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martes, 25 de abril de 2017

Mayrit y sus aguas

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.
Madrid está unida al agua a lo largo de toda su historia. La hoy ciudad, fundada en la segunda mitad del siglo IX por el emir de Córdoba Mohamed I, única capital europea de origen islámico, nace como una pequeña fortaleza para vigilar las incursiones cristinas a través de la sierra de Guadarrama.
No deja de ser un villorrio hasta que recibe la Corte en 1561.
Pero en su primer siglo y medio de historia bajo poder político islámico -hasta la conquista incruenta de Toledo en 1085- se comienza a construir lo que permite su crecimiento posterior, una red subterránea de abastecimiento de agua.
El propio nombre de Madrid procede del árabe Mayrit, castellanizado en Magerit, pronunciándose la "y" y la "ge" como la jota francesa o inglesa, o como la elle en el castizo "botellín"; y su significado es lugar donde abundan los viajes subterráneos de agua, según interpretación documentada del arabista Jaime Oliver Asín en monumental monografía de 1952.
Nunca ha bebido Madrid del Manzanares, río escaso aunque con buenos puentes y la enorme ventaja de ser navegable a caballo, que dijo uno. El abastecimiento procedía de captaciones a las afueras de la villa que se canalizaban hasta el centro de la población para usos privados o fuentes públicas, alguna de ellas conservada en Cibeles hasta no hace mucho.
El sistema de abastecimiento se va extendiendo, renovando y reforzando continuamente y en especial en el siglo XVII, y funciona aceptablemente hasta el siglo XIX, cuando toca techo y ni el caudal conseguido ni el millar de aguadores que recorrían sus calles eran capaces de dar de beber a los 250.000 vecinos de entonces.
¿Qué ocurre en esas fechas? Pues la construcción del Canal de Isabel II, que me permite enlazar el pasado islámico con el presente político.
Tras varios intentos que no fraguaron para abastecer la ciudad de otros cursos de agua,  en 1851 se coloca la primera piedra del embalse del Pontón de la Oliva en el río Lozoya y comienza la construcción del canal de 70 kilómetros que conducirá el agua hasta Madrid, donde llega oficialmente siete años después y brota en una fuente monumental en la calle San Bernardo.
En la historia posterior del Canal nos podemos detener en la construcción en 1911 del primer depósito elevado en la calle Santa Engracia, en estilo neomudéjar, donde se concentraban las cámaras de la prensa y los vehículos de la Guardia Civil estos días atrás mientras registraban los archivos de la empresa.
Viene a cuento mencionar en este punto que a finales de los 80, cuando se acondicionó el depósito para otros usos -hoy es una excelente sala de exposiciones fotográficas-, sorprendió descubrir la acumulación de varios metros de guano en su interior, o como se llamen los excrementos de palomas y murciélagos a este lado del Atlántico. Un indicio.
El abastecimiento de agua a Madrid va mejorando con los años y el Canal de Isabel II pasa en 1984 a depender de la Comunidad de Madrid y se le encomienda, además de los servicios tradicionales del abastecimiento, la depuración de las aguas residuales y la mejora y conservación de los ríos; en 2008 se crea una sociedad anónima responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II Gestión, S.A., que inició su andadura en 2012.
En estos últimos años la empresa inició una expansión exterior por Latinoamérica que ahora está siendo investigada, sufrió un intento de privatización que no tuvo éxito de milagro y aparentemente se ha utilizado para engrasar medios con publicidad y para corruptelas varias.
El Grupo Canal de Isabel II presta hoy servicio a 9,7 millones de habitantes (6,6 en España y 3,1 en Latinoamérica), factura más de mil millones de euros, tiene una deuda equivalente a sus ingresos anuales, un patrimonio ingente y miles de kilómetros de conducciones.
La conclusión de todo esto no tiene que ver con el abastecimiento de agua, sino con el saneamiento; el agua de boca se solucionó antes y mejor que las aguas negras.
La Organización Mundial de la Salud analiza regularmente la esperanza de vida en todo el planeta (71 años de media mundial, 82 en España) y destaca la reducción de la mortalidad infantil, el agua potable y por supuesto el desarrollo de los productos farmacéuticos como causas principales de que cada vez vivamos más años.
Pero la OMS incide siempre en un peligro menos conocido que mina la salud: "actualmente 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o letrinas", destaca Naciones Unidas; 946 millones de personas defecan al aire libre –aproximadamente uno de cada ocho habitantes del mundo–.
Estamos hablando entonces que un problema a escala mundial se encuentra también en la Comunidad de Madrid, que es la deficiente o inexistente gestión de los restos fecales. La cantidad y calidad de las aguas que llegan al Tajo desde sus afluentes madrileños era otro indicio.
Las alcantarillas de la política madrileña permanecen taponadas desde hace dos décadas y no ha habido responsable hasta ahora capaz de desatascarlas, parece que ni a intentarlo.
El saneamiento es una prioridad del desarrollo mundial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lanzados en 2015, incluyen el objetivo 6 que tiene la meta de lograr, para 2030, el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables.
Naciones Unidas ha establecido el 19 de noviembre como Día Mundial del Retrete. "Los retretes salvan vidas, aumentan la productividad, crean empleo y las economías crecen", afirman.
Una sociedad avanzada se mide mejor por su red de saneamiento que por el agua del grifo.

