Excesos de la lucha antiterrorista

La lucha antiterrorista amenaza en media Europa con saltar los límites de derechos fundamentales del ciudadano, entre ellos lo relacionado con la libertad de expresión y las redes sociales. Organismos internacionales y ONG alertan sobre un fenómeno acrecentado en los últimos dos años de obsesión antiterrorista que restringe derechos en nombre de la seguridad.
El 5 de febrero de 2016 la policía española detuvo en Madrid a dos actores de una compañía de títeres acusados de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio, permanecieron cinco días encarcelados -prisión provisional sin fianza- y fueron incluidos en un fichero de presos peligrosos con el régimen penitenciario más severo. En su liberación se les retuvo el pasaporte y se les obligó a comparecencias diarias ante el juez.
La obra causante de la detención, representada en tiempos de carnaval ante un público infantil, tenía un argumento de crítica social contra los cuatro poderes que supuestamente rigen la sociedad española: la propiedad, la institución religiosa -un guiñol vestido de monja-, las fuerzas de seguridad -un muñeco con uniforme de policía- y el poder judicial -marioneta con toga de juez-. En un pasaje de la obra, representada en esperanto y latín, un guiñol portaba una pancarta –una falsa prueba fabricada por el guiñol policía- con la leyenda "Gora Alka-ETA".
El recorrido judicial del caso ha tenido dos paradas: la Audiencia Nacional dictaminó el 28 de junio de 2016 el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por el delito de enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo, aunque derivó hacia otro juzgado por si existiera otro delito de discurso de odio. Finalmente el 5 de enero de 2017 el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid archivó definitivamente el asunto.
La difusión pública de este segundo archivo ha coincidido con un informe de Amnistía Internacional en el que analiza, desde la perspectiva de los derechos humanos, las medidas antiterroristas adoptadas en 14 estados miembros de la Unión Europea. La ONG incluye este caso de los titiriteros al tratar de España.
El informe, Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa (enlace al original en inglés), revela -según sus autores- la manera en que el diluvio de leyes y reformas aprobadas a una velocidad de vértigo está minando libertades fundamentales y desmantelando salvaguardias de derechos humanos. "Una serie de nuevas leyes de amplio alcance están conduciendo a Europa a un profundo y peligroso estado de 'securización", afirma Amnistía.
“Tras una serie de atroces atentados, desde París hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias”, manifestó en su presentación John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.
En su opinión, “tomadas de una en una, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todas juntas emerge una inquietante imagen en la que poderes sin control pisotean libertades que se daban por sentadas desde hace mucho tiempo”.
El informe repasa cómo en varios países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, han aumentado el poder del Ejecutivo, han eliminado controles judiciales, han restringido la libertad de expresión y han expuesto a toda la población a una vigilancia gubernamental sin control.

Leyes de excepción y medidas similares

En varios países, según AI, las reformas constitucionales o la legislación harán que sea más fácil declarar un estado formal de excepción u otorgar poderes especiales a los servicios de seguridad e inteligencia, a menudo sin apenas supervisión judicial, o sin supervisión en absoluto.
En Francia, desde los atentados de noviembre de 2015, se ha renovado cinco veces el estado de excepción, con lo que se ha normalizado una serie de medidas intrusivas como, por ejemplo, el poder para prohibir manifestaciones y llevar a cabo registros sin orden judicial.
El informe de Amnistía Internacional asegura que se han concedido o ampliado poderes de vigilancia masiva en Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Bélgica y Países Bajos, entre otros, y al hacerlo se ha permitido la interceptación masiva y el posible acceso a los datos de millones de personas.
La Ley Antiterrorista promulgada por Polonia en 2016 permite medidas de vigilancia encubierta contra personas de ciudadanía extranjera, como por ejemplo las escuchas telefónicas, el seguimiento de las comunicaciones electrónicas y la vigilancia de las redes y dispositivos de telecomunicaciones sin supervisión judicial de ningún tipo durante tres meses.

Delitos de opinión

"En un moderno giro del orwelliano 'delito de opinión', la gente puede ahora ser procesada por actos que tienen un vínculo sumamente tenue con una conducta delictiva real", señala el informe. Al centrar cada vez más las medidas antiterroristas en la prevención, los gobiernos han invertido en iniciativas “predelictivas” y han recurrido con una frecuencia cada vez mayor a órdenes de control administrativo para restringir la libertad de circulación y otros derechos, añaden.
Para Amnistía, el miedo a ser calificado de amenaza para la seguridad o de extremista ha tenido un efecto disuasorio que ha limitado la libertad de expresión.
En 2015 los tribunales franceses dictaron 385 condenas por “apología del terrorismo”, un tercio de ellas contra menores de edad. Las definiciones de qué constituye “apología” son sumamente amplias.
En España precisamente se endureció el Código Penal en marzo de 2015 especialmente en lo relativo al terrorismo y su enaltecimiento, reforma que se produjo meses después de otra modificación de la Ley del Poder Judicial que introdujo nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar, bajo el principio de la justicia universal, crímenes de especial gravedad cometidos fuera de nuestras fronteras, cambio este segundo que ha dificultado la persecución transnacional del delito, como han reconocido fiscales y profesionales que participan en la lucha antiterrorista.

