miércoles, 16 de diciembre de 2020

Europa busca también la autonomía estratégica en información, datos y medios de comunicación

La Unión Europea sigue dando pasos para limitar la desinformación y reforzar el papel de los medios de comunicación, que sufren una profunda crisis agravada aún más en tiempos de pandemia, aunque con un origen previo. Democracia y transformación digital son conceptos que se combinan en las estrategias europeas que buscan proteger un sector industrial productor de información y contenidos en competencia con las grandes plataformas digitales de capital norteamericano. 
La autonomía estratégica europea que la actual Comisión Von der Leyen se ha planteado en materia de defensa, en política exterior o en materia sanitaria, parece querer perseguirla también en relación con la comunicación e información.
En este marco, a comienzos de diciembre la Comisión Europea ha presentados conjuntamente -coincidentes en el tiempo- dos planes de actuación, con el formato de las declaraciones de intenciones políticas que reciben el nombre de Comunicación.
Sobre estos planes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado que «con la revolución digital en marcha, los ciudadanos deben poder elegir en un espacio en que las opiniones puedan expresarse libremente. Los hechos tienen que distinguirse de la ficción, y los medios de comunicación libres y la sociedad civil han de poder participar en un debate abierto, libre de interferencias malintencionadas. Por lo tanto, la UE está tomando medidas para hacer que nuestras democracias en la UE sean más resilientes». 
El diccionario de la RAE define resiliencia -muy presente en textos y declaraciones comunitarios- como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, de donde cabe interpretar que la UE se siente amenazada ante desafíos que se plantean a nuestros sistemas democráticos, desde el auge del extremismo hasta el distanciamiento entre ciudadanos y políticos; y plantea una serie de medidas tan diversas que complica su interpretación global.
¿Cómo se concreta esto? Por una parte, con el denominado Plan de Acción para la Democracia Europea, destinado a empoderar a los ciudadanos y construir democracias más resilientes en toda la UE. El Plan establece medidas en torno a tres pilares principales:
  • A - Fomento de unas elecciones libres y justas: la Comisión propondrá legislación sobre la transparencia de los contenidos políticos patrocinados (publicidad política). La Comisión también revisará las normas relativas a la financiación de los partidos políticos europeos  y respaldará intercambios sobre cuestiones relacionadas con la integridad de las elecciones, tales como la ciberseguridad electoral. Para la Comisión, una democracia sana depende de la participación ciudadana y de una sociedad civil que sea activa, no solo en época de elecciones. A tal fin, el Plan de Acción promueve el uso de los fondos estructurales de la UE y la financiación disponible en el marco del nuevo programa Europa Creativa, y destaca la importancia de la participación activa de los jóvenes, un elemento clave de la Estrategia de la UE para la Juventud. La UE también consolidará la capacidad de las misiones de observación electoral de la UE en terceros países.
  • B - Refuerzo de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. En los últimos años, la seguridad de los periodistas ha seguido deteriorándose: las amenazas físicas y en línea y los ataques contra periodistas están aumentando en varios Estados miembros. Esta es la razón por la que la Comisión propondrá en 2021 una recomendación sobre la seguridad de los periodistas, prestando especial atención a las amenazas contra las mujeres periodistas, y una iniciativa para frenar el uso abusivo de demandas contra la participación pública. 
  • C - Lucha contra la desinformación. El Plan de Acción propone mejorar el actual conjunto de instrumentos de la UE para contrarrestar las injerencias extranjeras, incluidos nuevos instrumentos que permitan imponer sanciones a los responsables. La Comisión se plantea transformar el Código de buenas prácticas de 2018 en materia de desinformación en un marco de corregulación de las obligaciones y rendición de cuentas de las plataformas en línea, en consonancia con la próxima norma de servicios digitales. A tal fin, la Comisión publicará orientaciones para mejorar el Código de buenas prácticas en la primavera de 2021 y establecerá un marco más sólido para el seguimiento de su aplicación.
El Plan de Acción para la Democracia Europea se complementa con el Plan de acción sobre los medios de comunicación y los servicios audiovisuales, cuyo objetivo es ayudar al sector a recuperarse y aprovechar al máximo la transformación digital, que fue presentado el mismo 3 de diciembre.
Se considera que se trata de sectores esenciales para la democracia, la diversidad cultural de Europa y la autonomía digital. El plan de acción se centra en tres ámbitos de actividad y presenta diez acciones concretas dirigidas a ayudar al sector de los medios de comunicación a recuperarse de la crisis facilitando y ampliando el acceso a la financiación, a transformarse estimulando las inversiones para adoptar la doble transición digital y ecológica y garantizando al mismo tiempo la futura resiliencia del sector, y a empoderar a los ciudadanos y las empresas de Europa.
Recuerda la Comisión que en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cada plan nacional destinará como mínimo un 20% del gasto al sector digital, en donde cabe incluir las medidas para impulsar la producción y distribución de contenidos digitales. Además, el plan de acción tiene por objeto una serie de criterios y medidas que se pretende comenzar a aplicar ya desde comienzos de 2021:
  1. Facilitar el acceso a la ayuda de la UE a través de una herramienta específica para que las empresas de medios de comunicación encuentren todas las oportunidades de financiación de la UE que sean pertinentes para ellas. 
  2. Impulsar la inversión en el sector audiovisual a través de una nueva iniciativa (MEDIA INVEST), cuyo objetivo es movilizar inversiones por valor de 400 millones de euros a lo largo de un período de siete años.
  3. Poner en marcha una iniciativa «NEWS» para agrupar acciones y apoyar el sector de los medios informativos. Se prestará especial atención a los medios de comunicación locales.
  4. Fomentar espacios de datos mediáticos europeos para el intercambio de datos y la innovación.
  5. Fomentar una coalición industrial europea de realidad virtual y aumentada para ayudar a los medios de comunicación de la UE a beneficiarse de estas tecnologías inmersivas y poner en marcha un laboratorio de medios de comunicación de realidad virtual para proyectos en materia de nuevas formas de narrar e interactuar.
  6. Facilitar las conversaciones y actuaciones para que el sector sea climáticamente neutro de aquí a 2050.
  7. Entablar un diálogo con el sector audiovisual para mejorar el acceso y la disponibilidad de contenidos audiovisuales en toda la UE, a fin de ayudar al sector a expandirse y llegar a nuevos públicos y consumidores para que disfruten de contenidos muy diversos.
  8. Fomentar el talento mediático europeo, sobre todo fomentando la diversidad delante y detrás de la cámara, y prestando reconocimiento y apoyo a las empresas emergentes del sector de los medios de comunicación.
  9. Empoderar a los ciudadanos, sobre todo mediante el refuerzo de la alfabetización mediática y el apoyo a la creación de un servicio de agregación de noticias alternativo independiente.
  10. Reforzar la cooperación entre los reguladores para los servicios de comunicación audiovisual a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado de los medios de comunicación de la UE.
Este plan de acción sobre los medios de comunicación y los servicios audiovisuales se complementa por tanto con el Plan de Acción para la Democracia Europea, cuyo objetivo es reforzar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en toda Europa, centrándose en la protección de los periodistas. 
Este plan de acción también está plenamente en consonancia -se afirma- con las propuestas de la Comisión sobre la Ley de servicios digitales y la Ley de mercados digitales, presentadas el 15 de diciembre, que tienen por objeto modernizar el marco jurídico aplicable a los servicios digitales en la UE.
La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha declarado que «los medios de comunicación no son solo un sector económico, sino también un pilar de nuestra democracia. Confiamos en que los Estados miembros hagan lo que les corresponde y utilicen los instrumentos a su disposición para apoyar al sector, respetando plenamente su independencia y el pluralismo de los medios de comunicación».
Según el diagnóstico de la Comisión Europea, problemas tradicionales, sobre todo la fragmentación de su mercado, han debilitado el sector audiovisual y de los medios de comunicación europeos frente a sus competidores mundiales. Estas deficiencias se han visto agravadas por la crisis del coronavirus, con la caída de los ingresos de los anuncios, el hundimiento de los cines y la producción en modo de espera. Esta situación, en un momento en que las plataformas en línea no pertenecientes a la UE están adquiriendo grandes cuotas de mercado, más el desafío de la desinformación, puede poner en peligro la autonomía estratégica del sector de los medios de comunicación de la Unión. La pérdida de esa autonomía es lo que se quiere evitar, reforzando a los medios de comunicación y fortaleciendo la capacidad del ciudadano para interpretar los contenidos, aunque el acento se pone con mayor énfasis en la primera parte de la pareja.

Sugerencias

  • Plan de Acción para la Democracia Europea (Comisión Europea, 2.12.2020).
  • Década digital: la Comisión pone en marcha un plan de acción para apoyar la recuperación y la transformación de los sectores audiovisual y de los medios de comunicación (Comisión Europea, 3.12.2020).
  • Pulso a los titanes digitales, editorial (El País, 16.12.2020). 
  • Bruselas podrá exigir la venta de parte de su negocio a las grandes tecnológicas que abusen de su dominio (El País.com, 15.12.2020). La Comisión Europea impondrá multas millonarias a las plataformas que difundan contenidos ilegales
  • Una Europa adaptada a la era digital: la Comisión propone nuevas normas aplicables a las plataformas digitales (Comisión Europea, 15.12.2020). La Comisión ha propuesto hoy una ambiciosa reforma de la esfera digital, un conjunto completo de nuevas normas sobre todos los servicios digitales, tales como las redes sociales, los mercados en línea y otras plataformas en línea que operan en la Unión Europea: la norma sobre servicios digitales y la norma sobre mercados digitales.

Artículo publicado también en la newsletter del Movimiento Europeo en España.

sábado, 7 de noviembre de 2020

Luz sobre la desinfomación, y estructura

Artículo publicado también en infoLibre.

El Boletín Oficial del Estado de 5 de noviembre ha publicado una Orden del Ministerio de la Presidencia que reproduce el llamado 'Procedimiento de actuación contra la desinformación'. Se trata de una iniciativa del Gobierno central, que decide crear desde Moncloa una serie de mecanismos relacionados con un asunto de importancia y actualidad, en concreto la elaboración de una estrategia y la constitución de una comisión permanente. Hasta aquí los hechos.

Primera buena noticia: que se conozca. Han tardado un mes desde que el Procedimiento fue aprobado, pero se ha acabado publicando, es público, conocible y opinable; existen otros ámbitos como la prevención de la radicalización violenta -o la estrategia comercial de las entidades financieras- que se mueven en la oscuridad y no es posible detectar ni actuaciones ni aciertos ni errores.

Resulta que estas páginas del BOE han provocado una pequeña tormenta, el tiempo dirá si se convierte en tsunami democrático. En primer lugar, envío desde estas líneas un saludo fraternal a los opinadores todo-terreno, he formado parte del gremio y espero volver en algún momento, abundan en el mundo de la comunicación y de la política. Según cada caso uno puede tocar con partitura, de oído o improvisar, y por el mundo del jazz y las peleas de gallos del rap descubrimos que una buena improvisación tiene mucho conocimiento y ensayo detrás. En una mañana de otoño la actualidad te puede poner sobre la mesa y pedir criterio sobre desinformación, sobre el presidente de la primera potencia mundial poniendo en duda la legalidad democrática del país que preside, la mejor manera de hacer un test de detección de un virus en un colegio, sobre 50 sistemas de recuento electoral del siglo XVIII, la enseñanza bilingüe o la herencia maldita de Paquirri. Suerte.

