lunes, 8 de mayo de 2023

Respuesta a la desinformación desde la UE y España



Este mes de abril de 2023 ha visto la luz la publicación colectiva del Movimiento Europeo en España, dirigida por Francisco Aldecoa y Mercedes Guinea, dedicada a la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea 2023. Propuestas desde la sociedad civil, obra publicada en la editorial Catarata.
Agradezco la oportunidad de haber podido participar en esta compilación de análisis y ensayos con un capítulo titulado "Avances en España y la UE sobre desinformación y regulación de plataformas digitales entre las elecciones al Parlamento europeo de 2019 y 2024. Propuestas de actuación durante la Presidencia española del consejo de la UE".
Comparto capítulo del que soy autor, en esta entrada la introducción y las conclusiones, y en este enlace el texto completo.



LA DESINFORMADA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Durante la legislatura 2019-2024 la Unión Europea, desde sus instituciones y organismos, y también los Estados miembros como España, han enfocado la desinformación como un ámbito prioritario, principalmente desde la perspectiva de la seguridad y como injerencia externa, y se ha aprobado normativa y actuaciones que sobrepasan esa perspectiva y afectan a campos como la regulación de las plataformas digitales, la protección de las libertades públicas o de los medios de comunicación tradicionales. 
La diversidad de iniciativas y la aparente dispersión y fragmentación dificulta su encuadre y comprensión, una visión global de la comunicación y la desinformación que es el objetivo de este artículo con el horizonte de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023 y las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.
Partiendo de un punto abstracto y filosófico, “las informaciones falsas, a diferencia de la información equivocada o insuficiente, en la medida en que son intencionalmente producidas, erosionan ese recurso escaso de la sociedad democrática que es la confianza. La confianza es un bien común al que no dañan el error y la equivocación, pero sí la falsedad manufacturada”; aunque “no es únicamente un problema de malvados desinformadores, sino sobre todo de confusos buscadores de información”. Corresponde la reflexión y la frase del epígrafe a Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política .
En la actividad política que busca el equilibrio entre intereses, entre lo público y lo privado, la perspectiva es diferente, si bien el diagnóstico y la preocupación pueden ser compartidas.
Los ciudadanos europeos y españoles afrontamos un problema de calidad democrática, con múltiples variables que conectan con la amplia circulación de materiales falsificados, no siempre informativos, casi siempre de entretenimiento; problema relacionado con la desinformación, la comunicación, las injerencias extranjeras, la regulación de las plataformas digitales, la alfabetización mediática, la crisis de negocio de los medios de comunicación tradicionales, la publicidad digital, la precarización de la profesión periodística, la extensión del populismo y la crispación como estrategia política/mediática racional, la crisis de los intermediarios, el desprecio hacia la política, la influencia de las redes sociales sobre el negocio periodístico, de la tecnología sobre la forma de comunicar, la sobreexposición informativa, la búsqueda de un beneficio económico con la desinformación…
Sobre todo ello -principalmente sobre desinformación y comunicación- han pretendido actuar las instituciones europeas con especial intensidad en la actual legislatura 2019-2024: han sido aprobados informes, resoluciones, normativa, estrategias, por parte de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, del Tribunal de Cuentas Europeo, del Consejo Económico y Social, del Servicio Europeo de Acción Exterior, de los Estados miembros como España, abundancia de materiales y emisores que dificulta la percepción del problema y la orientación de la respuesta.
Desde el punto de vista de mayor presencia pública, la desinformación se ha encuadrado preferentemente como cíber amenaza exterior, un problema de seguridad omnipotente, con la capacidad de poner en riesgo nuestra democracia y hasta el resultado de las elecciones. La realidad es mucho más diversa, compleja y más interesante.
Por centrar cronológicamente los esfuerzos hay que remontarse a 2016, cuando bréxit y Trump, momento en el que se encienden todas las alarmas en la comunidad internacional, en la Unión Europea y en los países miembros sobre la desinformación. El motivo: el referéndum convocado por el primer ministro británico David Cameron (junio), y perdido; y dos, la campaña presidencial en Estados Unidos (noviembre), las técnicas, recursos y hasta la injerencia extranjera en favor del finalmente ganador Donald Trump.
La Unión Europea viene combatiendo activamente la desinformación desde 2015. Tras una Decisión del Consejo Europeo, y a fin de “contrarrestar las actuales campañas de desinformación de Rusia”, se creó el Grupo de Trabajo East StratCom, adjunto al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). 
En abril de 2018, la Comisión esbozó un enfoque europeo y algunas herramientas autorreguladoras para combatir la desinformación en la red. El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 28 de junio de 2018, invitó a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a la Comisión a que presentaran un plan de acción con propuestas específicas para ofrecer una respuesta coordinada a la desinformación. El Plan de Acción de la Unión Europea contra la desinformación, presentado el 5 de diciembre de 2018, incluye diez acciones específicas basadas en cuatro áreas prioritarias, y consolida los esfuerzos de la Unión para hacer frente a la desinformación; con un enfoque que implicaba a toda la sociedad en el refuerzo de la cooperación entre agentes clave como las autoridades públicas, los periodistas, los investigadores, los verificadores de datos, las plataformas en línea y la sociedad civil.
Un importante elemento del Plan de acción de 2018 consistía en instar a las plataformas a que aplicasen el Código autorregulado de buenas prácticas contra la desinformación. En octubre de 2018, firmaron el código de buenas prácticas Facebook, Google, Twitter y Mozilla, en breve se sumó Microsoft, así como las asociaciones comerciales que representan a las plataformas en línea, a la industria publicitaria y a los anunciantes. 
En marzo de 2019 se creó un Sistema de Alerta Rápida para poner en contacto a los expertos en materia de desinformación de las instituciones de la UE con los de los Estados miembros y facilitar la comunicación entre organismos oficiales de análisis y mejores prácticas sobre aspectos como la comunicación proactiva y la eficacia en la respuesta. Otro elemento esencial del Plan de acción era el incremento de la cooperación internacional, como la enmarcada en el G7 y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
Tenemos por tanto fechados en 2018 la Comunicación sobre la lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo; el Plan de acción en materia de desinformación, que tiene por objeto reforzar la capacidad y la cooperación de la UE en la lucha contra la desinformación; más el Código de buenas prácticas en materia de desinformación, la primera vez en todo el mundo que la industria ha acordado, de forma voluntaria, normas de autorregulación para luchar contra la desinformación. 
Después de esos pilares fundacionales han  llegado el Plan de Acción para la Democracia Europea, un informe crítico del Tribunal de Cuentas; una ponencia específica en el Parlamento Europeo con su informe correspondiente de recomendaciones; varias iniciativas legislativas, no concluidas a febrero de 2023, sobre medios de comunicación y publicidad política; se ha legislado a nivel comunitario sobre mercados y servicios digitales; se ha aprobado un nuevo código de conducta reforzado con las plataformas digitales; y como marco político ha llegado la pandemia del covid-19, la invasión de Ucrania y se acercan las próximas elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2024.
Desde España cabría citar la aprobación de un Protocolo de actuación interno que conecta al Gobierno con Bruselas en materia de desinformación; el protagonismo del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno en la creación de un grupo de trabajo, la publicación de un informe y el compromiso de elaborar una estrategia nacional contra la desinformación, aún no nacida; más una ponencia sobre desinformación en la comisión mixta de Seguridad Nacional.
Finalicemos el comienzo con la definición ortodoxa de la desinformación elaborada por los documentos europeos y mayoritariamente aceptada: “La desinformación se define como información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público. El perjuicio público comprende amenazas contra los procesos democráticos políticos y de elaboración de políticas, así como contra los bienes públicos, como la protección de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos de la UE. La desinformación no incluye los errores de información, la sátira y la parodia ni las noticias y los comentarios claramente identificados como partidistas” (...).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