Naciones Unidas se pronuncia

El choque entre libertad de expresión y lucha antiterrorista sobrepasa con creces el ámbito de una ONG preocupada por los derechos humanos. Naciones Unidas ha señalado que la expresión pacífica de puntos de vista que son considerados extremos nunca debe ser penalizada a menos que esté asociada con la violencia, según defiende Ben Emmerson, relator especial de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Emmerson presentó en marzo de 2016 su informe anual al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en el que advierte que los gobiernos deben ser cuidadosos en su respuesta a la cuestión, ya que se trata de una zona ambigua en la que hay que diferenciar el discurso de una llamada directa a la violencia.
El experto señaló que existe ahora una nueva tendencia peligrosa de criminalizar la glorificación del terrorismo, por lo que llamó a prestar atención a la intención del interlocutor más allá de sus palabras.

Objetivo: redes sociales

Volviendo a España, la libertad de expresión es el ámbito que se ve más afectado por aparentes excesos en la aplicación de medidas antiterroristas aplicando una legislación crecientemente endurecida y curiosamente los dos asuntos más mediáticos, ambos reseñados por AI, afecta al mundo artístico, músicos y actores.
Junto con el caso de los titiriteros, y en contra de la posición final de la Justicia sobre ese asunto y de la opinión de Naciones Unidas, este enero de 2017 ha visto también cómo el Tribunal Supremo condenaba a un año de prisión al cantante del grupo Def con Dos, conocido como César Strawberry, por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas por comentarios publicados en Twitter en 2013 y 2014 sobre el rey emérito Juan Carlos y sobre Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno asesinado por ETA en la etapa final de la dictadura de Francisco Franco.
Durante 2015, según la última Memoria de la Fiscalía, se incoaron en España 60 diligencias de investigación por delitos de enaltecimiento del terrorismo, 55 de ellas vinculadas con ETA, de las que 43 fueron archivadas por falta de autor o por no ser delictivos los hechos y ocho fueron judicializadas mediante denuncia o querella, confirmando el incremento de estos procedimientos sobre todo por comentarios publicados en las redes sociales y también el alto número de absoluciones.
Se da la circunstancia de que tanto las denuncias como las sentencias relacionadas con el enaltecimiento del terrorismo se han disparado en el último lustro en comparación con los años en los que la organización terrorista ETA asesinaba en España, grupo que en octubre de 2011 anunció el cese definitivo de su actividad armada.
Desde la asociación profesional española Jueces para la Democracia, su portavoz Ignacio González ha señalado que "la legislación antiterrorista, y concretamente el pacto alcanzado en 2015, desdibuja totalmente el delito de terrorismo, que se ha de caracterizar por elementos como el aspecto organizativo y la posesión de armas o explosivos".
Escribe Amnistía Internacional: “los dos últimos años han sido testigos de un profundo cambio de paradigma en Europa, un cambio de la idea de que el papel de los gobiernos es proporcionar seguridad para que las personas puedan disfrutar de sus derechos, a la idea de que los gobiernos deben restringir los derechos de las personas para proporcionarles seguridad”.

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Artículo publicado en el marco del proyecto de investigación Seguridad Global y Derechos Fundamentales.

Sugerencias

• Desmontando el (supuesto) terrorismo (El País, 10-6-2018).
• Libertad de expresión (y convivencia) en la era del tuit (El País, 24-4-2017). Juristas, académicos y sociólogos discrepan sobre los límites de la ley para combatir el odio en las redes sin coartar el derecho de opinión
• La patología del odio, por Adela Cortina (El País, 28-3-2017). Las fobias sociales son enfermedades que se deben superar. Convertir en creencia la idea de la igual dignidad es el modo ético de superar los conflictos entre el discurso de la intolerancia y el respeto a la libertad de expresión.
• Buenistas sin fronteras, por Elvira Lindo (El País, 26-3-2017). El buenismo, para los listos que están de vuelta de todo, es la religión que practican los progres
• Twitter cierra 377.000 cuentas en seis meses por apología del terrorismo (El País.com, 21-3-2017). La red social ha incrementado un 60% la suspensión de perfiles respecto al periodo anterior
• Queda prohibido odiar, por José María Ruiz Soroa (El País, 12-3-2017). Castigar el odio es tanto como castigar estados de ánimo. Algo vedado al Derecho.
• Un tuit sobre Germanwings motiva la primera condena por catalanofobia (El País, 16-3-2017).
• Wilders y la libertad de expresión, por Flemming Rose (El País, 17-3-2017). Pide que se prohíba el Corán y quiere cerrar mezquitas. Así que, por eso, la defensa que hace el líder de la ultraderecha holandesa de la Primera Enmienda y su propuesta de implantar una ley similar en Europa suenan falsas.

Muerte de inmigrantes en el Mediterráneo

• Amnistía Internacional y la ONU: las muertes se disparan por la inacción de la UE
• AI denuncia que la tragedia de Lampedusa "podía haberse evitado" con medios de rescate adecuados
• Esta ONG y la ONU señalan que las muertes en el Mediterráneo se han multiplicado por 50 por la inacción de los gobiernos europeos. Este domingo, 700 ahogados

 Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Imagen de la Guardia Costera italiana en el lugar del naufragio.

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado que la última tragedia que se ha cobrado la vida de cientos de personas este domingo cerca de las costas italianas de Lampedusa "se podía haber evitado perfectamente" si se hubiera contado con las medidas de rescate oportunas.
"El último naufragio es una tragedia causada por el hombre que podría haberse evitado perfectamente. Estas muertes provocan consternación, pero no sorpresa", ha lamentado el director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, John Dalhuisen.
"Lo que estamos viendo en el Mediterráneo es una tragedia de proporciones espantosas", añadió Dalhuisen, quien denunció la falta de medios para lidiar con estas situaciones.
"Los barcos mercantes y sus tripulaciones han intentado con valentía cubrir el hueco que deja por norma la ausencia de equipos especializados de rescate, pero no están diseñados ni entrenados para hacer frente a estas ocasiones", indicó.
"Es hora de que los gobiernos europeos se enfrenten a sus responsabilidades y configuren una operación humanitaria concertada para salvar vidas en el mar", ha indicado.