Como la desinformación es un ámbito difuso y confuso, encendamos la linterna, para ver, más que para que nos vean, la luz de la bicicleta puede tener esos dos funciones, diferentes.

Marco. Este Procedimiento de actuación contra la desinformación se encuadra en la progresiva construcción desde Presidencia de un sistema de seguridad nacional desde hace ya una década, que ha creado un Consejo de Seguridad Nacional, un departamento con ese nombre en Moncloa, elabora anualmente un informe de seguridad nacional (que presenta en el Parlamento el director del Gabinete del Presidente, lo hizo Moragas y lo hace ahora Redondo) tiene comisiones especializadas dedicadas a ciberseguridad, seguridad marítima, inmigración, seguridad energética, no proliferación (de armas), terrorismo y seguridad aeroespacial; ha elaborado estrategias sectoriales sobre los ámbitos anteriores; ahora se decide avanzar en desinformación en esta misma línea.

En el mismo BOE de marras del 5 de noviembre se han publicado también otras dos Órdenes de Presidencia con sendos acuerdos del Consejo de Seguridad Nacional por el que se aprueban el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021; y el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Energética Nacional; dos asuntos que no han merecido una palabra, hasta el momento.

Por tanto, primer marco de esta iniciativa: la estructura de seguridad nacional; segundo marco, la Unión Europea. Con una unidad de acción poco frecuente entre Comisión, Parlamento, Consejo, hasta el Comité de las Regiones ha aparecido en algún momento, la UE lleva cuatro años muy activa sobre desinformación, desde que las elecciones en Estados Unidos de 2016 y el referéndum del bréxit encendieron todas las alarmas sobre contenidos tóxicos circulando por canales digitales.

Fruto de ese trabajo es el europeo Plan de Acción sobre Desinformación aprobado en diciembre de 2018 (con un trabajo previo de análisis quizá tan interesante como el propio Plan), que establece mecanismos, una red de alerta rápida y pide interlocución nacional. Los instrumentos que anuncia este Procedimiento monclovita son la traducción/conexión española con el sistema europeo. Nadie ha acusado a la UE de intentar censurar.

Por tanto, aparece aquí una segunda buena noticia: se refuerza la estructura, se contempla la elaboración de una estrategia nacional sobre desinformación y la creación de una comisión permanente donde se van a sentar muchos de Presidencia, principalmente la gente del departamento de seguridad nacional; también los que en esa casa saben de Comunicación; aparece allí con voz propia el CNI; la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; representantes de Comunicación en Exteriores; presencia también de la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial; y se abre además a la participación privada y de la sociedad civil cuando interese invitarlos.

Cambio climático. El calentamiento global ha llegado también al mundo de la información, digamos que en los últimos años ha cambiado el ecosistema informativo. Siempre han existido informaciones averiadas, interesadas, intentos de confundir o ganar dinero; la novedad es la inmediatez tecnológica, la democratización de generar contenidos (coste casi cero, aunque Trump gastó en 2019 veinte millones de dólares en campañas en Facebook; quien esto escribe invirtió seis euros para conseguir mil visualizaciones de una entrada, sin ánimo de lucro, por probar), novedad es la mezcla de desinformación con populismo, novedad es la confusión entre información y entretenimiento.

Digamos que ha cambiado el escenario y por eso es bueno actuar, para comprender mejor el entorno, cambios que afectan muy profundamente a la economía de los medios de información, al mercado publicitario dominado por las plataformas digitales (dueñas de la distribución de los productos informativos, no sus productores), al volumen de contenidos casi inmanejable a los que tenemos acceso.

Tercera buena noticia: se decide que la coordinación (que no la dirección) del asunto caiga en el mundo de la Comunicación, la Secretaría de Estado del tema. Muy a menudo se acercan al mundo de la desinformación ágrafos de la información, el marco está repleto de especialistas en seguridad, en tecnología, en inteligencia... que pueden no ser capaces de entender el recorrido de una nota de prensa o la redacción de un breve. Con buena intención e interés profesional muchos se han lanzado a desinformar sin conocer los principios de informar.

Lagunas. Precisamente uno de los peligros de esta iniciativa sobre desinformación desde Moncloa es su excesiva dependencia de la Seguridad, donde surge, que se limite el objeto de estudio y actuación con ataques extranjeros a la seguridad nacional, a procesos electorales. Nada se ha probado de este terrible amenaza ni en aquel proceso vivido en Cataluña ni en las elecciones generales celebradas en España en los últimos tiempos.

Acabamos de comprobar en EEUU que la desinformación puede proceder del presidente de tu Gobierno, y no de montañas lejanas rusas o iraníes como denunció sin pruebas el mismo desinformador en jefe un par de semanas antes de las elecciones. 

La UE ha situado principalmente el tema en el Servicio Europeo de Acción Exterior (hoy bajo responsabilidad de Josep Borrell), dedica docena y media de personas y cinco millones de euros orientados prioritariamente a Rusia, en menor medida a la orilla sur del Mediterráneo y los Balcanes; y curiosamente también presta mucha atención a las plataformas digitales, ahí las instituciones comunitarias son competentes y se fuerza a las grandes multinacionales tecnológicas (Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter) a que colaboren y lo están haciendo.

El mundo militar conoce y practica desde hace siglos las operaciones de información (pensemos en militares españoles enseñando español a los cristianos libaneses; hombrecillos verdes en Ucrania), y así seguirá siendo, pero es un ámbito determinado y no el más importante. La desinformación es mucho más amplia, y procede o puede hacerlo mayoritariamente del propio territorio.

Falso también que afecte a todo el mundo por igual o que su producción sea generalizada. La inmigración (menas, ayudas, invasiones) y la igualdad (de la mujer, principalmente) concentran más de la mitad de los contenidos de las campañas de desinformación, no todas las ideologías utilizan estos temas con el mismo entusiasmo para confundir o encender pasiones.

Falta por tanto en este panorama que se está diseñando el Ministerio de Educación; falta el mundo académico, universitario, think tanks; falta formación y análisis. Como en el caso del covid, sobre desinformación tenemos algunos datos, y nos falta comprensión.

Aún está pendiente cubrir en el análisis de la desinformación dos lagunas de importancia: la atribución de las campañas de desinformación (el mundo digital puede ocultar procedencia geográfica o personal) e influencia (se ofrecen datos cuantitativos de las campañas, no su capacidad de cambiar nuestro voto).

Resulta imprescindible impulsar actuaciones de alfabetización mediática, a jóvenes y adultos, para incrementar la capacidad del ciudadano de interpretar los contenidos informativos o de entretenimiento que le llegan o encuentra. Hay ya gente trabajando, están los fact checkers (comprobadores de datos) como primera línea de respuesta, aunque su alcance es útil pero limitado; el fenómeno merece actuación a medio y largo plazo, con educación. 

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Google, el patrocinio del Gobierno central y la colaboración de los principales medios de comunicación españoles han puesto en marcha este 2019 la iniciativa (in)fórmate, un proyecto para la educación en el consumo de medios e información online, que promueve la alfabetización mediática y el fomento del pensamiento crítico en la población adolescente de 14 a 16 años que está cursando 3º y 4º de la ESO en centros educativos españoles. Un ejemplo.

La Fundación Andalucía Acoge lleva años luchando contra lo que hoy denominamos fake news / noticias falsas y con más rigor desinformación. Nada menos que en 2014 creó la llamada Agencia Stop Rumores, una estrategia de impacto comunicativo y social que tiene como objetivo luchar, de forma sostenida en el tiempo, contra los rumores que dificultan la convivencia en la diversidad, desmontando muchos estereotipos negativos en relación con la inmigración y las ayudas públicas (aquí alguna pista sobre estas iniciativas).

Resulta imprescindible la colaboración en esta labor también de los medios, probablemente los públicos y sólo de los privados que sean rentables (se pueden contar éstos con una mano), la generalidad de los privados tiene otros intereses acuciantes, los de los bancos, y han cambiado lectores a los que informar por clientes de su publicidad.

Balance final. La iniciativa que acabamos de conocer sobre desinformación por parte de Presidencia del Gobierno tiene mucho más de positivo que de negativo; y parece inútil anticipar censuras, porque no es su objetivo. La Estrategia de Seguridad Marítima puede utilizarse para hundir barcos de ONG (como hizo Francia hace un tiempo con Greenpeace) o rescatar náufragos, depende de lo que se haga con ella.

Sobre libertad de expresión, la UE actúa en este campo de la mano de las plataformas sobre la distribución física de los contenidos, prohibiendo o penalizando sistemas automatizados (bots) y con transparencia, identificando hacia el usuario campañas políticas, pero ni la UE ni el Gobierno español pueden censurar contenidos, porque es uno de los ejes de un sistema democrático como el nuestro; y además la censura es hoy un objetivo prácticamente imposible.

Siempre es positivo conocer las advertencias de las Asociaciones de la Prensa, sensibles a los potenciales ataques a la libertad de expresión, bueno además que reaccionen y dejen por unos momentos su obsesión con el seguro médico que parece su único campo de actuación.

Conclusión y síntesis: bienvenido el procedimiento sobre desinformación, atendamos a su desarrollo.

Resulta curioso que quienes más alarmaban con las fake news lo hacen también ahora sobre las medidas contra ellas. Como Trump, que denunciaba un pucherazo electoral cuando iba ganando en el escrutinio; quizá es que, como el presidente naranja, que sabía ya entonces que la cosa estaba difícil, los alarmistas alarmados saben que no había nada detrás de tanto pánico generado, que no era cosa de seguridad, sino de democracia, y eso ya interesa menos.


martes, 3 de noviembre de 2020

Nostalgia (democrática) de futuro


Fotografía de Nicolás Muller, de los años cuarenta, 
parte de una exposición inaugurada en noviembre 
de 2020 en el Instituto Cervantes de Tánger.
La actualidad nos presenta un anteproyecto de ley de memoria democrática, la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar símbolos de la II República, el permanente blanqueamiento del franquismo, ya sin frenos mentales ni sociales, el centenario de la Legión... ¿Cómo nos situamos hacia el pasado?

Somos lo que elegimos recordar, se puede decir desde un enfoque literario, pero la frase se puede aplicar también a la política: una sociedad elige unos determinados referentes pasados para tratar de ser mejor en el presente y a futuro. Así han actuado muy diversos países, media Europa recuerda y honra la resistencia al nazismo, no el colaboracionismo imprescindible de muchos para que triunfara en suelo alemán, holandés o francés; los mismos EEUU pasan de puntillas sobre el genocidio de los nativos norteamericanos o el racismo, aunque conmemoren a Martin Luther King -fiesta nacional- por unas ideas más ejemplares que las de sus asesinos; la parte del planeta que algunos identifican como Occidente sólo comienza ahora a pensar qué hacer con su pasado colonialista, el contenido de sus museos y la valoración que merece una actuación pretendidamente civilizadora que en la inmensa mayoría de las ocasiones fue ejemplo y preludio de guerras, racismo y violencia vividas más tarde en la propia Europa en la primera mitad del siglo XX.