“La sociedad del desconocimiento”, titula Daniel Innerarity el ensayo origen de la cita que abre este texto, no en un sentido negativo sino con el propósito de entender que en la sociedad actual la gestión del conocimiento es clave, para instituciones públicas y también entidades privadas, y que incluso se requiere la implicación del ciudadano interesado en la calidad de su dieta informativa.
Señala Innerarity en su obra que “en una democracia el combate contra la falsedad sólo puede llevarse a cabo en un entorno de pluralismo garantizado (…). Una democracia es un sistema de organización de la sociedad que no está especialmente interesado en que resplandezca la verdad, sino en beneficiarse de la libertad de opinar (…). Protejámonos de los instrumentos a través de los cuales pretendemos protegernos frente a la mentira”. 
El conflicto de Ucrania; las elecciones municipales, autonómicas y generales en España previstas para 2023, más las elecciones al Parlamento Europeo en 2024 son factores que promoverán el debate y actuaciones relacionadas con la desinformación, y la alarma sobre su peligrosidad.
La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 sin duda desarrollará sus actividades en este marco. Circula el tópico en el mundo diplomático que desde el Tratado de Lisboa, en vigor desde 2009, este tipo de presidencias rotatorias más que dirigir el tren tienen el papel de un jefe de estación, es decir, regular el tráfico, establecen la agenda, dirigen reuniones, concentran el foco internacional y nacional, buscan acuerdos, y en el caso español tendrá además la responsabilidad de impulsar la conclusión de expedientes o proyectos legislativos en trámite al ser final de legislatura, así como colocar ciertos temas para la próxima Comisión que surja tras las elecciones de 2024.
En este sentido se aportan a continuación algunas conclusiones y recomendaciones fruto del camino recorrido desde 2018 por la Unión Europea y España en la lucha contra la desinformación. De normas y actuaciones referidas en los últimos años, se puede concluir:
  • El enfoque en seguridad y de origen externo a la UE y la solución tecnológica copan el tratamiento de la desinformación y las actuaciones emprendidas. 
  • Las elecciones de 2019 no confirmaron las expectativas alarmistas. El presupuesto disperso de la UE contra la desinformación (en torno a 10 millones de euros anuales) tampoco es proporcional a la peligrosidad declarada de la amenaza.
  • En la respuesta a la desinformación, han adquirido protagonismo los verificadores de información (fact checkers), de utilidad para una primera respuesta; mientras que las actuaciones de largo recorrido, como campañas de alfabetización mediática, digital e informacional, avanzan muy lentamente y con alcance muy limitado.
  • Gran parte de las iniciativas sobre desinformación en la UE se corresponde con mecanismos de contacto e información entre Gobiernos y organismos comunitarios, sin repercusión sobre el ciudadano, se habla sobre desinformación, pero no se ofrecen herramientas. Proliferan las iniciativas sin repercusión pública alguna.
  • El tratamiento de la desinformación desatiende su carácter nacional en la mayor parte de las ocasiones, como origen o colaborador necesario en su difusión; y factores que la alimentan como el populismo como estrategia política y la desintermediación, el desprestigio del periodismo, de la política y de las instituciones.
  • Los medios de comunicación tradicionales privados han visto como ha desaparecido su modelo de negocio con la publicidad en manos de las plataformas digitales. La respuesta mayoritaria ha sido la reducción de la calidad, la precarización de plantillas y la búsqueda de contenidos viralizables o viralizados de rápida elaboración.
  • Entre los temas objeto de campañas de desinformación destacan la igualdad, el feminismo y la inmigración, asuntos no contemplados por un enfoque en la respuesta exclusivamente securitario y de origen externo. La desigualdad abona el terreno para que germine la desinformación.
  • Existe una colaboración de cogobernanza entre la UE y las grandes plataformas, reforzada desde la aprobación de las leyes de mercados y servicios digitales. Las medidas fruto de esta colaboración y de las leyes afectan a la circulación física de la desinformación (bots, cuentas falsas, protección de datos) más que a la naturaleza de la información, donde se entraría en la censura de contenidos incompatible con un sistema democrático.
Algunas recomendaciones de actuación:
  • La desinformación es un fenómeno que se combate con información de calidad y transparencia.
  • Sería deseable impulsar la elaboración en España de la comprometida Estrategia de lucha contra la desinformación, que sobrepase el ámbito de la seguridad y la injerencia exterior y contemple otros elementos también como la economía de la desinformación, la alfabetización mediática, informacional y digital, la comunicación, la educación, la calidad democrática y el origen y recorrido nacional de muchas de las campañas..
  • Fomentar a nivel español y europeo la investigación académica y tecnológica de dos facetas poco desarrolladas: la influencia real de las campañas de desinformación sobre la opinión pública, incluida la intención de voto (análisis cualitativo más que cuantitativo); y el origen de las campañas de desinformación por canales digitales.
  • Culminar los procedimientos parlamentarios en marcha en el Parlamento Europeo, como la normativa referida a medios de comunicación; y a publicidad política.
  • Impulsar los medios de comunicación públicos para contribuir a fortalecer una opinión pública europea, fomentando la presencia de temas europeos y sobre desinformación.
  • Máxima vigilancia contra medidas restrictivas a la libertad de opinión, que vulnerarían el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
  • Establecer la máxima coordinación, seguimiento y evaluación de las diferentes actuaciones puestas en marcha por instituciones y organismos de la Unión Europea sobre desinformación.
  • De cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, presentar en positivo la participación, la información y el debate como derechos del ciudadano, más que un motivo de amenaza por parte de potencias extranjeras omnipotentes hacia un ciudadano indefenso.
  • En coordinación o inspiración con la UNESCO, elaboración de materiales prácticos para periodistas, formadores y ciudadanos, que contribuyan a comprender el fenómeno de la desinformación y responder. Cubrir carencias de formación y análisis.
  • Eliminar la limitación de publicación de encuestas excepto el día de reflexión y votación.
  • Teniendo en cuenta lo sucedido en países como EEUU o Brasil, donde se han puesto en duda los resultados electorales, se requiere máxima información y transparencia sobre el sistema electoral y el escrutinio.
  • Fomentar la difusión de iniciativas y materiales de utilidad para el ciudadano, más allá de los grupos de especialistas o de contacto entre Gobiernos. La fragmentación de iniciativas también dificulta la comprensión del fenómeno de la desinformación. El objetivo debe ser capacitar a la sociedad civil.
  • El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (Joint Research Centre, JRC), con sede en Sevilla, ha elaborado excelentes documentos sobre desinformación , su labor podría potenciarse en los ámbitos pendientes de desarrollo detectados.


