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lunes, 4 de noviembre de 2024

Más armas para una nueva guerra fría

En 1989 la Armada española dio de baja definitiva el portaaviones Dédalo. Fue en el año en el que el muro de Berlín se cayó, según expresamos habitualmente en español, marcando simbólicamente el fin de la Guerra Fría, o también podríamos decir que el muro se desmoronó, teniendo en cuenta en este segundo caso deficiencias en los materiales que lo construyeron. Lo cierto es que durante buena parte de la Guerra Fría el buque militar insignia de España fue un portaaviones norteamericano ligero, construido durante la Segunda Guerra Mundial y cedido en los sesenta en el marco de los acuerdos militares de la dictadura con EEUU.

Sirva el ejemplo hispano -particular como todos, con ingredientes compartibles con otros- para mostrar el gigantesco salto de España en capacidades militares en 35 años, un desarrollo que confirma que cualquier tiempo pasado fue anterior, que no mejor. Al final de la década de los 80 del siglo XX España se encontraba en plena transición militar, desde una organización con escaso arraigo democrático e ineficiente, intensiva en personal no profesional de leva obligatoria, transformándose desde su misión principal de proteger al Régimen de los españoles a pasar a defender el país de amenazas externas.

Desde entonces, entre 1989 y 2024, ha ocurrido de todo: declive ruso, cercanía hasta crearse un amistoso Consejo OTAN-Rusia en 2002, empoderamiento ruso y última fase de choque frontal; hemos asistido al desbloqueo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a un nuevo bloqueo; al fracaso inducido del multilateralismo por intervenciones militares desastrosas en Afganistán, Irak, hoy en Ucrania y en todo Oriente Próximo por parte de Israel y aliados; el mundo ha presenciado en este periodo la emergencia de China, la profesionalización de los ejércitos y su salto tecnológico.

Lo más peculiar en perspectiva podría ser la idealización actual de la propia Guerra Fría, a pesar de la inversión pública disparada de la carrera nuclear y espacial ligadas; de las guerras por delegación,  del patrocinio de golpes de Estado en medio planeta; de la destrucción mutua casi asegurada... Reconozcamos únicamente la habilidad durante la Guerra Fría de externalizar la violencia militar hacia territorios no europeos ni norteamericanos.

Otra de las sorpresas no menor de estas tres décadas largas ha sido la supervivencia de la OTAN: instrumento político del diálogo trasatlántico, organización única en la homogeneización de materiales y procedimientos militares, cadena de transmisión del mando norteamericano sobre Europa, que hoy parece gozar de una salud envidiable sin reinventarse cuando ha desaparecido el marco geoestratégico que la creó. La OTAN sobrevivió al fin de la Guerra Fría, se fue hasta Afganistán en busca de argumentos y se ha extendido hasta las mismas fronteras de Rusia, integrando buena parte de la Europa oriental.

Con todo uno de los fenómenos más relevantes, por actual, porque rompe tendencias, porque ofrece síntomas de continuidad, es una nueva carrera de armamento a nivel mundial que concentra recursos ingentes destinados al choque bélico contra alguien, o quizá contra nadie, alimentando una nueva guerra fría.

La foto que nos ofrece el instituto de análisis sueco SIPRI muestra que el gasto militar mundial aumentó en 2023 por noveno año consecutivo hasta alcanzar el máximo histórico de 2,44 billones de dólares. Por primera vez en una década el gasto militar aumentó en todo el planeta, con incrementos especialmente importantes en Europa, Asia y Oceanía y Oriente Medio.  En Latinoamérica también, se militariza la seguridad interior.

Rusia aumentó un 24% su gasto militar hasta alcanzar una cifra estimada de 109.000 millones de dólares en 2023, lo que supone un incremento del 57% desde 2014, año en el que se anexionó Crimea. 

En 2023, los 31 miembros de la OTAN gastaron 1,34 billones de dólares, lo que equivale al 55% del gasto militar mundial. El de EE.UU. en solitario aumentó hasta alcanzar los 916.000 millones de dólares en 2023.

El gasto en Defensa de Europa sumó en 2023 un total de 407.000 millones de dólares, que acumula un crecimiento del 43% desde 2014.

De lo anterior se deduce que el gasto en Defensa acumulado de los países de Europa occidental cuadruplica el de Rusia, a pesar de que la presidenta de la Comisión Europea advertía recientemente de que se estaban igualando; y que Estados Unidos multiplica por nueve el gasto en Defensa de Rusia, y triplica el de China.

El gasto militar mundial en 2024, el de Estados Unidos, el de Europa, ya supera el del final de la Guerra Fría, con conflictos incendiados que han contribuido a extender su necesidad en Ucrania, Israel y todos sus vecinos, el mar de China-Taiwán y otros que interesan menos como Sudán o centro África.