Hay causas nobles y otras lo son menos, compatible con la frase de Camus cuando dijo en relación con la Guerra Civil que "fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa".

En relación con los acontecimientos registrados por la Historia, nada fue inevitable.
Digamos que España no estaba condenada a un golpe de Estado en 1936, a una Guerra Civil con medio millón de muertos (200.000 en la retaguardia) y 40 años de dictadura.
Digamos que Francia pudo o no sufrir un golpe de Estado en 1962 (lo sufrió, a manos de sus militares africanistas y fracasó) o Chile 1973 o Argentina 1976 o Egipto en 2013, acontecimientos -golpes de estado y dictadura posterior- ante los que uno puede mostrarse crítico, indiferente o entusiasta.
Para acercarse a estos procesos históricos siempre es útil buscar la compañía de historiadores, profesionales de las Ciencias Sociales que cuentan con la perspectiva, conocimiento y competencia profesional del oficio, y son de ayuda en este momento el reciente "Una violencia indómita. El siglo XX europeo", de Julián Casanova; o "El holocausto español", de Paul Preston.
Se trata de estudiar la historia de la violencia para comprender lo que ocurrió y evitarla, libros que arrojan luz sobre los bárbaros y quienes se resistieron a la barbarie.
En un clima de crispación política que curiosamente aparece en España en las legislaturas en las que no gobierna la derecha, se reprocha a la izquierda algún tipo de extraño complejo o pecado original en su acercamiento a la Guerra Civil, quizá por ponerse de parte de las víctimas, entre ellas la democracia.
Desde dentro del colectivo acusado se puede decir que simplemente los referentes simbólicos y los objetivos son distintos, que la supuesta voluntad revanchista, que hasta podría estar justificada, hasta ahora no ha tenido confirmación científica con pruebas de laboratorio.
Una prueba bastante clara del ánimo fundamentalmente constructivo y conciliador de los partidos hoy gobernantes se puede observar en la conmemoración este mismo año del centenario de la Legión, recordatorio exquisitamente acrítico con su historia, con su actuación durante más de la mitad de su existencia,  ligada mayoritariamente al colonialismo en Marruecos y el bando insurrecto de la Guerra Civil; relacionado con lo anterior, sigue pendiente por parte de las Fuerzas Armadas una profunda revisión de sus referentes simbólicos, en vista de los cuales no ha sido mala decisión proyectar su utilidad desde el presente hacia el futuro, aunque se titubea.
En España se podría afirmar que estamos viviendo por fascículos y tardíamente la comisión de la verdad que suele acompañar los procesos de transición desde la violencia o dictaduras a regímenes democráticos, procesos que se han vivido recientemente en países cercanos como Colombia, Marruecos o Túnez y aquí nunca se celebró en formato al uso (aquí un acercamiento al tema).
Como contraste digamos que Franco ha cabalgado a caballo en  el principal centro de formación de los militares españoles -Ejército de Tierra- hasta agosto de 2006, en la Academia General Militar de Zaragoza; todos los oficiales españoles que han pasado por el centro hasta esa fecha han convivido con naturalidad con el dictador en estatua ecuestre, con el débil argumento que el dictador fue antes director de la academia, como si pudiera celebrarse de Hitler sus años mozos o sus dotes pictóricas o literarias.
Con semejante paisaje, digamos entre paréntesis que no sorprende la reciente salida ideológica del armario de algunos generales al pasar al retiro, armario en el que guardaron su ideología extrema para ascender en el escalafón bajo gobiernos incluso socialistas. 
Más allá de gestos simbólicos, la principal iniciativa pública para honrar a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura ha sido hasta hoy la conocida como ley de Memoria Histórica, llamada realmente Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
En cumplimiento de aquella ley, que se quedó algo corta en cuanto al compromiso del Estado con las víctimas desaparecidas, desde el Ministerio de Defensa se realizaron diversas actuaciones para profundizar en el conocimiento de nuestra historia mediante la digitalización de fondos documentales,  la mejora del tratamiento de los fondos y acceso a los archivos históricos, la modernización de museos militares y la retirada de símbolos en dependencias del Ministerio y ejércitos relacionados con la Dictadura o la Guerra Civil.
En el proceso de aplicación de la ley se retiraron a lo largo de los años 2009 y 2010 un total de 410 símbolos; y se modificaron además 11 denominaciones de bases, acuartelamientos o establecimientos (Carmen Polo y Francisco Franco daban nombre a residencias militares en Madrid hace una década).
Sobre símbolos retirados, al margen de caballos y águilas, sirva recordar ejemplos anecdóticos como uno que conmemoraba en Ferrol la primera guardia que pasó insomne el dictador en tiempos de joven militar; o una placa en bronce con nada menos que las huellas de la pisada de Franco que se lucía en Ceuta emulando las de aquel astronauta Armstrong sobre la luna.
"Always Franco", escultura de Eugenio Merino.
La renovación completa del Museo del Ejército, inaugurado en julio de 2010 en su nuevo emplazamiento del Alcázar de Toledo, podría encuadrase también en las iniciativas puestas en marcha de recuperación respetuosa del pasado.
¿Qué ocurrió después de aquel impulso de finales de la primera década de siglo? Poco reseñable, más allá de declaraciones públicas y voluntad política en contra de financiar actuaciones enmarcadas en este campo de la memoria histórica o acusaciones directas a familias de desaparecidos de querer lucrarse con las subvenciones.
El hilo cronológico nos lleva entonces hasta la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019, de la que se acaba de cumplir un año sin movimiento alguno por parte de los muchos nostálgicos, que tampoco peregrinan a Mingorrubio/cementerio de El Pardo para visitarlo en su nueva morada, ni una vela calientaplatos parece haberse encendido para la ocasión. Recordemos, porque la memoria es corta, hasta la democrática, que tuvo que ser el mismo Tribunal Supremo quien avalara en sentencia la retirada de los huesos del dictador de la basílica, sentencia firme y unánime del Supremo del 30 de septiembre de 2019 que puso fin al proceso contencioso-administrativo interpuesto por la familia para intentar impedir su salida del Valle de los Caídos.
El calendario avanza y llega a enero de 2020, cuando se crea por primera vez en el seno del Ministerio de la Presidencia una Secretaría de Estado de Memoria Democrática. 
"Siendo la memoria el ejercicio de reconstrucción del pasado en el momento presente, ha de entenderse como un derecho; un derecho de la ciudadanía", se lee en una web puesta en marcha desde la Presidencia del Gobierno. "Para ello, el objetivo fundamental de toda política de memoria es crear condiciones de pedagogía social que se constituyan en garantías de no repetición".
A través de este sitio web, se podrán consultar una serie de recursos informativos, así como atender las peticiones y reparación de las víctimas y sus familiares. 
Finalmente llegamos al anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado por el consejo de ministros de 15 de septiembre.
"El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura".
La Ley adopta medidas destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.
Se determina la consideración de víctima con arreglo a los parámetros internacionales de Derechos Humanos y declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.
Además, instaura el 31 de octubre, fecha de la aprobación en Cortes de la Constitución española en 1978 como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas. Asimismo, se declara el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.
La nueva ley recogerá la elaboración un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, dando respuesta a la fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas en ese periodo. 
Sobre el derecho a la verdad de las víctimas, se asume que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad, reforzando la colaboración entre las mismas. Incluye medidas como el impulso al mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones y régimen de autorizaciones. Asimismo, se crea el Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Se incluyen actuaciones como la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la Dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales podrán adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.
Introduce a su vez medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial. Con el mismo objetivo se ocupa de la revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios, que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura.
Asimismo, incluye actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista.
Recoge también acciones en el plano educativo actualizándolos contenidos curriculares para ESO y Bachillerato, y en el plano de la investigación y la divulgación con el fin de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. Se contempla la constitución de una Fundación cuyo objeto será contribuir al conocimiento, difusión y promoción de la historia de la democracia en España a través de la preservación de los archivos de los presidentes del Gobierno constitucionales.
Retirada de la placa en homenaje a Largo
Caballero de su casa natal en Madrid.
Se regulan los Lugares de Memoria Democrática con una función conmemorativa y didáctica. En cuanto al Valle de los Caídos, se enfatiza su resignificación con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes. Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos tienen el carácter de cementerio civil y solo podrán albergar restos de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil. Asimismo, se procederá a reubicar cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la Dictadura. Se declarará con la ley como extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Este anteproyecto de ley se puede interpretar como la segunda parte de la Ley de Memoria Histórica de 2017 y un avance más en la profundización democrática de nuestro país, en línea con las democracias avanzadas que celebran sus amagos democráticos y condenan las dictaduras, al menos sobre suelo patrio (cosa distinta sucede con el Brasil de Bolsonaro, para quien su dictadura militar mató poco).
Junto a las iniciativas legislativas cabría mencionar actuaciones poco conocidas y de largo recorrido, como la desarrollada en los últimos años por parte de la Diputación de Ciudad Real con el Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED, bajo el nombre de "Mapas de Memoria", un espacio de investigación, creación e intervención social que busca generar conocimiento sobre el pasado reciente. Conformado por antropólogos, historiadores, investigadores y artistas, su objetivo es establecer puentes para comprender la memoria, la violencia y el trauma, así como dignificar a las personas que fueron desaparecidas o silenciadas.
Siempre conviene recordar que la ampliación o el ejercicio de derechos no afecta al no interesado, ya sea el matrimonio homosexual, la libertad de expresión o que el Estado te ayude a encontrar y enterrar al abuelo: quien no se quiera casar, opinar o no tenga abuelo en paradero desconocido nada tiene que temer.
Contra olvidadores (Benedetti), agoreros, provocadores, asustados de buena fe, contra perezosos intelectuales, la España de 2020 tiene una solidez institucional y social en nada comparable a los años treinta del siglo XX; la prueba es la civilizada no respuesta -probablemente reducida a los tribunales, y al uso del detergente para eliminar pintadas- a la inmensa provocación desde el Ayuntamiento de Madrid de retirar a martillazos de su casa natal una placa conmemorativa de Largo Caballero, muerto en el exilio, prisionero de los nazis, presidente del Gobierno, ministro de la República, por decisión del PP gobernante tras propuesta de Vox apoyada también por Ciudadanos. La misma sentencia política a muerte civil ha recibido Indalecio Prieto, fallecido en el exilio, promotor nada menos que de un acuerdo nacional en 1948 con los monárquicos para restaurar la democracia en España, secretario general del PSOE y ministro de la República.
Para quien dude sobre la decisión, 250 historiadores se han sumado hasta la fecha a una declaración de emergencia en la que sustentan los criterios no históricos de la medida.
España es sólida a pesar de sus destructores, lo que no les quita responsabilidad en el intento.
El anteproyecto de ley de Memoria Democrática saldrá adelante o no dependiendo de la lógica parlamentaria, más allá de los efectos higiénicos que algunos le adjudicamos, como a la lógica parlamentaria respondió la eliminación de la Justicia o la Sanidad universal del ordenamiento patrio con gobiernos anteriores.
En cualquier caso, siempre será muy distinto enfrentarse a una dictadura a padecerla, beneficiarse de ella o añorarla acusando de dictatorial a la democracia que la sustituyó.
No es lo mismo ampliar derechos que recortarlos.
En relación con el pasado, cada uno elige el espejo donde mirarse.
Nadie quiere hoy ganar una guerra porque la razón democrática sólo estuvo en un bando; el objetivo es ganar el presente y el futuro.