El número de muertes se ha multiplicado por 50

Para Amnistía, la constante negligencia de los gobiernos europeos respecto a la crisis humanitaria en el Mediterráneo ha contribuido a que, desde que comenzó 2015, el número de muertes de personas migrantes y refugiadas se haya multiplicado por más de 50.
La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) ha manifestado esta misma semana su “profunda conmoción” por el hecho de que, sin contar con el naufragio de la madrugada del domingo, se alcancen casi 900 la cifra de personas muertas desde el 1 de enero de 2015, frente a las 17 fallecidas durante el mismo periodo de 2014. Se trata de un aumento de casi 53 veces en el número de muertes de personas migrantes y refugiadas.
“¿Cuántas personas más tienen que morir para que los gobiernos europeos reconozcan que, para las operaciones de búsqueda y rescate, no se puede depender de unos recursos hechos a retazos?”, ha manifestado Gauri Van Gulik, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Miles de migrantes y refugiados desesperados siguen emprendiendo la travesía marítima más peligrosa del mundo, y cientos han muerto ya este año, en lo que supone un incremento masivo respecto al mismo periodo de 2014”.
Todos los datos señalan un incremento constante en el número de personas migrantes y refugiadas que emprenden este viaje a medida que el tiempo mejora, que la violencia y la persecución continúan en países como Siria y Eritrea, y que la inestabilidad persiste en Libia, punto de partida de la mayoría de los viajes de tráfico de personas a través del Mediterráneo.
En la más reciente de la cadena de tragedias, el servicio de guardacostas italiano dijo a Amnistía Internacional que, desde el sábado 11 de abril, había rescatado a un total de casi 10.000 personas al responder a decenas de llamadas diferentes de socorro.
Al igual que en otras operaciones recientes de búsqueda y rescate, los guardacostas italianos tuvieron que depender de la asistencia sobre la marcha de una combinación de navíos de la operación “Tritón” (operación de la Unión Europea para el control de fronteras) y buques mercantes que estaban en las cercanías.
“Europa ha reducido su capacidad de búsqueda y rescate basándose en el argumento fallido de que esas operaciones tenían un ‘efecto llamada’ que atraía a más migrantes. Pero la realidad en el Mediterráneo está poniendo de manifiesto esa falsedad, ya que el número de personas desesperadas que intentan llegar a Europa no hace más que aumentar”, ha manifestado Gauri Van Gulik.
“Los dirigentes en Londres, París, Berlín y otras capitales europeas deben admitir que la estrategia actual no está funcionando, y deben apoyar con todas sus fuerzas una operación sólida y concertada en el Mediterráneo, dotada de al menos los mismos recursos que la operación italiana Mare Nostrum cancelada el año pasado”.
Amnistía Internacional España tiene en marcha una ciberacción para exigir al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que utilice su influencia para que la UE refuerce las operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo y el Egeo; abra rutas legales y seguras para evitar que las personas que huyen del conflicto y persecución se vean obligadas a realizar viajes peligrosos; y deje de cooperar con países que violan derechos humanos, para que estos países restrinjan los flujos migratorios hacia la Unión Europea.

Sugerencias

• EU leaders agree actions to tackle Mediterranean tragedy (European Comission, 24-4-2015).
• Frontex desconfía de los acuerdos de la UE sobre inmigración (Estrella Digital, 24-4-2015).
• 5 cambios que la UE debería hacer — y no hace — para acabar con la tragedia migratoria en el Mediterráneo (Vice News, 21-4-2015).
• Rajoy pide una cumbre de la UE y pone a España como ejemplo en inmigración (Estrella Digital, 19-4-2015).
• Bruselas y capitales, sólo preocupadas por la seguridad (Estrella Digital, 19-4-2015).
• La UE revisa la situación del Mediterráneo tras el naufragio (Estrella Digital, 19-4-2015).
• Frontex | European Union Agency.

Amnistía Internacional califica 2014 de 'catastrófico'

INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS

• Denuncia la respuesta internacional como 'vergonzosa'
• La ONG denuncia la impunidad de los crímenes contra las derechos humanos y pide eliminar el derecho de veto en la ONU en casos graves. 
• De su informe anual no se salva ni España

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Refugiados sirios en Turquía. | AI

