto de los mismos, se susciten". En resumen, abogados del Estado para visar y asesorar las decisiones reales.

Regulación legal de la monarquía

Ahora hace un año el Gobierno aprobó en menos de un mes dos leyes orgánicas, la abdicación del rey Juan Carlos y el aforamiento exprés de la familia real tras la coronación.
En la modernización normativa de la monarquía se ha dejado pasar un año sin cambios de relevancia, y ahí la principal responsabilidad sería del Gobierno Rajoy, aunque no en solitario.
"La reforma de la Constitución es inevitable, por necesaria, pero Rajoy ha perdido la oportunidad", afirma a Estrella Digital Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y alto cargo de la Administración durante varias etapas de su carrera profesional. Ante la falta de interés sobre el asunto esta legislatura, la reforma se aplazaría al menos hasta dentro de cinco años, ya que es previsible que el resultado de las próximas elecciones no facilite el camino.
Junto con aspectos como blindar en el máximo texto legal el Estado del bienestar, la reforma del Senado o la estructura territorial, apenas prevista en 1978, este constitucionalista recuerda la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión, escrita en el artículo 57, como un anacronismo, además de la conveniencia de actualizar el encaje de las Fuerzas Armadas en la Constitución y la condición del rey como "mando supremo" de los ejércitos, imagen que Felipe VI ha utilizado con profusión en su primer año.

El 'mando supremo' de las Fuerzas Armadas es constitucionalmente irresponsable

La misma Constitución que dice que la política de defensa y la dirección de las Fuerzas Armadas corresponde al presidente y al Gobierno, incluye que el "mando supremo" es jurídica y políticamente irresponsable, ya que todos sus actos necesitan el refrendo del Gobierno (artículos 56 y 64).
"El rey muestra íntimas convicciones militares", señala García Fernández. Añade el catedrático que Felipe VI fue coronado como capitán general de los ejércitos, una irregularidad pues esa condición la adquirió al convertirse en monarca, no antes, como así sucedió al imponerle su padre la faja de general en un acto previo.
En relación con la polémica sobre la infanta Cristina,  García Fernández discute en cambio la facultad real para quitar el ducado de Palma a su hermana, ya que el decreto de 1987 que regula estos asuntos habla de una concesión vitalicia, que entonces no se podría revocar.
Otro aspecto también simbólico de la coronación fue la ausencia de cualquier simbología o referencia religiosa, a diferencia de la proclamación de su padre, pero el primer viaje de los reyes actuales fue al Vaticano, gesto que no se corresponde con la aconfesionalidad del Estado, como tampoco su participación en la ofrenda nacional al apostol Santiago en julio de 2014 y en otras celebraciones religiosas.

Cambio de dirección de la protesta

"Se ha frenado el deterioro institucional", afirma Belén Barreiro, directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas, responsable del informe sobre la democracia en España, y ex presidenta del Centro Investigaciones Sociológicas.
Precisamente Barreiro acude al Barómetro del CIS del mes de abril para destacar la "aprobación alta" que recibe el nuevo rey por parte de la ciudadanía. "La monarquía ha conseguido recuperar su valoración", lo que tiene especial valor porque se produce en un "contexto de deterioro" y bajísima valoración de líderes políticos y partidos.

El apoyo a la monarquía es más alto entre personas sin estudios y mayores de 65 años

Alude también Barreiro a un cambio de dirección de la protesta social, que al comienzo de la crisis se orientó contra las instituciones y en los últimos meses parece preferir una participación más convencional a través del voto.
Interpretando sus palabras, se podría decir que la contestación ciudadana ha pasado de querer tomar el Congreso, o al menos rodearlo, a entrar dentro e intentar cambiar las cosas desde allí; de asaltar las instituciones, a cambiarlas desde dentro.
Es lo que parecen intentar los nuevos alcaldes de Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Cádiz. Felipe VI ha entrado también de forma novedosa en la Zarzuela, y a todos habrá que juzgarlos por lo que hagan, aunque el nuevo rey tiene a favor el viento mediático, político y el desinterés ciudadano.
La incógnita es que, si la Casa Real no actúa, el foco de preocupación ciudadana que hoy no tiene pudiera volver.
En el marco de las negociaciones para la formación del próximo Gobierno balear, Podemos ha planteado como propuesta el abrir al público los jardines del palacio de Marivent, residencia veraniega habitual de la familia real, cuando no esté ocupado durante nueve o diez meses al año.
Además Patrimonio Nacional anuncia la próxima apertura de sendas ecológicas en el Monte de El Pardo.

Sugerencias

• Así reina Felipe VI, por Joaquín Vidal (Estrella Digital, 18-6-2015).
• Felipe 6.0, por Elsa S. Vejo (Estrella Digital, 18-6-2015).
• Podemos se baja del carro republicano, por Marina García-Rico (Estrella Digital, 18-6-2015).
• El mando irreal en el Ejército, por Javier García Fernández (El País, 8-6-2015). El Rey, que lo es de todos los españoles, no debería ser el dirigente supremo de las Fuerzas Armadas.
• La educación de una princesa, por Javier García Fernández (El País, 9-2-2015). Debería haber un debate sobre el tipo de aprendizaje que conviene a doña Leonor y si ha de cursar estudios en las academias militares. El Parlamento, junto con el Gobierno y el Rey, han de fijar objetivos y contenidos.

La España que no existe

• Mayoría política y ciudadana a favor de la reforma de la Constitución
• Gobierno y PP se encastillan en la letra de la Carta Magna
• Estructura territorial y Estado del bienestar, principales carencias del texto de 1978

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado: "lo que está en la Constitución está en la Constitución y lo que no está no existe en la vida política y social de España". Traducción: lo que no se encuentre en el texto escrito en 1978 ni se puede hablar en la España de 2014. No comparten la opinión respetados constitucionalistas, la mayor parte de los grupos políticos e incluso la sociedad española, todos partidarios de su reforma.

El Roto en El País, 16-6-2014.