Sugerencias


miércoles, 30 de septiembre de 2020

La UE afina la brújula estratégica de la Defensa



Artículo publicado también en Europa en Movimiento, 


Palabra de Ursula von der Leyen en su primer Debate sobre el estado de la Unión celebrado este mes de septiembre: "No usamos nuestro liderazgo para hacer propaganda interesada. No partimos de la idea de «Europa primero», sino de ser los primeros en responder seriamente cuando se nos necesita". Con alusión poco disimulada a Trump y su orden de prioridades, se refería en ese pasaje la presidenta de la Comisión a la solidaridad, aunque también se podría aplicar al resto de la política exterior, marcada por un multilateralismo estratégico aceptado por los 27. ¿Y la seguridad? Más presente en la realidad que en el discurso.

Bajo los efectos del covid la Europa de la defensa ha continuado avanzando fuera de foco, un último semestre en el que se han producido progresos al calor del protagonismo de los instrumentos militares en la lucha contra la pandemia; también en otros apartados más institucionales y en paralelo a los programas concretos enmarcados en la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO).

Varios ejemplos pueden ilustrar  el progresivo fortalecimiento de una política de seguridad exterior compartida, con poco protagonismo público y que además difícilmente puede competir en captar el interés ante la evidencia del desencuentro sobre el terreno entre países europeos, por ejemplo, en las mismas aguas del Mediterráneo.

Capítulo importante ha sido el Marco Financiero Plurianual 2021/27 aprobado en el Consejo Europeo de julio, con la llamada 'Rúbrica 5' de Seguridad y Defensa, que contempla la financiación de acciones relacionadas con la seguridad interior y la defensa, y la respuesta a crisis, con un volumen presupuestario de  13.185 millones de euros.

En concreto, la financiación con cargo a Defensa incluye -según el texto de las Conclusiones del Consejo- "una contribución financiera de 7.014 millones de euros para el Fondo Europeo de Defensa —que tiene por objeto promover la competitividad, la eficiencia y la capacidad de innovación de la base industrial y tecnológica europea de la defensa—, mediante ayudas para acciones colaborativas y de cooperación transfronteriza en toda la Unión, en todas las etapas del ciclo industrial de los productos y tecnologías de defensa".

Además de lo anterior, "se destinará una contribución financiera de 1.500 millones de euros al Mecanismo «Conectar Europa» para adecuar las redes transeuropeas de transporte a las necesidades de movilidad militares".

En otro capítulo, el próximo MFP contempla un "Fondo Europeo de Apoyo a la Paz como instrumento extrapresupuestario para financiar acciones en el ámbito de la seguridad y la defensa que podrá decidir el Consejo", con un límite financiero para el periodo 2021-2027 de 5.000 millones de euros, que se financiará mediante contribuciones de los Estados miembros.

Habría que valorar la presencia de la defensa en el presupuesto próximo de la UE no tanto por las expectativas como por la comparación con el anterior del periodo 2014/2020.

En fechas previas a la aprobación del MFP, los ministros de Defensa de Alemania, España, Francia e Italia firmaron a finales de mayo una carta conjunta destinada a sus homólogos de la UE y al Alto Representante para AAEE y Política de Seguridad en la que manifiestan su intención de intensificar significativamente los esfuerzos encaminados a lograr una Unión más integrada y efectiva. En la carta proponen profundizar en el proceso para fortalecer las capacidades de la Unión; así como diversas líneas de actuación para reforzar los valores europeos y proteger a los ciudadanos:

  • Mejorar la solidaridad y la resiliencia de la UE y de sus Estados a través de un sistema de gestión de crisis más ambicioso y amplio, y de una estrategia de comunicación que contribuya a contrarrestar las narrativas falsas.
  • Fortalecer PESCO como marco político de referencia para la cooperación europea en materia de defensa.
  • Reducir dependencias críticas mediante la mejora de las capacidades propias.
  • Progresar hacia una mayor comprensión común de las amenazas y desafíos a los que se enfrenta Europa, para lo cual se desarrollará lo que se ha venido en conocer como ‘Strategic Compass’, herramienta que mejorará nuestra habilidad para actuar rápida y decisivamente.

Tiene interés la referencia expresa al denominado Strategic Compass, la brújula estratégica que la presidencia alemana semestral del Consejo se ha tomado con la firmeza antes practicada en otros ámbitos, y que plantea definir los objetivos estratégicos de la UE.

"La brújula estratégica como nuevo documento de política de seguridad debe basarse en un amplio consenso político y una fuerte voluntad política para actuar", señala la presidencia alemana, para lo que "debemos identificar aquellas amenazas y desafíos en particular que se relacionan con todos los europeos y debemos especificar objetivos con los que todos los europeos están comprometidos".

Con una orientación práctica, se nos dice que "estas directrices estratégicas pueden utilizarse como base para determinar qué instrumentos y capacidades necesita la UE".

Para empezar, se desarrollará un análisis conjunto de amenazas, que deberá presentar Borrell a finales de año.

Con base en el análisis de amenazas, los estados miembros entrarán en un diálogo estratégico estructurado y compartirán sus pensamientos sobre los objetivos. Hay cuatro temas principales: gestión de crisis, resiliencia, capacidades y asociaciones.

El compromiso alemán en Defensa sin duda impulsará el de los 27: "deben tomarse más medidas para mejorar la cooperación en el ámbito de la seguridad y la defensa; el objetivo de la brújula estratégica es señalarnos la dirección correcta".

Sugerencias

martes, 18 de agosto de 2020

Israel, Emiratos y la paz en Palestina

 Agosto nos suele coger con la guardia baja, en bermudas tendemos a pensar que la actualidad está tan recortada como la pernera de los pantalones y el tamaño de las redacciones de informativos, cosa que no suele ocurrir. En verano los helicópteros vuelan, se averían, a veces sufren accidentes e incluso son robados tanto o más que el resto del año, las leyes de la física y de la delincuencia no entienden de calendarios.

Este 13 de agosto de 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció vía Twitter “un acuerdo histórico de paz entre dos grandes amigos de EEUU”, en referencia a Israel y Emiratos Árabes Unidos, que se comprometían -según comunicado firmado por los tres- a la normalización completa de relaciones entre los dos últimos países. La gran noticia es que Israel aparentemente renuncia con el acuerdo a la anexión de Cisjordania con la que venía amenazando.
Varios de los mismos protagonistas del acuerdo histórico de agosto habían anunciado el llamado acuerdo del siglo en enero, iniciativa comandada por el yerno de Trump, y las trompetas de la celebración entonces duraron tan escaso tiempo como ahora.
El comunicado conjunto -aquí enlazado-, lleno de adjetivos eufóricos, señala que Tel Aviv y Abú Dabi comenzarán cooperando en el desarrollo de una vacuna contra la covid-19, "lo que salvará vidas musulmanas, judías y cristianas por toda la región"; y se informa de que delegaciones de ambos países se reunirán en breve para firmar acuerdos bilaterales sobre inversiones, turismo, vuelos directos, seguridad, telecomunicaciones, tecnología, energía, sanidad, cultura, medio ambiente y la apertura de embajadas.
Una primera gran lección del acuerdo anunciado es que vuelve a reflejar las técnicas de negociación del sector inmobiliario norteamericano, o al menos de las practicadas por Trump en casos como el muro contra la inmigración desde México, la carrera nuclear de Corea del Norte, la tasa Google, las relaciones militares en el marco de la OTAN y alguna otra más: amenaza descomunal y negociamos mi amenaza, en el mejor de los casos la otra parte cede y en su caso se queda en el punto de partida retirando el órdago o dosificando la bravuconada.
En segundo lugar, resulta imposible desligar el anuncio del acuerdo EEUU-Israel-Emiratos del calendario electoral de Estados Unidos y del judicial de Netanyahu.
A tres meses de las elecciones presidenciales, con todas las encuestas en contra, Trump necesita un éxito diplomático y a la vez un guiño a la comunidad judía cuyo protagonismo irá creciendo según se acerque la cita electoral, mostrando una vez más que Israel es política interior norteamericana y que las diferencias políticas entre demócratas y republicanos se reducen al mínimo en cuanto a política exterior.
Para enmarcar la relevancia del acuerdo Israel-Emiratos en la pacificación de Oriente Próximo y Medio, anunciado y negociado sin contar con los palestinos, convendría recordar que los Emiratos Árabes Unidos no existían como Estado en 1948, fecha del fin de la presencia colonial británica en Palestina y de la proclamación de independencia de Israel; los Emiratos tampoco existían como Estado en la crisis de Suez de 1956; en la ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén de la guerra de 1967: Emiratos es protectorado británico hasta 1971 y desde esa fecha no se conoce que haya estado en guerra con Israel en ninguna ocasión.
Por otra parte, hablamos de la federación de siete pequeños emiratos que suman 80.000 kilómetros cuadrados (superficie equivalente a Castilla-La Mancha), con un PIB de alrededor del 40% del español y diez millones de habitantes, de los que únicamente dos son autóctonos; tamaño modesto que no le impide gastar anualmente más de 25.000 millones de dólares en armamento (datos desactualizados referidos a hace un lustro).
Bien es cierto y no resulta fenómeno menor el hecho de que las petromonarquías del Golfo viven desde hace un par de décadas un proceso de autoafirmación, y ejemplos para confirmarlo pueden ser la instalación de grandes museos, la puesta en marcha hasta de programas espaciales y la importante decisión de intervenir militarmente fuera de su territorio, en el caso de Emiratos en la guerra del Yemen desde 2014, también desde 2018 en Libia, además de años de bombardeos sobre Siria e Irak en el marco de la coalición internacional contra el Dáesh.
La política exterior de los Emiratos Árabes Unidos está estrechamente ligada a Arabia Saudí, por lo que cabría esperar que la normalización de relaciones con Israel podría extenderse en fechas próximas al gran Estado de la península arábiga o algunos de sus satélites. Cualquier avance en esa dirección iniciada por Emiratos contribuye a ahondar la añeja pretensión de convertir el conflicto Israel-Palestina en un conflicto Israel-Mundo Árabe que de esta forma se estaría contribuyendo a desactivar, sin contar con los palestinos o incluso haciendo coincidir este proceso de distensión con el bombardeo israelí de Gaza como ha sucedido en los días posteriores al anuncio de mediados de agosto.
En las actuales circunstancias, un español de excepción con relaciones privilegiadas con la dirección del país reside temporalmente en Emiratos, el rey Juan Carlos, testigo privilegiado y transmisor al Gobierno de Pedro Sánchez de la interpretación local y el análisis personal de unas circunstancias relevantes en la geopolítica de Oriente Próximo y Medio, que eso es lo que uno imagina que hace un rey, emérito o no.
Este 17 de agosto conocimos al fin que el rey Juan Carlos I llegó el pasado 3 de agosto a Emiratos Árabes Unidos y permanece allí desde entonces, según informó la Casa Real tras dos semanas de especulaciones sobre el paradero de quien ha sido jefe del Estado.
En un escueto comunicado, Zarzuela señaló que "Su Majestad el rey don Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad". El rey emérito ha dicho a su hijo que nos diga.
Volviendo a la actualidad internacional, el acuerdo entre Israel y la unión de siete Emiratos del Golfo Pérsico o Árabe bien puede convertirse en un acelerador histórico a favor de una solución democrática al conflicto Israel-Palestina, al suponer, por si quedaba alguna duda, el certificado de defunción definitivo de los acuerdos de Oslo de 1993 y la llamada solución de dos Estados.
Por activa, por pasiva y sobre todo por la vía de los hechos Israel ha dejado claro que esa opción es imposible, por lo que despeja el camino hacia una solución sudafricana a una situación de apartheid sudafricano: un único Estado con todos sus ciudadanos iguales en derechos y obligaciones.
La solución de un único Estado democrático que englobe dentro de las mismas fronteras a Palestina-Israel está hoy más cerca que antes de la firma del acuerdo de Israel con Emiratos.

