Estadísticas conflictivas sobre seguridad y defensa

Artículo publicado también en infoLibre.

El mundo de la seguridad, defensa, Fuerzas Armadas, tiene una relación conflictiva con la realidad, se trata de personas que viven profesionalmente del conflicto, para enfrentarlo, evitarlo o provocarlo, y como es natural lo detectan por todos sitios porque es su objetivo. Por ejemplo, el campo de las predicciones suele estar trufado de previsiones catastrofistas precisamente porque muchos de los que se dedican a predecir el futuro son financiados o trabajan directamente en seguridad y perciben un porvenir inseguro, por deformación profesional y por la cuenta que les trae.
En cualquier caso, que el mundo de la seguridad tenga una relación conflictiva con la realidad es una paradoja que aparece cuando uno se pone a escribir sobre otro tema, relacionado pero distinto, que es su relación conflictiva con las estadísticas.
En algún momento indeterminado de este otoño de 2018, el Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS- principal organismo demoscópico español, independientemente de quién ocupe su presidencia, ha publicado en su web el estudio identificado con el número 3.188 y el nombre "La Defensa nacional y las Fuerzas Armadas".
El momento ha podido ser en octubre, quizá noviembre, en cualquier caso sin publicidad, nota de prensa ni promoción alguna, de una encuesta que tuvo su trabajo de campo en septiembre de 2017. En éste y otros casos la conexión entre los trabajos académicos o científicos y la clandestinidad no suele ser habitual.
Aunque tiene su explicación: esta encuesta la elabora el CIS por encargo del Ministerio de Defensa cada dos años, ya van doce ediciones, es decir, que se viene realizando desde finales de los noventa con un mismo cuestionario, 2.500 entrevistas personales, en 255 municipios y 50 provincias del país. No existe otro estudio similar.
Resulta que hará unos años, tiempos de Pedro Morenés de ministro, coincidiendo con la crisis y la desconfianza del ciudadano hacia quienes les dejaron a la intemperie, al Ministerio de Defensa le empezaron a no gustar las respuestas de los españoles a sus preguntas y dejó de difundir su encuesta o a tardar años en acompañarla con sus propios comentarios.
El motivo del desencuentro afecta principalmente a los campos relacionados con la financiación de la defensa y el gasto militar; y también las cuestiones emparentadas con la identidad nacional concretada en símbolos como la bandera, el himno, la sangre derramada; también las respuestas referidas a los valores más apreciados por la ciudadanía en la profesión militar y la propia valoración de los ejércitos.
Se podría decir que en algunos aspectos no coincide la opinión pública con los referentes simbólicos de las Fuerzas Armadas, lo que está lejos de ser un problema, si bien aconsejaría a los responsables militares y a los civiles de quienes dependen los primeros a replantearse el contenido de su comunicación externa, la interna si funciona puede seguir repitiendo conceptos del siglo XIX.
El CIS está obligado a publicar sus encuestas como máximo un año después de elaborarlas y por eso conocemos esta última.
Tomemos entonces tres capítulos: uno simbólico, otro profesional y un tercero financiero. Cabe interpretar que el propio cuestionario en sí merecería una valoración, colocando a las Fuerzas Armadas como garantes de las esencias más allá de su función como instrumento de seguridad del Estado.
Entrando en los datos, apartado simbólico, el 77% de los encuestados se siente muy o bastante orgulloso de ser español, el 54% se emociona al ver la bandera española en un acto o ceremonia, y el 57% al escuchar el himno nacional. Una cuarta parte de los españoles siente una intensa emoción por estos asuntos y otra cuarta parte siente indiferencia, pero se puede concluir que los niveles de nacionalismo español son muy aceptables, sobre todo en contraste con la impresión general en circulación, aquella que dice que entre la indiferencia general España se va yendo por el desagüe, girando en círculos que por supuesto son hacia la derecha como sucede en el hemisferio norte, en el sur el desastre suele llegar girando hacia la izquierda (comentario no basado en el CIS, sino en la teoría de Coriolis, que habla de fluidos, no de ideologías, con una reputación algo homeopática).
En relación con las amenazas, la encuesta pregunta de forma abstracta, dejando aparte la familia (¿por qué la dejan aparte, con lo cerca que la tenemos?) si el encuestado considera que haya algo por lo que arriesgar o dar la vida, y 46% responde que no, el 45% que sí.
Ésta es una de las respuestas que no gustan, tampoco que entre quienes se jugarían la vida la mayoría no lo haría por la patria (47% no, 44% sí), aunque mayoritariamente sí la arriesgarían por salvar la vida a otra persona (93%), la paz (84%) o la libertad (82%).
En el caso de que España fuera atacada militarmente el encuestado no se presentaría voluntario. Esto es como preguntar por intención de voto sin elecciones convocadas, el encuestado no acaba de entrar en situación, si bien de la encuesta se puede deducir un fuerte sentimiento pacifista entre la población española, que considera la respuesta militar como un ámbito profesional que tiene esa misión, y que no se percibe una amenaza militar existencial que aterrorice al país.
Entre las principales amenazas que pueden afectar a la seguridad de España, Defensa y el CIS incluyen los flujos migratorios irregulares (significativo su presencia), aunque los españoles priorizan y colocan en puestos de cabeza el terrorismo, la inestabilidad económico y financiera, y los ciberataques.
En el apartado profesional, el valor más importante que los españoles opinan que debe tener un militar es... la preparación técnica, muy por encima de la honradez, la disciplina, lealtad, el espíritu de sacrificio, la capacidad de mandar u obedecer que trufan los discursos.
El 70% de los españoles creen que las Fuerzas Armadas están muy o bastante capacitadas profesionalmente (y mejorando), dos tercios tienen una opinión buena o muy buena de las Fuerzas Armadas (se ha recuperado desde el 55% en 2013), y que los ejércitos seguirán siendo necesarios para mantener la paz, la seguridad y la defensa.
En el capítulo de respuestas incómodas, la opinión generalizada no cree que el volumen de tropas sea insuficiente; y únicamente el 17% de los españoles piensa que el presupuesto destinado a la defensa nacional y las Fuerzas Armadas sea escaso, aunque algo ha subido desde el 13% de 2015.
Sobre el origen de las amenazas militares, la mayoría de los españoles pues no cree que ningún país esté pensando en atacarnos (46%), y entre los que sospechan que sí (41%) responden con vaguedades como países islámicos, que curiosamente distinguen de países árabes, aparecen como amenazantes para quienes se sienten amenazados la categoría países de Asia, también lógicamente países donde haya islamistas radicales; y entre países concretos, que son quienes suelen lanzar ataques militares, pues el encuestado menciona a Marruecos, Siria (?) y a poca distancia a Estados Unidos (estos países son mencionados por un centenar de personas de entre las 2.500 encuestadas).
Más de 60 preguntas podrían hacer la relación interminable. Finalicemos con que los españoles se reparten a partes iguales entre los que defienden la actual situación de las Fuerzas Armadas a las órdenes del Gobierno nacional y los que las integrarían en un ejército europeo o multinacional, circunstancia ésta internacionalista que ampara el acento presente y reciente que encuadra mucho de lo que se hace militarmente bajo el paraguas de una Defensa europea aún inexistente.
Si las encuestas buscan ser un fiel reflejo o aproximado a la realidad social, y no gustan las respuestas, el mundo militar y civil de defensa no tendría un problema con las estadísticas, sino con la sociedad o la comunidad política a la que deben defender.
Continúa abierta la disyuntiva de tratar de cambiar las percepciones sociales con información y debate, labor siempre complicada y de largo plazo, o adaptar los instrumentos que el Estado financia para la seguridad a los ciudadanos y circunstancias del país. Las dos opciones parecen compatibles. Lo claramente descartable es no informar y además que las Fuerzas Armadas/Defensa ignoren al ciudadano al que protegen.

Sugerencias

• Expertos pesimistas demuestran que todo es una mierda (El Mundo Today, 30.1.2019).
• "La Defensa nacional y las Fuerzas Armadas (XII)", estudio 3.188 (Centro de Investigaciones Sociológicas, otoño 2018).
• La Defensa y sus públicos, por Carlos Penedo (Blog Contextos, 20.4.2014).