La evidente exageración del fiscal general a principios de junio para evitar el debate sobre monarquía o república refleja el enquistamiento del Partido Popular y del Gobierno en la Constitución de 1978, inmutable por la falta actual de consenso ante la negativa de quien tiene la llave para que no lo haya, el propio Partido Popular.
En un plano anecdótico, dentro de esa única España que existe y que se fijó en piedra en 1978 encontramos la preferencia del varón sobre la mujer –ley sálica- o la pena de muerte –figura en la Constitución en caso de guerra, aunque fue posteriormente abolida en otros textos legales-, no aparece por ningún sitio ni las 17 Comunidades Autónomas ni la Unión Europea hoy omnipresente; y corresponde al rey “declarar la guerra y hacer la paz”.
Con más calado, desde círculos políticos y constitucionales se apunta hacia dos reformas necesarias: repensar el modelo territorial que la Constitución apenas esbozó, hacia un escenario federal; y blindar el Estado social para ponerlo a salvo de crisis y Gobiernos que lo amenacen.
Ante la reciente proclamación del rey Felipe VI y los llamamientos a que lidere o impulse la regeneración política del país, la misma Constitución dice en su artículo 56 que “la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados”, que aclara el artículo 64, “los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes”.
El rey es por tanto constitucionalmente irresponsable y no puede ni abdicar sin el refrendo del Parlamento. Por tanto, hacer responsable al rey Felipe de la estabilidad nacional, de la resolución del contencioso soberanista en Cataluña o cualquier otro, es exagerar su función simbólica, de representación o arbitraje, crear expectativas de imposible cumplimiento. Mirando al pasado, la función política del rey ha sido posible con la complicidad absoluta del Gobierno de turno, sucedió con Adolfo Suárez y con Felipe González de presidentes.
La reciente sucesión en la Corona ha puesto en primera línea del debate político el modelo de Estado, la propia Constitución y, de fondo e ignorado por los principales responsables del Estado, la demanda ciudadana de una mayor participación política.
En el pleno del Congreso del pasado 11 de junio convocado para debatir la Ley orgánica de abdicación del rey Juan Carlos los grupos políticos dejaron clara su posición:

• Alfredo Pérez Rubalcaba, Partido Socialista: “España sufre tres crisis simultáneas, una social, otra política, cuya principal expresión es la desconfianza hacia las instituciones, y una crisis territorial, tres crisis que exigen cambios, entre otros, cambios constitucionales que exigen no un nuevo proceso constituyente sino una reforma constitucional; reformas con consenso, pero reformas al fin y al cabo, para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos, para cambiar nuestro sistema electoral; reformas que tienen que recoger en nuestra Constitución los avances sociales que en estas décadas se han producido y consolidarlos; reformas, en fin, para abordar nuestros problemas territoriales, el funcionamiento de nuestro Estado autonómico y hacerlo en una dirección federal. Son reformas que en estos momentos consideramos inaplazables e imprescindibles”.
• Josep Antoni Duran i Lleida: “El pacto constituyente —sigo palabras de Miquel Roca— está finiquitado; palabras de un ponente constitucional, no simplemente del portavoz de Convergència i Unió hoy en esta sesión. Toca oír lo que piensa el pueblo de Cataluña, y ustedes en lugar de eso buscan simplemente la adhesión a un nuevo pacto, la adhesión a una nueva Transición”.
• Cayo Lara, Izquierda Plural: “Se ha agotado un modelo que ustedes, los banqueros y los grandes empresarios quieren perpetuar con la apariencia de cambiar todo para que nada cambie (…). Los derechos pactados en la Transición, incorporados en la Carta Magna, se violan masivamente un día sí y otro también (…). Eso sí, cuando se trata de reformar la Constitución, tan sagrada para unas cosas, no hay ningún problema en hacerlo en dos tardes para asegurar a los bancos y a los mercados que no se preocupen, que tendrán su dinero pase lo que pase”.
• Aitor Esteban Bravo, PNV: “Hacemos un llamamiento expreso a la apertura de un proceso de reforma constitucional; una reforma que, más o menos enunciada, está en el discurso y agenda de la mayoría de los grupos políticos; una reforma pendiente y necesaria a la que a todas las instituciones —también a la monarquía— les compete dar impulso”.
• Pablo Iglesias, Podemos: la estrella política emergente, que evidentemente no participó en el pleno del día 11, tomó posesión dos días después como eurodiputado, momento en el que dijo que “acataba la Constitución hasta que los ciudadanos la cambien para recuperar sus derechos sociales. Eso es lo que toca ahora, trabajar para abrir un proceso constituyente que devuelva la palabra al pueblo".

En el campo de los especialistas, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Fernández opina, en contra de mucho texto publicado en las últimas semanas, que la Corona está bastante bien regulada en la Constitución y que incluso el proceso de abdicación y proclamación de nuevo rey se ha hecho correctamente, siendo innecesaria una ley reguladora de la abdicación que ha sido reclamada desde diversos ámbitos. En este apartado sobre la Corona, que aparece en el Título II, sólo señala la necesaria eliminación de la preferencia del varón a la mujer en la sucesión al trono.
Este constitucionalista apunta hacia dos reformas de calado: un nuevo marco territorial y asegurar el Estado social.
En relación con el primer punto se sitúa la reforma del Senado sobre la que se viene hablando décadas sin avance alguno, aunque el catedrático defiende una reforma en profundidad del Título VIII, “De la organización territorial del Estado”, que considera con escaso contenido y prácticamente agotado.
Igual o mayor énfasis concede García Fernández a que es imprescindible replantearse el contenido social de la Constitución como respuesta al ataque que viene sufriendo en los últimos años. Se muestra de este modo partidario de convertir en derechos los que la Constitución considera en su Título I como “principios rectores de la política social y económica”. Esos artículos hacen referencia a la protección social (artículos 39 y 40), a que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo” (artículo 41), a que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. El catedrático considera necesario reforzar como derechos en la Constitución lo que hoy son declaración de intenciones.
En relación con las encuestas, ya en 2009 el CIS realizó un estudio entre 580 parlamentarios –Congreso, Senado y asambleas autonómicas- con el significativo resultado de que el 81,1% de los consultados creía necesaria una reforma de la Constitución, y se mencionaba concretamente como asuntos prioritarios la organización territorial, la preferencia del varón en la sucesión al trono, el Senado, la Corona-Monarquía, la ley electoral y más derechos civiles de la ciudadanía (sociales, vivienda, participación, voto).
Más recientemente, en noviembre de 2012 el CIS preguntó en su Barómetro por la Constitución, en el que la mayoría de los encuestados (51,5%) se declaraba poco o nada satisfecho con la Constitución y un 67,5% se mostraba poco o nada satisfecho sobre el funcionamiento de la democracia en España.
Como indicador de la actual opinión del ciudadano sobre la organización territorial del Estado puede servir el último barómetro conocido del CIS, correspondiente al mes de mayo, donde una minoría del 31% de los españoles está de acuerdo con el actual Estado autonómico, mientras un 34% se muestra partidario de reducirlo hacia un mayor centralismo (un 20% defiende un Estado sin Comunidades Autónomas); y en el polo opuesto, el 22% de los encuestados defiende mayor autonomía y hasta la posibilidad de independencia.
Desde 1978 la Constitución se ha reformado en dos ocasiones, una en 1992 para introducir el sufragio pasivo de los ciudadanos comunitarios (que los extranjeros comunitarios se puedan presentar como candidatos en elecciones municipales) y la polémica reforma de agosto de 2011 del artículo 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Es interesante recordar también que en 2006 el Consejo de Estado elaboró, a petición del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, un informe sobre la reforma de la Constitución centrado en cuatro puntos: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la inclusión en la Constitución del proceso de construcción europea, la referencia de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. El planteamiento es criticado por poco ambicioso y el resultado fue calificado como mero ejercicio académico, que no tuvo grandes repercusiones políticas.
El expresidente del Gobierno Felipe González señalaba el pasado mes de mayo en un acto público que las distintas Constituciones en los últimos dos siglos de la historia de España se han agotado en sí mismas sin reforma, lo que siempre abría al final de cada proceso un proyecto constituyente.

