Este mes de abril de 2023 ha visto la luz la publicación colectiva del Movimiento Europeo en España, dirigida por Francisco Aldecoa y Mercedes Guinea, dedicada a la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea 2023. Propuestas desde la sociedad civil, obra publicada en la editorial Catarata.
Agradezco la oportunidad de haber podido participar en esta compilación de análisis y ensayos con un capítulo titulado "Avances en España y la UE sobre desinformación y regulación de plataformas digitales entre las elecciones al Parlamento europeo de 2019 y 2024. Propuestas de actuación durante la Presidencia española del consejo de la UE".
Comparto capítulo del que soy autor, en esta entrada la introducción y las conclusiones, y en este enlace el texto completo.
LA DESINFORMADA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Durante la legislatura 2019-2024 la Unión Europea, desde sus instituciones y organismos, y también los Estados miembros como España, han enfocado la desinformación como un ámbito prioritario, principalmente desde la perspectiva de la seguridad y como injerencia externa, y se ha aprobado normativa y actuaciones que sobrepasan esa perspectiva y afectan a campos como la regulación de las plataformas digitales, la protección de las libertades públicas o de los medios de comunicación tradicionales.
La diversidad de iniciativas y la aparente dispersión y fragmentación dificulta su encuadre y comprensión, una visión global de la comunicación y la desinformación que es el objetivo de este artículo con el horizonte de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023 y las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.
Partiendo de un punto abstracto y filosófico, “las informaciones falsas, a diferencia de la información equivocada o insuficiente, en la medida en que son intencionalmente producidas, erosionan ese recurso escaso de la sociedad democrática que es la confianza. La confianza es un bien común al que no dañan el error y la equivocación, pero sí la falsedad manufacturada”; aunque “no es únicamente un problema de malvados desinformadores, sino sobre todo de confusos buscadores de información”. Corresponde la reflexión y la frase del epígrafe a Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política .
En la actividad política que busca el equilibrio entre intereses, entre lo público y lo privado, la perspectiva es diferente, si bien el diagnóstico y la preocupación pueden ser compartidas.
Los ciudadanos europeos y españoles afrontamos un problema de calidad democrática, con múltiples variables que conectan con la amplia circulación de materiales falsificados, no siempre informativos, casi siempre de entretenimiento; problema relacionado con la desinformación, la comunicación, las injerencias extranjeras, la regulación de las plataformas digitales, la alfabetización mediática, la crisis de negocio de los medios de comunicación tradicionales, la publicidad digital, la precarización de la profesión periodística, la extensión del populismo y la crispación como estrategia política/mediática racional, la crisis de los intermediarios, el desprecio hacia la política, la influencia de las redes sociales sobre el negocio periodístico, de la tecnología sobre la forma de comunicar, la sobreexposición informativa, la búsqueda de un beneficio económico con la desinformación…
Sobre todo ello -principalmente sobre desinformación y comunicación- han pretendido actuar las instituciones europeas con especial intensidad en la actual legislatura 2019-2024: han sido aprobados informes, resoluciones, normativa, estrategias, por parte de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, del Tribunal de Cuentas Europeo, del Consejo Económico y Social, del Servicio Europeo de Acción Exterior, de los Estados miembros como España, abundancia de materiales y emisores que dificulta la percepción del problema y la orientación de la respuesta.
Desde el punto de vista de mayor presencia pública, la desinformación se ha encuadrado preferentemente como cíber amenaza exterior, un problema de seguridad omnipotente, con la capacidad de poner en riesgo nuestra democracia y hasta el resultado de las elecciones. La realidad es mucho más diversa, compleja y más interesante.
Por centrar cronológicamente los esfuerzos hay que remontarse a 2016, cuando bréxit y Trump, momento en el que se encienden todas las alarmas en la comunidad internacional, en la Unión Europea y en los países miembros sobre la desinformación. El motivo: el referéndum convocado por el primer ministro británico David Cameron (junio), y perdido; y dos, la campaña presidencial en Estados Unidos (noviembre), las técnicas, recursos y hasta la injerencia extranjera en favor del finalmente ganador Donald Trump.
La Unión Europea viene combatiendo activamente la desinformación desde 2015. Tras una Decisión del Consejo Europeo, y a fin de “contrarrestar las actuales campañas de desinformación de Rusia”, se creó el Grupo de Trabajo East StratCom, adjunto al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
En abril de 2018, la Comisión esbozó un enfoque europeo y algunas herramientas autorreguladoras para combatir la desinformación en la red. El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 28 de junio de 2018, invitó a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a la Comisión a que presentaran un plan de acción con propuestas específicas para ofrecer una respuesta coordinada a la desinformación. El Plan de Acción de la Unión Europea contra la desinformación, presentado el 5 de diciembre de 2018, incluye diez acciones específicas basadas en cuatro áreas prioritarias, y consolida los esfuerzos de la Unión para hacer frente a la desinformación; con un enfoque que implicaba a toda la sociedad en el refuerzo de la cooperación entre agentes clave como las autoridades públicas, los periodistas, los investigadores, los verificadores de datos, las plataformas en línea y la sociedad civil.
