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martes, 3 de noviembre de 2020

Nostalgia (democrática) de futuro


Fotografía de Nicolás Muller, de los años cuarenta, 
parte de una exposición inaugurada en noviembre 
de 2020 en el Instituto Cervantes de Tánger.
La actualidad nos presenta un anteproyecto de ley de memoria democrática, la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar símbolos de la II República, el permanente blanqueamiento del franquismo, ya sin frenos mentales ni sociales, el centenario de la Legión... ¿Cómo nos situamos hacia el pasado?

Somos lo que elegimos recordar, se puede decir desde un enfoque literario, pero la frase se puede aplicar también a la política: una sociedad elige unos determinados referentes pasados para tratar de ser mejor en el presente y a futuro. Así han actuado muy diversos países, media Europa recuerda y honra la resistencia al nazismo, no el colaboracionismo imprescindible de muchos para que triunfara en suelo alemán, holandés o francés; los mismos EEUU pasan de puntillas sobre el genocidio de los nativos norteamericanos o el racismo, aunque conmemoren a Martin Luther King -fiesta nacional- por unas ideas más ejemplares que las de sus asesinos; la parte del planeta que algunos identifican como Occidente sólo comienza ahora a pensar qué hacer con su pasado colonialista, el contenido de sus museos y la valoración que merece una actuación pretendidamente civilizadora que en la inmensa mayoría de las ocasiones fue ejemplo y preludio de guerras, racismo y violencia vividas más tarde en la propia Europa en la primera mitad del siglo XX.

Hay causas nobles y otras lo son menos, compatible con la frase de Camus cuando dijo en relación con la Guerra Civil que "fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa".

