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lunes, 4 de noviembre de 2024

Más armas para una nueva guerra fría

En 1989 la Armada española dio de baja definitiva el portaaviones Dédalo. Fue en el año en el que el muro de Berlín se cayó, según expresamos habitualmente en español, marcando simbólicamente el fin de la Guerra Fría, o también podríamos decir que el muro se desmoronó, teniendo en cuenta en este segundo caso deficiencias en los materiales que lo construyeron. Lo cierto es que durante buena parte de la Guerra Fría el buque militar insignia de España fue un portaaviones norteamericano ligero, construido durante la Segunda Guerra Mundial y cedido en los sesenta en el marco de los acuerdos militares de la dictadura con EEUU.

Sirva el ejemplo hispano -particular como todos, con ingredientes compartibles con otros- para mostrar el gigantesco salto de España en capacidades militares en 35 años, un desarrollo que confirma que cualquier tiempo pasado fue anterior, que no mejor. Al final de la década de los 80 del siglo XX España se encontraba en plena transición militar, desde una organización con escaso arraigo democrático e ineficiente, intensiva en personal no profesional de leva obligatoria, transformándose desde su misión principal de proteger al Régimen de los españoles a pasar a defender el país de amenazas externas.

Desde entonces, entre 1989 y 2024, ha ocurrido de todo: declive ruso, cercanía hasta crearse un amistoso Consejo OTAN-Rusia en 2002, empoderamiento ruso y última fase de choque frontal; hemos asistido al desbloqueo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a un nuevo bloqueo; al fracaso inducido del multilateralismo por intervenciones militares desastrosas en Afganistán, Irak, hoy en Ucrania y en todo Oriente Próximo por parte de Israel y aliados; el mundo ha presenciado en este periodo la emergencia de China, la profesionalización de los ejércitos y su salto tecnológico.

Lo más peculiar en perspectiva podría ser la idealización actual de la propia Guerra Fría, a pesar de la inversión pública disparada de la carrera nuclear y espacial ligadas; de las guerras por delegación,  del patrocinio de golpes de Estado en medio planeta; de la destrucción mutua casi asegurada... Reconozcamos únicamente la habilidad durante la Guerra Fría de externalizar la violencia militar hacia territorios no europeos ni norteamericanos.

Otra de las sorpresas no menor de estas tres décadas largas ha sido la supervivencia de la OTAN: instrumento político del diálogo trasatlántico, organización única en la homogeneización de materiales y procedimientos militares, cadena de transmisión del mando norteamericano sobre Europa, que hoy parece gozar de una salud envidiable sin reinventarse cuando ha desaparecido el marco geoestratégico que la creó. La OTAN sobrevivió al fin de la Guerra Fría, se fue hasta Afganistán en busca de argumentos y se ha extendido hasta las mismas fronteras de Rusia, integrando buena parte de la Europa oriental.

Con todo uno de los fenómenos más relevantes, por actual, porque rompe tendencias, porque ofrece síntomas de continuidad, es una nueva carrera de armamento a nivel mundial que concentra recursos ingentes destinados al choque bélico contra alguien, o quizá contra nadie, alimentando una nueva guerra fría.

La foto que nos ofrece el instituto de análisis sueco SIPRI muestra que el gasto militar mundial aumentó en 2023 por noveno año consecutivo hasta alcanzar el máximo histórico de 2,44 billones de dólares. Por primera vez en una década el gasto militar aumentó en todo el planeta, con incrementos especialmente importantes en Europa, Asia y Oceanía y Oriente Medio.  En Latinoamérica también, se militariza la seguridad interior.

Rusia aumentó un 24% su gasto militar hasta alcanzar una cifra estimada de 109.000 millones de dólares en 2023, lo que supone un incremento del 57% desde 2014, año en el que se anexionó Crimea. 

En 2023, los 31 miembros de la OTAN gastaron 1,34 billones de dólares, lo que equivale al 55% del gasto militar mundial. El de EE.UU. en solitario aumentó hasta alcanzar los 916.000 millones de dólares en 2023.

El gasto en Defensa de Europa sumó en 2023 un total de 407.000 millones de dólares, que acumula un crecimiento del 43% desde 2014.

