Caben matices a lo sucedido en EEUU, la proliferación de armas de fuego en ese país en manos de particulares, la tasa de asesinatos, las continuas masacres en institutos a las que nadie busca explicación política. Y caben lecciones a estudiar, lo de lecciones aprendidas resulta siempre algo pretencioso.
Caben también similitudes, a la espera de resultados de la investigación si alguna vez se comparten: actores solitarios que pasan de la radicalización -aunque radicales hay muchos en cualquier sociedad- a la radicalización violenta, en este apartado hay una minoría bastante reducida. El salto es lo que se pretende detectar.
En cualquier caso el fenómeno en España no nos coge de sorpresa. Responsables y organismos de seguridad se temen y actúan sobre un posible atentado consecuencia indirecta del asesinato de palestinos desde hace dos años.
La prueba es el creciente y elevado número de detenciones de personas acusadas de yihadismo.
Según datos en abierto del Ministerio del Interior, hasta el mes de mayo se han detenido en España en 2025 un total de 67 personas acusados de algún delito relacionado con el terrorismo que llamamos yihadista, lo que de mantenerse la evolución puede llevar a terminar el año con récord histórico y superando incluso la cifra de 2004, año de los atentados de Madrid, que fueron 131 los detenidos. Para ver la progresión, Interior informa de 89 detenidos en 2024 y de 53 en 2023.
Inmediatamente después de estos datos es necesario aclarar que cosa distinta es detención que juicio que condena, es decir, que no todos los detenidos son acusados ni los acusados juzgados ni todos los juzgados son condenados. Estudios indican que alrededor de un 40% de los encausados por delitos relacionados con el yihadismo son finalmente absueltos. La causa está en que hará una década que la actuación judicial y policial se adelantó, se producen digamos detenciones preventivas, en muchos casos personas autoradicalizadas con contenidos digitales, y probar las intenciones es complicado.
La Memoria 2024 de la Fiscalía General del Estado ofrece algunas reflexiones de interés que pueden ayudar a enfocar la lucha desde los tribunales y el Estado (algunos de los puntos reflejan posición, otros parecen un aviso para navegantes judiciales):
1. La radicalización yihadista en España se caracteriza por la juventud de los radicalizados.
2. Los espacios virtuales desempeñan un papel central como catalizadores del proceso de radicalización.
3. Los conflictos internacionales y las crisis geopolíticas han tenido una gran repercusión en la radicalización yihadista en España.
4. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha enfocado en el «discurso del odio», especialmente en las redes sociales, su lucha contra esta tipología delictiva.
5. Comportamientos que alaban o justifican actos terroristas no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica.
6. Para que un discurso sea penalmente relevante, debe suponer una incitación, al menos indirecta, a la violencia.
7. El discurso para tener trascendencia penal ha de generar una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros, o para el propio sistema de libertades.
8. La lucha contra el terrorismo requiere un enfoque multidimensional que incluya tanto medidas de seguridad como estrategias de prevención y desradicalización.
9. La cooperación internacional es esencial para combatir eficazmente el terrorismo yihadista.
10. Es necesario un equilibrio entre las medidas de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales para garantizar una lucha efectiva contra el terrorismo.
En cualquier caso, siempre es buen momento para incidir en que el terrorismo no es una ideología, sino un instrumento para alcanzar objetivos políticos. Y existe una variedad poco estudiada que es el terrorismo de Estado, que practica el actual Gobierno israelí y casi todos los que le precedieron.
Siempre será difícil aplicar la etiqueta de terrorismo a individuos radicalizados violentos sin organización ni estructura detrás ni objetivos políticos, que es el formato hoy más frecuente. No existe ejército formado por un solo individuo, y si además cobra se llama mercenario.
El caso es que el riesgo probable de que se cometiera un atentado cercano que utilizara el recurso argumental de la violencia muy real contra los palestinos ya se ha producido. Si no hemos atendido convenientemente el problema en origen durante los últimos 20 meses y ya ha saltado a territorio nacional/occidental, el interés por la resolución del conflicto debería dispararse, más allá de la regulación del grifo de la ayuda humanitaria.
Cualquier especialista en seguridad podría añadir además que con carros de combate no se lucha contra el terrorismo, lo que introduce el ámbito de la seguridad interior, que en España y la Unión Europea recibe también un presupuesto público muy considerable.
Acierta el Gobierno de Pedro Sánchez cuando pretende que los obsesionados con el porcentaje del gasto en Defensa, que no por la utilidad de lo financiado, contabilicen como seguridad su vertiente cíber o general también interior, porque el mundo digital mal entiende de fronteras y las inseguridades exteriores fácilmente se convierten en interiores. La seguridad es un objetivo mucho más amplio que el equipamiento militar con el que se insiste en respuesta a unas amenazas no concretadas. Sobre la campaña en marcha para incrementar el gasto público en Defensa reviste interés recordar que la actual teocracia israelí ha conseguido monetizar/rentabilizar la ocupación colonial de palestinos a través de una industria tecnológica y de defensa muy extendida de la que nuestras Fuerzas Armadas deberán estar ya buscando sustituto.
Recordemos asimismo que la disuasión armada ha fracasado en Ucrania y Palestina, probemos entonces ahora la disuasión política y comercial y penal contra la violencia, avanzar en los procedimientos penales a los máximos responsables de violaciones del derecho internacional y tratar de romper las estructuras que lo han hecho posible.
La visión realista de las relaciones internacionales ha demostrado ya sobradamente sus limitaciones, la tolerancia con dictadores y regímenes autoritarios, la impunidad de los criminales de guerra, la retórica con más de 50.000 palestinos muertos en dos años, la incongruencia del doble discurso se trate de Ucrania o Palestina.
Hasta quienes no consideren los derechos humanos motivo suficiente para una llamada a la acción, por interés interesado y egoísta nos conviene desactivar la violencia por lejos que se produzca, nunca está demasiado lejos.
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