En relación con los acontecimientos registrados por la Historia, nada fue inevitable.
Digamos que España no estaba condenada a un golpe de Estado en 1936, a una Guerra Civil con medio millón de muertos (200.000 en la retaguardia) y 40 años de dictadura.
Digamos que Francia pudo o no sufrir un golpe de Estado en 1962 (lo sufrió, a manos de sus militares africanistas y fracasó) o Chile 1973 o Argentina 1976 o Egipto en 2013, acontecimientos -golpes de estado y dictadura posterior- ante los que uno puede mostrarse crítico, indiferente o entusiasta.
Para acercarse a estos procesos históricos siempre es útil buscar la compañía de historiadores, profesionales de las Ciencias Sociales que cuentan con la perspectiva, conocimiento y competencia profesional del oficio, y son de ayuda en este momento el reciente "Una violencia indómita. El siglo XX europeo", de Julián Casanova; o "El holocausto español", de Paul Preston.
Se trata de estudiar la historia de la violencia para comprender lo que ocurrió y evitarla, libros que arrojan luz sobre los bárbaros y quienes se resistieron a la barbarie.
En un clima de crispación política que curiosamente aparece en España en las legislaturas en las que no gobierna la derecha, se reprocha a la izquierda algún tipo de extraño complejo o pecado original en su acercamiento a la Guerra Civil, quizá por ponerse de parte de las víctimas, entre ellas la democracia.
Desde dentro del colectivo acusado se puede decir que simplemente los referentes simbólicos y los objetivos son distintos, que la supuesta voluntad revanchista, que hasta podría estar justificada, hasta ahora no ha tenido confirmación científica con pruebas de laboratorio.
Una prueba bastante clara del ánimo fundamentalmente constructivo y conciliador de los partidos hoy gobernantes se puede observar en la conmemoración este mismo año del centenario de la Legión, recordatorio exquisitamente acrítico con su historia, con su actuación durante más de la mitad de su existencia,  ligada mayoritariamente al colonialismo en Marruecos y el bando insurrecto de la Guerra Civil; relacionado con lo anterior, sigue pendiente por parte de las Fuerzas Armadas una profunda revisión de sus referentes simbólicos, en vista de los cuales no ha sido mala decisión proyectar su utilidad desde el presente hacia el futuro, aunque se titubea.
En España se podría afirmar que estamos viviendo por fascículos y tardíamente la comisión de la verdad que suele acompañar los procesos de transición desde la violencia o dictaduras a regímenes democráticos, procesos que se han vivido recientemente en países cercanos como Colombia, Marruecos o Túnez y aquí nunca se celebró en formato al uso (aquí un acercamiento al tema).
Como contraste digamos que Franco ha cabalgado a caballo en  el principal centro de formación de los militares españoles -Ejército de Tierra- hasta agosto de 2006, en la Academia General Militar de Zaragoza; todos los oficiales españoles que han pasado por el centro hasta esa fecha han convivido con naturalidad con el dictador en estatua ecuestre, con el débil argumento que el dictador fue antes director de la academia, como si pudiera celebrarse de Hitler sus años mozos o sus dotes pictóricas o literarias.
Con semejante paisaje, digamos entre paréntesis que no sorprende la reciente salida ideológica del armario de algunos generales al pasar al retiro, armario en el que guardaron su ideología extrema para ascender en el escalafón bajo gobiernos incluso socialistas. 
Más allá de gestos simbólicos, la principal iniciativa pública para honrar a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura ha sido hasta hoy la conocida como ley de Memoria Histórica, llamada realmente Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
En cumplimiento de aquella ley, que se quedó algo corta en cuanto al compromiso del Estado con las víctimas desaparecidas, desde el Ministerio de Defensa se realizaron diversas actuaciones para profundizar en el conocimiento de nuestra historia mediante la digitalización de fondos documentales,  la mejora del tratamiento de los fondos y acceso a los archivos históricos, la modernización de museos militares y la retirada de símbolos en dependencias del Ministerio y ejércitos relacionados con la Dictadura o la Guerra Civil.
En el proceso de aplicación de la ley se retiraron a lo largo de los años 2009 y 2010 un total de 410 símbolos; y se modificaron además 11 denominaciones de bases, acuartelamientos o establecimientos (Carmen Polo y Francisco Franco daban nombre a residencias militares en Madrid hace una década).
Sobre símbolos retirados, al margen de caballos y águilas, sirva recordar ejemplos anecdóticos como uno que conmemoraba en Ferrol la primera guardia que pasó insomne el dictador en tiempos de joven militar; o una placa en bronce con nada menos que las huellas de la pisada de Franco que se lucía en Ceuta emulando las de aquel astronauta Armstrong sobre la luna.
"Always Franco", escultura de Eugenio Merino.
La renovación completa del Museo del Ejército, inaugurado en julio de 2010 en su nuevo emplazamiento del Alcázar de Toledo, podría encuadrase también en las iniciativas puestas en marcha de recuperación respetuosa del pasado.
¿Qué ocurrió después de aquel impulso de finales de la primera década de siglo? Poco reseñable, más allá de declaraciones públicas y voluntad política en contra de financiar actuaciones enmarcadas en este campo de la memoria histórica o acusaciones directas a familias de desaparecidos de querer lucrarse con las subvenciones.
El hilo cronológico nos lleva entonces hasta la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019, de la que se acaba de cumplir un año sin movimiento alguno por parte de los muchos nostálgicos, que tampoco peregrinan a Mingorrubio/cementerio de El Pardo para visitarlo en su nueva morada, ni una vela calientaplatos parece haberse encendido para la ocasión. Recordemos, porque la memoria es corta, hasta la democrática, que tuvo que ser el mismo Tribunal Supremo quien avalara en sentencia la retirada de los huesos del dictador de la basílica, sentencia firme y unánime del Supremo del 30 de septiembre de 2019 que puso fin al proceso contencioso-administrativo interpuesto por la familia para intentar impedir su salida del Valle de los Caídos.
El calendario avanza y llega a enero de 2020, cuando se crea por primera vez en el seno del Ministerio de la Presidencia una Secretaría de Estado de Memoria Democrática. 
"Siendo la memoria el ejercicio de reconstrucción del pasado en el momento presente, ha de entenderse como un derecho; un derecho de la ciudadanía", se lee en una web puesta en marcha desde la Presidencia del Gobierno. "Para ello, el objetivo fundamental de toda política de memoria es crear condiciones de pedagogía social que se constituyan en garantías de no repetición".
A través de este sitio web, se podrán consultar una serie de recursos informativos, así como atender las peticiones y reparación de las víctimas y sus familiares. 
Finalmente llegamos al anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado por el consejo de ministros de 15 de septiembre.
"El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura".
La Ley adopta medidas destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.
Se determina la consideración de víctima con arreglo a los parámetros internacionales de Derechos Humanos y declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.
Además, instaura el 31 de octubre, fecha de la aprobación en Cortes de la Constitución española en 1978 como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas. Asimismo, se declara el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.
La nueva ley recogerá la elaboración un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, dando respuesta a la fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas en ese periodo. 
Sobre el derecho a la verdad de las víctimas, se asume que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad, reforzando la colaboración entre las mismas. Incluye medidas como el impulso al mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones y régimen de autorizaciones. Asimismo, se crea el Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Se incluyen actuaciones como la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la Dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales podrán adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.
Introduce a su vez medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial. Con el mismo objetivo se ocupa de la revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios, que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura.
Asimismo, incluye actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista.
Recoge también acciones en el plano educativo actualizándolos contenidos curriculares para ESO y Bachillerato, y en el plano de la investigación y la divulgación con el fin de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. Se contempla la constitución de una Fundación cuyo objeto será contribuir al conocimiento, difusión y promoción de la historia de la democracia en España a través de la preservación de los archivos de los presidentes del Gobierno constitucionales.
Retirada de la placa en homenaje a Largo
Caballero de su casa natal en Madrid.
Se regulan los Lugares de Memoria Democrática con una función conmemorativa y didáctica. En cuanto al Valle de los Caídos, se enfatiza su resignificación con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes. Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos tienen el carácter de cementerio civil y solo podrán albergar restos de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil. Asimismo, se procederá a reubicar cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la Dictadura. Se declarará con la ley como extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Este anteproyecto de ley se puede interpretar como la segunda parte de la Ley de Memoria Histórica de 2017 y un avance más en la profundización democrática de nuestro país, en línea con las democracias avanzadas que celebran sus amagos democráticos y condenan las dictaduras, al menos sobre suelo patrio (cosa distinta sucede con el Brasil de Bolsonaro, para quien su dictadura militar mató poco).
Junto a las iniciativas legislativas cabría mencionar actuaciones poco conocidas y de largo recorrido, como la desarrollada en los últimos años por parte de la Diputación de Ciudad Real con el Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED, bajo el nombre de "Mapas de Memoria", un espacio de investigación, creación e intervención social que busca generar conocimiento sobre el pasado reciente. Conformado por antropólogos, historiadores, investigadores y artistas, su objetivo es establecer puentes para comprender la memoria, la violencia y el trauma, así como dignificar a las personas que fueron desaparecidas o silenciadas.
Siempre conviene recordar que la ampliación o el ejercicio de derechos no afecta al no interesado, ya sea el matrimonio homosexual, la libertad de expresión o que el Estado te ayude a encontrar y enterrar al abuelo: quien no se quiera casar, opinar o no tenga abuelo en paradero desconocido nada tiene que temer.
Contra olvidadores (Benedetti), agoreros, provocadores, asustados de buena fe, contra perezosos intelectuales, la España de 2020 tiene una solidez institucional y social en nada comparable a los años treinta del siglo XX; la prueba es la civilizada no respuesta -probablemente reducida a los tribunales, y al uso del detergente para eliminar pintadas- a la inmensa provocación desde el Ayuntamiento de Madrid de retirar a martillazos de su casa natal una placa conmemorativa de Largo Caballero, muerto en el exilio, prisionero de los nazis, presidente del Gobierno, ministro de la República, por decisión del PP gobernante tras propuesta de Vox apoyada también por Ciudadanos. La misma sentencia política a muerte civil ha recibido Indalecio Prieto, fallecido en el exilio, promotor nada menos que de un acuerdo nacional en 1948 con los monárquicos para restaurar la democracia en España, secretario general del PSOE y ministro de la República.
Para quien dude sobre la decisión, 250 historiadores se han sumado hasta la fecha a una declaración de emergencia en la que sustentan los criterios no históricos de la medida.
España es sólida a pesar de sus destructores, lo que no les quita responsabilidad en el intento.
El anteproyecto de ley de Memoria Democrática saldrá adelante o no dependiendo de la lógica parlamentaria, más allá de los efectos higiénicos que algunos le adjudicamos, como a la lógica parlamentaria respondió la eliminación de la Justicia o la Sanidad universal del ordenamiento patrio con gobiernos anteriores.
En cualquier caso, siempre será muy distinto enfrentarse a una dictadura a padecerla, beneficiarse de ella o añorarla acusando de dictatorial a la democracia que la sustituyó.
No es lo mismo ampliar derechos que recortarlos.
En relación con el pasado, cada uno elige el espejo donde mirarse.
Nadie quiere hoy ganar una guerra porque la razón democrática sólo estuvo en un bando; el objetivo es ganar el presente y el futuro.