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miércoles, 19 de abril de 2023

Israel-Palestina, un único Estado de hecho

Israel ha vivido en los últimos meses dos procesos políticamente relevantes: las elecciones parlamentarias celebradas en noviembre de 2022, que han facilitado el Gobierno más extremo y ultranacionalista de su historia; y la movilización popular masiva contra la reforma de la Justicia con manifestaciones constantes de cientos de miles de israelíes desde este enero de 2023.

En ambos casos se podría encontrar una ausencia muy presente, utilizando un oxímoron, figura retórica de moda que define expresiones contradictorias como muerto viviente o silencio atronador: no hay palestinos; no fue un tema importante en la campaña electoral, en los programas políticos, ni está presente en el multitudinario movimiento de rechazo a Netanyahu. Siguiendo con otras expresiones, cabría pensar en el elefante en la habitación, como los anglosajones aluden a un tema omnipresente e incómodo al tiempo, que lleva a aparentar ignorarlo.

"Israel será un país judío o un país democrático, ambas opciones son incompatibles", vaticinaba recientemente un diplomático español destinado en Oriente Próximo. Por mucho que se utilice el carácter tecnológico innovador de Israel -Start up nation- o el paraíso gay de algunas zonas del territorio, la deriva política apunta hacia una concepción exclusivamente judía del país, una confesionalidad creciente del Estado al tiempo que se va reduciendo el marco democrático. 

Los responsables políticos israelíes trabajan para fijar una situación de anexión de facto que sea irreversible, con varias categorías de ciudadanos y derechos, objetivo logrado ya hace años, un nivel de violencia soportable por los propios palestinos y la comunidad internacional, situación perfectamente posible aunque incompatible con las reglas de un Estado de derecho y la democracia: mismos derechos para toda la población, separación de poderes, y entre Iglesia y Estado.

El futuro en paz y de progreso de Israel-Palestina está condicionado a una salida democrática a la situación de discriminación colonial de los palestinos, hoy divididos dentro de las fronteras del Estado de Israel de 1948 -20% de la población-; en los llamados territorios ocupados en 1967 de Jerusalén, Gaza y Golán, donde ya se han instalado ilegalmente 600.000 colonos judíos en asentamientos; más los palestinos de la diáspora, especialmente en Líbano y Jordania. La fragmentación geográfica y legal de los palestinos es otro objetivo largamente perseguido y también culminado.

Es una ficción desligar la iniciativa tecnológica israelí, la competencia militar (continuos ataques sobre suelo sirio desde hace una década; capacidad nuclear), es una ficción desligar un futuro prometedor para Israel de la ocupación colonial de los palestinos.

En el primer cuatrimestre de 2023, más de cien palestinos y una decena de israelíes judíos han sido asesinados o han fallecido en circunstancias violentas, un conflicto cuya desproporción de víctimas no ilustra convenientemente la desproporción de contendientes, que no son equiparables ni permiten equidistancia posible: existe una situación colonial de fuerza y una población colonizada.

Se cumplen este mes de mayo 75 años de la Nakba (catástrofe, en árabe), que son los transcurridos desde la fundación del Estado de Israel en 1948 y la operación que se hubiera llamado entonces de limpieza étnica si hubiera existido la etiqueta, que desplazó 800.000 palestinos, muy bien estudiado incluso por la historiografía israelí;  y se cumplen también 30 años de los acuerdos de Oslo que establecieron la solución de dos Estados vecinos.

Provocaciones, víctimas, violencia durante tres cuartos de siglo, podrían alimentar el argumento de la historia interminable y el conflicto irresoluble, y nada más lejos de la realidad, todo indica que la situación es cualquier cosa menos estable, y circunstancias bien recientes han venido a alterar el panorama. El larguísimo aunque no eterno conflicto ha sido posible por una serie continuada de decisiones políticas y de violaciones a la legalidad internacional permitidas, decisiones próximas que pueden continuar en la misma línea o en otra. Al menos, el marco político y social está en permanente cambio, y acelerado en las últimas fechas, como lo pueden mostrar las referencias siguientes.

En gran parte del mundo se está produciendo últimamente una revisión del colonialismo, que afecta en lo simbólico a estatuas conmemorativas y a fondos de museos, lejos ya de visiones imperiales o fantasías civilizatorias. Existe ya el suficiente margen temporal para que colonizadores y colonizados realicen un nuevo acercamiento más científico que nacionalista al fenómeno. Y la excepción es el denominado por los especialistas 'colonialismo de asentamiento' que se sigue practicando en Israel en 2023. En este sentido cabría decir que los tiempos se mueven más hacia una relectura histórica del colonialismo pasado que a una práctica del colonialismo futuro.

Se puede aplicar además la máxima confirmada en gran parte de los países de Europa que la violencia colonial acaba pasando factura al colonizador, se vivió en España con la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923, el golpe de Estado de 1936, la guerra civil que provocó y la dictadura de Franco; se vivió en Francia metrópoli con las soluciones militares varias y los golpes de Estado de los primeros 60. Se puede interpretar que la violencia colonial israelí acabará afectando, si no lo está haciendo ya, a los hoy ciudadanos israelíes, al discrepante, a los moderados, al cristiano, a los no ultraortodoxos ultranacionalistas (existen también ultraortodoxos no ultranacionalistas).