De lo anterior se deduce que el gasto en Defensa acumulado de los países de Europa occidental cuadruplica el de Rusia, a pesar de que la presidenta de la Comisión Europea advertía recientemente de que se estaban igualando; y que Estados Unidos multiplica por nueve el gasto en Defensa de Rusia, y triplica el de China.

El gasto militar mundial en 2024, el de Estados Unidos, el de Europa, ya supera el del final de la Guerra Fría, con conflictos incendiados que han contribuido a extender su necesidad en Ucrania, Israel y todos sus vecinos, el mar de China-Taiwán y otros que interesan menos como Sudán o centro África.

En territorio OTAN, el objetivo de destinar a Defensa el 2% del PIB marcado en 2014 como horizonte casi utópico se ha convertido una década más tarde en suelo obligado para empezar a hablar.

Volviendo a España, que es lo que más nos interesa, porque desde aquí vemos el resto del globo, el gasto en Defensa se ha incrementado más del 60% desde que llegó el actual Gobierno de coalición de izquierdas en 2018.

Más allá del esfuerzo económico en la Defensa, el mundo militar se ha visto alterado en las últimas décadas también por la cualidad de las armas, su transformación tecnológica, los sistemas no solo aéreos no tripulados, el carácter dual -también civil- de la mayor parte de las tecnologías utilizadas en un conflicto armado, muy especialmente la información y los drones; las armas letales autónomas que ya han abandonado el mundo de la ciencia ficción; la ciberseguridad omnipresente.

Todos los conflictos armados son campo de experimentación de los próximos sistemas de armas, Ucrania e Israel- Palestina-Líbano son hoy campos de maniobras con fuego y víctimas reales, con la tecnología aplicada para la selección automatizada de objetivos, el asesinato masivo de civiles, la limpieza étnica o el terrorismo tecnológico en un tercer país no combatiente, todo lo hemos visto ya. Existe unanimidad en que ninguno de los dos conflictos se resolverá por la vía militar.

El mito construido sobre la Guerra Fría del siglo XX lo dibuja como una época ciertamente peligrosa, pero bastante estable, y en muchos aspectos con un compromiso estatal y ciudadano que convendría imitar en nuestros días, mito que ha sido alimentado en los años posteriores, en tiempos ahora de fragmentación y conexiones múltiples y permanentes que nos hacen añorar la simplificación de aquella política de bloques.

La incertidumbre actual nos hace añorar  una inventada etapa previsible y estable. Aunque quizá no fuera exactamente así. Cuesta encontrar en el pasado la supuesta edad de oro que hoy convendría imitar en materia de armamento y gasto militar.

En el presente escenario internacional, planteémonos si existe amenaza existencial que justifique una carrera de armamento como la actual. Aceptemos que vivimos en un  sistema internacional en crisis, pues la arquitectura de seguridad y control de armamento de la Guerra Fría ha sido desmantelada y no alcanzamos a ver su sustituto.

La seguridad, la defensa, se puede interpretar desde un enfoque objetivo, cuantificable, número de víctimas, de conflictos vivos, de gasto en armamento; y desde un enfoque subjetivo, la sensación de inseguridad, y en este punto cabría preguntarse cuánto de la inseguridad subjetiva actual ha surgido por generación espontánea, amenazas objetivas, o ha sido inducida por los intereses económicos y políticos que salen beneficiados; cuánto tiene de inercia y de economías con un decisivo componente industrial militar. En este sentido, EEUU como potencia militar indiscutible, no discutida, podría basar la continuidad de su hegemonía en lo que se siente más fuerte que es el músculo militar.

Algo profundo ha cambiado en las tres décadas trascurridas desde el final de la Guerra Fría. La última década del siglo XX efectivamente vivió presupuestos militares a la baja y la resolución de conflictos delegados al quedarse sin patrocinador. El jurista argentino y primer fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo sitúa el punto de inflexión en la respuesta de Estados Unidos a los atentados del 11-S y la posterior invasión de Irak, como el momento en que la potencia hegemónica decide apostar por la guerra, por el tratamiento militar del terrorismo, al margen o por encima de la legalidad internacional simbolizada por Naciones Unidas, las armas como respuesta única a los conflictos, que se ha continuado durante más de una década hasta haber llegado en este 2024 a que la ONU es objetivo militar por parte de Israel en toda la Palestina histórica y en Líbano.