En territorio OTAN, el objetivo de destinar a Defensa el 2% del PIB marcado en 2014 como horizonte casi utópico se ha convertido una década más tarde en suelo obligado para empezar a hablar.

Volviendo a España, que es lo que más nos interesa, porque desde aquí vemos el resto del globo, el gasto en Defensa se ha incrementado más del 60% desde que llegó el actual Gobierno de coalición de izquierdas en 2018.

Más allá del esfuerzo económico en la Defensa, el mundo militar se ha visto alterado en las últimas décadas también por la cualidad de las armas, su transformación tecnológica, los sistemas no solo aéreos no tripulados, el carácter dual -también civil- de la mayor parte de las tecnologías utilizadas en un conflicto armado, muy especialmente la información y los drones; las armas letales autónomas que ya han abandonado el mundo de la ciencia ficción; la ciberseguridad omnipresente.

Todos los conflictos armados son campo de experimentación de los próximos sistemas de armas, Ucrania e Israel- Palestina-Líbano son hoy campos de maniobras con fuego y víctimas reales, con la tecnología aplicada para la selección automatizada de objetivos, el asesinato masivo de civiles, la limpieza étnica o el terrorismo tecnológico en un tercer país no combatiente, todo lo hemos visto ya. Existe unanimidad en que ninguno de los dos conflictos se resolverá por la vía militar.

El mito construido sobre la Guerra Fría del siglo XX lo dibuja como una época ciertamente peligrosa, pero bastante estable, y en muchos aspectos con un compromiso estatal y ciudadano que convendría imitar en nuestros días, mito que ha sido alimentado en los años posteriores, en tiempos ahora de fragmentación y conexiones múltiples y permanentes que nos hacen añorar la simplificación de aquella política de bloques.

La incertidumbre actual nos hace añorar  una inventada etapa previsible y estable. Aunque quizá no fuera exactamente así. Cuesta encontrar en el pasado la supuesta edad de oro que hoy convendría imitar en materia de armamento y gasto militar.

En el presente escenario internacional, planteémonos si existe amenaza existencial que justifique una carrera de armamento como la actual. Aceptemos que vivimos en un  sistema internacional en crisis, pues la arquitectura de seguridad y control de armamento de la Guerra Fría ha sido desmantelada y no alcanzamos a ver su sustituto.

La seguridad, la defensa, se puede interpretar desde un enfoque objetivo, cuantificable, número de víctimas, de conflictos vivos, de gasto en armamento; y desde un enfoque subjetivo, la sensación de inseguridad, y en este punto cabría preguntarse cuánto de la inseguridad subjetiva actual ha surgido por generación espontánea, amenazas objetivas, o ha sido inducida por los intereses económicos y políticos que salen beneficiados; cuánto tiene de inercia y de economías con un decisivo componente industrial militar. En este sentido, EEUU como potencia militar indiscutible, no discutida, podría basar la continuidad de su hegemonía en lo que se siente más fuerte que es el músculo militar.

Algo profundo ha cambiado en las tres décadas trascurridas desde el final de la Guerra Fría. La última década del siglo XX efectivamente vivió presupuestos militares a la baja y la resolución de conflictos delegados al quedarse sin patrocinador. El jurista argentino y primer fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo sitúa el punto de inflexión en la respuesta de Estados Unidos a los atentados del 11-S y la posterior invasión de Irak, como el momento en que la potencia hegemónica decide apostar por la guerra, por el tratamiento militar del terrorismo, al margen o por encima de la legalidad internacional simbolizada por Naciones Unidas, las armas como respuesta única a los conflictos, que se ha continuado durante más de una década hasta haber llegado en este 2024 a que la ONU es objetivo militar por parte de Israel en toda la Palestina histórica y en Líbano.

Parafraseando a Ocampo podríamos también afirmar que la respuesta armada como única receta tiene poderosos incentivos para perpetuarse en el tiempo, en concreto 2,44 billones de dólares de incentivos anuales. 

Admitamos que 35 años después de la caída del muro vivimos una nueva guerra fría, aunque en esta ocasión con minúsculas, desconocemos los contendientes, no existe alternativa ideológica al capitalismo ni amenaza existencial nueva ni China es equiparable a la antigua URSS, tampoco Rusia.

Cualquiera que sea el escenario actual se mantiene la premisa de que el armamento es o debe ser un instrumento, nunca un fin en sí mismo, instrumento de una política para dar respuesta a conflictos internacionales que no pueden tener la fuerza militar como único argumento; lo militar es instrumento de una estrategia geopolítica no debatida ni explicitada en la que Europa y España han perdido claramente capacidad autónoma de decisión en los últimos años.

Toca pues empezar a robustecer de argumentos e iniciativas la alternativa al monólogo militar que tantos fracasos presenta antes y después de 1989. Esos argumentos los tenemos escritos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 o en la Estrategia Europea de Seguridad de 2016, los valores que se pregonan y no se cumplen, el orden internacional basado en normas.