Shlomo Ben Ami, quien fuera ministro israelí de Asuntos Exteriores y antes embajador en España, ha descrito en varias ocasiones la situación política y social de su país (de adulto, nació en Tánger) como sudafricana, sin llegar a abogar por una solución al conflicto también sudafricana, que sería un único Estado con ciudadanos iguales en derechos fundamentales, sociales y políticos.
Con los matices que imponen historia y realidades diferentes, el sistema de discriminación institucional conocido como apartheid define en buena medida la situación en Israel-Palestina, así lo han reconocido y documentado organizaciones de defensa de los derechos humanos locales y otras de trayectoria poco discutible como Amnistía Internacional (informe de febrero de 2022, 'El apartheid israelí contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad') o Human Rights Watch ('Las prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y persecución', informe de abril de 2021, original en inglés).
Cabría recordar que la hoy de actualidad, por la invasión de Ucrania, Corte Penal Internacional incluyó en 1998, en el Estatuto de Roma, el “crimen de apartheid” entre los crímenes de lesa humanidad (artículo 7).
La equiparación del supremacismo estilo apartheid con la situación en Israel-Palestina ha superado hace tiempo y con creces los círculos de kufiyya palestina y pipa de agua; así como es destacable el alcance internacional del movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS), que trabaja para terminar con el apoyo internacional a la opresión de los palestinos por parte de Israel y presionar para que cumpla con el derecho internacional.
Otro cambio de escenario se refiere a los Acuerdos de Abraham, patrocinados en septiembre de 2020 por Donald Trump como presidente de EEUU, y por su yerno, que han permitido estrechar relaciones diplomáticas y políticas, o aflorar las que se mantenían en la discreción de las élites y la seguridad, de Israel con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán. Lejos de las declaraciones grandilocuentes de los comunicados, y del indudable logro de haber conseguido desligar el conflicto palestino de las relaciones de Israel con algunos países árabes, el proceso languidece desde la salida del Gobierno de Trump, ante la indiferencia de las opiniones públicas árabes (más allá de alguna bandera en el Mundial de fútbol de Qátar) y con Arabia Saudí más lejos cada día de firmar el comunicado.
Otro elemento novedoso afecta precisamente al segundo mayor importador de armas del mundo, Arabia Saudí, que anunció a comienzos de marzo el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Irán, rotas desde 2016, acuerdo que para sorpresa generalizada se ha producido con la mediación de China.
El acuerdo desactiva el más poderoso pegamento de seguridad que ha unido durante años a socios de conveniencia en contra de Teherán; y los pasos posteriores al anuncio revelan la voluntad de ambas partes de avanzar hacia una nueva situación, lo que tiene efectos directos sobre la guerra civil yemení, como el intercambio de un millar de prisioneros a mediados de abril. 
Un último y no menor cambio de guion afecta a Estados Unidos, probablemente más a la ciudadanía, a la sociedad civil, a la opinión pública y publicada que a su Gobierno, teniendo en cuenta además que la historia demuestra que Israel es un asunto de política interior norteamericana y se acentuará este carácter según se vayan acercando las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Se detectan cambios y así se puede interpretar un reciente y largo análisis publicado en la revista Foreign Affairs, con su siglo de historia a la espaldas y referencia internacional, titulado  "La realidad de un solo estado de Israel. Es hora de renunciar a la solución de dos Estados" (enlace a original en inglés, publicado el 14 de abril).

Firmado por cuatro especialistas en Relaciones Internacionales de las universidades norteamericanas George Washington y Maryland, el texto señala que "el estatus temporal de 'ocupación' de los territorios palestinos es ahora una condición permanente en la que un Estado gobernado por un grupo de personas gobierna sobre otro grupo de personas".

Para los autores, el proceso de paz de Oslo "terminó hace mucho tiempo. Ya es hora de lidiar con lo que significa la realidad de un solo Estado para la política y el análisis. Palestina no es un Estado en espera, e Israel no es un Estado democrático que ocupa accidentalmente territorio palestino". 

Añade el muy recomendable análisis de Foreign Affairs que "todo el territorio al oeste del río Jordán ha constituido durante mucho tiempo un solo Estado bajo el dominio israelí, donde la tierra y la gente están sujetas a regímenes legales radicalmente diferentes, y los palestinos son tratados permanentemente como una casta inferior. Los políticos y analistas que ignoren esta realidad de un solo Estado estarán condenados al fracaso y la irrelevancia, haciendo poco más que proporcionar una cortina de humo para el afianzamiento del statu quo".

Defienden estos analistas que "un acuerdo de un solo Estado no es una posibilidad futura; ya existe. Entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, un Estado controla la entrada y salida de personas y bienes, supervisa la seguridad y tiene la capacidad de imponer sus decisiones, leyes y políticas a millones de personas sin su consentimiento"; sin embargo, añaden, "obligada a elegir entre la identidad judía de Israel y la democracia liberal, Israel ha elegido la primera. Se ha encerrado en un sistema de supremacía judía, en el que los no judíos son estructuralmente discriminados o excluidos en un esquema escalonado: algunos no judíos tienen la mayoría, pero no todos, los derechos que tienen los judíos, mientras que la mayoría de los no judíos viven bajo severa segregación, separación y dominación".

Recuerda el artículo que la ley aprobada en 2018 define a Israel como “el Estado-nación del pueblo judío” y sostiene que “el ejercicio del derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío”; no menciona la democracia o la igualdad para los ciudadanos no judíos.

Dejando aparte el análisis de Foreign Affairs, cabría concluir que en el último siglo la forma de afrontar el conflicto entre Israel y Palestina ha sido el de la estatalidad, así se propuso por la Naciones Unidas en 1947 y en Oslo en 1993, un Estado para cada comunidad, lógico porque así funciona la comunidad internacional y es el Estado el que otorga nacionalidad y derechos a los ciudadanos. Sin embargo, el enfoque podría estar cambiando.

Así lo apunta una ciudadanía palestina, israelí e internacional en transformación; una situación sobre el terreno que supone una anexión de hecho de toda la Palestina histórica, ya irreversible salvo nuevas limpiezas étnicas que no serían hoy admitidas por la comunidad internacional.

El movimiento de liberación de Palestina, en clave estatal, sería hoy mejor expresarlo como el movimiento de liberación de los palestinos, que será también el de todos los residentes independientemente de su confesión religiosa, orientación política o adscripción cultural, ciudadanos con los mismos derechos fundamentales, sociales y políticos de un único Estado multicultural y multirreligioso, como lo son casi todos; como el que ya existe sobre el terreno, pero realmente democrático para toda su población.

Artículo publicado también en 'Atalayar' , 

en el blog 'Al revés y al derecho' de 'infoLibre' y en la web 'Rebelión'.

Sugerencias

  • Presentación del libro "Palestina, cien años de colonialismo y resistencia", de Rashid Khalidi (Casa Árabe, 16.5.2023).
  • Israel’s One-State Reality. It’s Time to Give Up on the Two-State Solution, por Michael Barnett, Nathan Brown, Marc Lynch y Shibley Telhami (Foreign Affairs, 14.4.2023).
  • Ex-Jordan FM: Two-state solution is 'dead and cannot be revived' (MEMO, 14.4.2023).
  • Dios o la democracia: el momento de la verdad en Israel, por Michael Marder (El País, 13.4.2023).
  • Marruecos hace equilibrios entre su nueva alianza con Israel y el histórico respaldo a los palestinos (El País, 12.4.2023).
  • Los israelíes que cuelan la ocupación de Palestina en la protesta contra la reforma judicial (El País, 27.3.2023).
  • Israel protests are not the salvation of Palestinians, por Ramzy Baroud (Arab News, 13.3.2023).
  • Palestina en este blog: enlace con artículos por orden cronológico inverso.



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Israel-Palestine, a single de facto state

In recent months, Israel has experienced two politically relevant processes: the parliamentary elections held in November 2022, which have facilitated the most extreme and ultra-nationalist government in its history; and the massive popular mobilisation against the reform of the judiciary, with constant demonstrations by hundreds of thousands of Israelis since January 2023.