Un importante elemento del Plan de acción de 2018 consistía en instar a las plataformas a que aplicasen el Código autorregulado de buenas prácticas contra la desinformación. En octubre de 2018, firmaron el código de buenas prácticas Facebook, Google, Twitter y Mozilla, en breve se sumó Microsoft, así como las asociaciones comerciales que representan a las plataformas en línea, a la industria publicitaria y a los anunciantes.
En marzo de 2019 se creó un Sistema de Alerta Rápida para poner en contacto a los expertos en materia de desinformación de las instituciones de la UE con los de los Estados miembros y facilitar la comunicación entre organismos oficiales de análisis y mejores prácticas sobre aspectos como la comunicación proactiva y la eficacia en la respuesta. Otro elemento esencial del Plan de acción era el incremento de la cooperación internacional, como la enmarcada en el G7 y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Tenemos por tanto fechados en 2018 la Comunicación sobre la lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo; el Plan de acción en materia de desinformación, que tiene por objeto reforzar la capacidad y la cooperación de la UE en la lucha contra la desinformación; más el Código de buenas prácticas en materia de desinformación, la primera vez en todo el mundo que la industria ha acordado, de forma voluntaria, normas de autorregulación para luchar contra la desinformación.
Después de esos pilares fundacionales han llegado el Plan de Acción para la Democracia Europea, un informe crítico del Tribunal de Cuentas; una ponencia específica en el Parlamento Europeo con su informe correspondiente de recomendaciones; varias iniciativas legislativas, no concluidas a febrero de 2023, sobre medios de comunicación y publicidad política; se ha legislado a nivel comunitario sobre mercados y servicios digitales; se ha aprobado un nuevo código de conducta reforzado con las plataformas digitales; y como marco político ha llegado la pandemia del covid-19, la invasión de Ucrania y se acercan las próximas elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2024.
Desde España cabría citar la aprobación de un Protocolo de actuación interno que conecta al Gobierno con Bruselas en materia de desinformación; el protagonismo del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno en la creación de un grupo de trabajo, la publicación de un informe y el compromiso de elaborar una estrategia nacional contra la desinformación, aún no nacida; más una ponencia sobre desinformación en la comisión mixta de Seguridad Nacional.
Finalicemos el comienzo con la definición ortodoxa de la desinformación elaborada por los documentos europeos y mayoritariamente aceptada: “La desinformación se define como información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público. El perjuicio público comprende amenazas contra los procesos democráticos políticos y de elaboración de políticas, así como contra los bienes públicos, como la protección de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos de la UE. La desinformación no incluye los errores de información, la sátira y la parodia ni las noticias y los comentarios claramente identificados como partidistas” (...).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
“La sociedad del desconocimiento”, titula Daniel Innerarity el ensayo origen de la cita que abre este texto, no en un sentido negativo sino con el propósito de entender que en la sociedad actual la gestión del conocimiento es clave, para instituciones públicas y también entidades privadas, y que incluso se requiere la implicación del ciudadano interesado en la calidad de su dieta informativa.
Señala Innerarity en su obra que “en una democracia el combate contra la falsedad sólo puede llevarse a cabo en un entorno de pluralismo garantizado (…). Una democracia es un sistema de organización de la sociedad que no está especialmente interesado en que resplandezca la verdad, sino en beneficiarse de la libertad de opinar (…). Protejámonos de los instrumentos a través de los cuales pretendemos protegernos frente a la mentira”.
El conflicto de Ucrania; las elecciones municipales, autonómicas y generales en España previstas para 2023, más las elecciones al Parlamento Europeo en 2024 son factores que promoverán el debate y actuaciones relacionadas con la desinformación, y la alarma sobre su peligrosidad.
La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 sin duda desarrollará sus actividades en este marco. Circula el tópico en el mundo diplomático que desde el Tratado de Lisboa, en vigor desde 2009, este tipo de presidencias rotatorias más que dirigir el tren tienen el papel de un jefe de estación, es decir, regular el tráfico, establecen la agenda, dirigen reuniones, concentran el foco internacional y nacional, buscan acuerdos, y en el caso español tendrá además la responsabilidad de impulsar la conclusión de expedientes o proyectos legislativos en trámite al ser final de legislatura, así como colocar ciertos temas para la próxima Comisión que surja tras las elecciones de 2024.