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martes, 16 de enero de 2018

Comisiones de la verdad, versión española

Artículo de opinión publicado también en infoLibre / Blog Al revés y al derecho.
Retirada de la estatua ecuestre de Franco que presidió hasta 2006
la entrada de la Academia General Militar de Zaragoza (EFE).
En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.
Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.
Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.
Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia.
"Las comisiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo", define el Centro Internacional para la Justicia Transicional -ITCJ-, organización internacional especializada en la justicia en periodos de transición.
En síntesis, este tipo de comisiones tienen iniciativa pública, no sustituyen a la justicia penal, ponen el foco en las víctimas y en las violaciones de los derechos humanos, y suelen recopilar un gran volumen de datos, con miles de víctimas, y a menudo durante un periodo de tiempo muy amplio que puede contemplar décadas. Entre sus objetivos figuran afrontar la impunidad y obtener una imagen más o menos clara de sucesos violentos que permanecen en disputa o son negados, proteger y reconocer a las víctimas y supervivientes, proponer políticas y promover cambios también sociales.
Tras el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016, y recogido entre sus compromisos, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición fue creada en Colombia por un decreto presidencial en abril de 2017, un mecanismo entre otros -como la búsqueda de desaparecidos-, contempla un periodo de seis meses para entrar en funcionamiento y tres años de mandato que culminarán con la elaboración de un informe final.
"Satisfacer de manera oportuna los derechos de las víctimas", insiste el decreto de creación, además de "garantizar el derecho a la verdad como un pilar fundamental para la consolidación de la paz".
Entre los objetivos se mencionan "contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido", "el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país" y "promover la convivencia en los territorios y la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia".
"La CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado".
En noviembre de 2017 el Comité de Escogencia ha seleccionado a los 11 integrantes de la Comisión, que incluye religiosos -la preside un sacerdote jesuita-, periodistas, sociólogos y militares entre sus perfiles.
Estas comisiones dan voz y protagonismo a las víctimas de la represión y audiencia que en algunos casos se produce en la televisión pública en horario de máximo impacto, como está ocurriendo actualmente en Túnez.
El Gobierno tunecino creó la llamada Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), en diciembre de 2014, con las funciones de identificar y juzgar a los responsables de los abusos cometidos durante los régimenes de Habib Burguiba (1957-1987) y Zine el Abidine ben Alí (1987-2011).
La comisión cuenta con activistas pro derechos humanos, opositores a Ben Alí, jueces, abogados, y representantes de colectivos de víctimas de la represión.
También se trata de un mecanismo entre otros, como la Comisión Nacional de Investigación sobre los Temas de Malversación y de Corrupción; y la Comisión Nacional de Investigación sobre las Violaciones y los Excesos cometidos hacia el final de la dictadura.
Creada en 2013, la Instancia tunecina ha recopilado más de 62.000 denuncias presentados por víctimas de todo tipo de abusos, y realizado más de 48.000 audiencias.
Cartel de la película de Álex de la Iglesia "Balada triste
de trompeta" (2010), comedia negra que se desarrolla
en parte en el mausoleo del Valle de los Caídos.
Unos años anterior a las dos mencionadas es la comisión de la verdad creada en Marruecos en los primeros años de reinado de Mohamed VI para investigar nada menos que los denominados "años de plomo" del reinado de su padre Hasán II, llamada Instancia Equidad y Reconciliación. Fue instaurada en enero de 2004 y entregó un informe final al rey en diciembre de 2005 con el balance de unos trabajos desarrollados con el objetivo de arrojar luz sobre las graves violaciones de los derechos humanos entre 1956 y 1999, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y proponer reformas.
Como resultados más directos, la comisión marroquí consiguió determinar las circunstancias de la muerte de alrededor de 800 víctimas (desaparecidos forzosos), se abrieron 17.000 investigaciones individuales y se indemnizó a más de 10.000 víctimas.
Una peculiaridad de la comisión marroquí fue que contempló la reparación comunitaria, la represión de ciertas regiones y comunidades (por ejemplo el Rif y grupos de víctimas como las mujeres), para lo que recomendó programas de desarrollo socioeconómico y cultural.
Las organizaciones de derechos humanos de Marruecos se preocupan desde entonces en seguir el cumplimiento de aquel informe final de una comisión que cuenta con una web algo congelada en cuatro idiomas, entre ellos el español.
Tres casos diferentes los de Colombia, Túnez y Marruecos: el final de una guerra civil, la caída de un dictador, la reinvención de una monarquía autoritaria.
"Una comisión de la verdad puede verse como la ruptura con un pasado violento, una restauración de los cimientos morales de la sociedad que merece el nivel más alto de reconocimiento y apoyo", nos dice el ITCJ.
La reconciliación no es una consecuencia directa de este tipo de comisiones de la verdad, aunque ayudan a crear un nuevo clima político y a recuperar la dignidad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.
En España no se celebró en el paso de la dictadura a la democracia iniciativa comparable a las tres comisiones de la verdad reseñadas.
La equidistancia, hoy convertida en un insulto en el marco de la crisis independentista en Cataluña, fue una marca de fábrica de la transición política española, en lo referido al franquismo y sus delitos, o al abandono de sus víctimas aún mal enterradas por millares en cunetas y barrancos.
Lo más parecido vivido en España a una comisión de la verdad, por su contenido y objetivos, es la llamada ley de la memoria histórica que acaba de cumplir diez años desde su entrada en vigor tras la publicación en el BOE de 27 de diciembre de 2007, con el largo nombre de Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura; la ley recibió el apoyo de todos los grupos (PSOE, IU-ICV, CiU y PNV) salvo PP y ERC; los partidos ya emergidos entonces no existían.
Además de contribuir a generar un debate público, son indudables los logros de una ley en cuyo articulado se incluye el fomento de la memoria democrática, proclama el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia por motivos políticos o ideológicos durante la guerra civil y la dictadura posterior; se declara la ilegitimidad de sus tribunales, sanciones y condenas; se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos económicos de las víctimas (orfandad, años de cárcel); se concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados y los miembros de las Brigadas Internacionales; la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados...
Capítulo especial y polémico mereció la retirada de más de medio millar de símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura (más de 400 de instalaciones militares o dependientes del Ministerio de Defensa).
Entre las críticas hay que mencionar la moderación de la ley en cuestión de fosas comunes (anima  a las administraciones públicas a que faciliten a los interesados su localización, y se hizo un mapa) y una serie de recomendaciones en relación con el mausoleo del Valle de los Caídos sin resultado una década después.
Monumento con las huellas del dictador Franco
retirado en 2010 del Monte Hacho en Ceuta.
Todas estas iniciativas fueron recogidas en una página web, de la que han desaparecido los enlaces desde los organismos públicos aunque sigue viva en el ciberespacio, también congelada, porque el actual gobierno del Partido Popular se ha dedicado a congelar su aplicación y hasta el presidente Rajoy ha llegado a presumir de no destinar un euro a su cumplimiento, caso sólo similar a la Ley de Dependencia y nunca equiparable a la pedagogía pública necesaria con la Ley General Tributaria, por poner un ejemplo.
La Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por iniciativa del Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue un ejercicio positivo con un exceso de prudencia que como ocurre a menudo no es reconocido ni por los propios porque se queda corta ni por los extraños a quienes cualquier paso les parece excesivo. Lo peculiar de este asunto es la distinción entre propios y extraños en la defensa de la democracia.
Los últimos coletazos parlamentarios sobre esta Ley han sido la aprobación en el Congreso, con ánimo reformista, de una proposición no de ley promovida en septiembre por el Grupo Socialista y de una proposición de ley el pasado noviembre impulsada por el PDCat.
Se habla últimamente con frecuencia de brechas generacionales, que haberlas haylas, aunque en este y otros casos (violencia machista) se puede interpretar también que las sociedades evolucionan y hacen inadmisible lo que se aceptaba hasta ese momento.
En el 40 aniversario de la Constitución española de 1978 aún existen iniciativas que pretenden impulsar una comisión de la verdad en España sobre los crímenes del franquismo (aquí, enlace la Plataforma que agrupa a muchas de ellas, y aquí un post publicado al respecto). Independientemente de su recorrido, sería positivo en cualquier caso en el corto plazo la aplicación completa de la Ley de memoria histórica, reformada o no; y podría ser aconsejable que el Gobierno español se implicara con su apoyo material y político en procesos de transición como los mencionados, aprovechando el reciente asiento conseguido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020.
En su mensaje navideño el rey Felipe VI animaba a recuperar el protagonismo internacional de España, de donde se deduce que lo tuvo y se ha perdido.
Como ocurre cuando se estudia una lengua extranjera, que te ayuda a conocer mejor la propia, la implicación española en procesos de carpetazo a la violencia en Colombia, Túnez, Marruecos u otros lugares apoyaría a los ciudadanos de esos países y al tiempo aumentaría la sensibilización de nuestros responsables políticos hacia las víctimas nacionales de un pasado que se resiste a abandonarnos.