In both cases one could find a very present absence, using an oxymoron, a fashionable rhetorical figure that defines contradictory expressions such as the living dead or thundering silence: there are no Palestinians. It was not a major issue in the election campaign, in political programmes, nor is it present in the massive movement rejecting Netanyahu. To continue with other expressions, one could think of the elephant in the room, as the Anglo-Saxons allude to an omnipresent and at the same time uncomfortable topic, which leads to pretending to ignore it.

"Israel will either be a Jewish country or a democratic country, the two options are incompatible", a Spanish diplomat posted to the Middle East recently predicted. Despite the use of Israel's innovative technological character -Start up nation- or the gay paradise of some parts of the territory, the political drift points towards an exclusively Jewish conception of the country, a growing confessionalism of the state at the same time as the democratic framework is being reduced.

Israeli policy-makers are working to establish a situation of de facto annexation that is irreversible, with various categories of citizens and rights, an objective that has been achieved for years now, a level of violence that is bearable for the Palestinians themselves and the international community, a situation that is perfectly possible, although incompatible with the rule of law and democracy: equal rights for the entire population, separation of powers, and between church and state.

The peaceful and progressive future of Israel-Palestine is conditional on a democratic solution to the situation of colonial discrimination of the Palestinians, today divided within the borders of the 1948 State of Israel - 20% of the population - in the so-called 1967 occupied territories of Jerusalem, Gaza and Golan, where 600,000 Jewish settlers have already illegally installed themselves in settlements; the Palestinians of the diaspora, especially in Lebanon and Jordan. The geographical and legal fragmentation of the Palestinians is another goal long pursued and also achieved.

It is a fiction to decouple Israeli technological initiative, military competence (continuous attacks on Syrian soil for a decade now; nuclear capability), it is a fiction to decouple a promising future for Israel from the colonial occupation of the Palestinians.

In the first four months of 2023, more than a hundred Palestinians and a dozen Jewish Israelis have been killed or died in violent circumstances, a conflict whose disproportionate number of victims does not adequately illustrate the disproportionate number of contenders, which are not comparable and do not allow for equidistance: there is a colonial situation of force and a colonised population.

This May marks the 75th anniversary of the Nakba (catastrophe, in Arabic), which is the period since the founding of the State of Israel in 1948 and the operation that would have been called ethnic cleansing if the label had existed, which displaced 800,000 Palestinians, well studied even by Israeli historiography; and 30 years since the Oslo accords that established the solution of two neighbouring states.

Provocations, victims, violence for three quarters of a century, could feed the argument of endless history and irresolvable conflict, but nothing could be further from the truth, everything indicates that the situation is anything but stable, and very recent circumstances have altered the picture. The very long, though not eternal, conflict has been made possible by an ongoing series of political decisions and permitted violations of international legality, which may or may not continue. At the very least, the political and social framework is in permanent change, and has accelerated in recent times, as the following references can show.

In much of the world, a revision of colonialism is taking place lately, symbolically affecting commemorative statues and museum collections, far removed from imperial visions or civilisational fantasies. There is now enough time for colonisers and colonised alike to take a new, more scientific than nationalistic approach to the phenomenon. And the exception is the so-called 'settlement colonialism' that is still being practised in Israel in 2023. In this sense, it could be said that the times are moving more towards a historical re-reading of past colonialism than a practice of future colonialism.

It is also possible to apply the maxim confirmed in most European countries that colonial violence ends up taking its toll on the coloniser; it was experienced in Spain with the dictatorship of Primo de Rivera from 1923 onwards, the coup d'état of 1936, the civil war it provoked and the Franco dictatorship; it was experienced in metropolitan France with the various military solutions and the coups d'état of the early 1960s. It can be interpreted that Israeli colonial violence will end up affecting, if it is not already affecting, today's Israeli citizens, the dissenting, the moderate, the Christian, the non-ultra-Orthodox ultra-nationalists (there are also ultra-Orthodox non-ultra-nationalists).

Shlomo Ben Ami, former Israeli Foreign Minister and former ambassador to Spain, has on several occasions described the political and social situation in his country as South African, without advocating a solution to the conflict that is also South African, which would be a single state with citizens equal in fundamental, social and political rights.

With the nuances imposed by history and different realities, the system of institutional discrimination known as apartheid largely defines the situation in Israel-Palestine, as has been recognised and documented by local human rights organisations and others of little debatable trajectory such as Amnesty International (report of February 2022, 'Israeli apartheid against the Palestinian population: Cruel system of domination and crime against humanity') or Human Rights Watch ('Israel's abusive practices constitute crimes of apartheid and persecution', report of April 2021).

It should be recalled that the International Criminal Court included the 'crime of apartheid' as a crime against humanity in the Rome Statute in 1998 (article 7).

The equating of apartheid-style supremacism with the situation in Israel-Palestine has long since gone far beyond Palestinian kufiyya and hookah; just as the international reach of the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement, which works to end international support for Israel's oppression of Palestinians and press for its compliance with international law, is noteworthy.

Another change of scene concerns the Abraham Accords, sponsored in September 2020 by Donald Trump as US president, and by his son-in-law, which have led to closer diplomatic and political relations, or to the surfacing of those kept in elite and security secrecy, between Israel and the United Arab Emirates, Bahrain, Morocco and Sudan. Far from the grandiloquent declarations of the communiqués, and the undoubted achievement of having succeeded in separating the Palestinian conflict from Israel's relations with some Arab countries, the process has languished since the departure of the Trump administration, in the face of the indifference of Arab public opinion (beyond the odd flag at the World Cup in Qatar) and with Saudi Arabia further away every day from signing the communiqué.

Another new element affects precisely the world's second largest arms importer, Saudi Arabia, which announced in early March the re-establishment of diplomatic relations with Iran, broken since 2016, an agreement that to widespread surprise has come about with the mediation of China.

The agreement defuses the most powerful security glue that has united partners of convenience for years against Tehran; and the steps following the announcement reveal the willingness of both sides to move towards a new situation, which has direct effects on the Yemeni civil war, such as the exchange of a thousand prisoners in mid-April.

Last but not least, a change of script affects the United States, probably more the civil society, public opinion and published opinion than its government, bearing in mind that history shows that Israel is a matter of US domestic policy and this will be accentuated as the November 2024 presidential elections draw nearer.

Changes can be detected, and this is how one can interpret a recent and lengthy analysis published in Foreign Affairs magazine, with its century of history behind it and international reference, entitled "Israel's One-State Reality. It's Time to Give Up on the Two-State Solution" (published on 14 April).

Signed by four scholars in International Relations from George Washington University and the University of Maryland in the US, the text points out that "the temporary 'occupation' status of the Palestinian territories is now a permanent condition in which a state ruled by one group of people rules over another group of people".