Sugerencias

• La Inmaculada Constitución, por Carlos Penedo (Blog Contextos, 6-3-2013).
• Las Fuerzas Armadas en una nueva Constitución, por Javier García Fernández (El País, 8-5-2013).
• Un pacto para la reforma constitucional, por Javier García Fernández (El País, 3-12-2013).
• La reforma de la Constitución: la posible baza de Felipe VI para regenerar la monarquía (20 minutos, 18-6-2014).

Leales y traidores

A la literatura le gusta la traición, y la lealtad; dan juego psicológico.
Con pocos días de diferencia, dos menciones. Benjamín Prado defendía en un artículo a traidores estilo Julian Assange (Wikileaks), Edward Snowden (espionaje masivo) o Hervé Falciani (dinero negro en Suiza).
Javier Cercas, en su libro sobre el 23-F y en reciente artículo sobre el fallecido Suárez, vuelve a elogiar a traidores como el expresidente, que dinamitó el Movimiento por el que ascendió a primera línea política; como Carrillo, que renunció en la Transición a parte de las posiciones mantenidas durante toda su vida; como Gutiérrez Mellado, que acabó su carrera en las antípodas de su inicio, en la quinta columna de otro golpe de Estado, el del 36. Fueron traidores a su biografía y leales al tiempo histórico en su madurez. Literatura, análisis psicológico o ambas cosas.
En la fórmula establecida por la que los altos cargos de la Administración pública prometen por su honor o juran por Dios hacerlo lo mejor posible, aparece la lealtad al Rey. Literatura. Si recitaran un cuento de Monterroso traducido al esperanto los efectos prácticos serían los mismos, nada les eximiría de cumplir la ley, ni de los remordimientos.
La lealtad es un compromiso personal, particular, de cada uno con su pareja, con su jefe, con su guía espiritual, con su ejercicio profesional o con el cultivo de camelias, lealtad ante su conciencia, y nulo argumento legal. La lealtad se practica y deberíamos desconfiar de quien presume de ella.
Produce escalofríos –casi tanto como la chapuza en su ejecución- escuchar cómo los que activaron el golpe del 23-F y también quienes lo desactivaron utilizaban o se movían por lealtad al Rey, a Franco o a sí mismos, o eso decían, no a la ley ni a sus compatriotas.
En ambos bandos encontramos quienes se agarraron al parecer al testamento de Franco, no al que establecía el reparto de su multimillonario patrimonio, sino al político.

Testamento político de Franco, perfectamente editado.

En ese texto efectivamente aparece el deseo del dictador de que “rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido”. Pero también figura en el mismo testamento la voluntad de “alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España”, y nadie ha invocado su testimonio para avanzar en esos ámbitos.
El marco legal ya estaba claro. El Real Decreto-Ley 10/1977 prohibió a los militares la actividad política.
La Constitución de 1978 señala que “el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado”.
Las Reales Ordenanzas que memorizaban los candidatos a oficiales en las academias militares decían en su versión de 1978 que “todo militar deberá conocer y cumplir exactamente las obligaciones contenidas en la Constitución”.
Decía el texto de la Ley Orgánica 6/1980 que regulaba los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar que “el Presidente del Gobierno dirige y coordina la acción del mismo en materia de defensa”.
Ni había ni hay lealtades por encima de la ley.
La lealtad a las personas además es resbaladiza, porque se les puede ir la cabeza y de hecho a la mayoría le ocurre o nos va a ocurrir, incluso al canonizado ex presidente que vivió sus últimos años sin recuerdos del mayor consenso que alcanzó: el que recibió en su contra.
Por mucho que yo jure con lágrimas en los ojos lealtad al consejero de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, si me para la Guardia Civil y descubre que no tengo la ITV pasada, me cruje.
No hay mayor tranquilidad que circular con la ITV en la guantera y con la pegatina en el cristal, que cumplir la ley. Y luego que cada uno tenga las lealtades que le parezca, que las vaya cambiando con el tiempo o no tenga ninguna.
Allá cada cual con su conciencia.

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Ha pasado trece meses desde que conocimos por El País que militares españoles torturaron en Irak. Esas personas o siguen dentro de las Fuerzas Armadas o andan tranquilamente por la calle. Los tiempos de la responsabilidad política, de la reputación de una organización, nada tienen que ver con los judiciales.

Sugerencias

• Elogio del traidor, por Benjamín Prado (El País, 28-2-2014).
• El hombre que mató a Francisco Franco, por Javier Cercas (El País, 2-4-2014).