'La ley crea poder', dejó dicho Moreno Ocampo en visita reciente por Madrid. Sugiere juzgar a los máximos responsables de las actuales violaciones del derecho internacional, terminar con la impunidad de los responsables de las guerras de agresión, genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad; discutir las estrategias en marcha; y presentar alternativas.

Artículo publicado también en La Hora Digital.



domingo, 31 de mayo de 2015

El Gobierno rebaja su nueva Ley de Seguridad Nacional

YA NO SERÁ LEY ORGÁNICA
  • El Gobierno rebaja nivel y ambición de su nueva Ley de Seguridad Nacional
  • El Consejo de Ministros aprueba para su envío a las Cortes el proyecto de Ley de Seguridad Nacional
  • La norma ha perdido su carácter de 'orgánico' que tenía hasta ahora, se rebaja su ambición y apenas quedan dos meses de actividad parlamentaria para tramitarla

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
“En el plazo de seis meses desde su constitución” –que se produjo en julio de 2013-, “el Consejo de Seguridad Nacional elaborará una propuesta de anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional para su posterior elevación al Consejo de Ministros”, se puso por escrito en la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada el 31 de mayo de 2013.
El semestre autoimpuesto se convirtió en año y medio, durante todo 2014 la norma no se consideró prioritaria, y el Gobierno presentó finalmente el pasado mes de enero un anteproyecto que ha permanecido cinco meses en el Consejo de Estado para su dictamen.
El viernes el consejo de ministros aprobó el proyecto de ley. El objetivo de la norma es "reforzar los instrumentos del Estado para garantizar la seguridad nacional y responder a los nuevos riesgos y amenazas de forma coordinada y eficaz", según Moncloa. En el camino la proyectada ley ha perdido fuerza legal, fuerza política y el fin de legislatura puede impedir su aprobación y quedarse en un gesto, un papel que el nuevo Parlamento puede recoger o no.
El ordenamiento jurídico español reserva el carácter de ley orgánica para asuntos de especial sensibilidad, que afecten a derechos fundamentales o que así lo diga expresamente la Constitución, como ocurre con determinados aspectos de la Defensa y las Fuerzas Armadas.
El calendario de actividad parlamentaria en el Congreso no deja además apenas plazo para sacar adelante esta ley, reducido al mes de junio y al mes de septiembre, siempre dependiendo de la fecha de la convocatoria de las elecciones generales que de celebrarse en noviembre disolvería las Cortes recién acabado el verano. En 2011, para celebrar las elecciones generales el 20 de noviembre, el Gobierno aprobó el Real Decreto de disolución de las Cámaras el 26 de septiembre.
Se da la circunstancia de que la principal norma que regula los asuntos de la Defensa es una Ley Orgánica, aprobada en 2005, y la nueva ley de seguridad nacional, que en teoría debiera estar por encima y regular tanto Defensa como Interior y Exteriores, se regiría por una ley ordinaria. La Ley de Defensa además creó el Consejo de Defensa Nacional, de difícil convivencia con el Consejo de Seguridad Nacional, ambos con miembros y funciones muy similares.
A la espera de que se conozca el texto del proyecto de ley y del dictamen del Consejo del Estado, aparentemente el Gobierno ha rebajado sus expectativas iniciales sobre una gran norma que integrara los principales aspectos de la seguridad nacional bajo la dirección política del presidente Rajoy. El resultado pretendido ahora se reduce a aspectos organizativos.
En los últimos dos años el Consejo de Seguridad Nacional se ha reunido con carácter ordinario aproximadamente cada dos meses. Del Consejo depende el dominado Comité de Situación, órgano más ágil en Presidencia del Gobierno para la gestión de crisis, que únicamente ha sido convocado en una ocasión en marzo en el marco de un simulacro de emergencia química. Ni uno ni otro han sido convocados en situaciones de crisis como la abdicación del rey Juan Carlos y coronación de Felipe VI, la crisis del ébola, la amenaza yihadista o el reciente vertido de fuel en aguas de Canarias, a pesar además de que el Gobierno ha elevado tres veces el nivel de alerta de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Fuerzas Armadas en el último año.