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sábado, 18 de marzo de 2017

Excesos de la lucha antiterrorista

La lucha antiterrorista amenaza en media Europa con saltar los límites de derechos fundamentales del ciudadano, entre ellos lo relacionado con la libertad de expresión y las redes sociales. Organismos internacionales y ONG alertan sobre un fenómeno acrecentado en los últimos dos años de obsesión antiterrorista que restringe derechos en nombre de la seguridad.
El 5 de febrero de 2016 la policía española detuvo en Madrid a dos actores de una compañía de títeres acusados de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio, permanecieron cinco días encarcelados -prisión provisional sin fianza- y fueron incluidos en un fichero de presos peligrosos con el régimen penitenciario más severo. En su liberación se les retuvo el pasaporte y se les obligó a comparecencias diarias ante el juez.
La obra causante de la detención, representada en tiempos de carnaval ante un público infantil, tenía un argumento de crítica social contra los cuatro poderes que supuestamente rigen la sociedad española: la propiedad, la institución religiosa -un guiñol vestido de monja-, las fuerzas de seguridad -un muñeco con uniforme de policía- y el poder judicial -marioneta con toga de juez-. En un pasaje de la obra, representada en esperanto y latín, un guiñol portaba una pancarta –una falsa prueba fabricada por el guiñol policía- con la leyenda "Gora Alka-ETA".
El recorrido judicial del caso ha tenido dos paradas: la Audiencia Nacional dictaminó el 28 de junio de 2016 el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por el delito de enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo, aunque derivó hacia otro juzgado por si existiera otro delito de discurso de odio. Finalmente el 5 de enero de 2017 el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid archivó definitivamente el asunto.
La difusión pública de este segundo archivo ha coincidido con un informe de Amnistía Internacional en el que analiza, desde la perspectiva de los derechos humanos, las medidas antiterroristas adoptadas en 14 estados miembros de la Unión Europea. La ONG incluye este caso de los titiriteros al tratar de España.
El informe, Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa (enlace al original en inglés), revela -según sus autores- la manera en que el diluvio de leyes y reformas aprobadas a una velocidad de vértigo está minando libertades fundamentales y desmantelando salvaguardias de derechos humanos. "Una serie de nuevas leyes de amplio alcance están conduciendo a Europa a un profundo y peligroso estado de 'securización", afirma Amnistía.
“Tras una serie de atroces atentados, desde París hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias”, manifestó en su presentación John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.
En su opinión, “tomadas de una en una, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todas juntas emerge una inquietante imagen en la que poderes sin control pisotean libertades que se daban por sentadas desde hace mucho tiempo”.
El informe repasa cómo en varios países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, han aumentado el poder del Ejecutivo, han eliminado controles judiciales, han restringido la libertad de expresión y han expuesto a toda la población a una vigilancia gubernamental sin control.