viernes, 31 de julio de 2020

Comunicación y participación política en la UE en tiempos de desinformación


Artículo académico publicado en la obra colectiva "El debate ciudadano en la Conferencia sobre el futuro de Europa, a los 70 años de la Declaración Schuman", iniciativa del Movimiento Europeo en España dirigida por Francisco Aldecoa, publicada en Madrid por la editorial Marcial Pons en julio de 2020.











"Comunicación y participación política en la UE en tiempos de desinformación", por Carlos Penedo


1. Escenario


Información y debate público son dos elementos básicos de un sistema democrático avanzado. Ambos están directamente relacionados con la comunicación, qué conversación se mantiene y qué contenidos llegan al ciudadano y utiliza para tomar decisiones políticas. Y los tres -información, debate público, comunicación- adquieren una importancia y una actualidad indiscutible en relación con el conjunto de instituciones, políticas comunes y acordadas que identificamos como Unión Europea. 

La crisis de legitimidad que han sufrido todas las instituciones públicas a causa de la Gran Recesión 2008/2018, incapaces de ayudar al ciudadano mientras se destinaba un volumen ingente de recursos económicos para reflotar el sistema financiero, ha afectado muy directamente a la UE, que ha basado durante décadas su legitimidad en la utilidad práctica de sus actuaciones y en la expansión permanente de la organización -y del mercado interior-, hasta los 28 miembros con Croacia, 27 tras el bréxit.

La UE se encuentra a comienzos de 2020 en una encrucijada de la que mostraba síntomas de salida con la iniciativa política planteada por la nueva Comisión tras las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en mayo de 2019, con ejes de la relevancia de un pacto verde europeo, la digitalización, más modestamente con otras prioridades políticas como la seguridad y un pilar social que no logra traspasar del nivel de las buenas intenciones hacia las partidas presupuestarias. 

Aparte de las políticas concretas, incluso dejando al margen el debate económico en marcha que mostrará claramente ante la opinión pública si la UE es capaz de financiar sus ambiciones con el Marco Financiero Plurianual 2021/27, la UE –principalmente la Comisión, el Parlamento y el Consejo- se juega su papel central en la política continental si es capaz de sintonizar con el ciudadano y establecer canales de participación y debate permanentes para que se sienta partícipe del proceso; para lo que resulta imprescindible informar, comunicar y hacer la UE comprensible. 

Éste es el marco en el que se plantea la organización de una Conferencia sobre el Futuro de Europa, propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el 16 de julio de 2019, en el documento de las orientaciones políticas de la nueva Comisión Europea entre 2019 y 2024. 

El proyecto político de la construcción europea no es ni inevitable ni imposible, depende de qué políticas, qué dirección y muy especialmente qué papel se adjudica al ciudadano: como mero espectador, cliente o partícipe. 

Organizaciones de la sociedad civil como el Movimiento Europeo, en sí misma una organización trasnacional, como la propia UE, siguen una lógica distinta al de Estado nación o la de un superestado europeo y pueden ser especialmente útiles en este proceso. 

Estas líneas se han escrito en plena crisis sanitaria de la enfermedad covid-19 provocada por un coronavirus. La excepcionalidad de la pandemia, las medidas drásticas tomadas por los gobiernos nacionales, tendrá una incidencia final aún desconocida, si bien condicionará el recorrido a corto y medio plazo de la UE, que una vez más será juzgada por su respuesta a una crisis claramente transnacional con unos instrumentos propios siempre limitados y los que trabajosamente los Estados hayan decidido mancomunar. 

Las crisis aceleran la toma de decisiones, por pura necesidad, con mayor o menor nivel de acierto; no suelen crear procesos de la nada aunque pueden ser un acelerador histórico, provocar la evolución rápida de fenómenos que existían en germen, positivos o negativos, en este caso podría alimentar el motor de la integración europea o incentivar un repliegue nacional o autoritario. 

Sólo el paso del tiempo nos permitirá conocer si la crisis provocada por la enfermedad covid-19 supuso un impulso para el proyecto europeo, que únicamente puede avanzar con la complicidad del ciudadano, pues depende en gran medida de su implicación. 

Podría considerarse que la información, también la comunicación y la participación, reducen el riesgo de equivocarse en la toma de decisiones, porque trasladan a quienes ocupan puestos de responsabilidad la sensibilidad del ciudadano y la búsqueda del interés público, más allá de la expresión habitual de intereses inmediatos, particulares, económicos, geográficos o sectoriales.

2. Europa y su futuro, más que un relato 


Desde los llamados “desayunos informativos” hasta las tertulias televisivas con apariencia de debate político, se pueden encontrar multitud de ejemplos que muestran la dificultad de la política, de las organizaciones y los medios de comunicación para conectar con el ciudadano en tiempos de desinformación, tomado este concepto en el sentido de confusión informativa, más que de villanos extranjeros controlando nuestro destino; en el sentido de fragmentación de audiencias, de desconfianza hacia los mediadores de todo tipo, de crisis de negocio y de credibilidad de los medios de comunicación; y de difícil distinción entre información y contenidos, que suelen estar hoy mayoritariamente ligados al entretenimiento. Se trata de encontrar fórmulas de cómo las instituciones de una democracia y sociedad complejas se conectan con el ciudadano, en tiempos de simplificación y sentimentalización del mensaje[1]

La Unión Europea tiene una gran capacidad de comunicación, pero nadie comunica Europa en su conjunto, lo hacen media docena de instituciones y otros tantos organismos principales, cada uno con su estrategia particular e incapaces en muchos casos de llegar al ciudadano, que además recibe una actualidad informativa marcada por las agendas nacionales. 

La percepción de la actualidad comunitaria está a su vez vinculada al mismo proceso de creación de la opinión pública y cómo se construye la interpretación más extensamente aceptada de la realidad, proceso en el que interaccionan la agenda y los esfuerzos de las instituciones europeas, pero muy poderosamente la agenda de los propios medios y también la agenda política nacional, como ha investigado la profesora de Relaciones Internacionales, Unión Europea y Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, Marta Hernández Ruiz[2]

En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, señala la autora, "en un importante porcentaje no se cubrió como información europea, sino nacional; se buscaba el componente de confrontación, cercanía y entretenimiento que aporta especialmente la información política nacional". 

En relación con la UE es necesario apuntar –en España y fuera de ella- elementos imprescindibles para comprender el proceso material de la comunicación, como la alta concentración empresarial, la primacía del infoentretenimiento sobre información más dura como la europea, o la debilidad del servicio público y de los medios públicos de comunicación, que podrían otorgar mayor cobertura a los temas europeos frente a los privados. 

"La UE no condiciona la agenda mediática, sino que forma parte de la misma en la medida en que se adapta a las temáticas previamente seleccionadas por los medios como los más importantes", destaca Hernández Ruiz. 

Desde este punto de vista, la maquinaria de comunicación institucional más potente del planeta no tendría fuerza suficiente para marcar la actualidad informativa, fijada por los medios con criterios nacionales; otro tema a plantear sería si los medios son autónomos en la fijación de la agenda o responden a intereses económicos de las empresas periodísticas y de los anunciantes. 

Un aspecto adicional de interés es que no existe una relación directa entre las competencias de la UE y su impacto en los medios, es decir, a más poder/capacidad de actuación de la Unión -en política agraria, medioambiental, empresa- no hay mayor cobertura; a la contra, los desafíos migratorios, de seguridad o las mismas crisis sanitarias entran dentro de las competencias nacionales, no de la Unión. 

La cobertura ideal o mejorada de la información relacionada con la UE no sería "incrementar la cobertura de las virtudes del proceso de integración", afirma Hernández, "ése no es el cometido de los medios, sino de transferir a la esfera pública nacional un debate serio sobre una organización internacional que, actualmente, cuenta con cuotas de poder muy importantes". 

Desde otro punto de vista, el de la filosofía política, Daniel Innerarity nos advierte de que el proceso de construcción política de Europa es único y complejo, difícil por tanto de comunicar, y requiere además un paso previo, se debe comunicar lo que antes se ha comprendido[3]

Podría decirse por tanto que existe un déficit de información y de comprensión sobre la realidad europea o, dicho de otro modo, cualquier esfuerzo que se haga en este sentido es necesario, respondiendo además a lo que parecen avisar los ciudadanos en las encuestas: un 60% de los europeos considera que no está bien informado sobre los asuntos comunitarios (alcanza en España el porcentaje hasta el 75%), según el eurobarómetro de noviembre de 2019. 

Más allá de la emisión de mensajes, la auténtica comunicación es bidireccional, proceso que siempre se persigue, los medios tecnológicos digitales facilitan al máximo y rara vez se alcanza. 

En este contexto se produce la elección en julio de 2019 de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. “Un nuevo impulso a la democracia europea” llamó en su investidura a una de los “seis grandes ambiciones de Europa para los próximos cinco años y más allá”. 

Dijo y dejó escrito la presidenta su deseo de que “Europa se esfuerce más por fomentar, proteger y fortalecer nuestra democracia (…). El récord de participación en las elecciones europeas de 2019 muestra el dinamismo de nuestra democracia. Debemos responder a esta interpelación dando a los europeos un papel más importante en la toma de decisiones. Vamos a ir más allá que nunca a tal efecto”. 