Se rebaja el rango de la ley

El nuevo texto legal "mejorará la coordinación entre las distintas administraciones ante situaciones de emergencia", afirma el comunicado de Presidencia.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este viernes que por recomendación del Consejo de Estado la norma, que fue presentada el pasado 16 de enero como anteproyecto de ley orgánica, será tramitada como ley ordinaria, dado que "no tiene ninguna consecuencia sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas".
El texto, ha resaltado, dota al Estado de instrumentos adecuados para afrontar riesgos de forma "más coordinada y eficaz, potenciando las capacidades para responder a desafíos de muy diferente índole". Además, cubre el vacío normativo existente entre las crisis más graves -que son aquellas que contemplan los estados de alarma, excepción y sitio- y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales.
En este sentido, la vicepresidenta ha concretado que la norma regula la situación de interés para la seguridad nacional, que es aquella que por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos y la dimensión o transversalidad de las medidas necesarias para resolverla, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus funciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno. Esta situación será declarada por el presidente del Gobierno, mediante un Real Decreto, y el Ejecutivo informará al Congreso de los Diputados.
La futura ley también concreta legalmente en el ordenamiento jurídico el concepto de seguridad nacional, que se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España, sus principios y valores constitucionales, y a contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de seguridad.
Se establece un sistema de seguridad nacional basado en el Consejo de Seguridad Nacional, que preside el jefe del Ejecutivo. En este sistema se integran la seguridad pública, la acción exterior y la coordinación en ámbitos como la ciberseguridad, la seguridad energética o la protección de infraestructuras críticas.
La contribución de recursos a la seguridad nacional se hará "conforme a los principios de contribución gradual y proporcionada a la situación planteada", ha concluido la vicepresidenta.

Consejo de Seguridad Nacional

El Sistema de Seguridad Nacional se basa principalmente en el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo es el principal órgano asesor del presidente del Gobierno en la dirección de la Política de Seguridad Nacional, así como en la dirección y coordinación de las situaciones de crisis.
Para hacer frente a las crisis, el Consejo de Seguridad Nacional estará asistido por un Comité Especializado de gestión de crisis, que busca mejorar la coordinación entre los departamentos ministeriales, para favorecer la rapidez y flexibilidad en la respuesta a estas situaciones.
El Consejo de Seguridad Nacional y sus Comités cuentan con el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno como Secretaría Técnica, órgano de trabajo permanente y centro de situación en caso de crisis.

Sugerencias

Publicado con posterioridad al artículo de arriba:

lunes, 19 de enero de 2015

Nueva cruzada antiterrorista: Rajoy moviliza al Gobierno y al PP

En un ambiente en el que Europa se plantea endurecer las medidas contra el terrorismo, Gobierno y Partido Popular recuperan el discurso de la seguridad nacional y la amenaza al Estado de derecho y las libertades. Rajoy repesca una ley integral de seguridad que descartó en 2014