Parafraseando a Ocampo podríamos también afirmar que la respuesta armada como única receta tiene poderosos incentivos para perpetuarse en el tiempo, en concreto 2,44 billones de dólares de incentivos anuales. 

Admitamos que 35 años después de la caída del muro vivimos una nueva guerra fría, aunque en esta ocasión con minúsculas, desconocemos los contendientes, no existe alternativa ideológica al capitalismo ni amenaza existencial nueva ni China es equiparable a la antigua URSS, tampoco Rusia.

Cualquiera que sea el escenario actual se mantiene la premisa de que el armamento es o debe ser un instrumento, nunca un fin en sí mismo, instrumento de una política para dar respuesta a conflictos internacionales que no pueden tener la fuerza militar como único argumento; lo militar es instrumento de una estrategia geopolítica no debatida ni explicitada en la que Europa y España han perdido claramente capacidad autónoma de decisión en los últimos años.

Toca pues empezar a robustecer de argumentos e iniciativas la alternativa al monólogo militar que tantos fracasos presenta antes y después de 1989. Esos argumentos los tenemos escritos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 o en la Estrategia Europea de Seguridad de 2016, los valores que se pregonan y no se cumplen, el orden internacional basado en normas.

'La ley crea poder', dejó dicho Moreno Ocampo en visita reciente por Madrid. Sugiere juzgar a los máximos responsables de las actuales violaciones del derecho internacional, terminar con la impunidad de los responsables de las guerras de agresión, genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad; discutir las estrategias en marcha; y presentar alternativas.

Artículo publicado también en La Hora Digital.



sábado, 12 de octubre de 2024

Naciones Unidas, objetivo militar

Israel se ha independizado de la comunidad y la legalidad internacional, de la opinión pública mundial, del planeta civilizado, excepto de los gobiernos de EEUU, Alemania y algún otro país de Europa, Milei en Argentina y Abascal en España. Israel se ha independizado de las Naciones Unidas que escribieron su partida de nacimiento en 1948.

En el otoño de 2024 no existe organización internacional ni potencia ni contexto con la capacidad y la voluntad de imponer restricciones al uso israelí de la violencia militar, con ataques simultáneos a palestinos colonizados, a los vecinos estatales Líbano y Siria; más Yemen, Irak y atentados terroristas y ejecuciones extrajudiciales en Irán.

En el año transcurrido desde que en octubre de 2023 la milicia palestina Hamás atacó las inmediaciones de la franja de Gaza, causando 1.200 muertos, Israel ha asesinado a 42.000 palestinos (más de cien diarios), ha arrasado Gaza, causado más de 700 muertos en Cisjordania y ha invadido de nuevo su vecino Líbano.

La actuación militar israelí lo convierte en un 'Estado gamberro' -rogue state- si siguiéramos la terminología norteamericana para los estados que unilateralmente identificaba hacia el cambio de siglo como una amenaza para la paz mundial; Israel es imprevisible a corto plazo, tenaz a largo en su proyecto colonial sobre Palestina, limpieza étnica de población local, apartheid como sistema de discriminación institucional. Israel, su Gobierno, es actualmente imprevisible, la peor acusación que se puede realizar en las relaciones internacionales.

Sorprende a la lógica, y es síntoma de la deriva, la confrontación de Israel con Naciones Unidas: ha convertido en objetivo militar sus instalaciones en los territorios ocupados palestinos, sus escuelas, centros sanitarios y personal, especialmente contra la UNRWA, con más de 220 muertos entre la plantilla de la agencia de la ONU que se ocupa de más de cinco millones de palestinos herederos de la limpieza étnica de los alrededores de 1948. En árabe se denomina 'nakba', catástrofe. a aquellos acontecimientos, que siguen 76 años después, la 'nakba' continua o permanente que denuncian los intelectuales palestinos.

Lo habitual hasta ahora por parte de Israel y sus patrocinadores ha sido no luchar contra la ONU, sino condicionar las decisiones y resoluciones de Naciones Unidas, en algunos de los textos más citados que ha generado el conflicto no aparece la palabra Palestina ni palestinos. Pero la situación actual ha cambiado el marco.