Suárez y su transición militar

El expresidente sentó algunas de las bases de la defensa moderna: la creación de un único Ministerio, las limitaciones políticas de los militares, la supremacía del poder civil

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Los militares que han llevado a hombros el féretro de Adolfo Suárez poco tienen que ver con los que amenazaron la naciente democracia española bajo su presidencia. Y la política de defensa tampoco.
El ruido de los disparos en el Congreso y la voz cuartelera del golpista ejecutor más visible aún ocultan algunas medidas que Suárez puso en marcha durante sus cinco años en la Moncloa.  Entre 1976 y 1981 se inició un largo proceso, se pusieron algunas bases para convertir la política militar en una política de defensa, y quizá el ejemplo paradigmático fue la propia creación de un Ministerio de Defensa en 1977, que aglutinó los tres ministerios existentes hasta entonces, uno por ejército.
En ese lustro los militares comenzaron a pasar de destinatarios de una política corporativa a un instrumento del Estado para la política de defensa, de institución bastante autónoma a organismo enmarcado en la administración general del Estado, de actor político sin prestigio profesional a militares reconocidos por su actuación recibiendo órdenes del Gobierno, del enemigo interior como objetivo a la protección exterior.
Cuenta Gregorio Morán, autor de varios libros sobre el expresidente, que Suárez con 29 años, durante una breve estancia en Sevilla, se presentó en 1959 a las oposiciones para el Cuerpo Jurídico de la Armada, que no aprobó. Una salida profesional para licenciados en Derecho que no parece hoy muy afín a la ambición personal y política que el joven Suárez ya apuntaba. Su ingreso en la Armada hubiera cambiado la historia de España, o no si miramos a otros políticos como Alfonso Osorio, vicepresidente con el propio Suárez, o Federico Trillo, hoy embajador en Londres, que pasaron por esa etapa profesional. Quedó el episodio de las oposiciones en un breve paréntesis de Suárez en su estrecha relación con Herrero Tejedor, al que acompañó en su ascenso primero y luego propio por el Movimiento Nacional.
En la hora de la despedida a Adolfo Suárez es preciso reconocer que gran parte de lo que hizo en relación con los militares se lo debe a Gutiérrez Mellado, en el apartado de normas publicadas en un boletín oficial; y a la navegación diaria corresponde el mensaje claro que enviaba Suárez a la milicia sobre quién contaba con la legalidad y la legitimidad.
Para el historiador Fernando Puell de la Villa, “el principal mérito de Gutiérrez Mellado fue, sin lugar a dudas, haber llevado a buen término la instauración del Ministerio de Defensa. Tampoco deben dejarse de lado otros elementos modernizadores –añade-, cuya importancia no se debe minimizar. Por ejemplo, la reforma de las longevas Ordenanzas de Carlos III, la lucha contra el pluriempleo, la reducción de efectivos y la nivelación de escalas, o la adecuación de determinados símbolos a la nueva situación, en particular la sustitución del desfile anual conmemorativo de la victoria de 1939 por el Día de las Fuerzas Armadas”.
A continuación, un intento de detectar semillas de avance en el mundo de la defensa entre 1976 y 1981, con alguna referencia a la actualidad.

Con Franco, un 40% de ministros militares

Narcís Serra, ministro de Defensa con el PSOE entre 1982 y 1991, recuerda en su libro “La transición militar” que de los 114 ministros que tuvo Franco, 40 eran militares; y también 955 de los casi 4.000 procuradores en Cortes. Este escenario convierte a las Fuerzas Armadas al inicio de la Transición en un actor corporativo privilegiado en un sistema hasta entonces sin partidos, que pasa a un sistema de representación democrática con más actores y donde las decisiones se adoptan por concierto.
Modificando una imagen que ha circulado en estos últimos días, en el ámbito militar no había que remodelar el edificio viviendo en él sin que dejara de funcionar, porque en este caso no funcionaba. Como mucho, había que reformar sin que el inquilino te agrediera.
Suárez entró en diciembre de 1975 en el primer Gobierno de la monarquía presidido por Arias Navarro como ministro Secretario General del Movimiento y en julio de 1976 el Rey le nombró presidente.
Puell de la Villa señala que “la mayoría de los analistas coinciden en afirmar que la transición política se inició con el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y  podría situarse el pistoletazo de salida de la militar con la llegada de Gutiérrez Mellado a la Vicepresidencia Primera del Gobierno para Asuntos de la Defensa en septiembre de 1976”.
Existen precedentes dentro de los ejércitos que intentaron avanzar, sin éxito, hacia la neutralidad del militar en temas políticos, la subordinación al poder ejecutivo, impulsados en gran medida por el teniente general Manuel Díaz-Alegría como Jefe del Alto Estado Mayor y sobre todo antes desde la dirección del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, destinos ambos donde contó con el trabajo de Gutiérrez Mellado como estrecho colaborador.
Los ejércitos en esos momentos son una organización desmesurada, que salía del conflicto del Sáhara, con exceso de oficiales y cuadros de mando envejecidos, donde buena parte de los militares estaban pluriempleados, cuya cúpula basaba su prestigio en la Guerra Civil, con una operatividad muy modesta.
En 1977 la participación de Defensa en los Presupuestos del Estado era del 15%, el triple que en la actualidad, lo que da idea de su tamaño exagerado y de la elevada factura total de salarios normalmente bajos, y también refleja el porcentaje unas cuentas públicas que aún no tenían el IRPF salido de los Pactos de la Moncloa.

“El Ejército no está para mandar, sino para servir”