Censura de noticias falsas

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

Cuando la cantidad de comida dejó de ser un problema, empezamos a preocuparnos por la calidad. Sirva el símil alimenticio -tomado de Ignacio Ramonet, junto con alguna otra idea de esta columna- para indicar que nunca como hoy se ha vivido una sobreabundancia de información comparable, nunca más fácilmente accesible ni circulando a mayor velocidad.
Otra sentencia del mismo autor que define los tiempos es que los medios de comunicación han pasado de ofrecer información al ciudadano a buscar y recopilar ciudadanos para la publicidad, y en este segundo caso la información es un reclamo, no el objetivo.
En este punto, tras las mentiras de la campaña victoriosa del Brexit, gana las elecciones presidenciales norteamericanas un candidato hoy clasificado como populista, indicando lo que durante años se definía como fascista, y surge la preocupación por la generosa circulación de noticias falsas sobre las que convendría hacer algo o algunos parecen interesados en hacer algo o quieren aprovechar el momento para hacer algo.
La supuesta novedad del fenómeno es fácilmente descartable. Recordemos lo que por estas tierras se denominó como "teoría de la conspiración", que aún colea, la supuesta implicación de ETA y Marruecos tras la mayor cadena de atentados terroristas que ha vivido Europa -11 de marzo de 2004-, adjudicable judicialmente sin duda alguna al terrorismo yihadista en versión 2.0.

Primera página de El Mundo el 13 de marzo

de 2004. jornada de reflexión.

Años de noticias falsas, miles de páginas de periódico y de horas de radio, no provocaron iniciativa alguna para limitar la difusión de basura informativa principalmente emitida por El Mundo de Pedro J. Ramírez y la COPE de la Conferencia Episcopal.
El fenómeno por tanto no es nuevo, sí la reacción, entre los abogados defensores de poner coto a las noticias falsas se encuentran desde el Papa Francisco, tan rápido en detectar tendencias, como Hillary Clinton (perdedora de unas elecciones en las que ha sacado tres millones de votos a su oponente) y hasta el mismo presidente de la Comisión Europea.
La objeción más poderosa a los anuncios de medidas contra las noticias falsas apunta a quién va a ser el gran hermano que decida la calidad de los contenidos.
El consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, ha declarado: "Tú no eres capaz de decidir por ti mismo lo que es 'noticia' y lo que no lo es, así que lo haremos por ti". Para echarse a temblar.
Por una parte, se corre el riesgo de confundir la autopista con lo que circula por ella; internet es un gran canal con todo tipo de pasajeros. Aquí además puede situarse cierta brecha digital y generacional que ve más amenazas en los medios digitales que en la prensa en papel.
Una reciente encuesta del Pew Research Center revela además que según crece la renta y los estudios de los consultados es mayor su recelo hacia la confusión que generan las noticias falsas, con lo que nos encontraríamos con un paternalismo similar al de que la televisión entontece a todo el mundo menos a mí.
Si bien el acceso a la información es hoy mayoritariamente a través de medios y redes sociales el origen de esa información sigue procediendo de medios de comunicación tradicionales; Twitter no crea información, canaliza.
La reacción de Facebook y Google al asunto bien puede calificarse de pánico comercial. Estos gigantes de la globosfera siempre deben estar atentos a posibles amenazas que pudieran provocar su caída a la misma velocidad con la que han ascendido, y su mayor peligro es la pérdida de confianza.
La comprobación de la veracidad de lo que circula se ha convertido en un nicho de negocio y en un subgénero periodístico, parece existir demanda y ha parecido oferta, Politifact en Estados Unidos o El Objetivo de Ana Pastor en La Sexta son ejemplos claros.
Facebook ha anunciado precisamente su intención de subcontratar a organismos como el mencionado de EEUU para contrastar la calidad de la mercancía.
La pregunta detrás de todo esto es la clásica de quién vigila al vigilante, quién controla al controlador, quién investiga a los servicios secretos. Los riesgos de dar vía libre a la censura de contenidos son tan altos que lo aconsejable es oponerse.
Si nunca como hoy ha circulado un volumen de información similar, de todo tipo, nunca también como hoy el ciudadano ha tenido mayores instrumentos y formación para discriminar la buena información de la basura.

Sugerencias

• Más ‘fact-checking’ contra la posverdad, por Borja Echevarría (Cuadernos de Periodistas, 17-1-2017).
• Esclavos, por Valeria Luiselli (El País, 6-2-2017).
• Una pelea justa por la Verdad, por Timothy Garton Ash (El País, 11-1-2017).
• ¿La libertad de expresión en manos de un algoritmo?, por Ana Valero (Al revés y al derecho, 10-1-2017).
• A call to arms for journalists and news organisations: The Trust Project, por Clara Llamas (The Media Briefing, 7-1-2017).
• Juncker reclama a Google y Facebook más contundencia con las noticias falsas (El País, 26-12-2016). El presidente de la Comisión pide que los distribuidores de contenidos desarrollen un sistema que impida su difusión
• Many Americans Believe Fake News Is Sowing Confusion (Pew Research Center, 15-12-2016).
• El Papa compara consumir noticias falsas con comer heces (El País, 7-12-2016). Bergoglio llama a que los medios desistan de promover contenidos escandalosos y sin valor informativo
• Facebook Reveals Seven Point Plan To Eradicate "Fake News" (ZeroHedge, 18-11-2016).
• Peligro: desinformación (Blog Contextos, 31-10-2016).

El Roto en El País, 18-1-2017.

Defensa silencia sus propias encuestas

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

Se dice que las encuestas son el instrumento más científico para medir percepciones sociales, y luego se interpretan sus resultados con mayor o menor éxito.
El Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS- acaba de colgar a finales de diciembre de 2016 en su web la encuesta llamada "La Defensa nacional y las Fuerzas Armadas", que realiza cada dos años en colaboración con el Ministerio de Defensa (subsección Instituto Español de Estudios Estratégicos).
Se trata del sondeo más amplio y duradero sobre estos temas de seguridad en España: 2.500 entrevistas distribuidas por todo el país, se entiende que personales en domicilio, al menos 63 preguntas y se viene realizando desde 1997.
Lo sorprendente es que esta última edición de la encuesta se elaboró en septiembre de 2015, sin que desde entonces, pasados 15 meses, el Ministerio de Defensa la haya hecho pública; en estos casos el CIS está obligado a publicarla tras tenerla un año máximo en la nevera.
El comportamiento del Ministerio de Defensa tiene un antecedente directo: hizo lo mismo en el estudio anterior de 2013, tardó un año en difundirlo, tiempo que se tomó para acompañar los datos de su propia interpretación. En aquellas fechas la dirección política del Ministerio, entonces con Pedro Morenés al frente, se reconocía preocupada por la bajada de valoración de los españoles hacia las Fuerzas Armadas, en línea con el desprestigio institucional generalizado, circunstancia que no ocurre ahora, por lo que los motivos deben ser otros.
En cualquier caso la retórica habitual sobre la necesidad de extender entre los españoles la denominada cultura de la defensa se contradice con la ocultación de datos y estudios sociológicos.
Algunos resultados de interés de la encuesta de 2015, entre otros muchos:

• Valoración FAS: un 61% de los españoles tiene una opinión positiva de las Fuerzas Armadas (suma de buena y muy buena), un resultado muy destacable que además remonta varios puntos desde 2013 y se acerca al máximo histórico registrado en 2011.
• Presupuesto: quizá sea éste el apartado del que no se quiere hablar, la ciudadanía, que ha visto recortada la Sanidad. la Educación y hasta la cobertura del paro, pues opina que el presupuesto destinado a la defensa nacional y las Fuerzas Armadas es excesivo para el 25% de los encuestados y adecuado para otro 24%, y sólo un 13% lo considera insuficiente. El tema está de actualidad por el proceso de elaboración de los presupuestos para 2017, en los que la nueva titular del departamento, María Dolores de Cospedal, parece que negocia un sustancioso incremento, que -según lo anunciado- lejos de significar un mayor compromiso económico por parte del Partido Popular gobernante, que no ha practicado en los últimos cinco años, supondría incluir en el presupuesto inicial del Ministerio los créditos extraordinarios que ha venido recibiendo a mitad de ejercicio procedentes de Hacienda para abonar a la industria los grandes programas de armamento, método que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal en sentencia de este verano.
• Morir o matar: militares y civiles de la Defensa muestran habitual inquietud por este apartado y según la encuesta del CIS un 52% de los españoles no sacrificaría o arriesgaría su vida por su patria-nación-país (un 40% sí); sin embargo, un 90% de los encuestados se jugaría la vida por salvar a otra persona, un 76% por la paz y un 74% por la libertad, circunstancias estas tres últimas que estarían presentes en un hipotético conflicto armado.
• Prestigio profesional: en claro contraste con las opiniones entre los propios uniformados, los españoles valoran en primer lugar la preparación técnica de los militares, bastante por encima de otras cualidades de generosa circulación interna como la disciplina, la honradez o la valentía. Más de la mitad de los encuestados además opina que las Fuerzas Armadas están muy o bastante preparadas para defender España y que incluso han mejorado en los últimos años.
• Sentimientos: la encuesta está trufada de cuestiones emocionales, de lógico interés cuando se trata de medir el nacionalismo, qué se siente y deja de sentir al escuchar el himno nacional, al ver la bandera o presenciar un desfile, y los resultados son elevados siempre. El 77% de los españoles se confiesa muy o bastante orgulloso de ser español.

María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, en su primera comparecencia en el Congreso el 20 de diciembre de 2016: "Concienciar a nuestros ciudadanos de la importancia de la política de seguridad va a ser uno de los objetivos más importantes de esta legislatura para esta ministra. Es importante que la sociedad esté informada de los riesgos y amenazas y fortalezca su capacidad de respuesta frente a ellos con tranquilidad y con seguridad, pero también que conozca bien a qué nos enfrentamos. Para esto el mejor camino es el conocimiento público y la conciencia de defensa, saber que todo lo que se hace en defensa fuera y dentro de nuestras fronteras tiene que ver de manera directamente proporcional con la seguridad que percibimos en nuestros ámbitos más personales y familiares. Además, no tengo duda de que la seguridad es una responsabilidad de todos. Para ello vamos a dar prioridad en todos los ámbitos a la cultura de la defensa. Hay que explicar a los ciudadanos por qué las políticas de seguridad y de defensa son prioritarias. Tenemos que hacer esfuerzos en todos los niveles".
Añadió: "Cuanto más transparentes y más claros seamos desde el Ministerio en dar información, más abundaremos en esta política de cultura de la defensa".

Sugerencias

• Estudio 3110, La Defensa nacional y las Fuerzas Armadas (CIS, difundido en diciembre de 2016, fechado en septiembre de 2015).
• Defensa, transparencia y CIS, por Fernando Flores (infoLibre, 14-9-2016).
• Defensa oculta un año una encuesta negativa sobre las Fuerzas Armadas (Blog Contextos, 5-9-2014).
• La Defensa y sus públicos, por Carlos Penedo (Blog Contextos, abril de 2014).

Gobierno y Defensa, descontrolados

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

Imagen tomada de El Español.

Se afirma que España lleva ocho meses sin Gobierno, lo que es fundamentalmente erróneo.
Más cierto es apuntar que vivimos con un Gobierno descontrolado, que no reconoce legitimidad a los dos parlamentos salidos de las urnas tras las elecciones de diciembre y junio, su capacidad de control, su condición de foro principal del debate político en el país y, como efecto secundario, la proyección informativa de los temas que allí se tratan hacia la sociedad.
Incluso la actual presidenta del Congreso se opuso como ministra de Fomento a comparecer en el Parlamento a dar cuenta de sus asuntos. El tema está en manos del Tribunal Constitucional que parece confiar en que el paso de los días le resolverá el conflicto entre un Ejecutivo en funciones y el Parlamento.
El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy y Pedro Morenés guarda una importante sorpresa para quien les sustituya en el departamento de Defensa, sean ellos mismos, otros de su color o de distinta orientación política: el impago de alrededor de 1.000 millones de euros que se corresponden a la anualidad 2016 de los principales programas de armamento, no abonado.
La costumbre en la legislatura que arrancó en enero de 2012 ha sido la de aprobar esos pagos mediante decreto-ley (suman más de 4.000 millones), aprovechando normalmente los calores veraniegos que todo lo difuminan, fórmula administrativa reservada a decisiones de gasto imprevistas y de urgente necesidad, lo que no se cumple en este caso, con calendarios de pago firmados y aprobados que se prolongan durante dos décadas.
El decreto-ley cuenta con ventajas, como que el multimillonario importe no figura en los presupuestos iniciales del Ministerio que se aprueban en otoño; y que se reduce al mínimo la participación del Parlamento, sólo obligado a convalidar tal decisión con posterioridad.
La desconfianza de este Gobierno hacia el Congreso ha evitado incluso esa mínima participación parlamentaria, receloso probablemente con razón de la orientación del voto de la mayoría actual de la Cámara sobre el asunto.
A lo anterior se suma que el Tribunal Constitucional rechazó en sentencia del pasado mes de julio la utilización del decreto ley para aprobar créditos extraordinarios con los que financiar los programas de armamento. Doble regalo por tanto para los próximos responsables de la Defensa: el agujero económico y el lío jurídico.
En otros tiempos se hubiera escuchado además hablar del incumplimiento de contratos, del desprestigio internacional de España y/o de su marca, incumpliendo acuerdos en su mayor parte internacionales, de compensaciones a las empresas e irresponsabilidad en la gestión. Nada se ha escuchado en el debate político, nada tampoco procedente de la industria afectada, siempre tan cautelosa con quien gobierna, nunca como ahora.
Un segundo ejemplo de descontrol parlamentario en Defensa afecta a las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior.
Morenés no acude al Congreso a informar sobre estos asuntos desde diciembre de 2014, podría hacerlo mañana si quisiera o haber comparecido hace doce, nueve o seis meses; y la guinda la pone el BOE del 27 de agosto que publicó el cese (sin reemplazo) del secretario general de Política de Defensa, Alejandro Alvargonzález, responsable de esta vertiente exterior de nuestra Defensa, nombrado número tres de la estructura civil de la OTAN, un movimiento de salida de altos cargos que abona además la imagen de fin de ciclo (esto más Soria da para una próxima columna bajo el título "Porque yo lo valgo").
Nunca como hoy España ha tenido presencia militar en mayor número de escenarios en el exterior, alrededor de 2.500 militares trabajando en una quincena de destinos: Afganistán, Irak, Líbano, Índico, Mediterráneo, Turquía, República Centroafricana, Malí..., operaciones todas con autorización parlamentaria.
Que el Congreso dé luz verde y debata el envío de militares españoles al exterior fue consecuencia positiva de la invasión de Irak y tomó forma en la Ley Orgánica de Defensa de 2005, con una pretensión de legalidad y también de pedagogía política.
Lo sorprendente es que militares españoles están desplegados también en otros escenarios sin que el Parlamento haya autorizado ni escuchado una palabra. Bajo paraguas con la denominación "diplomacia de la defensa", España tiene una presencia militar creciente en el Golfo de Guinea, terrestre y naval, en Cabo Verde y otros países, de la que poco se cuenta.
Otra etiqueta, en este caso "seguridad cooperativa", nos ha llevado a Senegal, a quien al parecer ayudamos a generar y reforzar capacidades militares en sus Fuerzas Armadas, que no en otro sitio, sin autorización del Congreso.
En el mismo capítulo cabría añadir la importante presencia de la Guardia Civil (cuerpo de naturaleza militar) en países de la costa occidental africana con medios terrestres y también navales sin que sus señorías hayan recibido información alguna ni se hayan pronunciado sobre su labor, por ejemplo, en Mauritania.

"Morenés planta a la Comisión de Defensa", titulaba ABC el 17-3-2016.