Amnistía Internacional publica su Informe Anual junto con una previsión de las tendencias en materia de derechos humanos para el próximo año. El informe sostiene que los gobiernos deben “dejar de fingir que la protección de civiles no está a su alcance”. En España, la libertad de expresión y de reunión están riesgo como consecuencia de recientes cambios legislativos y las personas migrantes han visto vulnerados sus derechos al producirse devoluciones sumarias y uso innecesario y excesivo de la fuerza en frontera.
La ONG hace repaso en su informe anual a un "año catastrófico" en materia de Derechos Humanos y en el que la comunidad internacional ha tenido una "vergonzosa" respuesta, toda vez que no ha tomado medidas ante desafíos como el "nuevo rostro" de unos conflictos que, cada vez en mayor medida, afectan a la población civil.
El 'libro negro' de Amnistía analiza la situación de los Derechos Humanos en 160 países y, en él, se exponen una serie de situaciones en las que los grupos armados cada vez ganan más peso, aumentan las amenazas para libertades y derechos fundamentales y empeora la "crisis de refugiados" a nivel mundial, entre otros retos.
El presidente de la ONG en España, Alfonso Sánchez, ha denunciado en rueda de prensa que los conflictos tienen ahora un "nuevo rostro" marcado por la impunidad y por una respuesta internacional que "deja mucho que desear".
En este sentido, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha coincidido en que ha sido un año "especialmente negro" con "datos devastadores". Durante 2014, en 18 países se cometieron crímenes de guerra u otras violaciones de las leyes de guerra, mientras que en uno de cada cinco Estados analizados existen grupos armados que han cometido abusos.
La influencia de milicias como Boko Haram, Estado Islámico y Al Shabaab amenaza además con traspasar las fronteras nacionales, lo que lleva cada vez a que más civiles se vean sometidos a unos grupos que actúan como Estados en los territorios que controlan, a costa de someter a abusos y persecución a los civiles.
El balance ha sido especialmente dramático en el ámbito de los refugiados, con unos niveles sin precedentes --50 millones a nivel mundial-- que han tenido como principal exponente la guerra de Siria. Más de cuatro millones de sirios han abandonado su país, el 95 por ciento de ellos hacia países vecinos.
La activista y periodista siria Yara Bader, responsable del Centro Sirio para los Medios de Comunicación, ha denunciado en la presentación del informe el "acoso" sufrido por esta organización y sus miembros, ejemplo de un modelo represivo en el que quienes defienden los Derechos Humanos son "las primeras víctimas".
Actualmente, ha advertido, la población siria está luchando por su "supervivencia", en un contexto en el que cunde el "abandono de la esperanza" y el hambre se ha convertido en "arma de guerra". Bader, cuyo marido está detenido, ha lamentado que las autoridades sigan sin dar respuesta a los constantes llamamientos de la comunidad internacional.
La huída de zonas en conflicto tiene también su efecto en los masivos intentos de alcanzar Europa desde África a través del Mediterráneo. Unas 3.400 personas habrían muerto en el último año ahogadas en este mar, una cifra que Beltrán ha calificado de "conservadora" y que demuestra, en su opinión, lo que queda por hacer.
El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IEACH), Jesús Núñez, ha advertido de que, en estos últimos meses, "decir Mediterráneo y decir cementerio es la misma cosa".
El presidente de Amnistía en España ha denunciado una política basada en "mantener lejos de Europa a la mayor parte de inmigrantes posibles", sin tener en cuenta que todos ellos se "merecen" al menos que se analice si son refugiados que huyen de conflictos o si pueden ser sometidos a torturas y abusos en caso de repatriación.

La situación en España

En España, "el Gobierno sigue la tendencia global de recortes a la libertad de expresión y de reunión, mediante varias iniciativas legislativas", afirma la organización. Una de ellas, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), "no solo amplía los poderes policiales sin establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sino que además incluye nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones en las cercanías del Congreso y el Senado, o las limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad", añaden. Para la organización también han sido de especial preocupación los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad en manifestaciones, así como crecientes restricciones al derecho de reunión, incluido la imposición de multas a manifestantes pacíficos, algo que puede disuadir la protesta.
La reforma del Código Penal también ataca la libertad de expresión, de información y de reunión, según la ONG, al ampliar los delitos, tanto de terrorismo como de desórdenes públicos, de manera tan amplia y vaga que resultan incompatibles con las normas de derecho internacional. Además, esta reforma sigue sin tipificar de manera adecuada los crímenes de derecho internacional como la tortura. Otro de los grandes retrocesos de 2014 ha tenido lugar en la lucha contra la impunidad de la que gozan los perpetradores de los crímenes más graves, mediante la reforma de la jurisdicción universal, que limita las atribuciones de las autoridades para investigar crímenes atroces contra las personas cometidos fuera de España.
También las personas migrantes están viendo sus derechos vulnerados en España. Amnistía Internacional ha seguido denunciando uso excesivo e innecesario de la fuerza en frontera, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, que en ocasiones han sido devueltos de manera ilegal. Además, afirman, "lejos de cambiar esta política, las autoridades pretenden, mediante una enmienda introducida en la LOSC, legalizar esta práctica de las denominadas devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional".
Por último, Amnistía Internacional recuerda que durante los próximos dos años España tendrá un asiento temporal en el Consejo de Seguridad. La organización hace un llamamiento para que el Estado español aproveche su posición para tener un papel proactivo para que se establezca una mayor protección a los derechos humanos en situaciones que afectan a la paz y seguridad internacionales.
Esteban Beltrán ha rechazado la "dicotomía" entre seguridad y libertad y ha alertado de las legislaciones "ambiguas" que pueden servir tanto para perseguir el terrorismo como para reprimir a la oposición.
Beltrán considera que existe el "riesgo" de que, si no se circunscribe bien las situaciones de terrorismo, su definición sea tan amplia que "quepa cualquier delito". También ha llamado a tratar "con cuidado" las prohibiciones de viajar a zonas en conflicto, toda vez que "salir de tu país no es delito".
En esta línea, el codirector del IEACH ha apuntado que, si bien el terrorismo internacional no es una "amenaza fantasma", no se puede caer en una visión "obsesiva" en la que, aprovechando un "clima de terror" social, se recorten libertades. Jesús Núñez ha dicho que una "sociedad atemorizada" puede estar dispuesta a "ceder derechos" a cambio de una sensación de seguridad.