Palabras de Gutiérrez Mellado en su toma de posesión: “No olvidemos nunca que el Ejército, por muy sagradas que sean sus misiones, está no para mandar, sino para servir; y que este servicio, siempre a las órdenes del Gobierno de la Nación, es exclusivo para España y para nuestro Rey”.
La separación de los militares de la política se instrumentó mediante el Decreto-ley 10/1977, aprobado en febrero de ese año, y supone una de las primeras medidas legales en el ámbito militar del Gobierno presidido por Adolfo Suárez. Se trata de una normativa muy estricta, que prohibía cualquier actividad política y sindical en el seno de los ejércitos, disponía el paso a la situación de retirado y sin posibilidad de reingreso de cualquier militar de carrera que se afiliara a un partido, fuera candidato en elecciones o aceptase un cargo público. El propio Gutiérrez Mellado y el ministro Osorio se vieron afectados por la norma y pasaron a la situación de retiro.
Para el exministro Narcís Serra se trataba de lanzar a la sociedad y a los militares un mensaje contundente, aunque no se muestra muy optimista sobre sus efectos, ya que “frenaron la difusión de ideas democráticas en los ejércitos españoles”. Doce años después el propio Serra estableció una regulación mucho más flexible.
Dando un salto hasta la actualidad, hace unas semanas el Ministerio de Defensa tuvo interés a través de una nota de agencia de noticias en informar a los interesados de que los militares en servicio activo no podrán participar en las primarias abiertas que el PSOE convocará previsiblemente el próximo mes de noviembre por tratarse de un "acto de colaboración" con un partido, incompatible con la obligación de "neutralidad política" que queda establecida en la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Aún perviven hoy resistencias hacia la participación política de los militares, incluso de carácter anónimo y sin ostentación de uniforme o profesión, circunstancia discutida y discutible por especialistas en derecho constitucional.
Un tema cercano es el de las relaciones e incluso tensiones entre el ámbito político y el militar, que entran dentro de la normalidad en un régimen democrático, que han llevado hasta al presidente de Estados Unidos a cesar fulminantemente en 2010 al máximo responsable militar norteamericano en Afganistán, Stanley McChrystal, por un reportaje en la revista Rolling Stone en donde deslizaba críticas hacia el equipo político de Obama.

De tres ministerios a uno

A pesar de que durante la guerra civil tanto la República como el bando franquista tuvieron un ministro de Defensa, Franco decidió en 1939 crear tres ministerios militares, que se mantuvieron hasta dos años más allá de su muerte. Las causas hay que buscarlas en los recelos al excesivo poder que pudiera concentrar una sola persona, y también la utilidad de sentar tres uniformados en el consejo de ministros. Como clara desventaja, la dificultad de coordinación, cada ministerio militar se dedicaba a defender los intereses de cada ejército, la difícil actuación integrada, la interlocución directa a la que se acostumbraron con la jefatura del Estado.
La creación del Ministerio de Defensa se considera uno de los principales logros de la política de Defensa de Suárez incluso por parte de los propios protagonistas, aún con todas las resistencias, limitaciones al nuevo organismo y cantones independientes que incluso hoy se mantienen.
Aunque existieron planes previos y la decisión ya estaba tomada, Suárez prefirió esperar para crear el nuevo Ministerio al reconocimiento del PCE y a la celebración de las primeras elecciones generales que le legitimaban en el puesto, y así finalmente se hizo en julio de 1977.
El Ministerio de Defensa nace con la obligación de que militares de carrera ocupen los altos cargos y no se hizo depender de él las áreas correspondientes de los ejércitos, circunstancia especialmente llamativa en armamento y material, cuya dirección general debía desempeñar sus funciones “de acuerdo con las normas y especificaciones que señalasen los cuarteles generales de los ejércitos”, según recuerda Serra.
Durante los primeros siete años de vida el Ministerio de Defensa no tuvo sede propia, pero aún así su creación, que no despertó una oposición frontal como otros temas, permitió colocar los cimientos de los avances de una transición militar que se prolonga al menos hasta finales de los 80.
A pesar de la creación del Ministerio de Defensa, su estructura quedó como algo al margen de lo militar, como mucho con la misión de dotarlo de medios humanos y materiales, pero sin competencias directas sobre la fuerza, al margen de la cadena de mando que enlazaba directamente al jefe del Estado con los ejércitos.
Puell define la situación creada con el nuevo Ministerio en una “autonomía de las Fuerzas Armadas respecto a la administración general del Estado, quedando inmersas en una especie de limbo de difícil encaje legal y ajeno al Gobierno, situación que éste optó por mantener, de forma que la política militar quedase totalmente en manos de los militares”.
En los dos años primeros años de vida Gutiérrez Mellado fue el primer ministro de Defensa, hasta que en abril de 1979, ya en la segunda legislatura, ocupó la cartera Agustín Rodríguez Sahagún, primer civil en el puesto en medio siglo y titular del área el 23-F. El primero siguió como vicepresidente del Gobierno para los asuntos de la Seguridad y la Defensa Nacional, y ambos cesaron el 26 de febrero de 1981 cuando se formó el nuevo Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo con Alberto Oliart como ministro de Defensa.
Aún hoy, siendo muchos los cambios, los responsable del Ministerio de Defensa continúan, por ejemplo, avanzando en la reducción de los órganos de contratación –200 hasta muy recientemente- y centralizando adquisiciones como combustible, informática, electricidad, limpieza o seguridad.
Con mayor relevancia económica y política, la Dirección General de Armamento se encuentra a punto de culminar un proceso de concentración de competencias y programas hasta ahora dispersos, los fondos, las decisiones y la responsabilidad, entre los cuarteles generales e incluso la propia industria de defensa.
La organización sigue mostrando resistencias incluso a la figura de un mando militar operativo único, que es el Jefe de Estado Mayor de la Defensa –JEMAD-. Hace no mucho tiempo, en acto público, un primer jefe de uno de los tres ejércitos se quejaba de que “el entrenador que está toda la semana con el equipo no ejerce cuando se juega el partido”, en alusión a que quien adiestra las unidades a la hora de la operación real no interviene, forma nada disimulada de cuestionar la figura del JEMAD y de desligarse de las decisiones operativas que toma el Gobierno.

Espías y OTAN, objetivos pendientes

Dos importantes asuntos quedaron en el quinquenio de Suárez a medio hacer, la reforma de los servicios de inteligencia y el ingreso de España en la OTAN, ambos curiosamente muy relacionados con el 23-F.
En el decreto de 1977 que fija la estructura del nuevo Ministerio de Defensa aparece un nuevo órgano de inteligencia, el Centro Superior de Información de la Defensa –CESID- que agrupa dos servicios preexistentes, el creado por Carrero Blanco para vigilar a la oposición (Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, SECED) y la Segunda División del Alto Estado Mayor.
Juzgándolo por los resultados, el nuevo CESID pudo ser un primer paso para racionalizar la inteligencia pero no fue posible por los cambios frecuentes en su dirección, por su descoordinación; y sobre todo porque no pudo o no quiso desactivar el 23-F e incluso algunos de sus integrantes participaron activamente en el golpe.
Precisamente el golpe de Estado es directamente responsable del segundo asunto, la acelerada integración de España en la OTAN decidida por Calvo Sotelo como método de civilizar las Fuerzas Armadas y también para evitar que la victoria del PSOE en las siguientes elecciones, que se daba por segura, pudiera truncar el proceso.
Suárez y Gutiérrez Mellado fueron especialmente cautos con la pertenencia de España a la Alianza Atlántica, probablemente con el fin de evitar un nuevo tema de enfrentamiento en el debate político, con toda la oposición de izquierdas radicalmente en contra.
La evolución del asunto es conocida, Calvo Sotelo aceleró el proceso, en otoño se produjo un bronco debate parlamentario, en diciembre de 1981 el Consejo Atlántico aceptó y el ingreso fue formalizado en junio de 1982.