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lunes, 13 de junio de 2016

Libertad sin ira


Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.
El diputado del Partido Popular por Cuenca Rafael Catalá, funcionando los últimos meses como ministro de Justicia, ex director general de Función Pública con un ministro llamado Rajoy, ex secretario de Estado de Infraestructuras con una ministra llamada Pastor, fue entrevistado hace no mucho en Radio Nacional de España y se le dio la oportunidad de elegir un tema musical de despedida; eligió  "Romance de Curro El Palmo", de Joan Manuel Serrat, interpretado por Antonio Vega ("Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar...").

Dicen los viejos que en este país hubo una guerra
y hay dos Españas que guardan aún,
el rencor de viejas deudas.

En estos momentos, las hormonas de dos adolescentes en algún rincón de España van dando saltos como cachorros de perro al ritmo de la música que comparten, y eso les unirá hasta la edad adulta aunque entonces defiendan una ideología política opuesta, aunque sean funcionario de prisiones y preso, asesino y víctima, consejero delegado y conductor.

Dicen los viejos que este país necesita
palo largo y mano dura
para evitar lo peor...

Hubo tiempos de canción protesta cuando los cantautores parecían poder cambiar la realidad a guitarrazos y Luis Pastor hacía temblar el Plan General de Ordenación Urbana. Hay música que une, fondos musicales de ascensor y también recursos musicales teatrales. Por la versión radiofónica de Estrella Digital descubro que Ronald Reagan ganó las elecciones con fondo sonoro de Bruce Springsteen.

Pero yo sólo he visto gente
que sufre y calla
Dolor y miedo

Los miembros de un partido conservador hispano canturrean, dan palmas y bailotean con el sano objetivo de hacer festivas y creíbles sus piezas de teatro, al ritmo de una canción idealizada, que muchos identifican con su juventud lejana y sitúan en un momento histórico en el que no se tenía conciencia de esa historia, cuya autoría atribuyen erróneamente a un político que había decidido crear un fondo musical para una ceremonia de suicidio colectivo que nunca se produjo.

Gente que sólo desea su pan,
su hembra y la fiesta en paz...

Cuentan los periódicos de la época que a orillas del Turia algunos de esos conservadores recibieron al Papa de más allá de los Alpes con grandes golpes de pecho, mientras se enriquecían facturando a doble coste la puesta en escena, el ceremonial más elaborado de la época.

Libertad, libertad, sin ira libertad,
guárdate tu miedo y tu ira
porque hay libertad, sin ira libertad,
y si no la hay sin duda la habrá.

Algunos de aquellos respetables ciudadanos compaginaban el fraude con su atareada agenda de presencia constante en los medios de comunicación y parlamentos donde pontificaban sobre el fin del mundo del vecino y el paraíso terrenal de su escalera. Su formación e inteligencia les acreditaba pericia suficiente para financiar con los recursos de la comunidad de vecinos sus propias fechorías.


Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana,
y no es posible que así pueda haber
Gobierno que gobierne nada.

En la primavera del 16 algunos gobiernos regionales tuvieron la osadía de hacer públicas sus intenciones, destinar más recursos públicos a las escuelas públicas y congelar los fondos también públicos que recibían las privadas, lo que enojó enormemente a aquellos conservadores de doble personalidad.

 Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta,
que todos aquí llevamos
la violencia a flor de piel.

Dispuestos a desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas, de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes y con toda su virginidad a cuestas, de monte en monte y de valle en valle -robando palabras a don Miguel-, la muchachada conservadora tomó la calle en manifestación, una costumbre intermitente que practicaban y olvidaban según las legislaturas, ahora recuperada por la enseñanza católica.

Pero yo sólo he visto gente muy obediente
hasta en la cama.
Gente que tan sólo pide
vivir su vida, sin más mentiras y en paz...

Por momentos, las andanzas de muchos integrantes de aquella panda conservadora recordaban a otras aventuras de un loco que paseó por la Mancha, pero era una falsa analogía. Don Quijote creía en lo que hacía y no pretendía engañar a nadie. Sus imitadores de tercera bien sabían que tenían una doble vida y únicamente parecían sinceros aquellos pocos que eran detenidos en el preciso segundo que veían claramente y no conseguían comprender cómo iban a pasar una temporada en la cárcel.

Libertad, libertad, sin ira libertad,
guárdate tu miedo y tu ira,
porque hay libertad, sin ira libertad,
y si no la hay sin duda la habrá.

Pasadas alrededor de cuatro décadas, un cronista hizo un cálculo matemático y descubrió que más de veinte millones de sus contemporáneos, cuatro de cada diez, no habían nacido cuando las radios comenzaron a emitir la cancioncilla de marras.

Libertad, libertad sin ira libertad
guárdate tu miedo y tu ira
porque hay libertad, sin ira libertad
y si no la hay sin duda la habrá.
Aquí se puede contemplar al PP valenciano cantando por Jarcha en una manifestación el pasado 22 de mayo en defensa de la enseñanza privada. Se advierte al lector de que el vídeo puede producir adicción, lleva 150.000 pinchazos.

Libertad, libertad, sin ira libertad,
guárdate tu miedo y tu ira,
porque hay libertad, sin ira libertad
y si no la hay sin duda la habrá (bis).