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
Unidad Especial de Intervención UEI de la Guardia
Civil, desplegada esta semana en Madrid.
Sorpresa en el Consejo de Ministros de este viernes: el Gobierno "ha analizado el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, que pretende adecuar el sistema actual a los nuevos riesgos y amenazas para los ciudadanos. Asimismo, la norma contempla actualizar las estructuras existentes para fortalecer la prevención y respuesta antes situaciones de crisis", dice la nota de Moncloa.
El momento elegido se sitúa a nueve días de los atentados de París contra la publicación Charlie Hebdo y un supermercado de comida judía, con el resultado de 17 muertos, que ha abierto una nueva fase de iniciativas en toda Europa contra el terrorismo. "Francia está en guerra contra el yihadismo", ha declarado el primer ministro francés en los últimos días, mensaje donde el ministro español de Defensa, Pedro Morenés, ha ido incluso un paso más allá: "Occidente está en guerra contra el terrorismo".
El proyecto legislativo que el Gobierno de Rajoy pretende impulsar ahora es un compromiso recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en julio de 2013, que daba seis meses al Ejecutivo para presentar un anteproyecto, plazo que se cumplió hace justamente un año, en enero de 2014.
En verano de 2014 la ley no era una prioridad
En el verano de 2014, cuando el Gobierno presentó el primer balance anual de seguridad nacional, la elaboración de una Ley Orgánica de Seguridad Nacional no se descartaba, aunque no se consideraba una prioridad política, debido a las dificultadas encontradas de coordinación y competencias entre los distintos ministerios afectados, principalmente Defensa, Interior, Presidencia, también Exteriores.
A este respecto, criticado por los grupos parlamentarios de la oposición sobre el retraso, el director del gabinete del presidente, Jorge Moragas, declaraba en el Congreso el pasado mes de julio que "se sigue trabajando en el texto y nuestra voluntad es sacarla, llevarla adelante; no le voy a decir que es urgente pero sí es importante, y nuestra voluntad es que ese texto pueda presentarse antes de terminar la legislatura".
Tras meses con la ley aparentemente abandonada, el Gobierno recupera la idea con un calendario complicado, teniendo en cuenta que una Ley Orgánica requiere un amplio apoyo parlamentario, y por tanto negociación entre el Gobierno y los partidos políticos de la oposición; que el proyecto se va a enviar al Consejo de Estado para el preceptivo informe, que el año 2015 está plagado de citas electorales que pueden trastocar la fecha de las elecciones generales y el acortamiento de la vida parlamentaria en el Congreso.
A favor de tramitar ahora una Ley Orgánica de Seguridad Nacional juegan factores como la psicosis antiterrorista generada a partir de los atentados de París y el ofrecimiento de colaboración por parte del Partido Socialista al presidente Rajoy en materia de seguridad que podría facilitar el trámite.
El largo proceso político y parlamentario complica la tramitación de la ley
Lo que no fue tratado ni se dijo una palabra tras el Consejo de Ministros del pasado viernes fue el proyecto del Gobierno de presentar una estrategia contra la radicalización violenta en España, iniciativa reiterada por los responsables del Ministerio del Interior durante todo 2014 y que aún no ve la luz, aunque se interpreta como inminente. A lo anterior se suma las reformas del Código Penal que el Gobierno quiere aprobar en las próximas semanas para endurecer aspectos como el "adoctrinamiento pasivo" a través de internet y las redes sociales, así como dificultar o penalizar el viaje desde España hacia zonas de conflicto.
Las comunicaciones de los sospechosos de terrorismo, físicas pero sobre todo virtuales, se presentan como la principal prioridad de las autoridades policiales en materia de seguridad en la actual lucha contra el yihadismo.
En este sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró el pasado martes que el Gobierno renunciará a su propuesta de aumentar los casos en que se permite la intervención de las comunicaciones sin orden judicial si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye que no tiene encaje constitucional, tal como dice el dictamen que aprobó el lunes. "Si el CGPJ considera que no tiene pleno encaje constitucional le puedo asegurar que renunciamos a esa iniciativa.
El Gobierno vuelve a aplazar el anunciado plan contra la radicalización
"Ni el Ministerio de Interior ni el de Justicia tenemos intención de seguir adelante, promover o imponer una iniciativa que tenga la más mínima duda de su adecuado encaje constitucional", ha añadido.
Según dijo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual ya prevé que el ministro del Interior pueda intervenir las comunicaciones solo por supuestos terroristas durante 72 horas antes de comunicárselo a un juez. "Otra cosa es que cuando se aprobó esa Ley el smartphone no existía y hay que adecuar esa situación a la nueva realidad", ha apostillado.
La misma prioridad digital ha aparecido en el encuentro de este viernes entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico. Obama y Cameron han aprovechado su reunión para hablar de las "ciberamenazas", que catalogan como uno de los desafíos "más graves" para la economía y la seguridad nacional. Así, han pactado mejorar la infraestructura de lucha contra los ataques informáticos, reforzar la cooperación y apoyar la investigación. Entre las iniciativas concretas acordadas destacan una especie de maniobras militares virtuales y la creación de una "cibercélula conjunta" en la que participarán las agencias de seguridad de los dos países.
Finalmente, en relación con una nueva Ley Orgánica de Seguridad Nacional en España, queda por ver cómo afecta el texto a la vigente Ley Orgánica de la Defensa Nacional aprobada en 2005, así como a la legislación de Interior sobre estos temas.
Tras el Consejo de Ministros de este viernes, el Gobierno informó de que "​la nueva norma responde a la demanda compartida de mejorar la coordinación y resolver los problemas que plantea una actuación compartimentada frente a los riesgos y amenazas de carácter transversal propios de nuestros días. Así, con esta Ley Orgánica, el Estado potencia sus capacidades para responder a desafíos de índole muy diversa --por ejemplo, ciberseguridad, terrorismo, catástrofes naturales, vulnerabilidad energética, etcétera--, pero con el denominador común de golpear los cimientos del Estado de Derecho y poner en riesgo la libertad y el bienestar de los ciudadanos".
El anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, se añade, "busca facilitar la detección y valoración de riesgos y amenazas, la agilización del proceso de toma de decisiones y la coordinación de la respuesta en situaciones de alteración de la normalidad".
Nueva figura: situación de interés para la Seguridad Nacional
Una importante novedad del anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional es la regulación de la situación de interés para la Seguridad Nacional, "que viene a rellenar el vacío normativo existente entre las crisis más graves, contempladas en la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, del 1 de junio de 1981, y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales". La nueva situación de interés para la Seguridad Nacional se declara por el presidente de Gobierno y se caracteriza por su gravedad potencial, la dimensión o transversalidad de las medidas precisas para su resolución. En ningún caso supondrá la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas, circunstancia que destacó la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior.
En esta norma, dice Moncloa, "se formaliza también el Comité de Situación, un comité especializado en gestión de crisis que opera como órgano colegiado de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional. Su implantación busca favorecer la rapidez y la flexibilidad en la respuesta a las situaciones de crisis".
En las últimas grandes crisis de seguridad vividas en España recientemente -coronación, ébola, yihadismo- no se ha reunido con carácter excepcional ni el Consejo de Seguridad Nacional ni otro foro contemplado por la normativa vigente, a pesar de que el Ministerio del Interior ha elevado en el último semestre en tres ocasiones el nivel de alerta terrorista.