Entre tanto silencio parlamentario el Gobierno va filtrando su voluntad de ampliar el contingente en Irak, lo que acercaría los militares españoles a situaciones combate; se habla desde hace meses de una probable operación militar en Libia; se traslada la voluntad española de participar en breve en la vigilancia de los acuerdos de paz en Colombia, tres ejemplos más que requerirían la autorización del Congreso.
Difícil relación del poder ejecutivo con el legislativo; en mayorías absolutas el Congreso suele ser simple correa de transmisión; en la oposición los partidos se lamen las heridas en el Parlamento; en este escenario multipartidista sin mayorías claras el Congreso debiera recuperar protagonismo.
Y siempre en cualquier caso más que carencias en la normativa pesa la voluntad política del que gobierna.
Una ciudadanía bien informada requiere de un Gobierno que dé explicaciones; y en muchos casos la sociedad rechaza decisiones políticas por la sensación muy real de haberse tomado a sus espaldas, el ciudadano se opone al contenido porque no comparte el procedimiento.
Todo lo anterior en un momento que vivimos un incremento del interés por la política, que ha alimentado el surgimiento de nuevos partidos que hoy concentran un 30% del voto.
La combinación de formas antipolíticas de desprecio al Parlamento más investiduras fallidas podrían deolver a un tercio de la sociedad a la apatía, mientras que los dos tercios restantes continúan viendo la Defensa como un asunto que no les afecta.
Los dineros de la Defensa y el despliegue exterior de los militares siguen siendo, al parecer, asuntos demasiado importantes como para compartirlos con el ciudadano.

Sugerencias

• Rajoy vulneró la ley al gobernar diez meses sin control parlamentario (El País, 23-11-2018).
• El Constitucional retrasa el recurso del Congreso contra el Gobierno (El País, 9-9-2016).
• Defensa amplía presupuesto en 1.160 millones tras la polémica de sus gastos (El Economista, 8-9-2016).
• El presupuesto de Defensa crece en más de mil millones hasta julio pese a no contar con créditos extraordinarios (El BOE nuestro de cada día, 7-9-2016).
• Sentencia 126/2016, de 7 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 6524-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural; y Unión, Progreso y Democracia, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Límites a los decretos-leyes: ausencia del presupuesto habilitante necesario para la concesión urgente de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa (BOE, 10-8-2016).
• El Constitucional anula decretos leyes multimillonarios para armamento (El País, 14-7-2016).

Nanas desde el eje del mal

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

Los conflictos bélicos marcan la biografía personal. Las Malvinas en los ochenta, Corea se llaman informalmente algunos barrios, la guerra civil española, que aún ocupa el callejero que rodea al Ministerio de Defensa (nombres del bando golpista), la invasión de Irak... Esta última sacó a la calle en manifestación un millón de personas en Madrid en febrero de 2003, volumen de gente no superado desde entonces en una protesta política pese a la generosidad del recuento de los organizadores de las concentraciones que después se han producido.
Para el discurso sobre el estado de la nación de 2002, el equipo del presidente de EEUU inventó la expresión "eje del mal": el eje recordaba a la Segunda Guerra Mundial, el mal era lo suficientemente difuso para despertar rechazo irracional y amparar todo tipo de desmanes, los componentes eran Irak, Corea del Norte e Irán.
Los tríos funcionan, desde la Santísima Trinidad, los Tres Sudamericanos, hasta los Bee Gees.
El resultado fue la invasión de Irak, que generó otro trío, el de las Azores, con Barroso de anfitrión que no fue reconocido ya que la expresión "cuarteto de las Azores" tiene menos fuerza, aunque el político portugués fue recompensado con la presidencia de la Comisión Europea y ahora con el fichaje de Goldman Sachs por cinco millones de euros al año.
Finalmente el balance de la invasión y ocupación de Irak es hasta el momento de 251.000 muertos documentados, según contabiliza el Iraq Body Count; ha sido placenta y alimento para el yihadismo, destrucción del país durante generaciones y algún negocio no pequeño para los participantes.
"El 20 de marzo de 2003 una coalición internacional liderada por Estados Unidos y Reino Unido invadió Irak con el objetivo de recuperar la libertad de los iraquíes mediante el derrocamiento del régimen de Sadam Husein, acusado de apoyar a la organización terrorista Al Qaeda, responsable de los atentados del 11-S. Otro de los objetivos de la invasión fue encontrar el armamento de destrucción masiva que pudiera poseer el régimen", dice aun hoy el Ministerio de Defensa español en su página web sin explicar nada.
Del peor de los desastres es importante aprender algo y algunos países lo intentan.
En los últimos días se han conocido las conclusiones de dos procedimientos puestos en marcha por países vecinos, amigos, socios y aliados para intentar extraer mejoras institucionales de asuntos como el terrorismo o la guerra.
El Parlamento francés ha desarrollado durante seis meses una comisión de estudio y análisis como consecuencia de los atentados terroristas de París en noviembre de 2015: 200 horas de audiencias, 300 páginas, mil anexos, ocho meses de trabajo y una cuarentena de propuestas. El trabajo finaliza con una serie de recomendaciones con la intención de superar los fallos en los servicios de socorro, la descoordinación de las tres fuerzas policiales de intervención antiterrorista que por allí aparecieron, que todos los terroristas estuvieses fichados, controlados y escuchados.
La comisión de investigación parlamentaria francesa sugiere también la creación de una única agencia de inteligencia a partir de las varias hoy existentes.
Por otra parte, se acaban de conocer las conclusiones de la comisión de investigación promovida por el Gobierno británico para analizar la participación del Reino Unido en la invasión de Irak.
El informe Chilcot, oficialmente, Iraq Inquiry, es el resultado de una comisión de investigación independiente creada en junio de 2009 por el entonces primer ministro británico Gordon Brown.
En este documento se afirma que Saddam Husein no suponía una amenaza urgente a los intereses británicos, que la inteligencia respecto a las armas de destrucción masiva fue presentada con demasiada certidumbre, que no se habían agotado las alternativas pacíficas a la guerra, que el Reino Unido y Estados Unidos habían socavado la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el proceso para la identificación de la base jurídica era "lejos de ser satisfactoria", y que la guerra en marzo de 2003 fue innecesaria.
Al hilo del seguidismo de Blair y Aznar tras las aventuras imperiales de Bush, el informe afirma que "la influencia no debería establecerse como un objetivo en sí mismo. El ejercicio de la influencia es un medio para un fin".
Los números de esta investigación son ocho años de trabajo, el esfuerzo ha costado diez millones de libras (explicada en detalle cada partida en la página web), la información ocupa 12 volúmenes, se han consultado 150.000 documentos, se ha entrevistado a militares, civiles, familias de víctimas, se ha radiografiado la política exterior y de defensa británica desde entonces y las decisiones tomadas.
Inspirado en lo anterior, el Parlamento portugués ha aprobado abrir una comisión de investigación sobre la implicación del país en la guerra de Irak, por donde deberá comparecer el nuevo empleado de Goldman Sachs.
"Viviré con la decisión de ir a la guerra y sus catastróficas consecuencias el resto de mi vida", ha declarado quien en aquel momento era viceprimer ministro del Reino Unido, John Prescott, explicando su postura en un artículo publicado en la prensa británica, reconociendo que aquella guerra fue ilegal. En aquellas mismas fechas de 2003 el vicepresidente en España se llamaba Mariano Rajoy, que preguntado hoy por el contenido del informe Chilcot ha declarado que no lo había leído.
Sería bueno que el sistema institucional español avanzara para hacer posible iniciativas como estas comisiones francesa y británica, y en cualquier caso hasta que eso ocurra tampoco estaría mal aprovechar los instrumentos existentes, que no se utilizan por falta de voluntad política.
Hace 19 meses que el Gobierno de Mariano Rajoy y Pedro Morenés no informa al Parlamento de las operaciones en el exterior de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de la vigente Ley orgánica de la defensa nacional. Parece un lujo pedir además explicaciones por los militares desplegados (incluida la Guardia Civil), cada vez en mayor número, sin autorización del Congreso.
Volviendo a Irak, no se trata de dudas sobre la interpretación de vagos informes de inteligencia; ni de pedir perdón o mostrar arrepentimiento, sino de ver si el sistema político ha fallado y si al amparo de la legalidad internacional existiría una responsabilidad penal de quienes intervinieron en aquella invasión y ocupación.
El mal y el perdón y la Biblia y el Corán son mala guía para las relaciones internacionales y la responsabilidad política. En sentido contrario, la UE acaba de elaborar una estrategia de seguridad que habla de extender un mundo regido por normas, las que se saltaron en 2003.
La respuesta política más poderosa a la invasión de Irak ha sido musical, "Nanas desde el eje del mal". De ese trío de países donde se decía que vivía el demonio (también de Siria, Libia, Palestina, Cuba y Afganistán), a un noruego se le ocurrió producir una recopilación de canciones infantiles que las madres que han tenido la semilla del diablo en su vientre cantan a bebés con los tres seises en la cabeza.
¿Cuántos bebés, cuántas madres y padres ha costado las relaciones internacionales no basadas en normas?
¿Cuántas nanas no se han cantado por los 251.000 muertos documentados en Irak desde la invasión?