Respuestas represivas

El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha afirmado en un comunicado que "es abominable comprobar que los esfuerzos de los países ricos para impedir la entrada de personas prevalecen sobre sus esfuerzos para preservar las vidas de las personas". "La crisis de refugiados global se agravará con toda probabilidad, a menos que se tomen medidas urgentes", ha apostillado.
El informe detalla una serie de tácticas y respuestas "draconianas" y "represivas" con las que distintos países han menoscabado derechos y libertades fundamentales apelando a la seguridad.
Así, ha denunciado leyes restrictivas, persecución de la oposición o vetos a las libertades de expresión y manifestación en países como Afganistán, Kenia, Nigeria, Rusia, Turquía y Pakistán. En este último caso, las autoridades han levantado la suspensión de las ejecuciones para comenzar a ejecutar a presos condenados por terrorismo.
Shetty ha avisado de "indicios preocupantes" a nivel mundial. "Desde Baga hasta Bagdad, los dirigentes gubernamentales han intentado justificar las violaciones de Derechos Humanos hablando de la necesidad de que el mundo siga siendo 'seguro'", ha agregado.

Reforma del Consejo de Seguridad de la ONU

Uno de los escenarios constatados por Amnistía Internacional en su informe es la aparente vuelta de la "Guerra Fría" a Europa, marcada en el último año por el conflicto de Ucrania. Amnistía considera que tanto el Gobierno central ucraniano como los separatistas prorrusos han cometido crímenes de guerra y ha comprobado, con visitas sobre el terreno e imágenes vía satélite, la implicación rusa en el conflicto.
En el caso de Ucrania y en otros desafíos internacionales como Siria, Irak o Gaza, la ONG ha llamado a la acción y ha propuesto la revisión del modelo de Naciones Unidas para "poner el reloj en hora", como ha resumido el codirector del IEACH en la presentación del informe.
La actualización del sistema de Naciones Unidas tiene como máximo exponente el Consejo de Seguridad, el principal órgano de toma de decisiones. Amnistía Internacional prevé relanzar sus llamamientos para que la ONU pueda superar la "parálisis" y cumplir con su "obligación" de proteger a las poblaciones civiles.
La ONG ha propuesto que los cinco miembros permanentes del Consejo renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y atrocidades masivas. Salil Shetty ha subrayado que este avance supondría "un punto de inflexión" ya que la ONU tendría "más posibilidades de actuar" cuando haya vidas "en situación de grave riesgo".
Además, "enviaría a los responsables de abusos el firme mensaje de que el mundo no se quedará de brazos cruzados mientras se cometan atrocidades masivas", ha apuntado Shetty en un comunicado adjunto al informe.
"El panorama global de la situación de los Derechos Humanos es sombrío, pero hay soluciones. Los dirigentes mundiales deben tomar medidas inmediatas y enérgicas para evitar una inminente crisis global y acercarnos un paso más a un mundo más seguro en el que los derechos y libertades estén protegidos", ha subrayado.

Sugerencias

• Datos y cifras sobre los derechos humanos en 2014, Amnistía Internacional, febrero 2015.

Guantánamo: 13 años de violaciones de los derechos humanos

"13 años de un escándalo de derechos humanos", resume la ONG Amnistía Internacional en una nueva campaña para exigir el cierre del penal, que aún tiene 127 presos

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Activista de Amnistía Internacional en un acto
de protesta contra Guantánamo. | AI

"Detenidos privados de libertad año tras año sin cargos ni juicio. Tortura y malos tratos, desaparición forzada, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, alimentación forzada, un puñado de enjuiciamientos en un sistema de comisiones militares que no cumple las normas internacionales para la celebración de juicios justos".
Así resume Amnistía Internacional la historia de la detención y prisión extrajudicial de cientos de personas en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, abierta a comienzos de 2002.
"13 días fueron suficientes. Tras 13 días de detenciones, en la base naval estadounidense de Guantánamo ya había 158 detenidos. Hoy, algunos de estos hombres todavía siguen allí. 13 meses después, en febrero de 2003, el secretario de Defensa había autorizado técnicas de interrogatorio que violaban la prohibición internacional de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", señala la ONG.
Cuando el presidente George W. Bush terminó su segundo mandato el 20 de enero de 2009, todavía había 245 detenidos en la base de Guantánamo. Dos días después, el presidente Barack Obama se comprometió a que su gobierno cerraría el centro de detención de Guantánamo “inmediatamente” y lo más tardar antes del 22 de enero de 2010.
Actualmente sigue habiendo 127 detenidos en Guantánamo, la mayoría de ellos sin cargos ni juicio. En casi la mitad de los casos se ha aprobado su traslado de la base, la mayoría desde enero de 2010 o antes.
La razón más inmediata de que la solución de estas detenciones parezca más lejana que nunca es que esta cuestión se estancó en un callejón sin salida político interno en el que el Congreso de EE.UU. ha tomado medidas contra el cierre y el Gobierno no ha estado dispuesto o no ha sido capaz de sortear este obstáculo. Sin embargo, "en virtud del derecho internacional la legislación y la situación política nacionales no se pueden invocar para justificar el incumplimiento de las obligaciones de un tratado", en opinión de Amnistía. "Es una respuesta inadecuada que una rama del gobierno culpe a otra de un fracaso de un país en materia de derechos humanos. El derecho internacional exige que se encuentren soluciones, no excusas", añaden.
La raíz de esta injusticia es el fracaso de las tres ramas del Gobierno de EE. UU. en abordar las detenciones como una cuestión de derechos humanos. Al acercarse el 11 de enero de 2015, el día número 4.749 de la vida de este famoso campo de reclusión, EE. UU. sigue sin abordar las detenciones en un marco de derechos humanos.