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domingo, 28 de diciembre de 2014

Olvidado cementerio moro

Los musulmanes de todo el centro de España no tienen lugar donde enterrar a sus muertos por el rito islámico, tras el cierre hace un mes del único cementerio existente en Griñón. La solución es un cambio legislativo de la Comunidad de Madrid o un cementerio privado. Algunos cadáveres esperan en las cámaras de los tanatorios

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
Hay sauces, hay muros blancos, no hay cruces. En las lápidas, nombres musulmanes. Tampoco hay enterramientos ni cortejos fúnebres, porque el cementerio musulmán de Griñón, el único que hay en el centro de España, se ha quedado en desuso desde hace un mes, cuando Defensa se lo cedió al Ayuntamiento de esta localidad de Madrid, que bajo el marco legal vigente, no permite enterramientos bajo el rito musulmán. El olvidado cementerio –hasta el Ministerio de Defensa parecía no recordar que era suyo– nació a la sombra de un hospital de campaña de la Guerra Civil, para dar tierra a las escalofriantes bajas que sufrían los soldados moros –marroquíes alistados en el bando franquista– en este frente. De ahí su origen militar, que ahora ha quedado sobrepasado.
En la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León residen alrededor de 350.000 musulmanes, la mitad españoles. Desde el pasado mes de noviembre ninguno de ellos puede ser enterrado según el rito islámico. 
El Ministerio de Defensa, propietario desde la guerra civil del único cementerio musulmán en el centro peninsular, ubicado en Griñón (10.000 habitantes, Comunidad de Madrid, en La Sagra que comparte con la cercana Toledo), se lo traspasó hace un mes al Ayuntamiento, que ha cerrado el camposanto porque no cumple la normativa mortuoria autonómica. La Comunidad de Madrid se muestra inflexible.
En el rito islámico el cuerpo del difunto debe estar vestido durante todo el proceso de traslado, no debe ser manipulado por nadie que no sea musulmán, se procede al lavado del cuerpo con agua y jabón, una  purificación ritual y se procede al amortajamiento con sudarios de lino blanco sencillo y al enterramiento del cuerpo sin féretro. Estas prácticas son muy similares en el rito judío.
A continuación, los actores y el problema.

Barbudos. La movilización actual rompe tópicos de musulmanes con chilaba, larga barba, guetos y falta de integración. Sus impulsores son mayoritariamente españoles de religión islámica, muchos de ellos jóvenes, que han impulsado una campaña al margen de las principales organizaciones de esta confesión en España. Los promotores se han movilizado en redes sociales como Facebook y han puesto en marcha una recogida de apoyos a través de Change.org, donde ya contabilizan el pasado viernes 7.806 firmas.
Muhammad Said Alilech, portavoz de la Plataforma en contra del cierre del cementerio musulmán de Griñón, sitúa el problema en el marco de los derechos fundamentales como ciudadanos. Han convocado hasta ahora cinco manifestaciones frente al Ayuntamiento de Griñón y sus esfuerzos se dirigen a partir de ahora hacia la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia.
El pasado 11 de diciembre se reunieron en Fuenlabrada 25 asociaciones de musulmanes de la Comunidad de Madrid, muchas de ámbito local, también culturales, donde debatieron la forma de plantear sus reivindicaciones.
Desde la Plataforma recuerdan que el derecho de la comunidad musulmana española de disponer de un lugar donde dar sepultura a sus difuntos está plenamente reconocido en el ordenamiento jurídico español, en primer lugar en el artículo 16 de la Constitución Española de 1978, en el que se reconoce el derecho de “todos” a la libertad religiosa y de culto, y más tarde confirmado por el artículo 2.5 de la Ley 26/1992 por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España.

Griñón. El Ayuntamiento se siente sobrepasado por los acontecimientos. La alcaldesa, María Antonia Díaz, difundió un bando a finales de mes en el que afirmaba que "la intención del Ayuntamiento de Griñón ha sido en todo momento la regularización del cementerio musulmán, conforme a la Normativa vigente y más concretamente en relación al Decreto 124/1997 de 9 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid".
Añadía que "durante este proceso y conforme a la Legislación se han prohibido temporalmente los enterramientos en este cementerio, trabajando con la Comunidad de Madrid para concluir lo antes posible el proceso de normalización, abriendo una vía paralela que posibilite seguir realizando enterramientos de forma provisional hasta la total finalización de dicho proceso".
Decía haber recibido un informe técnico de la Consejería de Sanidad donde se indicaba que “se podría autorizar con carácter excepcional inhumaciones temporales de un cuerpo de profundidad, con féretros especiales, con unidades de enterramiento delimitadas en las zonas próximas a las zonas de inhumación actual”.
La solución provisional que ha encontrado el Ayuntamiento, aunque se agradece la voluntad, no satisface a los musulmanes, porque sigue siendo imposible el rito islámico. Se ha construido una fosa de hormigón prefabricado, y a lo anterior se suma que en esta confesión se rechazan frontalmente las exhumaciones, muy frecuentes en los cementerios pasados 10 o un número fijado de años. "Se vulnera un derecho fundamental" de los ciudadanos musulmanes, en opinión de Alilech.