En este sentido se aportan a continuación algunas conclusiones y recomendaciones fruto del camino recorrido desde 2018 por la Unión Europea y España en la lucha contra la desinformación. De normas y actuaciones referidas en los últimos años, se puede concluir:
- El enfoque en seguridad y de origen externo a la UE y la solución tecnológica copan el tratamiento de la desinformación y las actuaciones emprendidas.
- Las elecciones de 2019 no confirmaron las expectativas alarmistas. El presupuesto disperso de la UE contra la desinformación (en torno a 10 millones de euros anuales) tampoco es proporcional a la peligrosidad declarada de la amenaza.
- En la respuesta a la desinformación, han adquirido protagonismo los verificadores de información (fact checkers), de utilidad para una primera respuesta; mientras que las actuaciones de largo recorrido, como campañas de alfabetización mediática, digital e informacional, avanzan muy lentamente y con alcance muy limitado.
- Gran parte de las iniciativas sobre desinformación en la UE se corresponde con mecanismos de contacto e información entre Gobiernos y organismos comunitarios, sin repercusión sobre el ciudadano, se habla sobre desinformación, pero no se ofrecen herramientas. Proliferan las iniciativas sin repercusión pública alguna.
- El tratamiento de la desinformación desatiende su carácter nacional en la mayor parte de las ocasiones, como origen o colaborador necesario en su difusión; y factores que la alimentan como el populismo como estrategia política y la desintermediación, el desprestigio del periodismo, de la política y de las instituciones.
- Los medios de comunicación tradicionales privados han visto como ha desaparecido su modelo de negocio con la publicidad en manos de las plataformas digitales. La respuesta mayoritaria ha sido la reducción de la calidad, la precarización de plantillas y la búsqueda de contenidos viralizables o viralizados de rápida elaboración.
- Entre los temas objeto de campañas de desinformación destacan la igualdad, el feminismo y la inmigración, asuntos no contemplados por un enfoque en la respuesta exclusivamente securitario y de origen externo. La desigualdad abona el terreno para que germine la desinformación.
- Existe una colaboración de cogobernanza entre la UE y las grandes plataformas, reforzada desde la aprobación de las leyes de mercados y servicios digitales. Las medidas fruto de esta colaboración y de las leyes afectan a la circulación física de la desinformación (bots, cuentas falsas, protección de datos) más que a la naturaleza de la información, donde se entraría en la censura de contenidos incompatible con un sistema democrático.
Algunas recomendaciones de actuación:
- La desinformación es un fenómeno que se combate con información de calidad y transparencia.
- Sería deseable impulsar la elaboración en España de la comprometida Estrategia de lucha contra la desinformación, que sobrepase el ámbito de la seguridad y la injerencia exterior y contemple otros elementos también como la economía de la desinformación, la alfabetización mediática, informacional y digital, la comunicación, la educación, la calidad democrática y el origen y recorrido nacional de muchas de las campañas..
- Fomentar a nivel español y europeo la investigación académica y tecnológica de dos facetas poco desarrolladas: la influencia real de las campañas de desinformación sobre la opinión pública, incluida la intención de voto (análisis cualitativo más que cuantitativo); y el origen de las campañas de desinformación por canales digitales.
- Culminar los procedimientos parlamentarios en marcha en el Parlamento Europeo, como la normativa referida a medios de comunicación; y a publicidad política.
- Impulsar los medios de comunicación públicos para contribuir a fortalecer una opinión pública europea, fomentando la presencia de temas europeos y sobre desinformación.
- Máxima vigilancia contra medidas restrictivas a la libertad de opinión, que vulnerarían el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
- Establecer la máxima coordinación, seguimiento y evaluación de las diferentes actuaciones puestas en marcha por instituciones y organismos de la Unión Europea sobre desinformación.
- De cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, presentar en positivo la participación, la información y el debate como derechos del ciudadano, más que un motivo de amenaza por parte de potencias extranjeras omnipotentes hacia un ciudadano indefenso.
- En coordinación o inspiración con la UNESCO, elaboración de materiales prácticos para periodistas, formadores y ciudadanos, que contribuyan a comprender el fenómeno de la desinformación y responder. Cubrir carencias de formación y análisis.
- Eliminar la limitación de publicación de encuestas excepto el día de reflexión y votación.
- Teniendo en cuenta lo sucedido en países como EEUU o Brasil, donde se han puesto en duda los resultados electorales, se requiere máxima información y transparencia sobre el sistema electoral y el escrutinio.
- Fomentar la difusión de iniciativas y materiales de utilidad para el ciudadano, más allá de los grupos de especialistas o de contacto entre Gobiernos. La fragmentación de iniciativas también dificulta la comprensión del fenómeno de la desinformación. El objetivo debe ser capacitar a la sociedad civil.
- El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (Joint Research Centre, JRC), con sede en Sevilla, ha elaborado excelentes documentos sobre desinformación , su labor podría potenciarse en los ámbitos pendientes de desarrollo detectados.