Naciones Unidas reitera el fin de detenciones "sin cargos  ni juicio"

Sólo en el último año, tres órganos de la ONU de supervisión de los derechos humanos han reclamado una solución a las detenciones.
En abril, tras analizar el historial de EE.UU. en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por EE.UU. en 1992, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamamiento a EE.UU. para que “pusiera fin al empleo de la detención administrativa sin cargos ni juicio” en Guantánamo. Hizo un llamamiento a EE. UU. para  que  llevase a cabo los enjuiciamientos de los detenidos en Guantánamo en el sistema ordinario de justicia penal, no en un sistema de comisiones militares que incumple las normas internacionales para la celebración de un juicio justo.
En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial hizo un llamamiento a EE.UU. para que “pusiera fin al sistema de detención administrativa sin cargos ni juicio y garantizase el cierre de las instalaciones de detención de la Bahía de Guantánamo sin más demora”. En relación con la prohibición de discriminación, también hizo un llamamiento a EE.UU. para que “garantizase el derecho de los detenidos a un juicio justo, según las normas internacionales de derechos humanos” y que los detenidos que no fueran acusados de un delito formal y juzgados “debían quedar en libertad de forma inmediata”.
Y en noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura reiteró a EE.UU. lo que le había dicho ocho años antes, en 2006,  en relación con las detenciones en Guantánamo, a saber, que “la detención indefinida constituye en sí una violación” de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un tratado ratificado por EE.UU. en 1994. El Comité expresó su preocupación por el “efecto acumulativo que las condiciones de detención y trato en Guantánamo han tenido sobre la salud psicológica de los detenidos” y repitió su llamamiento a EE.UU. para que “ponga fin al empleo de la detención indefinida sin cargos ni juicio”.
"Las violaciones de los derechos humanos quedarán asociadas para siempre con las detenciones de Guantánamo", afirma Aministía Internacional. Los detenidos fueron sometidos a torturas u otros malos tratos bien en la prisión o antes de llegar allí. En Guantánamo así como en otros lugares del sistema de detención de EE.UU. se llevaron a cabo detenciones prolongadas en régimen de incomunicación y desapariciones forzadas. Durante años, a cientos de detenidos de Guantánamo se les negó el derecho a que un juez emitiera un fallo sobre la legalidad de su detención. Los pocos detenidos contra quienes se han formulado cargos penales durante los años de Bush no fueron procesados antes los tribunales estadounidenses ordinarios. En su lugar, "el Gobierno inventó un sistema especial de comisiones militares, y aplicó normas que incumplían las normas internacionales para la celebración de juicios justos".
El Gobierno de Obama ha continuado con las comisiones militares. Sólo ha trasladado a un detenido al sistema ordinario de justicia penal para ser sometido a juicio en el tribunal federal estadounidense, y eso ocurrió hace cinco años. Por el momento, el Gobierno pedirá la pena de muerte para seis detenidos si consigue su declaración de culpabilidad en los juicios que se celebrarán próximamente ante comisiones militares. La imposición de la pena de muerte tras juicios injustos viola el derecho a la vida conforme al derecho internacional, recuerda Amnistía.
En los últimos meses se han producido algunos movimientos de detenidos de Guantánamo: 28 presos fueron trasladados de la base durante 2014, además de los 11 que habían sido trasladados en 2013. Entre los traslados recientes figuran el de 2 hombres a Eslovaquia, 3 a Georgia, 5 a Kazajistán y 6 a Uruguay, los últimos países en intervenir "para ayudar a EE. UU. a salir del pozo en el que se han metido ellos mismos", dice la ONG.
"EE.UU. sigue intentando que otros países hagan lo que ellos, los creadores del campo de reclusión de Guantánamo, se niegan a hacer", esto es, aceptar a detenidos que EE.UU. decide dejar de mantener detenidos, pero que no pueden ser repatriados inmediatamente por la razón que sea.
Dice AI que "EE.UU. sigue estando en el lado equivocado de sus obligaciones internacionales al no garantizar una rendición de cuentas plena en relación con las violaciones cometidas en la base de Guantánamo y en otros lugares. Lo repetimos: el centro de detención de Guantánamo ha sido un lugar donde durante años se han cometido múltiples violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada".
El mes pasado el Comité de Inteligencia del Senado confirmó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) utilizó Guantánamo para detenciones secretas en 2003 y 2004.
Al menos 28 de las personas que aún permanecen detenidas en Guantánamo estuvieron en el programa de detenciones secretas de la CIA antes de ser trasladadas a la base naval, fueron sometidas a desapariciones forzadas de entre 40 días y cuatro años y medio bajo custodia de la CIA. Algunos de ellos fueron sometidos a torturas durante los interrogatorios mientras estuvieron en ese programa ilegal.
La tortura y las desapariciones forzadas son delitos según el derecho internacional. "EE.UU. está cometiendo una grave violación de sus obligaciones en materia de derechos humanos al no garantizar la verdad, reparación y rendición de cuentas plenas por estos delitos", afirman.
Además de poner fin a las detenciones de Guantánamo de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y cerrar el centro de detención, "EE.UU. debe garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, hacer comparecer ante la justicia a todas las personas responsables y garantizar el acceso real a una reparación a las personas que sufrieron esas violaciones de derechos humanos", reclaman desde Amnistía Internacional.