For the authors, the Oslo peace process "ended a long time ago. It is time to deal with what the one-state reality means for politics, policy and analysis. Palestine is not a state-in-waiting, and Israel is not a democratic state accidentally occupying Palestinian territory".eThe highly commendable Foreign Affairs analysis adds that "the entire territory west of the Jordan River has long constituted a single state under Israeli rule, where land and people are subject to radically different legal regimes, and Palestinians are permanently treated as an inferior caste. Politicians and analysts who ignore this one-state reality are doomed to failure and irrelevance, doing little more than providing a smokescreen for the entrenchment of the status quo".

They argue that "a one-state settlement is not a future possibility; it already exists. Between the Mediterranean Sea and the Jordan River, one state controls the entry and exit of people and goods, oversees security, and has the ability to impose its decisions, laws and policies on millions of people without their consent"; yet, they add, "forced to choose between Israel's Jewish identity and liberal democracy, Israel has chosen the former. It has locked itself into a system of Jewish supremacy, in which non-Jews are structurally discriminated against or excluded in a tiered scheme: some non-Jews have most, but not all, of the rights that Jews have, while most non-Jews live under severe segregation, separation and domination".

The article recalls that the law passed in 2018 defines Israel as "the nation-state of the Jewish people" and holds that "the exercise of the right to national self-determination in the State of Israel is exclusive to the Jewish people"; it makes no mention of democracy or equality for non-Jewish citizens.

Leaving aside Foreign Affairs' analysis, one might conclude that in the last century the approach to the Israel-Palestine conflict has been one of statehood, as proposed by the United Nations in 1947 and Oslo in 1993, one state for each community, logical because that is how the international community works and it is the state that grants nationality and rights to citizens. However, the approach may be changing.

This is suggested by a Palestinian, Israeli and international citizenship in transformation; a situation on the ground that implies a de facto annexation of the whole of historic Palestine, already irreversible barring further ethnic cleansing that would not be accepted by the international community today.

The Palestinian liberation movement, in state terms, would be better expressed today as the liberation movement of the Palestinians, which will also be that of all residents regardless of their religious affiliation, political orientation or cultural affiliation, citizens with the same fundamental, social and political rights of a single multicultural and multi-religious state, as they are almost everywhere; like the one that already exists on the ground, but truly democratic for its entire population.


Original text in Spanish. Translation is courtesy of Atalayar magazine, a journalistic bridge between shores and cultures where this article was also published.

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Israël-Palestine, un seul État de facto

Au cours des derniers mois, Israël a connu deux processus politiquement pertinents: les élections législatives de novembre 2022, qui ont facilité la formation du gouvernement le plus extrême et ultranationaliste de son histoire, et la mobilisation populaire massive contre la réforme du système judiciaire, avec des manifestations constantes de centaines de milliers d'Israéliens depuis janvier 2023.

Dans les deux cas, on pouvait constater une absence très présente, pour utiliser un oxymore, une figure de style à la mode qui définit des expressions contradictoires telles que mort-vivant ou silence tonitruant: il n'y a pas de Palestiniens. Ce n'est pas un thème majeur de la campagne électorale, ni des programmes politiques, ni du mouvement massif de rejet de Netanyahou. Pour continuer avec d'autres expressions, on pourrait penser à l'éléphant dans la pièce, comme les anglo-saxons font allusion à un sujet omniprésent et en même temps inconfortable, ce qui conduit à faire semblant de l'ignorer.

"Israël sera soit un pays juif, soit un pays démocratique, les deux options sont incompatibles", prédisait récemment un diplomate espagnol en poste au Moyen-Orient. On a beau invoquer le caractère technologique innovant d'Israël -Start up nation- ou le paradis gay de certaines parties du territoire, la dérive politique va dans le sens d'une conception exclusivement juive du pays, d'un confessionnalisme croissant de l'Etat en même temps que le cadre démocratique se réduit.

Les responsables politiques israéliens travaillent à établir une situation d'annexion de fait irréversible, avec différentes catégories de citoyens et de droits, un objectif atteint depuis des années, un niveau de violence supportable pour les Palestiniens eux-mêmes et la communauté internationale, une situation parfaitement possible, bien qu'incompatible avec les règles de l'État de droit et de la démocratie : égalité des droits pour toute la population, séparation des pouvoirs, et entre l'Église et l'État.

L'avenir pacifique et progressiste d'Israël-Palestine est conditionné par une solution démocratique à la situation de discrimination coloniale des Palestiniens, aujourd'hui répartis à l'intérieur des frontières de l'Etat d'Israël de 1948 - 20% de la population - dans les territoires dits occupés de 1967, Jérusalem, Gaza et le Golan, où 600 000 colons juifs se sont déjà installés illégalement dans des colonies; les Palestiniens de la diaspora, notamment au Liban et en Jordanie. La fragmentation géographique et juridique des Palestiniens est un autre objectif poursuivi depuis longtemps et également atteint.

C'est une fiction de dissocier l'initiative technologique israélienne, la compétence militaire (attaques continues sur le sol syrien depuis une décennie; capacité nucléaire), c'est une fiction de dissocier un avenir prometteur pour Israël de l'occupation coloniale des Palestiniens.

Au cours des quatre premiers mois de 2023, plus d'une centaine de Palestiniens et une douzaine d'Israéliens juifs ont été tués ou sont morts dans des circonstances violentes, un conflit dont la disproportion des victimes n'illustre pas suffisamment la disproportion des adversaires, qui ne sont pas comparables et ne permettent pas l'équidistance : il y a une situation coloniale de force et une population colonisée.

Ce mois de mai marque le 75e anniversaire de la Nakba (catastrophe, en arabe), c'est-à-dire la période qui s'est écoulée depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948 et l'opération qui aurait été qualifiée de nettoyage ethnique si l'étiquette avait existé, qui a déplacé 800 000 Palestiniens, bien étudiée même par l'historiographie israélienne; et 30 ans depuis les accords d'Oslo qui ont établi la solution de deux États voisins.

Provocations, victimes, violences depuis trois quarts de siècle, pourraient nourrir l'argument d'une histoire sans fin et d'un conflit insoluble, mais rien n'est plus faux, tout indique que la situation est loin d'être stable, et des circonstances très récentes ont changé la donne. Le conflit très long, mais pas éternel, a été rendu possible par une série continue de décisions politiques et de violations autorisées de la légalité internationale, qui peuvent ou non se poursuivre. À tout le moins, le cadre politique et social est en mutation permanente et s'est accéléré ces derniers temps, comme le montrent les références suivantes.

Dans une grande partie du monde, on assiste ces derniers temps à une révision du colonialisme, qui touche symboliquement les statues commémoratives et les collections des musées, loin des visions impériales ou des fantasmes civilisationnels. Le temps est venu pour les colonisateurs et les colonisés d'adopter une nouvelle approche du phénomène, plus scientifique que nationaliste. L'exception est le "colonialisme de peuplement" qui est encore pratiqué en Israël en 2023. En ce sens, on pourrait dire que les temps évoluent davantage vers une relecture historique du colonialisme passé que vers une pratique du colonialisme futur.

