INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS
- Denuncia la respuesta internacional como 'vergonzosa'
- La ONG denuncia la impunidad de los crímenes contra las derechos humanos y pide eliminar el derecho de veto en la ONU en casos graves.
- De su informe anual no se salva ni España
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| Refugiados sirios en Turquía. | AI |
Amnistía Internacional publica su Informe Anual junto con una previsión de las tendencias en materia de derechos humanos para el próximo año. El informe sostiene que
los gobiernos deben “dejar de fingir que la protección de civiles no está a su alcance”. En España, la libertad de expresión y de reunión están riesgo como consecuencia de recientes cambios legislativos y las personas migrantes han visto vulnerados sus derechos al producirse devoluciones sumarias y uso innecesario y excesivo de la fuerza en frontera.
La ONG hace
repaso en su informe anual a un "año catastrófico" en materia de Derechos Humanos y en el que la comunidad internacional ha tenido una "vergonzosa" respuesta, toda vez que no ha tomado medidas ante desafíos como el "nuevo rostro" de unos conflictos que, cada vez en mayor medida, afectan a la población civil.
El 'libro negro' de Amnistía analiza la situación de los Derechos Humanos en 160 países y, en él, se exponen una serie de situaciones en las que
los grupos armados cada vez ganan más peso, aumentan las amenazas para libertades y derechos fundamentales y empeora la "crisis de refugiados" a nivel mundial, entre otros retos.
El presidente de la ONG en España, Alfonso Sánchez, ha denunciado en rueda de prensa que los conflictos tienen ahora un
"nuevo rostro" marcado por la impunidad y por una respuesta internacional que "deja mucho que desear".
En este sentido, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha coincidido en que ha sido un año "especialmente negro" con
"datos devastadores". Durante 2014, en 18 países se cometieron crímenes de guerra u otras violaciones de las leyes de guerra, mientras que en uno de cada cinco Estados analizados existen grupos armados que han cometido abusos.
La influencia de
milicias como Boko Haram, Estado Islámico y Al Shabaab amenaza además con traspasar las fronteras nacionales, lo que lleva cada vez a que más civiles se vean sometidos a unos grupos que actúan como Estados en los territorios que controlan, a costa de someter a abusos y persecución a los civiles.
El balance ha sido especialmente dramático en el ámbito de los
refugiados, con unos niveles sin precedentes --50 millones a nivel mundial-- que han tenido como principal exponente la guerra de Siria. Más de cuatro millones de sirios han abandonado su país, el 95 por ciento de ellos hacia países vecinos.
La activista y periodista siria Yara Bader, responsable del Centro Sirio para los Medios de Comunicación, ha denunciado en la presentación del informe el "acoso" sufrido por esta organización y sus miembros, ejemplo de un modelo represivo en el que quienes defienden los Derechos Humanos son "las primeras víctimas".
Actualmente, ha advertido, la población siria está luchando por su "supervivencia", en un contexto en el que cunde el "abandono de la esperanza" y el hambre se ha convertido en "arma de guerra". Bader, cuyo marido está detenido, ha lamentado que las autoridades sigan sin dar respuesta a los constantes llamamientos de la comunidad internacional.
La huída de zonas en conflicto tiene también su efecto en los masivos intentos de alcanzar Europa desde África a través del
Mediterráneo. Unas 3.400 personas habrían muerto en el último año ahogadas en este mar, una cifra que Beltrán ha calificado de "conservadora" y que demuestra, en su opinión, lo que queda por hacer.
El c
odirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IEACH), Jesús Núñez, ha advertido de que, en estos últimos meses, "decir Mediterráneo y decir cementerio es la misma cosa".
El presidente de Amnistía en España ha denunciado una política basada en "mantener lejos de Europa a la mayor parte de inmigrantes posibles", sin tener en cuenta que todos ellos se "merecen" al menos que se analice si son refugiados que huyen de conflictos o si pueden ser sometidos a torturas y abusos en caso de repatriación.
La situación en España
En España, "el Gobierno sigue la tendencia global de
recortes a la libertad de expresión y de reunión, mediante varias iniciativas legislativas", afirma la organización. Una de ellas, la
Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), "no solo amplía los poderes policiales sin establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sino que además incluye nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones en las cercanías del Congreso y el Senado, o las limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad", añaden. Para la organización también han sido de especial preocupación los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad en manifestaciones, así como crecientes restricciones al derecho de reunión, incluido la imposición de multas a manifestantes pacíficos, algo que puede disuadir la protesta.
La
reforma del Código Penal también ataca la libertad de expresión, de información y de reunión, según la ONG, al ampliar los delitos, tanto de terrorismo como de desórdenes públicos, de manera tan amplia y vaga que resultan incompatibles con las normas de derecho internacional. Además, esta reforma sigue sin tipificar de manera adecuada los crímenes de derecho internacional como la tortura. Otro de los grandes retrocesos de 2014 ha tenido lugar en la lucha contra la impunidad de la que gozan los perpetradores de los crímenes más graves, mediante la
reforma de la jurisdicción universal, que limita las atribuciones de las autoridades para investigar crímenes atroces contra las personas cometidos fuera de España.