El ejército israelí ataca hoy instalaciones y personal de la ONU. Su representante en Nueva York ha triturado -física y simbólicamente- en plena Asamblea General la Carta fundacional de Naciones Unidas; el primer ministro Netanyahu -no detenido al pisar suelo estadounidense a pesar del requerimiento de la Corte Penal Internacional- ha despreciado a la organización, a sus miembros y sus resoluciones; el Gobierno israelí ha declarado persona non grata al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Las últimas informaciones apuntan a la confiscación por parte de Israel del terreno en el que se encuentra la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este; un proyecto de ley en tramitación para prohibir la actuación de la ONU sobre territorio israelí; y las amenazas y ataques del ejército israelí al personal e instalaciones de la misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL).

La violencia en Líbano y Palestina siempre han estado unidas. La excepción ha sido los 18 últimos años de relativa estabilidad en la frontera entre Líbano e Israel, gracias fundamentalmente al refuerzo de la operación FINUL de Naciones Unidas decidida en 2006, con iniciativa destacable de España, que elevó su tamaño hasta 12.000 militares en una franja que ocupa menos de un tercio de un país similar en extensión a Asturias.

Durante más de tres lustros ha existido una ventana de oportunidad no aprovechada para avanzar en una solución a la vecindad Israel-Líbano. Una operación de paz como FINUL nunca es útil para torcer el brazo a una potencia nuclear, su despliegue suele ser acordado por las partes y puede levantar acta de lo que ocurre sobre el terreno.

Este tipo de operaciones de paz generan informes que representan parte de la realidad: por ejemplo, los ataques israelíes sobre Líbano en el primer semestre de 2024 triplican los ataques atribuidos a Hezbolá sobre Israel, sin tener en cuenta la potencia de cada uno.

El 23 de octubre se ha roto un equilibrio inestable que ha durado 18 años, 500 libaneses muertos en un solo día dieron inicio a la cuarta invasión de Líbano por parte de Israel, las anteriores en 2006, 1982 y 1978.

La escalada del conflicto tantas veces alertada no parece haberse alcanzado tras 42.000 palestinos muertos, la invasión de Líbano y la extensión del conflicto a Siria, Yemen e Irán. La tan temida escalada podría venir por la muerte de soldados occidentales, por un atentado en nuestras calles, algún magnicidio, pero se considera que aún no ha llegado. Se ha puesto muy alto el listón de la escalada y cualquiera que sea el punto de inflexión dejará en evidencia el diferente valor de los muertos según su nacionalidad y renta per cápita.

En 2006 con la operación de Naciones Unidas en Líbano se quiso desactivar un segundo foco de inestabilidad añadido al desastre de la invasión de Irak tres años antes. En 2024 EEUU aún no considera inaceptable ni la guerra en Ucrania ni las matanzas de palestinos y libaneses.

En cualquier caso, nuestros servicios de seguridad harían muy bien en tomarse en serio las amenazas hacia España procedentes del Gobierno israelí, hacia los cascos azules en Líbano donde se despliegan 680 militares españoles, amenazas del Ministerio de Exteriores israelí que considera a España "un paraíso para sembrar el odio e incitar a la destrucción de Israel".

Por supuesto que la continuidad o no de una operación de la ONU como FINUL en Líbano no depende de la decisión unilateral de un único país como España, actualmente con el mando militar de la operación, sino del Consejo de Seguridad que la puso en marcha o del acuerdo multilateral.

El secretario general adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, escribía este mes de septiembre en la revista Foreign Affairs que "el mantenimiento de la paz no puede lograr sus objetivos finales sin un proceso político sólido implementado en paralelo", lo que no ha ocurrido en Líbano durante 18 años.

Añadía que las misiones sólo pueden funcionar de conformidad con los tres principios rectores del mantenimiento de la paz: "las partes en un conflicto consienten en la presencia de personal de mantenimiento de la paz; el personal de mantenimiento de la paz sigue siendo imparcial; y el personal de mantenimiento de la paz no hace uso de la fuerza, excepto en defensa propia y en defensa del mandato". El Gobierno israelí ya no consiente la presencia de las Naciones Unidas ni en su territorio ni en el de sus vecinos, y difícilmente los cascos azules van a ejercer el uso de la fuerza ni en defensa propia, porque ya han sido atacados y no han respondido.