Sugerencias

• Lullabies From The Axis Of Evil.
• Iraq body count.
• The Iraq Inquiry.
• Commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme (Asamble Nacional francesa, 5-7-2016).
• Autopsia o venganza, por Víctor Lapuente (El País, 12-7-2016).
• El ex viceprimer ministro británico Prescott reconoce que la invasión de Irak fue ilegal (infoLibre, 10-7-2016).
• La impunidad del hombre blanco, por Lluis Bassets (El País, 10-7-2016).

Intermediarios en crisis

Columna de opinión publicada originalmente en Estrella Digital.

Tienen mala imagen, se sitúan en mitad de una cadena a la que no aportan valor y suben el precio final a costa de rebajar ingresos al resto de participantes. Desconozco en qué mejoran el producto figuras como los notarios o los registradores de la propiedad -la segunda categoría sólo la he conocido como súbdito-, si se trata de garantizar un acuerdo podría el Estado avalarlo sin coste ni subcontratación. Aunque no siempre es así.
Intermediario es quien recoge la leche en la granja y la acaba poniendo en el punto de venta cerca de mi casa, se triplica el precio pero hay que reconocer un proceso de pasteurización, envasado y transporte que quizá lo valga. El precio final de la cerveza o un perfume es fundamentalmente transporte y promoción, pura intermediación.
Otro misterio es que cuando uno acude al origen no puede comprar un litro de leche a treinta céntimos de euro, aún habiendo eliminado toda la cadena de intermediarios; en este caso el productor asume los beneficios de las fases en las que no participa. Si esto es categoría, no podemos prescindir de la cadena.
La revolución de las telecomunicaciones ha provocado una crisis casi existencial de los intermediarios -mediadores, en término más elegante- en ámbitos como la política y la comunicación.
La democracia directa o el periodismo ciudadano permiten ejercer nuestro voto inmediato en Change.org o transmitir un suceso con nuestro teléfono inteligente -acertada expresión, como la de gas natural- en cualquier momento y lugar.
Reconozcamos que ciertos cambios sociales y tecnológicos han cambiado el escenario en el que tradicionalmente se han desarrollado la política y el periodismo.
Lo que está en crisis sin embargo son modos y formas de comportarse inalteradas en cien años, es decir, estamos en crisis muchos periodistas, no el periodismo; viven al margen de la realidad a la que deben representar muchos diputados, lo que no se arregla dinamitando el Parlamento.
Volviendo al principio, la sociedad pone hoy en cuestión el papel innecesario de muchos comportamientos profesionales, no la imprescindible labor de mediación que debe ejercer un profesional de la comunicación entre lo que ocurre, su interpretación y el ciudadano que no se dedica a estas cosas.

La sociedad pone hoy en cuestión el papel innecesario de muchos comportamientos profesionales

La demagogia de quienes ni creen ni necesitan de la política, muchos en ella instalada, les lleva a utilizar el descontento ciudadano para rebajar número de diputados -empeora la representación-, eliminar incluso el sueldo de parlamentario, recortar en subvenciones y financiación de partidos o grupos parlamentarios, lo que despeja el camino para la actuación de millonarios o corruptos, a veces combinados.
En el caso del periodismo a lo anterior se une que ha crujido el modelo de negocio por el que funcionaba cualquier periódico, y las principales cabeceras han perdido un 15% de venta en papel sólo en el último año cuando vivimos el momento de la historia que más información se lee y consume.
El periodista y el político que no crean valor están condenados a la extinción, no así quien ofrezca lo que exige el ciudadano en la sociedad actual.
Uno sospecha que el futuro pasará también en estos campos por fórmulas de éxito ya comprobadas, una plataforma tecnológica ágil más el trabajo profesional del mediador y que culmina con la colaboración entusiasta del ciudadano aportando contenidos e intereses.
Algo parecido está detrás del éxito de Amazon o eBay, que ha convertido en multimillonarios a sus principales accionistas quienes, curiosamente, han dedicado su patrimonio -en una pequeña proporción- a invertir y hacerse con la propiedad, el primero, de The Washington Post, medio aparentemente tradicional; el segundo a impulsar The Intercept, medio aparentemente innovador.
El comportamiento de Jeff Bezos y Pierre Omidyar sólo puede responder a dos opciones: o les importa un carajo la rentabilidad económica del medio en el que han invertido, se conforman con la influencia; o apuestan por un nuevo modelo de periodismo y de negocio periodístico, que ya está tardando porque su irrupción en casa ajena se produjo hace ya un par de años.
Resumiendo: crisis de intermediarios obsoletos; y a seguir buscando indicios de aquéllos que puedan marcar el futuro de la política y de la comunicación, aunque probablemente ni ellos mismos lo sepan en este instante. Entre la vaca y la nube del cortado hay espacio para la innovación, incluidos los extremos de la cadena.

Sugerencias

• La difusión de la prensa en papel cae en 2015 a su nivel más bajo de los últimos 30 años (Bez, 8-2-2016).
• La banalización del periodismo, por Bernardo Díaz Nosty (Cuadernos de Periodistas, enero 2016).
• ProPublica launches world's first major news site for dark web (The Guardian, 8-1-2016).
• Rupert Murdoch, el último 'ciudadano Kane', inicia su retirada (El Mundo, 12-6-2015).
• Jeff Bezos and Pierre Omidyar: Our New-Media Media Moguls (The Atlantic, 30-10-2013).
• Why Pierre Omidyar and Jeff Bezos' Media Purchases Are Great News For Journalism (Huffington Post, 11-4-2013).
• Los límites de la transparencia, por Daniel Innerarity (El País, 22-2-2011).

El Gobierno renuncia a prevenir la radicalización

Columna de opinión publicada originalmente en Estrella Digital.