Añadió: “Deseo que los ciudadanos expresen su opinión en una Conferencia sobre el Futuro de Europa que comenzará en 2020 y se desarrollará durante dos años. La Conferencia deberá reunir a los ciudadanos -con una fuerte presencia de los jóvenes y la sociedad civil- y a las instituciones europeas como socios en pie de igualdad”[4]

En la Resolución de 15 de enero de 2020 que establece su posición sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa (texto aprobado con 494 votos a favor, 147 en contra y 49 abstenciones), el Parlamento Europeo expresa por su parte la opinión de que “debe emprenderse una fase de escucha que permita que los ciudadanos de toda la Unión Europea expresen sus ideas, hagan propuestas y expongan su propia visión de lo que Europa significa para ellos; propone que los métodos utilizados para recopilar y tratar las contribuciones de los ciudadanos sean uniformes y coherentes en todos los Estados miembros y a escala de la Unión”. 

Añade que “la comunicación con los ciudadanos, la participación de los ciudadanos en el proceso de la Conferencia, y los trabajos y los resultados de la Conferencia son de capital importancia”; hace hincapié en que “deben coordinarse entre las tres instituciones todos los instrumentos de comunicación existentes y nuevos para la participación digital y en persona”. 

Comunicar Europa, buscar la máxima participación ciudadana y convocarla para pensar el futuro no es una novedad en la historia remota y cercana de la Unión Europea. Cabría recordar a comienzos de siglo el proceso desarrollado en relación con la Convención sobre el futuro de Europa. 

Los trabajos de la Convención incluyeron una denominada fase de escucha, en la que se determinaron las expectativas y necesidades de los Estados miembros y de los ciudadanos europeos; una fase de análisis de las distintas ideas presentadas; y una fase de formulación de recomendaciones basadas en la esencia de los debates. A finales de 2002, once grupos de trabajo presentaron sus conclusiones a la Convención. Durante el primer semestre de 2003, la Convención elaboró y debatió un texto que se convirtió en el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 

Entre 2009 y 2014 cabría asimismo recordar el proceso conocido como “Debate sobre el futuro de Europa” bajo la presidencia de la Comisión de José Manuel Barroso, con la celebración de 51 diálogos ciudadanos en todos los Estados miembros. 

Barroso fue asimismo impulsor de una iniciativa de acercamiento a los ciudadanos con el objetivo nada menos que elaborar "una nueva narrativa para Europa, no porque no permanezcamos fieles a la razón de ser de la Comunidad Europea y la Unión Europea que, por supuesto, sigue siendo válida, sino porque creo que, en los principios del siglo XXI, necesitamos seguir contando la historia de Europa, especialmente a las nuevas generaciones que no se sienten muy identificadas con esta narrativa de Europa". 

Se ve aquí una influencia importante del relato como eje de comunicación, que sigue casi vigente un lustro después, y que inundó el documento elaborado para la ocasión, que definía Europa como “un estado de ánimo”. 

Ya en el periodo entre 2014 y 2019 bajo la presidencia de Juncker se han celebrado 1.850 diálogos ciudadanos, con 218.700 participantes en 650 lugares a lo largo de toda la Unión Europea, según balance de los organizadores. 

La Comisión Juncker emprendió varias iniciativas que implicaban consultas con los ciudadanos, en especial el proceso en torno al Libro Blanco de marzo de 2017 sobre el Futuro de Europa. En mayo de 2018 se lanzó una consulta en línea de ciudadanos y otras iniciativas y finalmente se elaboró un Informe 2019 sobre el Diálogo Ciudadano y la Consulta Ciudadana que se entregó a los líderes de la UE-27 como material de reflexión en la reunión de Sibiu del 9 de mayo de 2019[5]

Son numerosas por tanto las actuaciones de la UE que han unido los conceptos de ciudadanía, participación y futuro, algunas muy cercanas en el tiempo, todas con sanas intenciones de mejorar participación y conexión. La novedad en esta ocasión de la Conferencia anunciada –según se argumenta- es que supone una continuación más formalizada y estructurada de la serie de iniciativas que han sido desarrolladas en el pasado reciente. 

La Conferencia próxima no debería convertirse en una Convención como la de principios de siglo ni una Conferencia Intergubernamental, sino ir más allá de un equilibrio entre instituciones o Gobiernos nacionales, debería mantener la orientación anunciada de abajo-arriba mencionada tanto por el Parlamento como por la Comisión; dar voz y participación a la sociedad civil sería su marca distintiva frente a iniciativas anteriores. 

En la Conferencia sobre el Futuro de Europa las instituciones comunitarias se enfrentan al reto de traspasar desde el punto de vista informativo y de interés ciudadano los límites de los círculos especializados en asuntos europeos, de la universidad, la administración, la representación política, los lobbies, todos ellos parte ya de la red de relaciones que tejen el funcionamiento de la Unión; la novedad sería superar esa red o al menos ampliarla. 

3. Desinformación y niebla informativa 


El contexto que enmarca la información, la comunicación y la participación política se encuentra condicionado en la teoría por un fenómeno que se presenta como todopoderoso y rabiosamente actual: las noticias falsas. 

La Unión Europea -léase Comisión y también Parlamento- ha establecido principalmente desde 2018 una línea de trabajo muy intensa en relación con la desinformación (término con el que recomienda referirse al expresión informal de ‘fake news’ o ‘noticias falsas’), para la que se han elaborado una serie de trabajos de investigación, de opinión pública y de consulta a especialistas que permiten profundizar en el fenómeno. 

A partir de esos materiales la Comisión ha tomado una serie de decisiones y actuaciones a su vez también analizables, pero tanto interés revisten los materiales previos como las iniciativas que se han acabado poniendo en marcha. 

El momento que enciende todas las alarmas se sitúa en 2016, cuando la desinformación pasa a ser considerada un problema político y social –para no pocos incluso de seguridad- con la campaña electoral que llevó finalmente a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump y el referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea, con acusaciones hacia Rusia como origen de la mayor parte de las campañas de desinformación conocidas, en el marco de unas relaciones cada vez más tensas al calor de la crisis y el conflicto en Ucrania. 

Se ha creado en estos últimos años un clima de opinión que ha convertido las fake news en un fenómeno generalizado y peligroso, capaz de alterar el resultado de elecciones democráticas, de amenazar la soberanía de los Estados, incluso la cohesión de nuestras sociedades, y algunos llegan hasta ver en peligro los valores de Occidente, de alterar el juicio de los ciudadanos y manejarlos a su voluntad; nada de lo anterior, dicho sea también, ha sido confirmado por la realidad ni por los análisis desde las ciencias sociales que ya comienzan a aparecer. 

No resulta en cualquier caso novedad la información falseada con algún motivo y sin embargo esta desinformación del siglo XXI tiene aspectos muy novedosos, siendo el principal la revolución tecnológica que ha pulverizado el tiempo y el espacio, que permite la difusión de un mensaje de forma inmediata a cualquier rincón informático del planeta, incluidas las omnipresentes redes sociales como canal de distribución. 

El acelerador tecnológico ha propiciado al mismo tiempo que el coste de la elaboración y difusión de mensajes haya caído a prácticamente cero, con lo que se dispara el volumen hasta cotas difícilmente gobernables y se rompe el histórico monopolio con el que contaban los emisores más poderosos. Aunque la realidad es más compleja, al menos en teoría hoy cualquiera puede emitir y marcar la agenda del debate público, lo que implica una amenaza para los acostumbrados a manejarla. 

La Comisión Europea designa a comienzos de 2018 un denominado Grupo de Expertos de Alto Nivel con carácter asesor, compuesto por 40 miembros entre especialistas procedentes de la sociedad civil, las plataformas de medios sociales, organizaciones de medios, periodistas y mundo académico. Este Grupo entrega a la Comisión un informe en el que destaca su contenido orientado hacia temas de comunicación, así como unos criterios generales que permiten encuadrar el fenómeno de las fake news, considerado como un asunto multidisciplinar que requiere medidas a medio y largo plazo y análisis incluso académico. 

Define este informe la desinformación como “información falsa, inexacta o engañosa diseñada, presentada y promovida para obtener un beneficio o para causar intencionadamente un perjuicio público”. 

El campo de actuación no incluye la creación y difusión online de contenidos ilegales (difamación, discursos de odio, incitación a la violencia), que ya están regulados por normativa europea o de los Estados miembro; tampoco contemplan la deliberada distorsión de hechos, sin ánimo de engañar, que se encuentra en variantes del humor, la sátira o la parodia. 

Advierten a la Comisión Europea contra soluciones simplistas y de corto plazo, apuestan por fortalecer gradualmente tanto a instituciones como a la propia sociedad contra la desinformación; y señalan directamente que se debe evitar cualquier tipo de censura de contenidos o canales, reiterando el respeto absoluto a la libertad de expresión, de prensa y de pensamiento. 

Incluyen una serie de recomendaciones, como promover la alfabetización mediática (de estudiantes, docentes, ciudadanos) a fin de contrarrestar la desinformación; desarrollar instrumentos que fortalezcan a usuarios y periodistas para hacer frente a la desinformación –verificadores, fact-checking-; o proteger la diversidad y la sostenibilidad de los medios informativos europeos (probable referencia a reducción de impuestos). 

En resumen, los especialistas movilizados por la Comisión sugieren reaccionar con formación e información de calidad a la desinformación; enseñar a jóvenes y adultos a interpretar un contenido informativo (alfabetización mediática); y proteger de alguna forma el ecosistema de los medios europeos. 

Por las mismas fechas que el informe del Grupo de Expertos, la Comisión Europea presenta los resultados de una encuesta, 26.576 entrevistados en febrero de 2018 (eurobarómetro): más del 80% de las respuestas indican que la desinformación supone un problema real y afecta al funcionamiento de la democracia. 

Otro dato destacable de la encuesta es que los europeos consultados, a la pregunta de quién debería actuar para evitar la propagación de noticias falsas, señalan en primer lugar a los propios periodistas, seguidos de los autoridades públicas nacionales y a continuación las empresas de comunicación. 

Un tercer material que la Comisión Europea es una consulta pública, de carácter más cualitativo que cuantitativo. Las dos categorías en las que la mayoría de las respuestas considera probable que las noticias falsas perjudiquen a la sociedad son la desinformación intencionada para influir en las elecciones y en las políticas migratorias. En este apartado sorprende encontrar la seguridad como el sexto ámbito más amenazado, sobre nueve planteados (salud y economía, por delante). 

En cuarto y último lugar, la Comisión Europea encargó a comienzos de 2018 un estudio a su Centro Común de Investigación (JRC) sobre las noticias falsas y la desinformación, más concretamente una investigación sobre el impacto de la transformación digital de los mercados de noticias sobre la calidad de la información. En ese estudio se indica que dos terceras partes de los consumidores de noticias en línea prefieren acceder a ellas a través de plataformas que funcionan con algoritmos, como los motores de búsqueda y los agregadores de noticias, así como por medio de las redes sociales. También se afirma en ese estudio que el poder de mercado y los flujos de ingresos han pasado de estar en manos de los editores de prensa a las de los operadores de plataformas, que disponen de los datos para concordar a lectores, artículos y anuncios de la forma más eficiente. Aquí están las claves más importantes, las económicas y las prácticas: quienes distribuyen los contenidos no son quienes los elaboran[6]

La distribución digital de noticias ha disminuido el papel de los editores. Es decir, se ha separado la función de editor y gestor de contenidos y en gran medida se ha transferido la segunda hacia la publicidad conducida por algoritmos, que maximiza tráfico e ingresos. 