Il est également possible d'appliquer la maxime confirmée dans la plupart des pays européens selon laquelle la violence coloniale finit par faire des ravages chez le colonisateur; l'Espagne en a fait l'expérience avec la dictature de Primo de Rivera à partir de 1923, le coup d'État de 1936, la guerre civile qu'elle a provoquée et la dictature de Franco; la France métropolitaine en a fait l'expérience avec les diverses solutions militaires et les coups d'État du début des années 1960. On peut interpréter que la violence coloniale israélienne finira par toucher, si ce n'est déjà fait, les citoyens israéliens d'aujourd'hui, les dissidents, les modérés, les chrétiens, les ultra-nationalistes non-ultra-orthodoxes (il y a aussi des ultra-orthodoxes non-ultra-nationalistes).

Shlomo Ben Ami, ancien ministre israélien des Affaires étrangères et ancien ambassadeur en Espagne, a décrit à plusieurs reprises la situation politique et sociale de son pays comme étant sud-africaine, sans préconiser une solution au conflit qui soit également sud-africaine, à savoir un État unique avec des citoyens égaux en droits fondamentaux, sociaux et politiques.

Avec les nuances imposées par l'histoire et les différentes réalités, le système de discrimination institutionnelle connu sous le nom d'apartheid définit largement la situation en Israël-Palestine, comme l'ont reconnu et documenté les organisations locales de défense des droits de l'homme et d'autres à la trajectoire peu discutable comme Amnesty International (rapport de février 2022, "L'apartheid israélien contre la population palestinienne: système cruel de domination et crime contre l'humanité") ou Human Rights Watch ("Les pratiques abusives d'Israël constituent des crimes d'apartheid et de persécution ", rapport d'avril 2021).

Il convient de rappeler que la Cour pénale internationale a inclus le "crime d'apartheid" en tant que crime contre l'humanité dans le statut de Rome en 1998 (article 7).

L'assimilation du suprémacisme de type apartheid à la situation en Israël-Palestine dépasse depuis longtemps les cercles palestiniens de la kufiyya et du narguilé, tout comme la portée internationale du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), qui s'efforce de mettre fin au soutien international à l'oppression des Palestiniens par Israël et de faire pression pour qu'il respecte le droit international, est digne d'intérêt.

Un autre changement de décor concerne les accords d'Abraham, parrainés en septembre 2020 par Donald Trump en tant que président des États-Unis, et par son gendre, qui ont conduit à des relations diplomatiques et politiques plus étroites, ou à la remontée à la surface de celles maintenues dans le secret des élites et de la sécurité, entre Israël et les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Loin des déclarations grandiloquentes des communiqués, et de l'acquis incontestable d'avoir réussi à séparer le conflit palestinien des relations d'Israël avec certains pays arabes, le processus s'est étiolé depuis le départ de l'administration Trump, face à l'indifférence de l'opinion publique arabe (au-delà de quelques drapeaux lors de la Coupe du monde au Qatar) et avec une Arabie Saoudite qui s'éloigne chaque jour un peu plus de la signature du communiqué.

Un autre élément nouveau affecte précisément le deuxième importateur mondial d'armes, l'Arabie Saoudite, qui a annoncé début mars le rétablissement des relations diplomatiques avec l'Iran, rompues depuis 2016, un accord qui, à la surprise générale, a vu le jour avec la médiation de la Chine.

L'accord désamorce le plus puissant ciment sécuritaire qui unissait depuis des années les partenaires de complaisance contre Téhéran; et les étapes qui ont suivi l'annonce révèlent la volonté des deux parties de s'orienter vers une nouvelle situation, ce qui a des effets directs sur la guerre civile au Yémen, comme l'échange d'un millier de prisonniers à la mi-avril.

Enfin et surtout, un changement de scénario affecte les États-Unis, probablement plus le public, la société civile, l'opinion publique et l'opinion publiée que son gouvernement, sachant aussi que l'histoire montre qu'Israël est une question de politique intérieure américaine et que cela s'accentuera à l'approche des élections présidentielles de novembre 2024.

Les changements peuvent être détectés, et c'est ainsi que l'on peut interpréter une récente et longue analyse publiée dans le magazine Foreign Affairs, avec son siècle d'histoire derrière lui et sa référence internationale, intitulée "La réalité d'un seul État d'Israël. Il est temps d'abandonner la solution à deux États" (publié le 14 avril).

Signé par quatre chercheurs en relations internationales de l'Université George Washington et de l'Université du Maryland aux Etats-Unis, le texte souligne que "le statut temporaire d'"occupation" des territoires palestiniens est désormais une condition permanente dans laquelle un Etat dirigé par un groupe de personnes domine un autre groupe de personnes".

Pour les auteurs, le processus de paix d'Oslo "est terminé depuis longtemps". Il est temps de se pencher sur ce que la réalité d'un seul État signifie pour la politique, les politiques et l'analyse. La Palestine n'est pas un État en attente, et Israël n'est pas un État démocratique occupant accidentellement le territoire palestinien".

La très louable analyse de Foreign Affairs ajoute que "l'ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain constitue depuis longtemps un État unique sous domination israélienne, où la terre et le peuple sont soumis à des régimes juridiques radicalement différents, et où les Palestiniens sont traités en permanence comme une caste inférieure. Les hommes politiques et les analystes qui ignorent cette réalité d'un seul État sont voués à l'échec et à l'insignifiance, ne faisant rien d'autre que de fournir un écran de fumée pour le renforcement du statu quo".

Ils affirment que "l'établissement d'un État unique n'est pas une possibilité future; il existe déjà. Entre la mer Méditerranée et le Jordan, un État contrôle l'entrée et la sortie des personnes et des biens, supervise la sécurité et a la capacité d'imposer ses décisions, ses lois et ses politiques à des millions de personnes sans leur consentement"; pourtant, ajoutent-ils, "contraint de choisir entre l'identité juive d'Israël et la démocratie libérale, Israël a opté pour la première. Il s'est enfermé dans un système de suprématie juive, dans lequel les non-Juifs sont structurellement discriminés ou exclus selon un schéma à plusieurs niveaux : certains non-Juifs jouissent de la plupart des droits des Juifs, mais pas de tous, tandis que la plupart des non-Juifs vivent dans une ségrégation, une séparation et une domination sévères".

L'article rappelle que la loi adoptée en 2018 définit Israël comme "l'État-nation du peuple juif" et affirme que "l'exercice du droit à l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est exclusif au peuple juif"; elle ne fait aucune mention de la démocratie ou de l'égalité pour les citoyens non juifs.

Si l'on fait abstraction de l'analyse de Foreign Affairs, on pourrait conclure qu'au cours du siècle dernier, l'approche du conflit israélo-palestinien a été celle de la création d'un État, comme l'ont proposé les Nations unies en 1947 et Oslo en 1993, un État pour chaque communauté, ce qui est logique puisque c'est ainsi que fonctionne la communauté internationale et que c'est l'État qui octroie la nationalité et les droits aux citoyens. Cependant, l'approche pourrait être en train de changer.