Las ejecuciones sumarísimas de Obama

Amnistía Internacional y Human Rigths Watch denuncian el asesinato indiscriminado de civiles por drones norteamericanos con fines presuntamente antiterroristas

Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Dos de las más prestigiosas organizaciones internacionales de carácter humanitario coinciden en acusar a Estados Unidos de saltarse la legislación internacional y asesinar civiles con los ataques producidos por sus aviones no tripulados –drones-.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch acaban de presentar –rueda de prensa conjunta este martes en Nueva York- detallados informes sobre estas acciones, AI sobre Pakistán y HRW sobre Yemen. El método seguido en ambos casos ha sido investigar sucesos concretos, ataques reales y contrastar lo dicho por los responsables políticos con testimonios y pruebas sobre el terreno.
Las dos organizaciones emiten conclusiones y advertencias hacia las autoridades de EEUU, locales y a la comunidad internacional. Amnistía Internacional pide a las autoridades estadounidenses que:

• Revelen públicamente los hechos y la base jurídica respecto a los ataques con “drones” lanzados en Pakistán, e informen sobre cualquier posible investigación sobre los homicidios causados por “drones” estadounidenses;
• Garanticen que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todos los casos en los que existan motivos razonables para creer que los ataques con “drones” han dado lugar a homicidios ilegítimos;
• Lleven a los responsables de ataques ilegítimos con “drones” ante la justicia, en juicios públicos y justos, sin recurrir a la pena de muerte;
• Garanticen que las víctimas de ataques ilegítimos con “drones”, incluidos los familiares de las víctimas de homicidios ilegítimos, tienen acceso efectivo a la justicia, una indemnización y otros tipos de reparación.

Amnistía pide a las autoridades paquistaníes que:

• Proporcionen acceso adecuado a la justicia y la reparación a las víctimas de ataques de “drones” estadounidenses y ataques de las fuerzas paquistaníes, y pidan a las autoridades estadounidenses reparación y otros remedios por los ataques;
• Lleven ante la justicia, en juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte, a los responsables de homicidios ilegítimos y otros abusos contra los derechos humanos cometidos en Waziristán Septentrional. Esto debe incluir los ataques con “drones” estadounidenses, los ataques de las fuerzas armadas paquistaníes y los ataques de grupos como Al Qaeda o los talibanes;
• Hagan pública la información sobre todos los ataques con “drones” estadounidenses de los que las autoridades paquistaníes tengan conocimiento, incluidas las bajas causadas y toda la asistencia proporcionada a las víctimas.

A la comunidad internacional, Amnistía Internacional anima a que:

• Se oponga a los ataques con “drones” estadounidenses y otros homicidios que violen el derecho internacional, e inste a Estados Unidos y a Pakistán a adoptar las medidas antes expuestas. Los Estados deben formular protestas oficiales y pedir la reparación establecida en el derecho internacional cuando Estados Unidos u otros Estados hagan uso ilegítimo de fuerza letal;
• Se abstenga de participar de modo alguno –lo cual incluye compartir información o permitir el uso de instalaciones– en ataques con “drones” estadounidenses que violen el derecho internacional.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han querido hacer un llamamiento conjunto al Congreso de EE.UU. para que se investigue exhaustivamente los casos que ambas organizaciones han documentado así como otros ataques potencialmente ilegales, y hacer pública cualquier evidencia de violaciones a los derechos humanos.

Pakistán

En un informe titulado “’Will I be next?’ US drone strikes in Pakistan”, Amnistía Internacional denuncia que Estados Unidos ha llevado a cabo homicidios ilegítimos en Pakistán mediante ataques con aviones no tripulados, algunos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra.
Documenta homicidios recientes en las zonas tribales del noroeste de Pakistán, y la casi total ausencia de transparencia en torno al programa de “drones” estadounidense. “El secreto en torno al programa de aviones no tripulados da al gobierno estadounidense licencia para matar fuera del alcance de los gobiernos o de las normas fundamentales del derecho internacional. Ya es hora de que Estados Unidos diga la verdad sobre el programa de ‘drones’ y haga rendir cuentas a los responsables de estas violaciones”, ha manifestado Mustafa Qadri, investigador de Amnistía Internacional sobre Pakistán.
Amnistía Internacional examinó los 45 ataques con aviones no tripulados de los que se ha tenido noticia lanzados en Waziristán Septentrional, noroeste de Pakistán, entre enero de 2012 y agosto de 2013. Esa región ha sufrido más ataques que ninguna otra del país.
La organización llevó a cabo investigación detallada sobre el terreno respecto a nueve de estos ataques, y el informe documenta homicidios que hacen temer seriamente que se hayan cometido violaciones del derecho internacional que puedan constituir crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales.
La información recopilada documenta ataques a agricultores o niños haciendo vida normal. “Los ataques de aviones no tripulados pueden ser legítimos en algunas circunstancias. Pero resulta difícil creer que un grupo de jornaleros, o una anciana rodeada de sus nietos, pusieran en peligro a nadie, no digamos ya que supusieran una amenaza inminente para Estados Unidos”, ha manifestado Mustafa Qadri.
El derecho internacional prohíbe los homicidios arbitrarios y limita el uso legítimo de fuerza letal intencionada a situaciones excepcionales. En casos de conflicto armado, sólo los combatientes y las personas que participan directamente en las hostilidades pueden ser blanco de un ataque directo. Fuera del conflicto armado, la fuerza letal intencionada sólo es legítima cuando sea estrictamente inevitable para proteger frente a una amenaza inminente para la vida. En algunas circunstancias, los homicidios arbitrarios pueden constituir crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales, es decir, delitos de derecho internacional.
Amnistía Internacional también documentó casos de los denominados “ataques contra rescatadores”, en los que quienes corren a auxiliar a las víctimas de un ataque inicial con “drones” fueron a su vez víctimas de un rápido ataque de seguimiento. Aunque pudiera suponerse que los rescatadores son miembros del grupo al que se está atacando, resulta difícil entender cómo puede hacerse esa distinción en los caóticos momentos inmediatamente posteriores a un ataque con misiles.
Además de la amenaza de los aviones no tripulados estadounidenses, los habitantes de Waziristán Septentrional se ven a menudo atrapados entre los ataques de grupos armados y las fuerzas armadas de Pakistán. La población local vive con el temor constante a la violencia ineludible a manos de ambos bandos.
El programa estadounidense de “drones” ha agravado el sufrimiento local: ahora, los habitantes de la zona viven además con miedo a morir por los “drones” estadounidenses que surcan los cielos día y noche.
“Lo trágico es que los aviones no tripulados desplegados por Estados Unidos sobre Pakistán inspiran ahora a los habitantes de las zonas tribales el mismo miedo que antes sentían únicamente ante Al Qaeda o los talibanes”, ha manifestado Mustafa Qadri.
Tal como documenta el informe, los hombres y mujeres que viven en la zona tienen poco control sobre la presencia de grupos como los talibanes o Al Qaeda en sus pueblos y distritos.
Los grupos vinculados a Al Qaeda han matado a decenas de residentes locales a los que acusaban de ser espías a causa de los ataques con “drones” estadounidenses.
Aunque el gobierno de Pakistán afirma que se opone al programa de “drones” estadounidense, Amnistía Internacional teme que algunas autoridades e instituciones de Pakistán y otros países, como Australia, Alemania o Reino Unido, puedan ayudar a Estados Unidos a lanzar ataques con “drones” que constituyan violaciones de derechos humanos.