Después de todo el trabajo previo mencionado, la Comisión Europea elaboró en abril de 2018 una Comunicación en la que propone un conjunto de medidas para combatir la desinformación en línea, que incluyen un Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación a nivel de la UE, el apoyo a una red independiente de verificadores de información (fact-checkers) y medidas destinadas a fomentar el periodismo de calidad y promover la alfabetización mediática. 

El Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación que la Comisión sugería a las plataformas digitales en su Comunicación ve la luz finalmente en septiembre de 2018, firmado por Facebook, Google, Twitter y Mozilla (meses más tarde se incorporaría Microsoft), quienes se comprometen a realizar lo que la Comisión les sugería que hicieran voluntariamente bajo la amenaza de regularlo con normativa. 

Adquieren el compromiso de hacer más transparente la publicidad política e introducir mecanismos para contrastar datos a fin de luchar contra la desinformación de cara a las elecciones europeas de mayo de 2019. 

Se comprometen además a cerrar cuentas falsas o a desacreditar a proveedores de desinformación, así como a invertir en tecnologías y programas para "ayudar a la gente a tomar decisiones informadas cuando se encuentren en internet noticias que puedan ser falsas", mediante el apoyo incluso de unos "indicadores de confianza”. 

De este modo a lo largo de 2018 la Comisión Europea pasó de un planteamiento teórico centrado fundamentalmente en la comunicación, en el informe del grupo de expertos o la investigación del JRC, a orientar su actuación hacia las plataformas digitales; y se marcó como horizonte crítico las elecciones europeas de mayo de 2019 para tener toda la maquinaria funcionando y especialmente las restricciones físicas a la desinformación, reducir la velocidad de difusión y su alcance, desactivar la automatización de contenidos dudosos (bots) y penalizar las cuentas desde donde se realiza, sin entrar en contenidos que colocaría sus iniciativas en el campo de la restricción de la libertad de expresión. 

A finales de 2018 la Unión Europea aprobó un Plan de Acción para contrarrestar la desinformación[7], con el que pretendía dar una respuesta coordinada mediante cuatro claves: mejorar las herramientas para detectar la desinformación; impulsar un trabajo conjunto entre la UE y los países miembros (un sistema de alerta rápida); conseguir que el sector privado actuara contra la desinformación; y sensibilizar a la sociedad contra este problema, apoyando iniciativas de verificación y contraste de datos. 

En junio de 2019 la Comisión y la Alta Representante Mogherini elaboran un informe sobre los progresos realizados en la lucha contra la desinformación y las principales conclusiones extraídas tras las elecciones europeas[8], momento en el que declaraba que “aunque todavía es muy pronto para extraer conclusiones definitivas sobre el grado de desinformación y su impacto en las recientes elecciones al Parlamento Europeo, es evidente que las medidas adoptadas por la UE –en colaboración con numerosos periodistas, verificadores de información, plataformas, autoridades nacionales, investigadores y la sociedad civil– han contribuido a disuadir los ataques y a sacar a la luz los intentos de interferir en nuestros procesos democráticos. La mayor concienciación del público dificultó a los agentes malintencionados manipular el debate público”. 

El resultado práctico de todo este proceso es que se obligó a las plataformas digitales a elaborar informes periódicos con las actuaciones que cada una de ellas hacía principalmente en los ámbitos de aclarar las campañas de contenido político en su publicidad y la eliminación de cuentas y procesos automatizados, alcanzándose un clima de colaboración bastante aceptable. 

Finalmente en octubre de 2019 se difundió un balance anual sobre el desarrollo del Plan de Acción contra la Desinformación[9]; Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter y siete asociaciones comerciales europeas presentaron sus informes de evaluación con arreglo al Código de buenas prácticas en materia de desinformación. 

La Comisión admite avances de las plataformas, detecta lagunas en cuanto a alfabetización mediática del ciudadano e investigación, anuncia la presentación a principios de 2020 de un informe exhaustivo sobre el asunto (no realizado probablemente por la crisis del coronavirus) y vuelve a amenazar con proponer nuevas medidas, incluidas las de carácter normativo. 

Por otra parte, la Unión Europea (léase Comisión) cuenta desde 2015 con un grupo de trabajo encargado de recopilar bulos con un enfoque geográfico centrado en Rusia, por medios que se vinculan a su Gobierno y su presencia mediática en países de la Europa oriental principalmente. 

Para el objetivo de este artículo sinteticemos en que la Unión Europea ha situado el fenómeno de la desinformación en el ámbito de las plataformas digitales, y en el apartado más político y de opinión pública, la Unión liga directamente la desinformación con Rusia, a través de un servicio –enmarcado en el aparato diplomático actualmente bajo la autoridad de Josep Borrell- con dos docenas de empleados y cinco millones de presupuesto que se encarga de recopilar noticias falsas que aparentemente proceden y benefician al Gobierno ruso. La UE ha situado el fenómeno de la desinformación en el plano de la política exterior, de la competencia geopolítica con Rusia; y en el de la competencia tecnológica y empresarial en el ecosistema digital; no en el plano de la comunicación, de la alfabetización digital, de la formación, del medio y largo plazo, precisamente el campo de actuación con mayor posibilidades de avance o de interés ciudadano. 

La respuesta europea a la desinformación poco ha tenido que ver por tanto con la información o la comunicación. 

La desinformación, no solo la circulación de contenidos engañosos, sino el alarmismo con el fenómeno, han reaparecido con la crisis del coronavirus tras haber sufrido un descenso muy acusado tras las elecciones al Parlamento Europeo y diversas convocatorias nacionales, en las que el problema había tenido una presencia residual. 

El regreso de la desinformación con la covid-19 parece más un recurso para intentar identificar la crisis con amenazas ya conocidas en el pasado, debido a la dificultad de visualizar el enemigo en un virus, que un resurgimiento de un problema geopolítico o de seguridad nunca certificado en los niveles de letalidad que se trasladan. 

Siguiendo a Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política en la Universidad del País Vasco, “protejámonos de los instrumentos a través de los cuales pretendemos protegernos frente a la mentira”. Sugiere este investigador que “el combate contra la falsedad solo puede librarse en un entorno de pluralismo garantizado”, porque “la clave es el conflicto de distintas versiones, no la imposición de una ‘descripción correcta’ de la realidad”[10]

4. Participación política y crisis de confianza 


Dubravka Šuica, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Democracia y Demografía, declaraba el 22 de enero de 2020, en la presentación del documento de la Comisión sobre la Conferencia: “Debemos aprovechar el impulso dado por la alta participación en las últimas elecciones europeas y el llamamiento a la acción que entraña. La Conferencia sobre el Futuro de Europa es una oportunidad única para reflexionar y dialogar con los ciudadanos, escucharlos y ofrecerles respuestas y explicaciones. Reforzaremos la relación de confianza existente entre las instituciones de la UE y los ciudadanos para los que trabajamos. Esta es nuestra oportunidad para demostrar a la ciudadanía que su voz cuenta en Europa” (cursiva del autor). 

En este párrafo está la voluntad permanente de la política de conocer al ciudadano, más allá de métodos tradicionales como hablar con el quiosquero o el conductor del taxi (una muestra sociológica algo corta), la necesidad de mejorar los canales de participación, el objetivo complicado de escuchar, y además ofrecer respuestas; y una de las claves de esta Conferencia sobre el Futuro de Europa: que sea útil para reforzar la relación de confianza entre los europeos y sus instituciones. 

La participación política en la Unión Europea está fijada en la actualidad por una serie de instrumentos que canalizan la opinión de los ciudadanos; el primero de ellos, las elecciones al Parlamento Europeo, iniciativa que arranca en 1979 por sufragio universal, por lo que el proyecto europeo siempre resulta interesante recordar que no contaba con este mecanismo durante la mitad de su recorrido. Existen asimismo otros mecanismos de participación como las consultas públicas, las iniciativas ciudadanas, entre otras; más los instrumentos de consulta demoscópica encabezados por los eurobarómetros. 

Precisamente el eurobarómetro elaborado en noviembre de 2019[11] mostraba que el 83% de los encuestados quieren que la voz de los ciudadanos sea tenida más en cuenta en las decisiones de la UE en el futuro. 

A su vez el 45% de los ciudadanos de la UE estaba de acuerdo en que su voz cuenta en la UE (España sube al 54%), por lo que la mitad de los encuestados piensan lo contrario, después de una fuerte disminución de 11 puntos en comparación con el eurobarómetro estándar de primavera de 2019 (realizado justo después de las elecciones europeas). 

En relación con las elecciones al Parlamento Europeo, la última convocatoria de mayo de 2019 se cerró con un balance positivo de participación, unos resultados que no confirmaron las previsiones más catastrofistas de abstención mayoritaria y respaldo a partidos de ultra derecha; con alguna que otra sombra como las listas electorales o los programas que no acabaron de ser supranacionales o el compromiso no cumplido de que el presidente de la Comisión fuera el cabeza de la lista más votada. 

Sobre el reto de mejorar la participación política de los europeos, a la altura de la primavera de 2020 parecen superados parcialmente los fantasmas de la democracia directa, siempre con la pesada carga de los referenda que tumbaron la Constitución europea o del bréxit; y bastante reducido otro fantasma, el tecnológico, que supuestamente haría superfluos los mediadores, sean periodistas o europarlamentarios. 

Cómo participar en la elaboración de las políticas europeas[12], se puede preguntar el ciudadano. 

Por una parte se encuentra la llamada Iniciativa Ciudadana Europea, con la que se puede pedir a la Comisión Europea que proponga legislación. La petición debe ir firmada por un mínimo de un millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los países miembros de la UE (esto es, en la actualidad, siete países), en un plazo de doce meses. A partir de enero de 2020 se aplican nuevas normas que hacen más accesible la iniciativa ciudadana europea”, informa el Parlamento Europeo[13]

“Desde que comenzó a aplicarse un Reglamento 2011 que estableció de forma pormenorizada los procedimientos de la iniciativa ciudadana europea, cuatro iniciativas han cumplido los requisitos para ser presentadas ante la Comisión (Right2Water, Uno de nosotros, Stop Vivisection y Prohibición del Glifosato). 

La iniciativa ciudadana “El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano ¡El agua no es un bien comercial, sino un bien público!”, fue validada en diciembre de 2013 y recibió apoyos fundamentalmente desde Alemania. Se invitaba a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa para la implementación del derecho humano al agua y el saneamiento reconocido por la ONU y a promover el suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para todos. 

Por su parte, la iniciativa “Uno de nosotros”, perseguía “la protección jurídica de la dignidad, del derecho a la vida y de la integridad de todo ser humano desde la concepción”. Añadía su planteamiento que “para asegurar la coherencia en las áreas de su competencia, en las cuales está en juego la vida del embrión humano, la UE debe establecer una prohibición y poner fin a la financiación de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos, en particular en los ámbitos de investigación, ayuda al desarrollo y salud pública”. Esta iniciativa fue validada en febrero de 2014 y recibió la mayor parte de sus apoyos desde Italia, Polonia y España. 