La autonomía política hoy es corporativa

“El poder civil no ejerció el mando sobre las fuerzas armadas en el sentido real del término hasta mediados de los ochenta”, confiesa el propio Narcís Serra.
El rechazo de una parte importante del colectivo militar a la nueva etapa democrática queda fijado como en una fotografía en el texto de la Constitución de 1978, y se prolonga en el tiempo en los ámbitos donde el exministro sitúa las reservas de autonomía, que suelen ser los campos de la Justicia y la Formación.
Por una parte, en pocos asuntos como éste la Constitución de 1978 es hija de su tiempo y de la relación de fuerzas entonces existente. Con ser un avance importante –en partes como la separación de los ejércitos y la policía-, conserva una apreciable dosis de ambigüedad en varias aspectos que la llevaron a no ser un punto de referencia sólido en la reforma militar.
Se ha debatido con generosidad sobre la inclusión de las Fuerzas Armadas en el Título preliminar dedicado a las instituciones y poderes del Estado, con lo que indirectamente se reconoce una autonomía como institución más allá de la política y de la administración del Estado de la que forman parte.
La redacción final del artículo 8, que encomienda a las Fuerzas Armadas la misión de "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional" es muy similar a la del artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado de 1967.
Una futura reforma del texto constitucional debiera contemplar la revisión en profundidad de cuantas referencias aparecen en el texto a lo militar, la paz o la guerra, o la inexistencia de la administración militar que allí aparece, por obsoletos.
El actual JEMAD acabó su formación superior de oficial en la Escuela Naval Militar de Marín en 1976 y el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en 1974. La organización que les formó y a la que se incorporaron como alférez de navío o teniente no tiene nada que ver con la actualidad, afortunadamente. Lo que no implica que las Fuerzas Armadas hayan avanzado mucho más en cuanto a modernización material y capacitación de sus miembros que en la propia organización, el Ministerio de Defensa, que aún tiene mucho que avanzar como entidad única. Las reservas de autonomía que en el pasado escondían el rechazo al cambio político se explican hoy por la defensa de ventajas corporativas.

Sugerencias

• Los militares no podrán participar en las primarias del PSOE (Europa Press, 16-3-2014).
• Fernando Puell de la Villa, La transición militar, Fundación Transición, 2012.
• Narcís Serra, "La transición militar. Las relaciones cívico-militares en las transiciones democráticas", presentación de una ponencia, CIDOB, 2011.

Cortesanos de una Monarquía opaca

La dinastía hispánica que más tiempo ha permanecido en el poder ha sido la Omeya, la del emirato y luego califato de Córdoba, doscientos setenta y cinco años (del 756 al 1031).
La segunda dinastía reinante en años de Gobierno de nuestra historia ha sido la Nazarí de Granada, doscientos sesenta y un años (1238-1492).
Los Borbones españoles sobre suelo hispano ocupan inmediatamente después la tercera plaza con doscientos cincuenta y seis años (1701-2013), en este caso descontando los periodos en que su mantenimiento en el trono se interrumpe (la guerra de la Independencia 1808-1814, el sexenio democrático 1868-1874 y la segunda República y Franco 1931-1975).

Mezquita de Córdoba (España).

Hay que reconocer el hallazgo anterior, más que un dato anecdótico, a Pedro Martínez Montávez, maestro de un ramillete de arabistas y de docenas de licenciados en árabe no arabistas que animamos todo tipo de paisajes, profesiones y cafeterías de estaciones de autobús.
Volviendo a las dinastías, los idealizados Trastámara se quedan en ciento cincuenta años (1369-1516); y los Austrias hispanos ciento ochenta y cuatro años (1516-1700).
Y esto sin contar dinastías truncadas o de futuro aún desconocido, como la dinastía de los Aznar-Botella, doce años, dos en la Presidencia de Castilla y León (1987-1989), ocho en el Gobierno central (1996-2004) y dos en el Ayuntamiento de Madrid (2011-2013); y la hasta hoy truncada dinastía Suárez, iniciada por Adolfo padre en la presidencia del Gobierno durante cinco años (1976-1981), aunque su hijo no pudo continuar la saga por tierras manchegas al perder las elecciones autonómicas de 2003 frente a José Bono.
Siendo honesto con Montávez, él menciona este asunto de las dinastías con una clara intención de mostrar la profundidad de Al Ándalus en nuestra historia, largo periodo compartido por árabes e hispanos y perteneciente a ambos.
Pero también se puede ir más allá y sacar como conclusión de lo anterior que todos somos contingentes, como decía José Luis Cuerda en Amanece que no es poco.
La historia es convulsa, todas las dinastías han nacido en algún momento y en otro acaban, a menudo transforman el apellido por pronunciaciones más locales que no delaten otro origen, y claramente hoy se está poniendo difícil el puesto de trabajo indefinido y vitalicio.
Al rey Juan Carlos hay que reconocerle durante el comienzo de su reinado una habilidad política indudable, esa capacidad de saber leer el momento y adelantarse en cierto modo a los acontecimientos, incluido el fichaje de Suárez y su despido fulminante cuando ya no le era útil.
Sin duda, los ejemplos de su cuñado Constantino (II) y de su abuelo Alfonso (XIII, qué bien acompañan los números romanos que extraña Maruja Torres en el Papa Francisco), ambos perdiendo la corona por amparar golpes de Estado, le han servido durante una larga fase para no cometer excesivos errores.
Y si los cometió no nos hemos enterado. Porque en esta monarquía sin Corte todo el país se había convertido en cortesano, y tapaba los excesos y a veces hasta reía su aparente querencia hacia animales de diverso pelaje.
La actualidad nos ofrece hoy raciones diarias de basura y corrupción que tienen su influencia aunque el CIS haya dejado de preguntar sobre la Monarquía.
Y dos conceptos que merecen reflexión y que nos pueden llevar más lejos del paseíllo ante los tribunales: la responsabilidad y la transparencia.