¿Se puede hacer algo antes del instante en que un terrorista comete un atentado? Algunos creemos que sí, o que al menos se puede intentar.
El Gobierno responde con silencio informativo, que en esta época equivale a actividad cero. En consecuencia: reacción policial como instrumento casi único contra el terrorismo yihadista, armas largas a la puerta de El Corte Inglés y nota de prensa.
Dos premisas: enorme volumen de información, a menudo ilocalizable, y derecho del ciudadano a conocer lo que hace su Gobierno.
Las Administraciones se han lanzado a poner en marcha portales de transparencia y canales donde solicitar información. Tras un farragoso y lento proceso de identificación, en el que se tiene que facilitar incluso una cuenta corriente, la Administración central se da a sí misma un mes de plazo para contestar a la solicitud de información de cualquier ciudadano una vez localice al departamento responsable de contestar o torear la solicitud.
En el mejor de los casos, la respuesta remite a una página web ya existente. En el peor, la Administración defrauda en sus propias expectativas.
Este columnista, en su condición de ciudadano interesado, ha preguntado utilizando el Portal de la Transparencia del Gobierno de España sobre las actuaciones desarrolladas por el Plan Estratégico Nacional de lucha contra la Radicalización Violenta que el consejo de ministros aprobó el 30 de enero de 2015. Solicitud dirigida al Ministerio del Interior y al de Justicia.
El Plan partía de un planteamiento sólido: trabajo previo a la actuación policial, prevención de comportamientos violentos, trabajo a nivel local y con colectivos vulnerables.
La terminología sin embargo no auguraba nada bueno, empezando por el propio nombre rimbombante.
En lo avanzado sobre su contenido se hablaba de "tratamiento integral del fenómeno radical islámico", integral porque afectaba a una docena de ministerios, más CNI, más Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP-, más sociedad civil.
"Se trata de un instrumento eficaz", se autodefinía el Plan en su nacimiento, lo que debería ser una valoración de su desarrollo, no una marca escrita de fábrica por quien lo elabora.
En una larga nota de prensa Moncloa explicaba hace 12 meses que el organismo directamente implicado sería una denominada Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia, la que paga las subvenciones a las comunidades religiosas.
El punto final del proceso ha sido la vuelta al punto de partida: la política contra el terrorismo yihadista del Gobierno de Mariano Rajoy parece ser exclusivamente policial, en algún momento de enero de 2015 -al calor de los atentados contra Charlie Hebdo- elaboró un papel sobre prevención de la radicalización violenta cuyo único resultado ha sido una página web -publicitada este diciembre en plena campaña electoral- donde plantear denuncias anónimas: "Stop radicalismo", se llama, "anónimo y seguro", se apellida.
Y todo con 10 años de retraso sobre la Unión Europea o Naciones Unidas, que arrancaron en 2005 un proceso bastante más serio que el Power Point de Moncloa.
El objetivo era cómo detectar e incluso prevenir la radicalización de individuos antes de que se conviertan en terroristas. Y pedagogía hacia colectivos afectados y hacia la sociedad.
Se trataría de un trabajo muy relacionado con los servicios sociales, de lucha contra la exclusión y la discriminación, la educación, el diálogo intercultural, de apoyar recursos municipales, un trabajo en cualquier caso de largo plazo, sin venta directa en prensa como la enésima fotografía de cualquier peligroso detenido por yihadismo que en el 90% de los casos no es finalmente condenado (datos de 2014).
Decía el papel aprobado por el consejo de ministros de enero de 2015 que el Gobierno iba a hacer lo siguiente:
- Diseño inmediato del primer estudio de campo a nivel nacional para conocer la situación del fenómeno de la radicalización y el extremismo violento en España y a qué colectivos afecta.
- Constitución de grupos multisectoriales de lucha contra la radicalización violenta a nivel nacional, local y provincial (el desorden geográfico procede de Moncloa).
- Protocolo de colaboración entre el Ministerio del Interior y la FEMP.
- Programas de formación integral sobre el fenómeno de la radicalización dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Administraciones públicas, colectivos vulnerables afectados y colectivos sociales, ONG y entidades de asistencia.
El Gobierno no informa ni de estudio de campo ni trabajo municipal, ni colaboración con colectivos ni formación.
Representantes acreditados de la comunidad musulmana en España han denunciado su exclusión de cualquier asunto relacionado con este Plan, en el caso de que algo se haya hecho; así como del pacto antiyihadista también sacado a pasear este mes de diciembre.
Desde el Ministerio del Interior se remite al interesado a una página web donde figura el mencionado espacio digital para denuncias anónimas.
La respuesta del Ministerio de Justicia a este columnista ha sido que "la situación de alerta que se vive en estos momentos" justifica "limitar el acceso a dicha solicitud de información", por lo que el Gobierno únicamente facilita la dirección de la página web de Moncloa que contaba el 30 de enero que se había aprobado un Plan.
"Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid".
Descanse en paz la transparencia. Descanse en paz la esperanza de que la seguridad salga de las prioridades publicitarias del Gobierno.

Sugerencias

• STOP Radicalismos, por Carola García-Calvo  (Elcano, 12-2-2016).
• Una transparencia de muy difícil acceso (El País, 6-1-2016).
• Identificar al enemigo, por Tzvetan Todorov (El País, 3-1-2016).
• Radicalización exprés: un término mediático con poca base analítica (Diagonal, 1-1-2016).
• El portal de transparencia de Cifuentes solo tiene 10 peticiones por sus fallos (El País, 28-12-2015).
• El mal nuestro de cada día, por José Luis Pardo (El País, 27-12-2015).
• El colegio belga donde estudió uno de los suicidas de París había advertido de su radicalización (ABC / EFE, 26-12-2015).
• Una segunda oportunidad para yihadistas arrepentidos (El País, 26-12-2015).
• Interior monopoliza la reacción del Estado contra la radicalización (Contextos / Estrella Digital, 20-2-2015).
• Parlamento Europeo - Informe sobre la prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas (PE, 3-11-2015).
• Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism: Strengthening the EU's Response (Enero 2014).
• Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la captación de terroristas: afrontar los factores que contribuyen a la radicalización violenta (Septiembre 2005).
• Javier Jordán, “Políticas de prevención de la radicalización violenta en Europa: elementos de interés para España”, Revista de Ciencia Penal y Criminología, No 11, (2009), pp. 1-25.

El teniente Segura lleva a los tribunales a su biógrafo

POR UN DOCUMENTAL QUE ANALIZA LAS 'TRES CORAZAS' DEL EJÉRCITO
El militar que ha denunciado corrupción en el Ejército acaba en los tribunales enfrentado al periodista que ha realizado un documental sobre sus denuncias. Le pide el secuestro de la cinta, seis mil euros y la destrucción del material utilizado

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Luis Gonzalo Segura. | Tropoeditores

El próximo 12 de marzo se celebrará en un juzgado de Madrid un encuentro inesperado: el de Luis Gonzalo Segura, el teniente del Ejército que ha revelado supuestos casos de corrupción, y Carlos Hernando, periodista que ha elaborado un documental -"El informe Segura"- sobre las peripecias del teniente y su reclamación de mayor transparencia y control sobre las Fuerzas Armadas.
El teniente ha denunciado al realizador y ha llegado a amenazar al también periodista con el Código Penal militar que critica cuando lo sufre sobre su persona, según Hernando. Del contenido de la denuncia y de las palabras del realizador se deduce una estrecha colaboración entre ambos que se rompió por diferencias económicas y de contenido.
"Él -en referencia al teniente-, que va reclamando libertad de expresión para los militares, intenta cortar la de un civil", comenta Hernando a este periódico, lo que interpreta, al menos, como "contradictorio".
El Juzgado de 1ª Instancia número 38 de Madrid admitió el pasado 23 de enero a trámite la denuncia presentada  un mes antes por Luis Gonzalo Segura basada en la vulneración de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Según el director, el teniente exigió aparecer crucificado en el documental

El militar pide en su demanda, a la que ha tenido acceso Estrella Digital, "la retirada inmediata del documental 'El informe Segura' de todos aquellos eventos en el que hubiese podido hacer partícipe el documental referido, en particular la edición de los premios Goya de 2015", también se exige el pago de 5.440 euros y que se condene al demandado a publicar la sentencia y al pago de costas. Como medidas cautelares el militar pide "el depósito de todas las copias del documental, así como todos los negativos e imágenes de archivo, grabaciones audiovisuales, grabaciones sonoras, el material documental y fonográfico" y se solicita también que "se proceda a la intervención y depósito de los ingresos obtenidos mediante la proyección" del documental en dos salas de Madrid.
En la demanda el teniente menciona un supuesto acuerdo verbal con el autor por el que recibiría un 10% de los beneficios obtenidos en taquilla y sugiere su participación como coguionista y coproductor del documental. El enfrentamiento cada vez más enconado lleva al militar a exigir en octubre la paralización del trabajo.
En su demanda Segura afirma haber pedido al director del documental que retirara imágenes y audio sin distorsionar de mandos del Ejército hablando con el teniente, tomadas con grabadora y cámara ocultas, también escenas de la vida familiar, de la prisión militar y de la huelga de hambre que realizó durante los meses que estuvo recluido en un acuartelamiento de Madrid.
La versión de Carlos Hernando es muy diferente: "el dueño de este producto audiovisual soy yo", afirma tajante, y relata a Estrella Digital un rosario de exigencias de Segura que consideró "no admisibles", entre ellas la voluntad del militar de aparecer crucificado al final de la película.
En el origen de la historia se encuentra la novela que el teniente Segura publica en 2014, "Un paso al frente", en la que se relatan casos de corrupción en el Ejército en clave de ficción. El militar ha aparecido en los meses posteriores en medios de comunicación de todo tipo denunciando la corrupción, ya no en términos de creación artística.