En cuanto a la iniciativa ciudadana bajo el título “Stop Vivisection”, fue validada en marzo de 2015 y proponía un marco legislativo dirigido a la abolición de la experimentación animal en la Unión Europea, acumulando respaldo en firmas principalmente desde Italia, Alemania y Francia 

“Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos” es el nombre de la iniciativa ciudadana validada en octubre 2017, con gran cantidad de apoyos de Alemania, Reino Unido, Italia, en la que apelaba a la Comisión Europea “para que proponga a los Estados miembros la prohibición del glifosato, la reforma del procedimiento de aprobación de pesticidas y el establecimiento de objetivos de reducción del empleo de pesticidas de carácter vinculante en toda la UE”. 

Además de las cuatro anteriores en nueve años de iniciativa, han conseguido recientemente el apoyo popular imprescindible otras dos, pendientes de que la Comisión actúe en consecuencia. 

Entre junio de 2017 y 2018 se han recibido más de un millón de apoyos a una iniciativa bajo el título “Detener el extremismo”, que se encuentra en abril de 2020 en proceso de verificación[14]. “Hemos apelado a la Comisión Europea para que elabore un proyecto de ley para prevenir y reducir las consecuencias negativas del extremismo, particularmente en el Mercado Único”, dice la declaración de intenciones de una iniciativa que ha encontrado firmas ciudadanas principalmente de Italia, Dinamarca y Alemania, con 42 heroicos españoles también apoyando. 

“Minority SafePack – Un millón de firmas a favor de la diversidad en Europa” ha sido validada en enero de 2020, con el loable objetivo de que la UE “mejore la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas y refuerce la diversidad cultural y lingüística de la Unión”. La mitad de los apoyos proceden de Hungría y Rumanía, y no son pocos las 42.000 firmas desde España. 

Además de las anteriores son decenas las iniciativas que no han logrado cumplir los exigentes requisitos de apoyo popular. Por ejemplo, la iniciativa “Respeto del Estado de Derecho en la Unión Europea”, entre abril de 2019 y 2020, impulsada por miembros del Movimiento Europeo desde Italia, no ha conseguido las firmas necesarias. 

No es exagerado concluir en cualquier caso que la fórmula de la iniciativa ciudadana europea presenta un balance modesto en participación y resultados. 

El mecanismo de la consultas públicas por su parte permite opinar sobre el alcance, las prioridades y el valor añadido de la actuación de la UE en materia de nuevas iniciativas o de evaluación de las políticas y leyes vigentes. Se trata de un método valorativo, más que el cuantitativo de los estudios demoscópicos tradicionales, para conocer la opinión pública sobre una iniciativa. Las consultas se realizan mediante cuestionarios elaborados para cada caso y públicas permanecen abiertas durante un periodo de hasta 12 semanas. 

En tiempos de la inmediatez digital, de la aceleración también de los tiempos políticos, no parece que el futuro de la participación política vaya a descansar en estos mecanismos lentos y herederos de un parlamentarismo añejo. La realidad es que suelen encontrar apoyo entre las minorías nacionales familiarizadas con los instrumentos comunitarios y dependen en gran medida de la capacidad de los impulsores. 

Con las limitaciones vistas de este tipo de vías de participación política, sin embargo, es de interés reconocer que la gran crisis iniciada en 2008 ha incentivado o amparado una politización de los asuntos europeos a niveles no alcanzados a comienzos de siglo con los debates en torno a la Constitución no nacida de la Unión Europea. 

Durante la década de crisis se ha debatido sobre instrumentos, medidas y eficacia, y pasados los peores efectos se ha mantenido el debate público sobre la Unión, alimentado también por el bréxit y sus consecuencias. 

El proyecto europeo ha demostrado ser más fuerte que sus detractores, aunque debe superar también el voluntarismo acrítico de muchos de sus defensores, partidarios de un super-Estado federal o simplemente de más Europa, sin especificar en qué sentido el crecimiento. 

Más allá de haber logrado el mayor periodo histórico de paz entre sus países, “si quiere recuperar su aceptación popular, lo que los ciudadanos tienen derecho a esperar de la Unión Europea debe tener un contenido bien distinto. Se refiere fundamentalmente a un tipo de protección social en un mundo globalizado en el que la economía aparece como una realidad desbocada y que los estados no están en condiciones de proporcionar”, defiende Daniel Innerarity. 

El déficit democrático, o la necesidad de mejorar la participación ciudadana en un proceso político, difícilmente llegará por la vía de convertir el Parlamento Europeo en un superparlamento nacional, aquejados en cada uno de los 27 países de no pocos problemas. 

En su “Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017. Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático”[15], la Comisión se planteaba “animar a los ciudadanos, incluidos los jóvenes europeos, a participar más y de forma más eficaz en la vida democrática de nuestra Unión”. 

Entre las conclusiones se afirmaba que “el trabajo de la Comisión en cuanto a ciudadanía de la Unión seguirá centrándose en los ámbitos fundamentales que afectan de manera más directa al bienestar de los ciudadanos europeos: capacitándolos por medio de información, asesoramiento y participación democrática; protegiéndolos, garantizándoles la igualdad de trato en la UE y prestándoles apoyo directo; y facilitándoles las cosas en su rutina diaria mediante un acceso en línea sencillo a información, servicios de asistencia y solución de problemas y procedimientos en línea, la reducción de los trámites administrativos, la protección como consumidores, trabajadores y estudiantes y la eliminación de otros obstáculos para el disfrute de sus derechos”. Ambiciosos objetivos políticos y muy concretos y específicos resultados, desequilibrio entre expectativas y consecuencias, entre lenguaje eufórico y realidad práctica. 

Siempre es aconsejable además calibrar el alto nivel de expectativas que se lanzan al ciudadano en un proceso como el de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, con dos años de recorrido, multitud de foros y encuentros, largas relaciones de propuestas que será complicado, como se anuncia, que se traduzcan en leyes y políticas concretas. 

La democracia es un proceso continuado que no suele descansar exclusivamente en momentos constituyentes cada cinco o diez años, como a menudo se interpreta la marcha del proceso político en la UE. 

La mejora de la participación ciudadana más una visión a largo plazo son elementos en cualquier caso positivos para fortalecer un proceso cooperativo que vaya trabajosamente conectando y aprovechando piezas, porque el conocimiento, la inteligencia, el poder, están repartidos por toda la Unión y en cada una de las sociedades que la componen. 

5. La UE como referencia de información y debate político 


La UE está en condiciones de plantear al ciudadano europeo elementos suficientes para despejar la niebla de la desinformación: información rigurosa, informes y análisis contrastados, debates políticos mesurados pues la dinámica política de la UE fuerza una negociación orientada al consenso, a alcanzar acuerdos entre grupos políticos diferentes; entre fuerzas parlamentarias, entre Gobiernos nacionales, entre departamentos de la Comisión, entre cuadros técnicos y políticos. 

"La multiplicación de actores, intereses e instancias de gobernanza equilibra el ejercicio del poder y dificulta la imposición unilateral", defiende Innerarity, para quien la construcción de la voluntad general no puede ser hoy sino "un compromiso entre diferentes". 

En este sentido, existen pocos espacios políticos como Europa que ejemplifiquen lo que significa una democracia compleja, poco dada a las simplificaciones, y donde se hace imprescindible articular la interdependencia, la multiciplicidad de agentes y factores de legitimación, la movilización del conocimiento. Se trataría de preservar la complejidad y gestionarla, no de suprimirla. 

La sociedad civil organizada, no ligada a la defensa de intereses económicos o sectoriales, puede desempeñar una función valiosa en el doble sentido de trasladar las inquietudes ciudadanas a las instituciones comunitarias; y -de vuelta- la realidad comunitaria a las opiniones públicas nacionales. 

La iniciativa de celebrar una Conferencia sobre el Futuro de Europa puede ser un mecanismo que apueste por la complejidad y diversidad de la realidad europea, lo contrario al populismo y los mensajes simples; que trabaje desde las interdependencias, las soberanías compartidas que vive el ciudadano en su realidad diaria, los riesgos y oportunidades comunes que compartimos como europeos. 

Los responsables políticos de las instituciones europeas tienen necesidad de escucha y explicación, según dice, pues habrá que escuchar, y explicarse. 

El reto sería trasladar e implicar al ciudadano en la complejidad del proyecto europeo. La fortaleza de la UE es su diversidad y la novedad de un proyecto político que mal se explica reproduciendo esquemas de funcionamiento nacionales, la UE como un gran Estado o como un gran zoco donde se pelean los Estados miembros. 

Y es un gran engranaje que en su funcionamiento produce información rigurosa que resulta especialmente necesaria en tiempos de desinformación, de profusión de contenidos de info-entretenimiento y escasez de fuentes de referencia fiables.

Como cualquier proyecto político la Unión Europea necesita la implicación ciudadana, que no es irreversible ni imprescindible, es una gran idea que hay que seguir trabajando; advertencia trasladable a la información, la comunicación y la participación, son procesos que requieren la implicación del interesado de forma constante, que nunca se pueden dar por concluidos, tampoco cuando acabe la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 


NOTAS 

[1] Sobre la imposición del relato en comunicación política, véase Christian Salmon, “Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear las mentes", Editorial Península, 2008. Comentario del autor en artículo “Empacho de relato”, disponible en https://www.contextoseideas.com/2020/02/empacho-de-relato.html (consultado el 27.4.2020). 

[2] Hernández Ruiz, Marta, La Unión Europea en los medios de comunicación españoles: estudio de primer nivel de la teoría de la Agenda Setting, Pamplona, Aranzadi, 2019. 

[3] Innerarity, Daniel, La democracia en Europa, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017. 

[4] Documento de Ursula von der Leyen bajo el título “Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024. Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados. Mi agenda para Europa”, julio de 2019. Accesible en https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf (consultado el 19.4.2020).

[5] “Citizens' dialogues and citizens' consultations. Key conclusions”, document de 30.4.2019 accesible en https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-sibiu-citizensdialogues_en.pdf (consultado el 26.4.2020). 


[7] “Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de Acción contra la desinformación, documento de 5.12.2018, accesible en español en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&from=EN (consultado el 26.4.2020). 


[9] “El código de buenas prácticas contra la desinformación cumple un año: las plataformas en línea presentan informes de autoevaluación”, nota de 29.10.2019, accesible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_19_6166 (consultado el 26.4.2020). 

[10] Innerarity, Daniel, “La democracia como interpretación”, en El País, 9 de mayo de 2018. Accesible en https://elpais.com/elpais/2018/05/08/opinion/1525790580_635517.html (consultado el 10.4.2020).



[12] Información disponible en https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-citizenship_es (consultado el 24.4.2020). 

[13] Información sobre el tema del Parlamento Europeo en https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/149/la-iniciativa-ciudadana-europea (consultado el 24.4.2020). 




BIBLIOGRAFÍA


Comisión Europea

Hernández Ruiz, Marta, La Unión Europea en los medios de comunicación españoles: estudio de primer nivel de la teoría de la Agenda Setting, Pamplona, Aranzadi, 2019. 


Innerarity, Daniel, La democracia en Europa, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017. 


Parlamento Europeo

Penedo Cobo, Carlos