Lacroix titulaba y sintetizaba su visión señalando que el personal de mantenimiento de la paz (peacekeepers en inglés) necesita agentes de paz (peacemakers). Los hipotéticos hacedores de paz están al frente de gobiernos nacionales con capacidad de influir sobre Israel, pero al parecer consideran que a la escalada aún le queda recorrido por delante, que tienen más que ganar dejando hacer que haciendo.


sábado, 13 de abril de 2024

Galletas y limpiezas étnicas

Cuando uno tiene a su padre en la UVI, pongamos por caso, se obsesiona con las galletas que se come o deja de comer, hoy dos, ayer una, tres cucharadas de sopa seguro que le sientan bien, la compota de manzana parece que le ha gustado, y mientras el cáncer o la medicación hacen su vida paralela, seguimos mirando fijamente a los ojos del gotero sin que nos devuelva la mirada, ni un mísero side eye.

Sirva el símil para la limpieza étnica en marcha en Palestina no desde octubre sino desde hace un siglo, y no es acusación, sino descripción de un tipo de colonialismo anglosajón allí practicado que busca desplazar o eliminar al colonizado.

Un ejercicio de distracción utilizado con generosidad consiste en convertir un conflicto político, la violación del derecho internacional, crímenes de guerra, asesinatos colectivos y ejecuciones extrajudiciales en un problema humanitario, que lo es, pero como consecuencia.

Discutimos y nos preocupamos por la entrada o no de camiones por Ráfah, por el lanzamiento de raciones desde el aire (con decenas de muertos), por las rutas humanitarias marítimas desde Chipre, por la construcción o no de un dique, y así andamos entretenidos hasta sumar 33.000 muertos a día catorce del mes de abril del año dos mil y veinte y cuatro.

El asesinato premeditado por el ejército israelí de siete cooperantes de nacionalidades occidentales de una ONG pilotada por un cocinero español de gran inteligencia mediática en EEUU ha contribuido a asentar el contenido humanitario secundario sobre todos los demás. Además ha añadido cercanía a quien no sintiera el asunto como cercano; y ha roto la costumbre mediática de únicamente mostrar muertos palestinos, nunca israelíes (en torno a 600 militares fallecidos desde octubre), europeos o norteamericanos.

Qué más dará el grado de delgadez de un niño palestino si en diez minutos le puede caer un misil teledirigido o una bomba menos inteligente a su edificio o a su hospital o a su abuelo con el que viajaba en un coche.

Hemos descubierto además distintos tipos de alto el fuego, derivados en pausa humanitaria, solicitud de mejora de puntería, precaución con víctimas civiles (¿quién establece la diferencia combatiente-civil?), siempre con condiciones imposibles de cumplir. Además, ¿y después de la pausa qué espera?

Ni la ayuda humanitaria ni las operaciones militares internacionales de interposición o imposición de la paz acaban con ningún conflicto armado, sino que en el mejor de los casos dan tiempo para su negociación política.

La operación de cascos azules de la ONU -600 españoles- en el sur del Líbano tiene una letra P en su acrónimo español de provisional, que es una I en inglés y francés de interinidad, y así han transcurrido 46 años de provisionalidad.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos -UNRWA- tiene distinta categoría al común de las ONG, porque pertenece al sistema de Naciones Unidas, porque es responsable de asistencia humanitaria, pero también de la educación y sanidad de seis millones de palestinos en Cisjordania, Gaza, Líbano, Jordania y Siria; porque nos recuerda todos los días con su trabajo a las víctimas de un conflicto político y de una ocupación colonial. Su importancia explica su consideración como objetivo militar y la gravedad de la retirada de fondos -no por España- a una Agencia que contrata por miles personal local.

Algún responsable político militar israelí mencionó en octubre de 2023 el plazo temporal de ocho meses para realizar la operación que sea y desconocemos.

Ya han pasado más de seis y podría quedar lo peor, en matanzas, terrorismo no estatal, respuesta de algún vecino a las provocaciones constantes, expulsión de un millón de palestinos al Sinaí egipcio.

Sigamos mirando entretanto la galleta o el paracaídas, entretenidos con la logística humanitaria, y observando al tiempo cómo el gotero de legitimidad moral del que Israel ha disfrutado durante tres cuartos de siglo por los crímenes recibidos en el pasado pues se va acabando, y no habrá enfermero o enfermera que lo sustituya por uno nuevo en el futuro.