C'est ce que suggère la transformation de la citoyenneté palestinienne, israélienne et internationale; une situation sur le terrain qui implique une annexion de facto de l'ensemble de la Palestine historique, déjà irréversible à moins d'une nouvelle épuration ethnique qui ne serait pas acceptée par la communauté internationale aujourd'hui.

Le mouvement de libération palestinien, en termes étatiques, serait mieux exprimé aujourd'hui comme le mouvement de libération des Palestiniens, qui sera aussi celui de tous les résidents indépendamment de leur appartenance religieuse, de leur orientation politique ou de leur appartenance culturelle, des citoyens avec les mêmes droits fondamentaux, sociaux et politiques d'un seul État multiculturel et multireligieux, comme ils le sont presque partout; comme celui qui existe déjà sur le terrain, mais véritablement démocratique pour toute sa population.


Texte original en espagnol. Traduction gracieuseté du magazine Atalayar, 

un pont journalistique d'Espagne entre rivages et cultures, où il a également été publié.


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miércoles, 15 de febrero de 2023

Homenaje a Montávez, a media distancia

Este 14 de febrero de 2023 Pedro Martínez Montávez ha cambiado de dimensión, de la terrena a otra desconocida, y la cabeza y la tecla me piden escribir una columna en su honor, que es un homenaje al arabista que me dio clase y dirigió el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, probablemente sea también un homenaje a mi juventud de estudiante de Filología Árabe, así como Joan Baptista Humet escribió una canción a su adolescencia.

Se trata de un homenaje a media distancia, porque desde este momento me auto designo portavoz de tantos estudiantes y licenciados que se acaban dedicando profesionalmente a algo distinto a lo que estudiaron, el mundo está lleno de filólogos, geógrafos, historiadores, biólogos, licenciados en la cosa y luego la trayectoria profesional les lleva a otras tareas, en mi caso al periodismo y la comunicación.

No he querido tirar de los apuntes de la carrera que duermen en algún lugar del trastero ni de san Google sino escribir unas palabras estrujando la memoria e impresiones en algún lugar enquistadas, palabras que probablemente nunca me hubiera atrevido a decirle en persona, no había confianza suficiente y no seguí por la universidad ni en foros especializados.

Identifico al profesor Montávez como un referente del arabismo español que giró el foco tradicional de los estudios árabes en España desde la Edad Media -buscando muchos de ellos las huellas cristianas de Al Ándalus, algunos siguen en la tarea- a la época contemporánea. Tuvo el interés y el acierto de analizar la huella andalusí, pero en la obra literaria árabe del siglo XX.

Relaciono al profesor Montávez con el poeta sirio Nizar Qabbani, a quien tradujo; con su Historia de la literatura árabe moderna, manual obligado, y con nombres sonoros como Abdul Wahhab al Bayati, Badr Shákir al Sayyab, Fadwa e Ibrahim Tuqán, Tawfiq al Hakim, Gassán Kanafani..., personalidades de la literatura y la cultura árabe cuya música aún resuena en mi cabeza, y Taha Husein, hablaba mucho de Taha Husein.

Recuerdo asistir muchas tardes a conferencias en la Asociación de Amistad Hispano-Árabe, calle Príncipe de Vergara de Madrid, como el que acude a una sesión de una logia masónica entrando por un árbol hueco. En ese foro y en otros que frecuentó o impulsó había una voluntad divulgadora más allá de los círculos académicos especializados; también en parte de su inmensa producción editorial, recuerdo de aquella época libros de encuadernación modesta y mucho contenido, en Cantarabia, en aquellas publicaciones del Instituto Hispano Árabe de Cultura, organismo antecessor del posterior Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe y de la actual Casa Árabe; en los Cuadernos de Historia 16; en aquellos libros que publicaba el efímero periódico El Sol.

Montávez era arabista de Oriente (el Próximo), los hay del siglo IX y los hay de Marruecos, su carrera estuvo marcada por unos primeros años en Egipto y allí vivió el panarabismo de Gamal Abden Náser, cierta euforia de los años 50 y 60. Contaba de alguna etapa como traductor para Exteriores su sorpresa al escuchar pronunciar el sonido che en Irak, y luego lo comprobé personalmente como lector de español en alguna estancia entre guerras.

Recuerdo aquella clase de la Autónoma en la que fumábamos como cosacos, las fiestas de la Primavera y una pizarra enorme, las negras de tiza y borrador, llena hasta los bordes de plurales fractos, una forma enrevesada que tiene la lengua árabe de salirse de la regularidad y hacer plurales extraños, que luego descubrimos que también seguían alguna lógica irregular.

Y fractos también estábamos quienes estudiábamos allí Filología Árabe, poco más de dos decenas en clase, a menudo se olvida que los estudiantes aprenden alguna cosa y también aprenden a ser persona, con los rodeos que marca la edad, mientras que ahora les pedimos a los niños de Primaria que decidan ya de una vez su vocación. 

Pedro Martínez Montávez demostró con su trayectoria que se puede nacer en Jaén y ser un sabio, y lo demostraba sin estridencias escondido detrás de su bigote y de una voz profunda con la que expresaba un discurso bastante retórico al que gustaba trufar de arabismos, como acicate.

Abrió muchos caminos innovadores y varios de ellos condujeron a Latinoamérica, en busca de la literatura y la vida de los árabes emigrados por miles a finales del siglo XIX y principios del XX (máhyar), muchos de ellos libaneses, que como turcos aparecen en las novelas de García Márquez.

Esta columna es una reivindicación de mi deformación universitaria y la trayectoria posterior ni vinculada directamente ni desvinculada del mundo árabe, por ahí en medio, un intermediario en mi caso entre los arabistas de profesión y el desconocimiento generalizado sobre temas árabes; esto es una defensa de los intermediarios, como los periodistas o los políticos, hoy desprestigiados por los brillos de la tecnología y las sombras del populismo, y más necesarios que nunca.

Montávez fue rector de la Universidad Autónoma y contaban las crónicas que facilitó en esa época unas jornadas en las que participó el mismísimo Muammar el Gaddafi con su Libro Verde, que sirvió de inspiración a la extrema izquierda y a la extrema derecha de aquellos años. La biografía y trayectoria del profesor sí revela un compromiso político informado con Palestina, difundiendo su literatura y su historia; contra la invasión de Irak o acompañando las primaveras árabes en una etapa más reciente, análisis siempre complejos, repletos de meandros.

Con Pedro Martínez Montávez identifico mi primera etapa universitaria, y una circunstancia que me sorprendió entonces y no he olvidado en décadas era que él tenía la sana costumbre de escuchar, descubrí con él que hay que ser muy sabio y muy inteligente para atender con atención el discurso no elaborado de un joven descentrado en busca de algo difuso.

Primera versión de este artículo publicado en 'Atalayar', 15.2.2023.

Sugerencias
Globo espía chino localizado
en la vertical de la UAM a
mediados de los ochenta.


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