Si el PP intenta apropiarse de la Transición y Podemos se declara ahora socialdemócrata quiere decir que se hace necesario encontrar nuevas etiquetas para clasificar la realidad política, las conocidas no funcionan o no reflejan; tampoco queda claro el matrimonio entre música y orientación política, más allá de la sintonía generacional.

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lunes, 16 de junio de 2014

Felipe VI, ¿rey soldado?

¿Cómo será la relación del nuevo rey con los militares y con los españoles?

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
Imagen del Día de las Fuerzas Armadas 2014
(Foto: Ministerio de Defensa de España).
¿Se coronará Felipe VI de civil o de uniforme? La decisión parece tomada, pero puede no ser tan evidente.
Se nos dice que la hoy infanta y en breve princesa Leonor, ocho años de edad, recibirá instrucción militar. En una agenda desatada desde el anuncio de la abdicación, el rey Juan Carlos y el príncipe Felipe han protagonizado dos actos de naturaleza militar con alto contenido simbólico: el bicentenario de la Orden de San Hermenegildo y el Día de las Fuerzas Armadas. Estos mensajes, deliberados, entroncan con 150 años de ligazón entre monarquía y ejércitos, que ha continuado el rey Juan Carlos en una etapa histórica muy concreta. ¿Perpetuará Felipe VI la misma línea?
Durante los últimos días se están tomando sobre la marcha decisiones que marcarán el reinado del nuevo rey Felipe VI. Uno de los ámbitos afectados es la relación del rey con los militares, que incluye el protocolo del mismo acto de la proclamación, la imagen de marca de la monarquía, su vinculación con los ciudadanos y la utilidad que éstos perciben, o la reforma de la Constitución en materia de Defensa.
Como ejemplo de esa relación de la Casa Real con lo militar, se menciona a menudo el visto bueno, conocimiento previo, consulta prudente con Zarzuela de los nombramientos relacionados con el Ministerio de Defensa o el CNI, aunque no ha sucedido así en todos los casos de los últimos gobiernos.
Tras su inmediato acceso al trono, Felipe de Borbón deberá encontrar su propio perfil público e institucional, diferente al ejercido por su padre, quien marcado por su tiempo histórico ha utilizado durante toda su vida con generosidad la identificación militar.
Corresponde al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas, dice textualmente la Constitución español de 1978. ¿Qué implicaciones tiene esto?


¿Rey militar o civil?

“A don Juan Carlos le tocó desempeñar un papel de excepción y lo desempeñó excepcionalmente”, palabra de Rajoy en el debate sobre la Ley Orgánica de abdicación el pasado 11 de junio. En la excepcionalidad a la que se refiere el presidente del Gobierno se encuentra el problema militar, así llamado durante la Transición, la resistencia (corporativa o de individualidades, según con quien se hable) a un régimen democrático en España tras la muerte de Franco. En esas circunstancias históricas de excepción el rey ejerció su papel simbólico de cabeza de los ejércitos a partir de 1978, poder muy real entre 1975 y la Constitución.
El artículo 62 del primer texto legal del Estado establece las tareas del rey, la octava es su condición de “mando supremo de las Fuerzas Armadas”, después de un listado donde aparece su papel de sancionar y promulgar las leyes, convocar elecciones o “ser informado de los asuntos de Estado”.
La encarnación en un militar de la jefatura del Estado fue útil para desactivar el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y para homologar de cara a los españoles e internacionalmente un cuerpo enfrascado en una difícil transición ideológica que no se logra culminar al menos hasta finales de la década de los 80.
Tanto Juan Carlos como Felipe han recibido formación militar –dos años en la Academia de Zaragoza y un semestre en Armada y Aire-, han cultivado la relación con sus compañeros de promoción, tienen en su agenda de actos al menos uno al mes relacionado con las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, la relación directa con la Zarzuela ha sido algo también muy querido por la cúpula militar, estableciendo así una complicidad entre instituciones milenarias que dejaba al margen al Gobierno de turno.
En la Pascua Militar del pasado 6 de enero el rey se dirigía al colectivo del que siente formar parte -  “queridos compañeros”- y añadía: "nuestra sociedad responderá siempre a vuestra generosidad con su reconocimiento y admiración, como reflejan las encuestas; y yo, como siempre, sentiré el orgullo de ser vuestro Jefe".
La identificación entre Corona y Fuerzas Armadas, como aludió de pasada el portavoz del PNV en el Congreso en el pleno celebrado para refrendar la abdicación, se remonta a la figura del rey-soldado que ha practicado la Casa Real española desde el siglo XIX. Los libros de historia otorgan la paternidad del concepto a Cánovas del Castillo como presidente del Gobierno, que pretendió así legitimar al rey Alfonso XII tras la restauración borbónica de 1874 por el golpe de Estado del general Martínez-Campos, y controlar a su vez a ejércitos levantiscos. De esa época proceden retratos de reyes y príncipes de uniforme hasta de niños.
Quizá como anuncio de tendencias a futuro, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, explicó el Día de las Fuerzas Armadas que la infanta Leonor "recibirá su formación militar" para que "en su día, cuando Dios quiera, sea jefa suprema de las Fuerzas Armadas como capitán general de las mismas".
¿Se proclamará rey Felipe VI en uniforme de capitán general? “No es necesario, quizá sería contraproducente”, señala un general retirado con altas responsabilidades en pasadas legislaturas. Una posibilidad sería que, al igual que no va a haber ceremonia religiosa en la proclamación, el nuevo rey pudiera ser coronado de civil y al día siguiente visitar una unidad militar de uniforme. El mensaje a la ciudadanía en uno y otro caso es muy distinto.


Flecos de una abdicación precipitada

La versión oficial cuenta que el rey Juan Carlos tomó la decisión de abdicar el pasado mes de enero, pero los pasos tomados tras el anuncio indican que todo está por cerrar, que la decisión se ha precipitado por recientes acontecimientos relacionados con la salud del monarca, con la coyuntura política y quizá con procesos judiciales en marcha, todo sin duda medido por encuestas que la Casa Real reconoce hacer constantemente.
Militares y civiles que han compartido actos con el rey en los últimos días revelan el serio deterioro físico del monarca. A ello se añade el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, en las que PP y PSOE han perdido cinco millones de votos y entre ambos no suman el 50% del voto a formaciones políticas. Consecuencia directa de lo anterior ha sido la renuncia de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del PSOE, lo que abre el partido a un próximo relevo con una dirección sin la misma complicidad personal con la Corona. El próximo futuro está marcado además por la evolución judicial del caso Noos y citas electorales.
Tras el anuncio de la abdicación, Moncloa, Zarzuela y Parlamento se apresuran a cerrar flecos que debieran estar maduros si la decisión tuviera seis meses de vida: no estaba previsto el acto protocolario de proclamación en el Congreso del próximo día 19, han tardado una semana en decidir la insólita ausencia del rey Juan Carlos en la cesión de la corona a su hijo, no se conoce hasta este momento el empleo y tratamiento militar del rey Juan Carlos tras la próxima coronación, no se ha regulado la inviolabilidad y aforamiento de los reyes cuando dejen de serlo, no se ha derogado la preeminencia del varón en la sucesión, no existe mecanismo para que una infanta renuncie a sus derechos dinásticos…