Director y película denuncian tres corazas que impiden aflorar la corrupción en las Fuerzas Armadas

Hernando contactó en primavera con Segura, se trabajó intensamente en el documental durante el verano, y fue en otoño cuando explota la relación entre ambos, después de la estancia en prisión del militar y una huelga de hambre de 22 días.
La trifulca entre protagonista y director del documental se sobrepone ahora sobre el propio contenido de la película, que argumenta con la participación de políticos, periodistas, juristas y catedráticos gran parte de las denuncias genéricas del teniente.
En el documental, demandante y demandado parecen coincidir en un diagnóstico: la necesidad de que las Fuerzas Armadas cuenten con canales y órganos que amparen la denuncia de corrupciones. Más en concreto, la película apunta hacia "tres corazas" que pudieran encubrir las irregularidades en el ámbito militar: una Justicia militar que se considera no objetiva y herencia de la Transición; la ineficacia de la Guardia Civil para investigar corruptelas en el seno de las Fuerzas Armadas, consecuencia de su naturaleza militar; y la ausencia de una fiscalización sobre los multimillonarios programas de armamento.
En apoyo de los argumentos mencionados aparecen en la película los diputados Irene Lozano (UPyD) y Gaspar Llamazares (Izquierda Plural), una jurídico del Ministerio de Defensa que aboga por la eliminación de la Justicia militar, un suboficial del Ejército y una agente de la Guardia Civil que cuentan haber sido represaliados por sus denuncias, representantes del Sindicato Unificado de la Policía y hasta Juan Carlos Monedero.

En la cinta aparece Monedero: 'El 23-F triunfó'

El dirigente de Podemos señala en la cinta que este caso del teniente Segura supone una "llamada de alerta de las insuficiencias de la democracia en España", y llega a afirmar que "el 23-F fue un golpe que triunfó porque buscaba disciplinar a los españoles". Critica Monedero la opacidad de la organización, la tutela militar de la Transición y la existencia de una Justicia propia.
El documental incluye también muy leves críticas sobre la estrategia seguida por el teniente Segura y su alta exposición mediática, aludiendo algunos de los intervinientes a que las denuncias pudieran haber sido realizadas con mayor éxito por otros medios.
El director del documental se reconoce "perplejo y asombrado" por la deriva de los acontecimientos. "Esto es nuevo para mí", afirma, se siente perjudicado profesionalmente por la ofensiva judicial del teniente, que ha bloqueado cualquier promoción del documental o negociación con televisiones para su difusión.
En su trayectoria como realizador de cine documental figuran piezas sobre Cuba y la oposición a Castro; una película llamada "El violinista de Auschwitz", corto de 2012 -nominado a los Goya- que cuenta la historia de un judío sefardí que pudo salvar la vida en ese campo de exterminio. Su próximo proyecto, un documental sobre el primer preso del IRA que ha pedido perdón a sus víctimas.

Sugerencias

• Morenés renuncia al poder de nombrar jueces militares (El País, 22-2-2015).
• El Ejército vuelve a arrestar al teniente Luis Gonzalo Segura (Estrella Digital, 19-11-2014).
• El "miedo" del Ejército al teniente Luis Gonzalo Segura (Estrella Digital, 19-9-2014).
• El teniente Luis Gonzalo Segura pone fin a la huelga de hambre (Estrella Digital, 8-8-2014).
• Defensa acusa al teniente Segura de faltas graves (Estrella Digital, 20-7-2014).
• Luis Gonzalo Segura podría enfrentarse a seis años de prisión (Estrella Digital, 1-7-2014).
• Luis Gonzalo Segura pide amparo a Felipe VI (Estrella Digital, 30-6-2014).
• "El Ejército es un sistema de castas" (Estrella Digital, 21-4-2014).

El jefe operativo de los Ejércitos cobra 50.000 euros más que su ministro

Pedro Morenés trabaja con cuatro decenas de altos cargos en el Ministerio de Defensa que superan con creces su nómina. La Moncloa detalla los salarios de 44 altos cargos del Ministerio de Defensa, y Morenés es el que menos cobra de todos ellos

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Pantallazo de la web del Ministerio de Defensa, sección 'Quién es quién'.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, recibe un salario anual de 68.981 euros, según los datos ofrecidos este miércoles en abierto por el nuevo Portal de la Transparencia del Gobierno de España.
El sueldo no está nada mal, si no se compara con sus más estrechos colaboradores, porque el ministro de Defensa es el que menos cobra de todos los altos cargos del Ministerio.
La Moncloa detalla los salarios de 44 altos cargos del Ministerio de Defensa, y Morenés es el que tiene la nómina más reducida.
Resulta sorprendente que el jefe de Estado Mayor de la Defensa -JEMAD, almirante general Fernando García Sánchez, el mando operativo de los ejércitos, cobra un salario de 119.251 euros, 50.000 más que su ministro, y no es quien encabeza el listado de los mejores remunerados de la Defensa.
El primer lugar, a gran diferencia del resto, es para el representante militar ante los comités militares de la OTAN y de la UE, el teniente general Ángel Mazo Dapena, con 181.770 euros, en este caso 127.000 euros más que el ministro de Defensa.
Del equipo directo del ministro, el secretario de Estado de Defensa, cargo que ocupa Pedro Argüelles, cobra 111.077 euros, 43.000 euros más que el ministro. Argüelles es el miembro de todo el Gobierno que cuenta con un mayor patrimonio personal, de más de 18 millones de euros, según información conocida por las declaraciones de bienes que todos los altos cargos están obligados a presentar.
Siguiendo con la cúpula ministerial, la actual subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña, cobra 100.567 euros anuales; y el secretario general de Política de Defensa, Alejandro Enrique Alvargonzález San Martín, recibe 100.811 euros.
Por su parte, los jefes de Estado Mayor de los ejércitos y de la Armada cobran cada uno algo más de 95.000 euros anuales.
Con todo, decenas de altos cargos del ministerio de Defensa cobran más que el ministro, y ahí entran directores generales (por encima de los 80.000 euros) o segundos niveles de los ejércitos (entre 75 y 80.000 euros de media).

Óscar Mariné, Painted words.

En la información que facilita Moncloa como ejercicio de transparencia, los sueldos indican los trienios que acumula cada uno de los altos cargos. En el caso del Ministerio de Defensa, con gran número de militares y oficiales generales ocupando cargos de responsabilidad política, se da la circunstancia de que cuentan con hasta 13 y 14 trienios, que eleva sus retribuciones sensiblemente como consecuencia de su larga trayectoria al servicio de la Administración pública.
Este es el caso, por ejemplo, del director del Gabinete del Ministro, el almirante Javier Pery Paredes, con un sueldo de 90.413 euros y 14 trienios; o el del director del Cesedén, teniente general Alfonso de la Rosa Morena, que ingresa todos los años 85.772 euros.
Al margen de los anteriores están los responsables de los organismos públicos adscritos. En este caso el director del instituto de investigación INTA cobra alrededor de 95.000 euros al año, el del INVIED (vivienda y patrimonio inmobiliario de Defensa) 72.000, y el del ISFAS (especie de Seguridad Social), 81.000 euros.
Otro apartado, con retribuciones considerablemente más altas que las anteriores, lo ocuparían los directivos de empresas públicas o participadas mayoritariamente por el Estado, como Isdefe, Hisdesat, Navantia e incluso Indra, tema que merece su propio artículo.

Sugerencias

• Portal de la Transparencia del Gobierno de España.
• Rajoy y Soraya ganan en torno a 30.000 euros menos que sus jefes de Gabinete (Estrella Digital, 10-12-2014).
• Sánchez (PSOE): que nadie cobre más que el presidente (Estrella Digital, 10-12-2014).
• El Gobierno pone en marcha el Portal de la Transparencia (Estrella Digital, 10-12-2014).