Ministerio de Defensa. El cementerio nace en la guerra civil, cuando a finales de 1936 el bando franquista instala un hospital de campaña en el colegio La Salle de Griñón y surge la necesidad de crear un cementerio ante el gran número de fallecidos, entre ellos miles de marroquíes que lucharon y murieron en la contienda.
Al parecer, el Ministerio de Defensa descubrió hace unos meses haciendo balance de sus propiedades que era el titular del cementerio, que ha estado gestionado durante décadas por el Consulado de Marruecos. Tras contactos infructuosos con organizaciones islámicas, Defensa ha preferido ceder el lugar al Ayuntamiento de Griñón.
El pasado lunes 17 de noviembre, se procedió a la firma de la cesión demanial del cementerio musulmán de Griñón al Ayuntamiento de dicha localidad, por un periodo de 50 años. "La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Defensa, actual propietario del inmueble, ha llegado a un acuerdo con el Excelentísimo Ayuntamiento de Griñón para la cesión del uso de la propiedad, así como para la prestación del servicio funerario de enterramiento de población musulmana y otros servicios funerarios vinculados a áquel", informaba el Ejército de Tierra en un comunicado. "El Ministerio de Defensa se reserva una zona de la parcela para ubicar el actual osario con restos militares, enterramientos de militares musulmanes que se hagan en el futuro, así como poder realizar un monumento funerario que sirva de tributo a los militares que allí reposan", añadían.

Ministerio de Justicia. De este departamento dependen el Observatorio del pluralismo religioso en España y la Fundación Pluralismo y Convivencia, y el primero editó en 2013 una excelente "Guía para la gestión de la diversidad religiosa en cementerios y servicios funerarios", donde se recuerda que "el Estado español reconoce el derecho de todos sus ciudadanos a recibir unos servicios funerarios de acuerdo con sus convicciones religiosas, filosóficas o culturales", y añade que "los poderes públicos tienen la obligación de crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de este derecho, y que los servicios funerarios y de enterramiento constituyen una prestación obligatoria de la competencia municipal, son los gobiernos municipales y las comunidades autónomas los que deberán dar respuestas". Más allá de la letra, la realidad, como se ve, es distinta. "No se aplica", dice Alilech, "no podemos pagar la incompetencia de los organismos públicos, no se nos han dado alternativas dignas", añade.
Responsables de esa Fundación se han reunido con Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, sin resultados conocidos. Recuerdan en sus textos que el Acuerdo de cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España, una Ley de 1992, establece textualmente en su artículo 2.5 que “los cementerios islámicos gozarán de los beneficios legales que establece el número 2 de este mismo artículo para los lugares de culto. Se reconoce a las Comunidades Islámicas, pertenecientes a la Comisión Islámica de España, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios. Se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios, que se realizarán con intervención de las Comunidad Islámica local".

Consejería de Sanidad. La Comunidad de Madrid es claramente quien tiene capacidad de maniobra para resolver la situación, de acuerdo con la teoría del Ministerio de Justicia y las reivindicaciones de la comunidad islámica. Contactada la Consejería de Sanidad por este periódico, el comunicante afirmó rotundo que "no somos competentes", queriendo decir que existe una normativa y lo que tienen que hacer los municipios es cumplirla, sin más.
La plataforma musulmana pretende impulsar sus próximas movilizaciones hacia la Comunidad de Madrid.

Desenlace. Señala Alilech a este periódico que la solución duradera a largo plazo es la modificación de la normativa autonómica y se plantean también la creación de un cementerio privado, al igual que tiene la comunidad judía en Hoyo de Manzanares, momento en el que se acabaron para estos últimos los problemas de enterramiento. La dificultad de un cementerio privado reside en su localización, la inversión necesaria y los estudios que se requieren, incluso geológicos.
La situación actual es dramática. El portavoz de la Plataforma cuenta que el coste de un enterramiento en Griñón sobrepasa los 3.000 euros, coste -además de razones sentimentales y de cercanía- que lleva a la comunidad magrebí en España a repatriar los cadáveres a Marruecos, solución que en cualquier caso es inviable para musulmanes españoles o nacionales de Siria o Palestina, por ejemplo.
Cuenta Alilech que la solución temporal hoy es o sufragar esas repatriaciones, apoyando en lo posible desde las asociaciones de musulmanes, o trasladar los cadáveres a los cementerios islámicos de Granada y Fuengirola, donde la Junta parece tener resuelto el procedimiento.
Mientras, varios cadáveres esperan en cámaras frigoríficas dónde encontrar tierra. Los páramos de La Sagra parecen una tierra suficientemente digna para estos musulmanes, siempre que las Administraciones, celosas de su autonomía y presupuesto, sean capaces de solucionar el problema de estos ciudadanos, musulmanes y españoles.

