Empresarios, accionistas, gestores, españoles todos

The Washington Post ha cambiado de dueño. Fundado en 1877, perteneciente a la misma familia desde los años 30, el periódico que desveló el caso Watergate –con la inestimable colaboración del subdirector del FBI- y ganador de 47 premios Pulitzer, referencia mundial del periodismo, no ha podido resistir al hundimiento de la publicidad y la crisis generalizada de la prensa escrita. El nuevo propietario se llama Jeff Bezos. El importe de la operación ha sido de 250 millones de dólares, aproximadamente el 1% de la fortuna estimada del creador de Amazon.
La operación empresarial anterior es de agosto. Acercándonos en el tiempo, sin duda la gran noticia de las últimas semanas es el escándalo de espionaje masivo de las telecomunicaciones por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. junto con otros países de la hermandad anglosajona y la colaboración parcial de servicios de inteligencia de medio mundo. Uno de los protagonistas de este caso es Glenn Greenwald, abogado, bloguero y periodista norteamericano, elegido por el ex técnico de la NSA Snowden para filtrar y difundir los documentos relacionados con el espionaje.
Pues bien, Greenwald acaba de abandonar el prestigioso periódico británico The Guardian, donde dio a conocer el masivo sistema de espionaje, y madura en Brasil la creación de un nuevo proyecto de periodismo de investigación en la red. Para ello cuenta con la apuesta de Pierre Omidyar, creador de eBay, como financiador de un proyecto cuyo coste inicial calculan también en 250 millones de dólares.
Lo contado hasta aquí tiene un interés claro en relación con la muerte del modelo de negocio de la prensa escrita –que no del periodismo-, el futuro que desconocen hasta los propios gestores actuales de cualquier empresa periodística –algunos de ellos incluso arquitectos de la Transición, pero no les pregunten sobre el negocio- y la apuesta doble que hacen con su fortuna personal dos de los empresarios más destacados del llamado ciberespacio, a quienes se supone conocimiento y éxito acreditado en la venta y financiación de cosas por Internet. Porque otra derivada de estas operaciones empresariales es que no cabe duda de que la financiación condiciona la gestión, el apoyo económico va vinculado a una estrategia empresarial determinada, la que sea.

Dios Indra de la mitología hindú (Fuente: conscienciacuantica.org).

El último párrafo deja de ser evidente si recordamos otras operaciones empresariales esta vez en el sector de las tecnologías de la seguridad y la defensa en nuestro país.
La multinacional Indra, empresa española que aparece en el top 100 de las mayores compañías de defensa del mundo –además de Navantia y el 3% que nuestro país conserva en EADS- ha vivido un cambio de accionistas de gran importancia: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales –SEPI, holding empresarial público, Ministerio de Hacienda-  adquirió el pasado mes de agosto el 20% de Indra a Bankia por valor de 337 millones de euros. No se sabe si esta cantidad habría que añadirla o restarla a los 13.641 millones de euros públicos que ha recibido la antigua Caja de Ahorros de Madrid, pero la realidad es que el Estado es el accionista mayoritario de la “compañía española líder en tecnologías de la información”, como la definía la misma SEPI en 1999 cuando procedió a privatizarla. Como curiosidad, el fondo soberano de Noruega tiene otro 3% de Indra.
Dos ejemplos más. El penúltimo, la multinacional tecnológica hasta ahora española Everis ha sido comprada en su totalidad por la japonesa NTT Data Corporation. El último ejemplo lo ha protagonizado Abertis comprando este mes de noviembre al INTA (Ministerio de Defensa) su 16% en el operador español de satélites Hispasat, con lo que alcanza una participación del 57% y se convierte en accionista mayoritario y operador industrial. Está por ver qué ocurre en Hisdesat, operador de comunicaciones gubernamentales por satélite, donde Hispasat cuenta con el 43% de las acciones.
Dice la teoría que el objetivo de una empresa es crear valor para el accionista, los empleados y los ciudadanos-clientes, o que al menos estos tres grupos forman parte destacada de los públicos objetivo o de los stakeholders de una compañía.
Pues uniéndolo todo, está por ver cómo va a variar la estrategia empresarial de Indra, Hispasat, Hisdesat o Everis en función del cambio reciente de accionistas, cómo los gestores de estas empresas van a crear valor para sus nuevos propietarios, cómo encaja todo esto en un sector industrial de la defensa también en crisis.
El Estado tiene el poder de ser el regulador de un sector muy regulado, el cliente casi único de la industria de Defensa, su patrocinador a nivel internacional –la labor comercial de la Armada con Navantia no se paga con dinero, con el buque Cantabria todo este año dando vueltas por el mundo- y ahora su papel como primer accionista de Indra, como propietario único de Navantia y con presencia destacada en otras empresas de interés.
Entretanto los gestores-directivos navegan entre empresas, coyunturas y legislaturas, criticando la injerencia política en empresas públicas, la regulación pública de sectores regulados, rechazando la competencia en mercados sin libre competencia.
Con todos estos ingredientes, el Gobierno de Rajoy pretende montar una ensalada-ente industrial español del sector de las tecnologías de la defensa, la seguridad y el espacio, un Frankenstein que ha despertado entre la incredulidad y el rechazo de los actuales directivos que no saben por dónde llueve porque no se ha contado con ellos en el diseño inicial del plan.
Hasta que se vean los resultados de la capacidad del Gobierno para lograr ese objetivo y de las empresas para competir con éxito, todos hoy aparecen unidos como una piña contra la UE que quiere abrir algo el mercado de la Defensa, todos unidos en el rechazo, en el mantenimiento de un mercado cerrado. Catenaccio de la empresa española y del Ministerio de Defensa ante Europa. Más allá del cerrojo, nada se sabe.  Nos habíamos acostumbrado a otro tipo de juego de medio campo y más imaginativo.

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Han pasado nueve meses desde que conocimos por El País que militares españoles torturaron en Irak. Esas personas o siguen dentro de las Fuerzas Armadas o andan tranquilamente por la calle. Los tiempos de la responsabilidad política, de la reputación de una organización, nada tienen que ver con los judiciales.