Relación privilegiada con la industria de Defensa

Juramento de Juan Carlos I como rey de España el 22 de noviembre de 1975.
“¿Cambiará el impulso a la industria de defensa en el exterior tras la abdicación del Rey?”, se pregunta en la encuesta del mes un portal especializado en temas de defensa y seguridad.
A lo largo de su reinado, el rey Juan Carlos ha cultivado una estrecha relación con algunos de los principales empresarios del país y muy especialmente del sector de la seguridad y defensa. Es éste un ejemplo de unas relaciones personales del rey Juan Carlos que su hijo no heredará automáticamente con la corona.
En el tiempo transcurrido desde el anuncio de la abdicación, las declaraciones más espontáneas y sentidas tuvieron lugar el 4 de junio en el acto de concesión del Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial al presidente de SENER, Enrique Sendagorta, empresario vasco y amigo del monarca. “Muchas gracias, os lo digo de corazón y agradecimiento, muchas gracias por vuestra labor, seguid adelante, yo estaré siempre al lado vuestro”, declaró el rey emocionado.
La más reciente actividad real de las últimas semanas ha estado asimismo protagonizada por los viajes del rey al Golfo Pérsico, acompañado por lo más granado del sector de la defensa, también grandes constructoras. Han sido viajes, algunos criticados por apresurados, que le han llevado sólo esta primavera a Emiratos (13 y 14 de abril), Kuwait (15 de abril), Omán (29 y 30), Bahrein (1 y 2 de mayo) y Arabia Saudí (17 al 19 de mayo).
En el haber figura el mayor contrato exterior firmado por empresas españolas, el AVE entre las ciudades santas saudíes de Medina y La Meca, en el que se adjudica un protagonismo no explicado al rey; en asuntos pendientes continúa la antigua pretensión española de vender también a los saudíes carros de combate Leopardo, fabricados en España por una multinacional norteamericana bajo licencia alemana.
“El rey no firma contratos, pero crea clima”, afirmó en uno de esos viajes el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno.


Guardia Real transparente

La Casa de su Majestad el Rey es el organismo que se ocupa de planificar y organizar la actividad de la familia real, siempre en coordinación con el Gobierno. El diplomático Rafael Spottorno es el jefe de la Casa desde septiembre de 2011, secundado por el también diplomático Alfonso Sanz Portolés como secretario general. Un tercer nombre, quizá llamado a mayores responsabilidades, es Jaime Alfonsín, jurídico, abogado del Estado, jefe de la Secretaría de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias nada menos que desde diciembre de 1995.
Dentro de la Casa del Rey encontramos el Cuarto Militar, que “lleva a cabo la preparación de las actividades militares de los miembros de la Familia Real y mantiene las relaciones de carácter militar con las autoridades del Ministerio de Defensa”, dice la web de la Zarzuela.
Éste es el entorno directo del rey saliente y del entrante, quienes filtran la realidad y ayudan a tomar decisiones. Y entre ellas puede estar una mayor transparencia en los dineros administrados, en teoría 7,7 millones de euros para este 2014, siempre teniendo en cuenta que ahí no figuran ni los gastos de seguridad (Ministerio del Interior) ni Patrimonio Nacional, que no detalla sus gastos, por ejemplo, entre el Palacio Real de Madrid o la Zarzuela.
Obama jura su segundo mandato el 20 de enero de 2013.
En el apartado de rendición de cuentas tampoco figura la Guardia Real, “unidad militar interejércitos al mando de un coronel, compuesta por mandos y tropa de los Ejércitos, Armada y los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas”. Con funciones principalmente protocolarias, la Guardia Real no ha participado en operaciones de paz, cuenta con 1.500 militares y su tamaño y misiones podría ser también reconsiderado en un momento en el que las restricciones presupuestarias del resto de las Fuerzas Armadas les impide incluso operar los vehículos y armamento del que disponen. Algunos militares consultados consideran esta unidad “obsoleta y de tamaño descomunal”.
Sin sobreactuaciones ni atribuyéndole competencias que no tiene, los españoles van a contemplar cada gesto y cada acto del nuevo rey Felipe VI, siempre bajo la premisa de que, en la sociedad de hoy, el valor de una corona es tanto como útil la consideren sus gentes, como señalaba recientemente la experta en comunicación política María José Canel.
La clave puede estar en acertar en los primeros nombramientos de su equipo más cercano (dirección de la Casa Real), evitar entornos cerrados –el militar puede ser uno de ellos, también el diplomático-. Y no imitar acríticamente a su padre: tiempos distintos, caras distintas, comportamientos distintos, recomienda un alto cargo con experiencia personal de trabajo directo con la familia real.


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sábado, 29 de marzo de 2014

Suárez y su transición militar

El expresidente sentó algunas de las bases de la defensa moderna: la creación de un único Ministerio, las limitaciones políticas de los militares, la supremacía del poder civil

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
Los militares que han llevado a hombros el féretro de Adolfo Suárez poco tienen que ver con los que amenazaron la naciente democracia española bajo su presidencia. Y la política de defensa tampoco.
El ruido de los disparos en el Congreso y la voz cuartelera del golpista ejecutor más visible aún ocultan algunas medidas que Suárez puso en marcha durante sus cinco años en la Moncloa.  Entre 1976 y 1981 se inició un largo proceso, se pusieron algunas bases para convertir la política militar en una política de defensa, y quizá el ejemplo paradigmático fue la propia creación de un Ministerio de Defensa en 1977, que aglutinó los tres ministerios existentes hasta entonces, uno por ejército.
En ese lustro los militares comenzaron a pasar de destinatarios de una política corporativa a un instrumento del Estado para la política de defensa, de institución bastante autónoma a organismo enmarcado en la administración general del Estado, de actor político sin prestigio profesional a militares reconocidos por su actuación recibiendo órdenes del Gobierno, del enemigo interior como objetivo a la protección exterior.
Cuenta Gregorio Morán, autor de varios libros sobre el expresidente, que Suárez con 29 años, durante una breve estancia en Sevilla, se presentó en 1959 a las oposiciones para el Cuerpo Jurídico de la Armada, que no aprobó. Una salida profesional para licenciados en Derecho que no parece hoy muy afín a la ambición personal y política que el joven Suárez ya apuntaba. Su ingreso en la Armada hubiera cambiado la historia de España, o no si miramos a otros políticos como Alfonso Osorio, vicepresidente con el propio Suárez, o Federico Trillo, hoy embajador en Londres, que pasaron por esa etapa profesional. Quedó el episodio de las oposiciones en un breve paréntesis de Suárez en su estrecha relación con Herrero Tejedor, al que acompañó en su ascenso primero y luego propio por el Movimiento Nacional.
En la hora de la despedida a Adolfo Suárez es preciso reconocer que gran parte de lo que hizo en relación con los militares se lo debe a Gutiérrez Mellado, en el apartado de normas publicadas en un boletín oficial; y a la navegación diaria corresponde el mensaje claro que enviaba Suárez a la milicia sobre quién contaba con la legalidad y la legitimidad.
Para el historiador Fernando Puell de la Villa, “el principal mérito de Gutiérrez Mellado fue, sin lugar a dudas, haber llevado a buen término la instauración del Ministerio de Defensa. Tampoco deben dejarse de lado otros elementos modernizadores –añade-, cuya importancia no se debe minimizar. Por ejemplo, la reforma de las longevas Ordenanzas de Carlos III, la lucha contra el pluriempleo, la reducción de efectivos y la nivelación de escalas, o la adecuación de determinados símbolos a la nueva situación, en particular la sustitución del desfile anual conmemorativo de la victoria de 1939 por el Día de las Fuerzas Armadas”.
A continuación, un intento de detectar semillas de avance en el mundo de la defensa entre 1976 y 1981, con alguna referencia a la actualidad.