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martes, 2 de diciembre de 2014

Militares "indignados" reivindican mejoras en su carrera profesional

Varias decenas de militares se han concentrado de paisano este sábado en Madrid. Denuncian la inoperancia del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, el órgano de interlocución creado hace dos años en el Ministerio de Defensa

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
Imagen de la manifestación, con el monumento a Daoiz y
Velarde al fondo. | AUME
Alrededor de 200 militares se han concentrado este sábado en el centro de Madrid para exigir una carrera profesional "digna y justa, sin subjetividades ni agravios", así como un nuevo régimen disciplinario que sea compatible con la "dignidad" y que elimine los arrestos y ofrezca todas las garantías a los uniformados.
Así lo han reclamado en la plaza del 2 de mayo de la capital convocados por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el colectivo profesional más numeroso, que ha reivindicado que los militares son también "ciudadanos", pero están "indignados" por el "radical abandono" que dicen estar padeciendo por parte del Gobierno en lo que respecta a sus condiciones laborales, profesionales y sociales.
El presidente de la asociación, Jorge Bravo, ha explicado que los últimos cambios normativos son los que han provocado esta "indignación" entre los militares. Se trata de la nueva Ley de Régimen Disciplinario y de la ya anunciada reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar, que actualmente se encuentra en fase de anteproyecto, aunque ya cuenta con el apoyo de los dos partidos mayoritarios.

Fracaso del Consejo de Personal

Los militares concentrados han denunciado falta de voluntad por parte del Ministerio para escuchar y atender las reivindicaciones de las asociaciones profesionales: "No se considera a las asociaciones en términos razonables y suficientes. No se nos escucha. No se nos atiende. Y tenemos mucho que decir y que aportar".
Por eso, han mostrado su decepción por el "paupérrimo resultado" que ha tenido la puesta en marcha del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, el órgano de interlocución entre el Ministerio y las asociaciones, y su "preocupación ante la falta de un compromiso real" con el trabajo que desempeña el Observatorio de la vida militar, otro organismo creado recientemente y cuya función es el análisis de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los intereses de los uniformados.
El Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas es el órgano en que tiene lugar la participación de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y su interlocución con el Ministerio de Defensa, en materias relacionadas con el estatuto y condición de militar, el ejercicio de los derechos y libertades, el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo en las unidades.
La creación de este Consejo fue una de las novedades de la Ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas de julio de 2011. Desde su creación efectiva en octubre de 2012, se reúne aproximadamente cada tres meses y su desarrollo, en opinión de las asociaciones representadas, no ha servido para canalizar las propuestas y reclamaciones de los militares.
Forman parte de este Consejo de Personal  cuatro asociaciones profesionales: Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM) y Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). Por parte del Ministerio de Defensa forman parte del Consejo de Personal el secretario general Técnico, la directora general de Personal, el director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, el jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, el jefe de Personal de la Armada, el jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire y los Subdirectores Generales de Personal Militar y de Enseñanza Militar.

Contra el nuevo régimen disciplinario

AUME rechaza el nuevo régimen disciplinario que se acaba de aprobar en el Congreso porque mantiene el arresto como sanción para todo tipo de faltas -ya sean leves, graves o muy graves-, considera que no existen "suficientes garantías en los procedimientos sancionadores" y no se ha tenido en cuenta la opinión de las asociaciones profesionales para su redacción. Además, con esta ley se podrán suspender manifestaciones de militares o guardias civiles.
Por todo ello, Bravo ha anunciado durante la concentración, que se ha desarrollado bajo una llovizna intermitente, que la asociación hará "lo posible" por recurrir la Ley de Régimen Disciplinario ante el Tribunal Constitucional, ya que la considera contraria a la Carta Magna, según informa Europa Press.
En cuanto a la carrera profesional, AUME denuncia "contratos basura, agravios y subjetividades"  que "perjudican gravemente las expectativas mínimas de la profesión y confiere un nuevo estatus al militar de degradación de su carrera y de su persona". Pero además, opina que existe una "falta de voluntad" por parte de las instituciones para lograr una mejora en la vida de los militares, lo que, a su juicio, queda patente con la propuesta de reforma que ha hecho el Gobierno.
En opinión de AUME, estas dos leyes siguen siendo parte de un "sistema viejo y caduco heredado del anterior régimen" y responden a las exigencias de los Estados Mayores de los Ejércitos y no a una voluntad política por "regenerar" las Fuerzas Armadas. "No podemos permanecer impasibles viendo cómo a compañeros y compañeras se les despide o se les contrata en condiciones precarias, jugándose la vida sin un futuro real y perceptible", afirma la asociación.

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