Leyes de excepción y medidas similares

En varios países, según AI, las reformas constitucionales o la legislación harán que sea más fácil declarar un estado formal de excepción u otorgar poderes especiales a los servicios de seguridad e inteligencia, a menudo sin apenas supervisión judicial, o sin supervisión en absoluto.
En Francia, desde los atentados de noviembre de 2015, se ha renovado cinco veces el estado de excepción, con lo que se ha normalizado una serie de medidas intrusivas como, por ejemplo, el poder para prohibir manifestaciones y llevar a cabo registros sin orden judicial.
El informe de Amnistía Internacional asegura que se han concedido o ampliado poderes de vigilancia masiva en Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Bélgica y Países Bajos, entre otros, y al hacerlo se ha permitido la interceptación masiva y el posible acceso a los datos de millones de personas.
La Ley Antiterrorista promulgada por Polonia en 2016 permite medidas de vigilancia encubierta contra personas de ciudadanía extranjera, como por ejemplo las escuchas telefónicas, el seguimiento de las comunicaciones electrónicas y la vigilancia de las redes y dispositivos de telecomunicaciones sin supervisión judicial de ningún tipo durante tres meses.

Delitos de opinión

"En un moderno giro del orwelliano 'delito de opinión', la gente puede ahora ser procesada por actos que tienen un vínculo sumamente tenue con una conducta delictiva real", señala el informe. Al centrar cada vez más las medidas antiterroristas en la prevención, los gobiernos han invertido en iniciativas “predelictivas” y han recurrido con una frecuencia cada vez mayor a órdenes de control administrativo para restringir la libertad de circulación y otros derechos, añaden.
Para Amnistía, el miedo a ser calificado de amenaza para la seguridad o de extremista ha tenido un efecto disuasorio que ha limitado la libertad de expresión.
En 2015 los tribunales franceses dictaron 385 condenas por “apología del terrorismo”, un tercio de ellas contra menores de edad. Las definiciones de qué constituye “apología” son sumamente amplias.
En España precisamente se endureció el Código Penal en marzo de 2015 especialmente en lo relativo al terrorismo y su enaltecimiento, reforma que se produjo meses después de otra modificación de la Ley del Poder Judicial que introdujo nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar, bajo el principio de la justicia universal, crímenes de especial gravedad cometidos fuera de nuestras fronteras, cambio este segundo que ha dificultado la persecución transnacional del delito, como han reconocido fiscales y profesionales que participan en la lucha antiterrorista.

Naciones Unidas se pronuncia

El choque entre libertad de expresión y lucha antiterrorista sobrepasa con creces el ámbito de una ONG preocupada por los derechos humanos. Naciones Unidas ha señalado que la expresión pacífica de puntos de vista que son considerados extremos nunca debe ser penalizada a menos que esté asociada con la violencia, según defiende Ben Emmerson, relator especial de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Emmerson presentó en marzo de 2016 su informe anual al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en el que advierte que los gobiernos deben ser cuidadosos en su respuesta a la cuestión, ya que se trata de una zona ambigua en la que hay que diferenciar el discurso de una llamada directa a la violencia.
El experto señaló que existe ahora una nueva tendencia peligrosa de criminalizar la glorificación del terrorismo, por lo que llamó a prestar atención a la intención del interlocutor más allá de sus palabras.