También las personas migrantes están viendo sus derechos vulnerados en España. Amnistía Internacional ha seguido denunciando
uso excesivo e innecesario de la fuerza en frontera, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, que en ocasiones han sido devueltos de manera ilegal. Además, afirman, "lejos de cambiar esta política, las autoridades pretenden, mediante una enmienda introducida en la LOSC, legalizar esta práctica de las denominadas devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional".
Por último, Amnistía Internacional recuerda que durante los próximos dos años España tendrá un
asiento temporal en el Consejo de Seguridad. La organización hace un llamamiento para que el Estado español aproveche su posición para tener un papel proactivo para que se establezca una mayor protección a los derechos humanos en situaciones que afectan a la paz y seguridad internacionales.
Esteban Beltrán ha rechazado la "dicotomía" entre seguridad y libertad y ha alertado de las legislaciones "ambiguas" que pueden servir tanto para perseguir el terrorismo como para reprimir a la oposición.
Beltrán considera que existe el "riesgo" de que, si no se circunscribe bien las situaciones de terrorismo, su definición sea tan amplia que "quepa cualquier delito". También ha llamado a tratar "con cuidado" las prohibiciones de viajar a zonas en conflicto, toda vez que "salir de tu país no es delito".
En esta línea, el codirector del IEACH ha apuntado que, si bien el terrorismo internacional no es una "amenaza fantasma", no se puede caer en una visión "obsesiva" en la que, aprovechando un
"clima de terror" social, se recorten libertades. Jesús Núñez ha dicho que una "sociedad atemorizada" puede estar dispuesta a "ceder derechos" a cambio de una sensación de seguridad.
Respuestas represivas
El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha afirmado en un comunicado que "es abominable comprobar que los
esfuerzos de los países ricos para impedir la entrada de personas prevalecen sobre sus esfuerzos para preservar las vidas de las personas". "La crisis de refugiados global se agravará con toda probabilidad, a menos que se tomen medidas urgentes", ha apostillado.
El informe detalla una serie de tácticas y respuestas "draconianas" y "represivas" con las que distintos países han menoscabado derechos y libertades fundamentales apelando a la seguridad.
Así, ha denunciado leyes restrictivas,
persecución de la oposición o vetos a las libertades de expresión y manifestación en países como Afganistán, Kenia, Nigeria, Rusia, Turquía y Pakistán. En este último caso, las autoridades han levantado la suspensión de las ejecuciones para comenzar a ejecutar a presos condenados por terrorismo.
Shetty ha avisado de "indicios preocupantes" a nivel mundial. "Desde Baga hasta Bagdad, los dirigentes gubernamentales han intentado justificar las violaciones de Derechos Humanos hablando de la necesidad de que el mundo siga siendo 'seguro'", ha agregado.
Reforma del Consejo de Seguridad de la ONU
Uno de los escenarios constatados por Amnistía Internacional en su informe es la
aparente vuelta de la "Guerra Fría" a Europa, marcada en el último año por el conflicto de Ucrania. Amnistía considera que tanto el Gobierno central ucraniano como los separatistas prorrusos han cometido crímenes de guerra y ha comprobado, con visitas sobre el terreno e imágenes vía satélite, la implicación rusa en el conflicto.
En el caso de Ucrania y en otros desafíos internacionales como Siria, Irak o Gaza, la ONG ha llamado a la acción y ha propuesto la
revisión del modelo de Naciones Unidas para "poner el reloj en hora", como ha resumido el codirector del IEACH en la presentación del informe.
La actualización del sistema de Naciones Unidas tiene como máximo exponente el Consejo de Seguridad, el principal órgano de toma de decisiones. Amnistía Internacional prevé relanzar sus llamamientos para que la ONU pueda superar la "parálisis" y cumplir con su "obligación" de proteger a las poblaciones civiles.
La ONG ha propuesto que los cinco miembros permanentes del Consejo renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y atrocidades masivas. Salil Shetty ha subrayado que este avance supondría "un punto de inflexión" ya que la ONU tendría "más posibilidades de actuar" cuando haya vidas "en situación de grave riesgo".
Además, "enviaría a los responsables de abusos el firme mensaje de que el mundo no se quedará de brazos cruzados mientras se cometan atrocidades masivas", ha apuntado Shetty en un comunicado adjunto al informe.
"El panorama global de la situación de los Derechos Humanos es sombrío, pero hay soluciones. Los dirigentes mundiales deben tomar medidas inmediatas y enérgicas para evitar una inminente crisis global y acercarnos un paso más a un mundo más seguro en el que los derechos y libertades estén protegidos", ha subrayado.
Sugerencias
A primera hora de la mañana de este lunes ha entrado en servicio el puente provisional instalado por la Unidad Militar de Emergencias -UME- en la localidad de Boquiñeni, a 40 kilómetros de Zaragoza curso arriba del Ebro, para volver a comunicar la población de un millar de habitantes tras haber sido necesario romper la carretera para liberar el agua de la crecida del río. Se trata de un puente militar modelo Mabey de 21 metros de largo. La Unidad ha montado también un campamento para acoger hasta 60 personas en el polideportivo municipal.