Con Franco, un 40% de ministros militares

Narcís Serra, ministro de Defensa con el PSOE entre 1982 y 1991, recuerda en su libro “La transición militar” que de los 114 ministros que tuvo Franco, 40 eran militares; y también 955 de los casi 4.000 procuradores en Cortes. Este escenario convierte a las Fuerzas Armadas al inicio de la Transición en un actor corporativo privilegiado en un sistema hasta entonces sin partidos, que pasa a un sistema de representación democrática con más actores y donde las decisiones se adoptan por concierto.
Modificando una imagen que ha circulado en estos últimos días, en el ámbito militar no había que remodelar el edificio viviendo en él sin que dejara de funcionar, porque en este caso no funcionaba. Como mucho, había que reformar sin que el inquilino te agrediera.
Suárez entró en diciembre de 1975 en el primer Gobierno de la monarquía presidido por Arias Navarro como ministro Secretario General del Movimiento y en julio de 1976 el Rey le nombró presidente.
Puell de la Villa señala que “la mayoría de los analistas coinciden en afirmar que la transición política se inició con el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y  podría situarse el pistoletazo de salida de la militar con la llegada de Gutiérrez Mellado a la Vicepresidencia Primera del Gobierno para Asuntos de la Defensa en septiembre de 1976”.
Existen precedentes dentro de los ejércitos que intentaron avanzar, sin éxito, hacia la neutralidad del militar en temas políticos, la subordinación al poder ejecutivo, impulsados en gran medida por el teniente general Manuel Díaz-Alegría como Jefe del Alto Estado Mayor y sobre todo antes desde la dirección del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, destinos ambos donde contó con el trabajo de Gutiérrez Mellado como estrecho colaborador.
Los ejércitos en esos momentos son una organización desmesurada, que salía del conflicto del Sáhara, con exceso de oficiales y cuadros de mando envejecidos, donde buena parte de los militares estaban pluriempleados, cuya cúpula basaba su prestigio en la Guerra Civil, con una operatividad muy modesta.
En 1977 la participación de Defensa en los Presupuestos del Estado era del 15%, el triple que en la actualidad, lo que da idea de su tamaño exagerado y de la elevada factura total de salarios normalmente bajos, y también refleja el porcentaje unas cuentas públicas que aún no tenían el IRPF salido de los Pactos de la Moncloa.

“El Ejército no está para mandar, sino para servir”

Palabras de Gutiérrez Mellado en su toma de posesión: “No olvidemos nunca que el Ejército, por muy sagradas que sean sus misiones, está no para mandar, sino para servir; y que este servicio, siempre a las órdenes del Gobierno de la Nación, es exclusivo para España y para nuestro Rey”.
La separación de los militares de la política se instrumentó mediante el Decreto-ley 10/1977, aprobado en febrero de ese año, y supone una de las primeras medidas legales en el ámbito militar del Gobierno presidido por Adolfo Suárez. Se trata de una normativa muy estricta, que prohibía cualquier actividad política y sindical en el seno de los ejércitos, disponía el paso a la situación de retirado y sin posibilidad de reingreso de cualquier militar de carrera que se afiliara a un partido, fuera candidato en elecciones o aceptase un cargo público. El propio Gutiérrez Mellado y el ministro Osorio se vieron afectados por la norma y pasaron a la situación de retiro.
Para el exministro Narcís Serra se trataba de lanzar a la sociedad y a los militares un mensaje contundente, aunque no se muestra muy optimista sobre sus efectos, ya que “frenaron la difusión de ideas democráticas en los ejércitos españoles”. Doce años después el propio Serra estableció una regulación mucho más flexible.
Dando un salto hasta la actualidad, hace unas semanas el Ministerio de Defensa tuvo interés a través de una nota de agencia de noticias en informar a los interesados de que los militares en servicio activo no podrán participar en las primarias abiertas que el PSOE convocará previsiblemente el próximo mes de noviembre por tratarse de un "acto de colaboración" con un partido, incompatible con la obligación de "neutralidad política" que queda establecida en la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Aún perviven hoy resistencias hacia la participación política de los militares, incluso de carácter anónimo y sin ostentación de uniforme o profesión, circunstancia discutida y discutible por especialistas en derecho constitucional.
Un tema cercano es el de las relaciones e incluso tensiones entre el ámbito político y el militar, que entran dentro de la normalidad en un régimen democrático, que han llevado hasta al presidente de Estados Unidos a cesar fulminantemente en 2010 al máximo responsable militar norteamericano en Afganistán, Stanley McChrystal, por un reportaje en la revista Rolling Stone en donde deslizaba críticas hacia el equipo político de Obama.