Responsabilidad

"La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", dice la Constitución de 1978.
Artículo 64: "Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes (...). De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden".
Hasta aquí las citas. Cuidado a quienes refrenden. Y no puede haber agujeros en la responsabilidad.

Transparencia

La transparencia y el dinero van de la mano. La Casa Real nos cuenta en su web que tiene un presupuesto anual de 7,9 millones de euros, de donde se paga al Rey una nómina que cuadruplica el sueldo del presidente del Gobierno y al Príncipe la suya que lo duplica.
Si se quiere transparencia, además de en las cuentas de la Casa del Rey, hay que poner los focos también en otros dos sitios.

Sala de oficiales de la Guardia Mora de Franco en el cuartel
de la Guardia Real.  No lejos guardan un Mercedes de seis
ruedas regalo de Hitler a su colega residente en El Pardo.

Patrimonio Nacional: organismo público responsable de los bienes de titularidad del Estado que proceden del legado de la Corona española. La familia real no es propietaria de inmuebles, por tanto sus 1.400 trabajadores y 117 millones de presupuesto en 2012 se destinan al cuidado y servicio del patrimonio histórico y no tan histórico que utiliza la familia. El organismo no desglosa en su presupuesto entre el coste del Palacio Real de Madrid y la Zarzuela, por ejemplo.
Guardia Real: unidad militar al servicio de la Corona, con tareas principalmente protocolarias. 1.600 militares de los tres ejércitos y un coste que ronda los 45 millones de euros al año.
¿Quién paga la factura si se estropea la lavadora del Príncipe de Asturias, de la comida de la hermana de la reina Sofía o del gasóleo del yate Fortuna? Probablemente Patrimonio.

Biografías

Poco aprecian a los españoles quienes piensan que cualquier cambio puede hacer caer el edifico, ya sea la reforma del Senado, de la Constitución o de la Monarquía. En estos momentos el peligro viene del inmovilismo. Y parecen ignorar que ni el jefe del Estado, ni el presidente del Gobierno, ni el secretario general del PSOE controlan hoy los tiempos del país ni los suyos propios.
Probablemente las generaciones que protagonizaron la Transición y que aún siguen en el poder (el ministro de Exteriores Margallo era en 1977 diputado por Melilla; y el presidente del Congreso Jesús Posada, gobernador civil de Huelva) ni pueden ni quieren transformar el edifico que han construido y que consideran su obra vital.
En muchas ocasiones, las declaraciones y actuaciones de las élites gobernantes -no sólo políticas- no defienden lo mejor para los españoles, sino su biografía.

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La fecha de mi nacimiento está más cerca de la Segunda Guerra Mundial que la de mi hija del 23-F.

Sugerencias

• Entrevista a Pedro Martínez Montávez: «Al-Andalus fue una tentativa de lo que hoy llamamos multiculturalismo» (Mediterráneo Sur, agosto 2011).
• Un forense para Boabdil (El País, 14-4-2013).
• La Corona en la Constitución española de 1978.
• Atrofia del instinto de conservación, artículo de Javier Pérez Royo (El País, 2-2-2013).
• El final de la Monarquía prepolítica, artículo de Manuel Cruz (El País, 10-4-2013).
• PP y PSOE rechazan la inmunidad del Príncipe pero estudian el aforamiento (El País, 16-4-2013).
• El CIS volverá a preguntar por la Monarquía tras no hacerlo desde 2011 (El País, 20-4-2013).
• Monty Python, fragmento sobre la monarquía en Los caballeros de la mesa cuadrada.

La Inmaculada Constitución

 

A los cuatro meses del golpe de Estado, Antonio Olmos
"Chocolate" se lanza de espontáneo en Las Ventas en la
corrida de la Beneficencia, el 11 de junio de 1981, presidida
por el rey D. Juan Carlos, con un Viva la Constitución
estampado en la muleta por una parte y por la otra Nobel Paz
para el Rey (Fuente: blog "Desde el callejón").

La Constitución Española, como todos los textos religiosos, desde el Corán al Evangelio de San Lucas, tiene una parte eterna, imperecedera, relacionada con valores espirituales, elevados principios y el miedo generalizado a morirnos o quedar excluidos; pero tienen también otra parte hija de su tiempo. La realidad se cuela por las rendijas de estos textos sagrados porque normalmente los dioses necesitan y utilizan algún humano para transcribir sus mensajes. El problema está cuando queremos organizar la sociedad en 2013 con el contenido caducado de un texto de hace 35 años u otro del siglo VII.

En los pliegues entre los dos planos –el religioso y el cotidiano- más a menudo de lo aconsejable encontramos a militares de alta y media graduación, muchos de ellos en la reserva forzosa –una especie de limbo entre el servicio activo y el retiro- haciendo declaraciones conscientemente ambiguas sobre la Patria, textos legales y futuribles.

En la parte imperecedera de la Constitución encontramos el derecho a la vivienda, al trabajo, el Estado social y democrático de derecho. En ningún lugar encontramos a la Unión Europea ni a las 17 Comunidades Autónomas, ausentes las 18 de la Constitución. Y en la parte caduca encontramos todo lo referido a la guerra, a la Defensa y alas Fuerzas Armadas, hijos legítimos del año 1978 y la relación de fuerzas del momento.

Resulta curioso que la hoy mitificada Constitución en su día no tuvo tantos seguidores. Durante sus primeros años algunos periódicos repartían el 6 de diciembre banderas de España con la leyenda “Viva la Constitución”, y colgarlo era casi un acto revolucionario.

Escultura "Always Franco",
de Eugenio Merino, expuesta en Arco 2012

La gran ventaja frente a las sagradas escrituras es que una Constitución se puede cambiar. El anterior Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, citaba recientemente a Borges en un acto público y recordaba que la idea de un texto definitivo corresponde sólo a la religión o al cansancio. 