Yemen

En un informe de 102 páginas titulado “‘Between a Drone and Al-Qaeda’: The Civilian Cost of US Targeted Killings in Yemen”, Human Rights Watch ha investigado seis asesinatos selectivos de EE.UU. en Yemen, uno de 2009 y el resto entre 2012 y 2013. Dos de los ataques mataron civiles de forma indiscriminada, en clara violación de las leyes internacionales, según esta organización; en el resto de los casos podrían haberse escogido personas que no eran legítimamente objetivos militares o haber causado un desproporcionado número de muertes de civiles. Para HRW, este tipo de ataques están creando una reacción popular que debilita los esfuerzos de EE.UU. contra el terrorismo de Al Qaeda en la Península Arábiga.

“Estados Unidos dice que están tomando todas las precauciones posibles durante este tipo de asesinatos selectivos, pero se han asesinado ilícitamente civiles y atacado muy cuestionables objetivos militares en Yemen”, señala Letta Tayler, investigadora senior sobre terrorismo y antiterrorismo de Human Right Watch y autora del informe. Añade que “los yemeníes nos han contado que estos ataques les hacen temer a Estados Unidos tanto como al grupo Al Qaeda en la Península Arábiga –AQAP-.
Durante seis semanas entre 2012 y 2013, investigadores de Human Rights Watch entrevistaron a más de 90 personas sobre los ataques con drones, incluidos testigos, parientes de asesinados, abogados, defensores de los derechos humanos y responsables gubernamentales, e incluso se revisaron vídeos con pruebas de escenarios atacados.
Con pocas excepciones, el Gobierno norteamericano únicamente reconoce su participación en asesinatos selectivos en términos muy generales, denuncia HRW, rechazando asumir responsabilidades en los ataques u ofrecer datos de víctimas, incluidos civiles muertos. Las autoridades yemeníes se mantienen normalmente en silencio. Ambos gobiernos declinaron comentar los ataques investigados por esta organización.
Los seis ataques investigados por HRW mataron a 82 personas, de ellos al menos 57 eran civiles. Estas acciones, para HRW, se contradicen con las directrices políticas sobre asesinatos selectivos que el presidente Obama anunció en mayo de este año. Obama afirmó que EE.UU. sólo atacaría individuos que supusieran una “inminente amenaza para el pueblo americano”, en circunstancias además en las que se tuviera la “práctica certeza de que no se producirían muertos o heridos civiles”, y cuando la captura no fuera posible.
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno de EE.UU. ha llevado a cabo cientos de asesinatos selectivos en Pakistán, Yemen y Somalia. En Yemen se estima que se han producido 81 operaciones, en las que diversas investigaciones calculan que han provocado al menos 473 víctimas mortales, entre combatientes y mayoría de civiles.
Contabilizando todos los escenarios donde operan, el pasado mes de febrero el senador republicano Lindsey Graham señaló públicamente que al menos 4.700 personas han muerto por ataques de aviones no tripulados o "drones" norteamericanos, en la primera referencia de un legislador estadounidense al número de víctimas.

Sugerencias

• Informe de Amnistía Internacional: “’Will I be next?’ US drone strikes in Pakistan”. 
• Informe de Human Rights Watch:  “‘Between a Drone and Al-Qaeda’: The Civilian Cost of US Targeted Killings in Yemen”.
• La ONU advierte sobre los asesinatos con drones, por Carlos Penedo (Estrella Digital y Blog, 10-6-2013).
• Las ejecuciones sumarísimas de Obama, por Carlos Penedo (Estrella Digital, 22-10-2013).
• La sucia guerra de los drones, por Julio Vives (Estrella Digital, 23-10-2013).