Objetivo: redes sociales

Volviendo a España, la libertad de expresión es el ámbito que se ve más afectado por aparentes excesos en la aplicación de medidas antiterroristas aplicando una legislación crecientemente endurecida y curiosamente los dos asuntos más mediáticos, ambos reseñados por AI, afecta al mundo artístico, músicos y actores.
Junto con el caso de los titiriteros, y en contra de la posición final de la Justicia sobre ese asunto y de la opinión de Naciones Unidas, este enero de 2017 ha visto también cómo el Tribunal Supremo condenaba a un año de prisión al cantante del grupo Def con Dos, conocido como César Strawberry, por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas por comentarios publicados en Twitter en 2013 y 2014 sobre el rey emérito Juan Carlos y sobre Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno asesinado por ETA en la etapa final de la dictadura de Francisco Franco.
Durante 2015, según la última Memoria de la Fiscalía, se incoaron en España 60 diligencias de investigación por delitos de enaltecimiento del terrorismo, 55 de ellas vinculadas con ETA, de las que 43 fueron archivadas por falta de autor o por no ser delictivos los hechos y ocho fueron judicializadas mediante denuncia o querella, confirmando el incremento de estos procedimientos sobre todo por comentarios publicados en las redes sociales y también el alto número de absoluciones.
Se da la circunstancia de que tanto las denuncias como las sentencias relacionadas con el enaltecimiento del terrorismo se han disparado en el último lustro en comparación con los años en los que la organización terrorista ETA asesinaba en España, grupo que en octubre de 2011 anunció el cese definitivo de su actividad armada.
Desde la asociación profesional española Jueces para la Democracia, su portavoz Ignacio González ha señalado que "la legislación antiterrorista, y concretamente el pacto alcanzado en 2015, desdibuja totalmente el delito de terrorismo, que se ha de caracterizar por elementos como el aspecto organizativo y la posesión de armas o explosivos".
Escribe Amnistía Internacional: “los dos últimos años han sido testigos de un profundo cambio de paradigma en Europa, un cambio de la idea de que el papel de los gobiernos es proporcionar seguridad para que las personas puedan disfrutar de sus derechos, a la idea de que los gobiernos deben restringir los derechos de las personas para proporcionarles seguridad”.

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Artículo publicado en el marco del proyecto de investigación Seguridad Global y Derechos Fundamentales.

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jueves, 7 de mayo de 2015

El Congreso pide actuaciones contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas

UNANIMIDAD
Consenso en que hay que ir más allá. Todos los grupos parlamentarios han acordado un texto que pide la elaboración de un protocolo preventivo y que un órgano al margen de la cadena de mando supervise las denuncias

Carlos Penedo. Articulo publicado originalmente en Estrella Digital.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por unanimidad una proposición no de ley que emplaza al Ejecutivo a "continuar promoviendo una cultura de tolerancia cero frente a las posibles conductas constitutivas de acoso sexual, por razón de sexo y el profesional" y elaborar un protocolo, junto a los grupos parlamentarios, para la prevención de las posibles conductas de acoso en las Fuerzas Armadas.
La Cámara insta así al Ejecutivo a sustentar esta política de tolerancia cero a través de la elaboración de un protocolo, previa consulta y consenso con los grupos parlamentarios, para la prevención de las posibles conductas de acoso, la protección a la víctima, desde el establecimiento de los canales de comunicación y de los procedimientos adecuados que garanticen sus intereses legítimos y salvaguarden su identidad y carrera profesional, así como el establecimiento de medidas contra el infractor.
Se contemplarán medidas preventivas, de información, formación y sensibilización, así como la realización de estudios y análisis; de protección de la víctima, de apoyo y asistencia, y de protección de sus derechos, incluyendo las medidas de movilidad que resulten oportunas, así como la confidencialidad y salvaguarda de sus derechos legítimos evitando cualquier tipo de represalias; y de seguimiento y control de los casos, del personal implicado y de las medidas adoptadas.
Asimismo, pide que las actuaciones administrativas correspondientes sean supervisadas por unidades específicas de un órgano especializado externo a la cadena de mando; y que la persona responsable de la Subsecretaría de Defensa comparecerá anualmente para informar sobre la política de personal del Ministerio, dedicando un apartado de su exposición a la política de prevención y la aplicación del protocolo de lucha contra el acoso sexual, por razón de sexo y el profesional que se derive de ellas.
Plantea interesar, asimismo, por parte de las Cortes Generales, al Observatorio de la Vida Militar, la realización de un estudio específico sobre la situación de medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de represión de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas Armadas, con análisis de derecho comparado sobre esta materia y la elaboración de recomendaciones; así como incluir entre los parámetros de dicho observatorio los relativos a la situación de acoso sexual, laboral y profesional en el seno de las Fuerzas Armadas.

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