Que la Constitución no es inmutable lo descubrimos en agosto de 2011 cuando mutó en una semana por un motivo tan poco poético como el déficit público.

Ahora bien, sería deseable hacer algo antes del próximo puente de la Inmaculada Constitución a comienzos de diciembre, algo con la Constitución y nada con el puente, que en esta España de reformas son capaces hasta de cargarse el largo fin de semana y sumar un nuevo agravio hacia la Carta Magna, que llaman.

Cambiando de tema, pero no mucho, el Ministerio de Justicia ha elaborado una guía de comunicación con mensajes y argumentos para que utilicen en sus intervenciones públicas, actos sociales, reuniones de vecinos y partidas de mus los jueces y magistrados, abogados, fiscales, procuradores, ordenanzas y conductores relacionados con la Justicia. ¿Disparate? Pues es lo que acaba de hacer el Ministerio de Defensa, no el de Justicia.

Con la iniciativa, que nos cuenta Europa Press porque el documento debe de ser reservado, Defensa “quiere que los militares contribuyan a difundir el mensaje de que ‘es preciso realizar inversiones en Defensa’ y, en concreto, les pide que transmitan que el gasto militar ‘merece el mismo trato que otras inversiones como las realizadas en infraestructura, educación o sanidad". Lo paradójico es que el mismo Gobierno que elabora el argumentario es el responsable del gasto militar y de decidir cuánto y dónde invierte.

Entra dentro de lo posible que la iniciativa sea bienintencionada, porque también se recomienda a todo el mundo que diga la verdad y se mencionan algunos lugares comunes como que la comunicación "no tiene fronteras" y puede hacerse por "múltiples medios y plataformas, desde los más tradicionales", como los medios de comunicación o las conferencias, a los "más innovadores", entre los que sitúa Twitter, Youtube o jornadas de puertas abiertas.

Hablando de medios innovadores cabría recordar que el Ministerio de Defensa anunció el pasado 21 de febrero en Twitter que España traspasaba una base al ejército afgano. “Nos vamos de Ludina”, dijeron en un tuit al que incluso le sobraron cinco caracteres libres.

Volviendo al argumentario para militares, se supone que también de aplicación a civiles trabajando en Defensa, se nos cuenta que las directrices del Ministerio "deben ser aceptadas" por "todos" para poder "mantener una misma línea de acción", porque "todos los miembros de las Fuerzas Armadas son potenciales comunicadores, tanto por sus acciones como por sus omisiones". "Cada noticia, cada imagen, cada acción, transmite un mensaje y forma parte voluntaria o involuntariamente de la comunicación estratégica", avisa.

Sólo añadir que se encarga al director del Gabinete Técnico del ministro (un general) la elaboración y distribución de las "ideas clave" sobre la que "construir" la comunicación estratégica, que las diferentes autoridades de Defensa "desarrollarán en sus ámbitos de responsabilidad".

Los militares son un gremio experto en la aplicación de normas escritas y no muy aficionado a la improvisación, y es sabio a la hora de buscar sus citas y sus fuentes, no en argumentarios sino en normativa, donde figura de forma destacada la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005, la Directiva de Defensa Nacional (una por legislatura), los documentos normalizados de la OTAN, incluso algunos más leídos citan las intervenciones parlamentarias del ministro de Defensa en activo...

También suelen acudir a menudo a otras fuentes más problemáticas como algunos rincones de la citada Constitución o a una famosa Revisión Estratégica de la Defensa que se elaboró a comienzos de los años 2000 con un horizonte temporal de 15 años y duró 15 minutos, aunque aún colea y se la encuentra uno navegando por la web o en tierra firme.

Por acabar, y en términos de comunicación, la legislación publicada en el BOE tiene una fuerza mucho mayor que los argumentarios, y aplicar la ley a los militares en la reserva también la tendría.

En el apartado de la industria interesa destacar que Abertis ha presentado sus resultados de 2012, con ingresos extraordinarios por desinversiones, entre ellas en Eutelsat. Sigue sin materializarse el nuevo mapa del sector de los satélites en España, el reparto o futuro de Hispasat e Hisdesat. Entretanto Bolivia expropia activos de Abertis, que se suman a la YPF expropiada a Repsol en Argentina y a Red Eléctrica también en Bolivia.

M.C. Escher, universos infinitos, litografía 1943.

Por su parte, Santa Bárbara anuncia un ERE que puede afectar a 700 trabajadores -la mitad de la plantilla- y el cierre de factorías. A ello se suma un hecho si cabe más significativo, y es que Defensa le retira contratos de blindados antiminas. Y todo suma una situación que probablemente no estaba en la cabeza de quienes decidieron privatizar la empresa en el año 2000 vendiéndola a la cuarta multinacional del sector –General Dynamics-, privatización que por otra parte ha acabado costando 500 millones de euros al Estado, según el Tribunal de Cuentas. 

Y es que el apoyo a las empresas españolas, en el interior o en el exterior, no es tarea fácil.

Y además es un peligro ligar a altos responsables del Estado con contratos comerciales, porque si se justifica el puesto por su utilidad habría que exigir resultados; porque otros países sin Monarquía obtienen contratos; y por el peligro evidente de mezclar intereses particulares y generales.

Algo más bajo que los satélites vuelan los drones, y un senador de EE.UU. nos ha contado que suman ya  exactamente 4.756 las ejecuciones extrajudiciales por estos aviones sin piloto en ataques en Pakistán, Yemen y Somalia (nada dicen de otros escenarios). El tema está muy de actualidad por la implicación pasada en este campo del nuevo director de la CIA; y sobre todo por la nacionalidad estadounidense de algunos de los ejecutados, los restantes 4.750 casos no preocupan en exceso. El Reino Unido ha solucionado el asunto retirando la nacionalidad a quienes considera sospechosos, por muy nacidos y británicos que fueran, y ya sin pasaporte procede.

Como último apunte, EE.UU. acaba de anunciar la creación de una medalla para actos destacados en esta guerra clandestina con drones o ciberataques, actos que claramente no están relacionados con el valor ni el riesgo, pero sí que es un intento de dotar de cierta épica a una actividad que aparentemente no la tiene.

Sugerencia

Defensa pide en un argumentario a militares que defiendan que el gasto militar es igual de importante que el sanitario (Europa Press, 17-2-2013).