De tres ministerios a uno

A pesar de que durante la guerra civil tanto la República como el bando franquista tuvieron un ministro de Defensa, Franco decidió en 1939 crear tres ministerios militares, que se mantuvieron hasta dos años más allá de su muerte. Las causas hay que buscarlas en los recelos al excesivo poder que pudiera concentrar una sola persona, y también la utilidad de sentar tres uniformados en el consejo de ministros. Como clara desventaja, la dificultad de coordinación, cada ministerio militar se dedicaba a defender los intereses de cada ejército, la difícil actuación integrada, la interlocución directa a la que se acostumbraron con la jefatura del Estado.
La creación del Ministerio de Defensa se considera uno de los principales logros de la política de Defensa de Suárez incluso por parte de los propios protagonistas, aún con todas las resistencias, limitaciones al nuevo organismo y cantones independientes que incluso hoy se mantienen.
Aunque existieron planes previos y la decisión ya estaba tomada, Suárez prefirió esperar para crear el nuevo Ministerio al reconocimiento del PCE y a la celebración de las primeras elecciones generales que le legitimaban en el puesto, y así finalmente se hizo en julio de 1977.
El Ministerio de Defensa nace con la obligación de que militares de carrera ocupen los altos cargos y no se hizo depender de él las áreas correspondientes de los ejércitos, circunstancia especialmente llamativa en armamento y material, cuya dirección general debía desempeñar sus funciones “de acuerdo con las normas y especificaciones que señalasen los cuarteles generales de los ejércitos”, según recuerda Serra.
Durante los primeros siete años de vida el Ministerio de Defensa no tuvo sede propia, pero aún así su creación, que no despertó una oposición frontal como otros temas, permitió colocar los cimientos de los avances de una transición militar que se prolonga al menos hasta finales de los 80.
A pesar de la creación del Ministerio de Defensa, su estructura quedó como algo al margen de lo militar, como mucho con la misión de dotarlo de medios humanos y materiales, pero sin competencias directas sobre la fuerza, al margen de la cadena de mando que enlazaba directamente al jefe del Estado con los ejércitos.
Puell define la situación creada con el nuevo Ministerio en una “autonomía de las Fuerzas Armadas respecto a la administración general del Estado, quedando inmersas en una especie de limbo de difícil encaje legal y ajeno al Gobierno, situación que éste optó por mantener, de forma que la política militar quedase totalmente en manos de los militares”.
En los dos años primeros años de vida Gutiérrez Mellado fue el primer ministro de Defensa, hasta que en abril de 1979, ya en la segunda legislatura, ocupó la cartera Agustín Rodríguez Sahagún, primer civil en el puesto en medio siglo y titular del área el 23-F. El primero siguió como vicepresidente del Gobierno para los asuntos de la Seguridad y la Defensa Nacional, y ambos cesaron el 26 de febrero de 1981 cuando se formó el nuevo Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo con Alberto Oliart como ministro de Defensa.
Aún hoy, siendo muchos los cambios, los responsable del Ministerio de Defensa continúan, por ejemplo, avanzando en la reducción de los órganos de contratación –200 hasta muy recientemente- y centralizando adquisiciones como combustible, informática, electricidad, limpieza o seguridad.
Con mayor relevancia económica y política, la Dirección General de Armamento se encuentra a punto de culminar un proceso de concentración de competencias y programas hasta ahora dispersos, los fondos, las decisiones y la responsabilidad, entre los cuarteles generales e incluso la propia industria de defensa.
La organización sigue mostrando resistencias incluso a la figura de un mando militar operativo único, que es el Jefe de Estado Mayor de la Defensa –JEMAD-. Hace no mucho tiempo, en acto público, un primer jefe de uno de los tres ejércitos se quejaba de que “el entrenador que está toda la semana con el equipo no ejerce cuando se juega el partido”, en alusión a que quien adiestra las unidades a la hora de la operación real no interviene, forma nada disimulada de cuestionar la figura del JEMAD y de desligarse de las decisiones operativas que toma el Gobierno.

Espías y OTAN, objetivos pendientes

Dos importantes asuntos quedaron en el quinquenio de Suárez a medio hacer, la reforma de los servicios de inteligencia y el ingreso de España en la OTAN, ambos curiosamente muy relacionados con el 23-F.
En el decreto de 1977 que fija la estructura del nuevo Ministerio de Defensa aparece un nuevo órgano de inteligencia, el Centro Superior de Información de la Defensa –CESID- que agrupa dos servicios preexistentes, el creado por Carrero Blanco para vigilar a la oposición (Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, SECED) y la Segunda División del Alto Estado Mayor.
Juzgándolo por los resultados, el nuevo CESID pudo ser un primer paso para racionalizar la inteligencia pero no fue posible por los cambios frecuentes en su dirección, por su descoordinación; y sobre todo porque no pudo o no quiso desactivar el 23-F e incluso algunos de sus integrantes participaron activamente en el golpe.
Precisamente el golpe de Estado es directamente responsable del segundo asunto, la acelerada integración de España en la OTAN decidida por Calvo Sotelo como método de civilizar las Fuerzas Armadas y también para evitar que la victoria del PSOE en las siguientes elecciones, que se daba por segura, pudiera truncar el proceso.
Suárez y Gutiérrez Mellado fueron especialmente cautos con la pertenencia de España a la Alianza Atlántica, probablemente con el fin de evitar un nuevo tema de enfrentamiento en el debate político, con toda la oposición de izquierdas radicalmente en contra.
La evolución del asunto es conocida, Calvo Sotelo aceleró el proceso, en otoño se produjo un bronco debate parlamentario, en diciembre de 1981 el Consejo Atlántico aceptó y el ingreso fue formalizado en junio de 1982.

La autonomía política hoy es corporativa

“El poder civil no ejerció el mando sobre las fuerzas armadas en el sentido real del término hasta mediados de los ochenta”, confiesa el propio Narcís Serra.
El rechazo de una parte importante del colectivo militar a la nueva etapa democrática queda fijado como en una fotografía en el texto de la Constitución de 1978, y se prolonga en el tiempo en los ámbitos donde el exministro sitúa las reservas de autonomía, que suelen ser los campos de la Justicia y la Formación.
Por una parte, en pocos asuntos como éste la Constitución de 1978 es hija de su tiempo y de la relación de fuerzas entonces existente. Con ser un avance importante –en partes como la separación de los ejércitos y la policía-, conserva una apreciable dosis de ambigüedad en varias aspectos que la llevaron a no ser un punto de referencia sólido en la reforma militar.
Se ha debatido con generosidad sobre la inclusión de las Fuerzas Armadas en el Título preliminar dedicado a las instituciones y poderes del Estado, con lo que indirectamente se reconoce una autonomía como institución más allá de la política y de la administración del Estado de la que forman parte.
La redacción final del artículo 8, que encomienda a las Fuerzas Armadas la misión de "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional" es muy similar a la del artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado de 1967.
Una futura reforma del texto constitucional debiera contemplar la revisión en profundidad de cuantas referencias aparecen en el texto a lo militar, la paz o la guerra, o la inexistencia de la administración militar que allí aparece, por obsoletos.
El actual JEMAD acabó su formación superior de oficial en la Escuela Naval Militar de Marín en 1976 y el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en 1974. La organización que les formó y a la que se incorporaron como alférez de navío o teniente no tiene nada que ver con la actualidad, afortunadamente. Lo que no implica que las Fuerzas Armadas hayan avanzado mucho más en cuanto a modernización material y capacitación de sus miembros que en la propia organización, el Ministerio de Defensa, que aún tiene mucho que avanzar como entidad única. Las reservas de autonomía que en el pasado escondían el rechazo al cambio político se explican hoy por la defensa de ventajas corporativas.

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