Tropas a Irak: el Congreso autoriza sin debate

Una década después de la invasión del país, el Gobierno consigue sin dar muchas explicaciones el permiso del Congreso casi por unanimidad para enviar 300 militares españoles a Irak 

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Militares españoles en Irak en 2003 (Foto: Ministerio de Defensa).

Una intervención de un cuarto de hora escaso ha bastado al ministro de Defensa para conseguir la autorización del Congreso al envío de tropas a Irak: 313 votos a favor, 11 en contra y 14 abstenciones (las dos últimas de Izquierda Plural y Grupo Mixto).
Pedro Morenés no ha aportado apenas detalles a la nota del Consejo de Ministros que aprobó la decisión el pasado 10 de octubre, en la que además respondió a algunas preguntas en la comparecencia de prensa posterior. La Ley de Defensa de 2005 obliga al Gobierno a cumplir el trámite de pasar por el Parlamento.
España enviará un contingente de 300 militares en el marco de la coalición internacional de lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico en la que participan 22 países aportando capacidades a distinto nivel.
El contingente español se repartirá entre una veintena de oficiales en los cuarteles generales en lugar aún por definir, una unidad de operaciones especiales con 96 militares para adiestramiento del ejército iraquí, otros 95 instruirán por su parte contra artefactos explosivos improvisados y desminado, campos donde España tiene experiencia; más otros 80 dedicados a mando y control, inteligencia y protección de los anteriores.
La información adicional aportada por el ministro es que el envío se producirá hacia finales de año o principios de 2015 y que se instalarán en suelo iraquí (“desarrollarán su labor en y para Irak”), porque existían dudas sobre su localización por la violencia diaria que vive el país. Se presupone que se ubicarán al sur, teniendo en cuenta que el norte de Irak está parcialmente ocupado por el Estado Islámico y los coches bomba castigan la misma capital Bagdad, con más de 200 muertos en una semana.
Morenés ha indicado también que se calcula un coste de 35 millones de euros para los primeros seis meses, con el despliegue incluido.
El ministro de Defensa no ha contestado a ninguna de las dudas y cuestiones planteadas por los grupos de la oposición, se ha limitado a coger el micrófono al final desde su escaño durante 20 segundos, en los que ha señalado que “no puedo informar de lo que desconozco”, lo que indica que la operación aún tiene muchos flecos por cerrar. Ante la ausencia de réplicas, lo sucedido este miércoles en el Congreso no se puede calificar de debate, sino una sucesión de intervenciones.
Todos los diputados que han tomado la palabra, excepto la portavoz del Grupo Popular, han hecho referencia a la invasión de Irak en 2003 como una de las causas principales del actual caos iraquí.
Aunque hace dos viernes Morenés señalaba que no tenía temor a la comparación de este envío de tropas con el del Gobierno Aznar (“ninguno”, dijo), sí ha mostrado interés especial en destacar la legitimidad del actual envío de tropas: la petición expresa del Gobierno iraquí a Naciones Unidas con dos cartas, las resoluciones 2169 (de julio) y 2170 (de agosto) del Consejo de Seguridad, la segunda enmarcada en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, que contempla el uso de la fuerza; más una resolución del Parlamento Europeo del 18 de septiembre.
El ministro ha hecho alusión a que Irak es un país que no conoce la estabilidad desde 2003 y que se retiró el apoyo militar internacional demasiado pronto, en referencia no clara a la retirada de Estados Unidos a finales de 2011 o a la española en 2004.
En relación con el grupo terrorista Estado Islámico, Morenés si ha concretado la peligrosidad, hablando de genocidio y una cuádruple amenaza: la desestabilización de todo Oriente Próximo y Medio, la principal reserva energética del planeta; la posible expansión por todo el Mediterráneo y África; el peligro de ciudadanos occidentales combatientes que regresen a su país de origen a cometer atentados; y la amenaza directa sobre España y el sistema de derechos y libertades que disfrutamos.
Ha indicado también la extensión de esta nueva amenaza autodenominada Estado Islámico, que según su interpretación ambiciona conquistar desde Islamabad (Pakistán) a Dakar (Senegal), y desde Estocolmo (Suecia) a Bangui (República Centroafricana), con lo que el ministro ha dibujado un área que abarca tres continentes y 81 millones de kilómetros cuadrados (el equivalente a 160 veces España).
Las dudas no aclaradas por el Gobierno han girado en torno al uso de las bases de Morón y Rota por Estados Unidos, la estrategia a largo plazo en Irak de la coalición internacional, militar y política; se ha pedido un mayor compromiso español en ayuda humanitaria; se ha preguntado sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas en esta época de recortes presupuestarios.
El portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, ha mostrado el apoyo de su grupo al despliegue, siempre que no realicen acciones de combate, descartadas por el ministro. El diputado ha insistido en la necesidad de evitar la identificación de este terrorismo con 1.600 millones de musulmanes; y ha reclamado a la coalición una estrategia política que ayude a medio plazo a resolver el conflicto. López Garrido ha mencionado a Rusia e Irán como dos países que habría incorporar a la alianza contra el grupo terrorista.

Encuentro entre Pedro Morenés y Chuck Hagel en el
Pentágono el 18 de octubre (Foto: Ministerio de Defensa).

El portavoz ha pedido al ministro el compromiso de acudir al Parlamento regularmente para informar sobre el desarrollo de la misión y ha solicitado también información sobre los acuerdos alcanzados por Estados Unidos para incrementar la utilización de las bases de Morón y Rota para esta operación y también en la lucha contra el ébola, cuestiones todas que han quedado sin respuesta.
El ministro realizó la semana pasada una gira por Estados Unidos que le llevó al cuartel general de la coalición en Tampa (Florida) y permitió una entrevista con el secretario de Defensa norteamericano.
En la nota del Pentágono que hacía referencia a la reunión entre los dos ministros, el secretario Hagel agradecía a Morenés “la hospitalidad continuada (de España) al acoger a las fuerzas armadas de Estados Unidos y a sus familias en Morón y Rota”, se valoraba también el apoyo español en sus esfuerzos contra el ébola en el oeste de África, que implícitamente hace referencia también a un mayor uso de las bases. Finalmente, el departamento de Defensa de EE.UU. agradecía, sin detalles, la intención de España de participar en la coalición contra el ISIL, como se refieren los anglosajones y casi siempre el ministro al grupo Estado Islámico.
Con ésta de Irak, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha aprobado, y el Congreso autorizado, cinco misiones. En la actualidad España tiene 1.816 militares en el exterior, principalmente en Líbano, Afganistán, Somalia, Malí (con un destacamento aéreo de apoyo en Senegal) y República Centroafricana (con otro destacamento aéreo en Gabón).
En la sesión parlamentaria de este miércoles ha estado presente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, hablando casi constantemente por teléfono y de charla intermitente con el director del Gabinete del Presidente, Jorge Moragas.
García Margallo es de los pocos que se ha quedado en el hemiciclo tras finalizar el debate previo, dedicado a los Presupuestos Generales del Estado de 2015, con todos los escaños y el Gobierno al completo que en cuestión de minutos se ha vaciado hasta el 20% del aforo, y al final han regresado todos de nuevo para votar. Las conversaciones, rumores, subidas y bajadas de los diputados hacían difícil en ocasiones escuchar al que tenía la palabra, que parecía dirigirse al Diario de Sesiones más que a los escasos y dispersos presentes en la sala.
Las últimas intervenciones del debate de presupuestos hablaban de levantar a un país de sus cenizas, tarea realmente difícil, en opinión del portavoz del Grupo Popular, diputado Gallego. El ministro Montoro cerró su intervención haciendo referencia a “la salida de esta crisis económica que estamos superando, tras años de una durísima travesía del desierto”, y presumía de ser “hoy líderes en el crecimiento económico y la creación de empleo” a nivel internacional. Se referían a España.

Sugerencias

• España vuelve a Irak (Estrella Digital, 12-10-2014).
• Regreso a Irak, firmado por GEES (Libertad Digital, 22-10-2014).