Artículo publicado también en La Hora Digital, Rebelión e infoLibre.

lunes, 30 de octubre de 2023

Gaza 'mon amour'

Octubre de 2023 marca un nuevo episodio de violencia generalizada en Israel-Palestina a partir de un ataque sorpresivo y criminal de Hamás contra población civil (y militar) israelí desde Gaza y una respuesta brutal por parte del ejército israelí que continúa tres semanas después del origen, con un millar de víctimas israelíes y siete veces más palestinas.
La explosión de violencia genera condenas, posicionamiento; pero en un marco más general provoca una demanda de información y explicación. Comparto unos apuntes previos sobre el conflicto, un par de películas sobre Gaza y un intento de arrojar algo de luz sobre cinco ámbitos: momento, colonialismo, terrorismo, instrumento militar y futuro.
Es conveniente analizar el día antes de la explosión y el día después a que callen las armas, y una declaración de principios que publicaba la periodista Ana Iris Simón recientemente en El País: “Ninguna causa es lo suficientemente justa como para asesinar un solo niño en su nombre, ni siquiera vengar la muerte de otros niños”.
Como acotaciones muy generales cabe en primer lugar llamar la atención sobre la densidad de acontecimientos y lo reducido del espacio, condiciones histórico-físicas que incrementan los intercambios, la complejidad y la incertidumbre. La Palestina histórica equivale en kilómetros cuadrados a la provincia de Badajoz, y siempre es interesante recordar que los territorios ocupados y admitidos por los palestinos para un hipotético Estado suponen el 22% de esa superficie.
Cabría decir también al comienzo de este artículo que no se trata de un conflicto eterno, irresoluble, bíblico, incomprensible, interpretación que genera hastío y aleja de cualquier intento de comprensión del fenómeno. Se trata por contra de un conflicto eminentemente político, fácilmente acotable su recorrido en el tiempo -nada empezó el 7 de octubre- con una fecha clave marcada por la llamada Declaración Balfour de 1917, por la que Gran Bretaña se comprometió a facilitar la instalación del hogar nacional judío en Palestina. El conflicto es abordable porque nos resulta cercano y familiar en su origen, muy europeo, a partir de actuaciones e ideología como la ocupación colonial de un territorio y el nacionalismo.
El conflicto palestino-israelí no es religioso (existen palestinos de las tres religiones monoteístas e incluso ateos), no es una guerra entre Estados. El conflicto afecta directamente a unos 12 millones tanto de judíos como otros tantos palestinos -las dos comunidades están igualadas en número-, la mitad de ellos residentes en la Palestina histórica y la otra mitad en el exterior, llámese exilio, emigración o diáspora.
Como última acotación previa, y los sucesos de octubre lo confirman, nos encontramos ante un escenario dinámico, lo que implica que la visión o planteamiento de hace cincuenta años probablemente no sirva para el presente. A lo largo ya de más de un siglo se han tomado cientos de decisiones políticas que han provocado la situación actual, esas decisiones podían haber sido otras.

Ficción

La primera reacción personal en caliente fue buscar papel escrito en la estantería, pero antes... en el televisor. Desde estas plataformas de contenidos sin fondo ni bibliotecario a las que tenemos acceso desde el sofá aparecieron dos películas de ficción:
  • ‘Un fin de semana en Gaza’. Reino Unido, 2022. Argumento: un periodista británico (y su pareja israelí) intenta escapar de Israel después de que la ONU imponga restricciones al tráfico aéreo y marítimo debido a la propagación de un virus. Gaza se convierte en el lugar más seguro de la región. Acabarán saliendo por Ráfah hacia Egipto.
  • ‘Gaza mon amour’. Coproducción Palestina-Francia-Alemania-Portugal-Qátar, 2020. Argumento: Gaza, hoy. Issa, un pescador de sesenta años, está secretamente enamorado de Siham, una mujer que trabaja en el mercado con su hija Leila. El descubrimiento de una antigua estatua de Apolo en sus redes de pesca cambiará su vida para siempre. Curiosamente, su confianza comienza a crecer y finalmente decide acercarse a Siham.
No es buena idea acudir a la ficción para encontrar análisis y explicación al conflicto israelo-palestino, aunque estas dos películas revelan algunos puntos de interés, como que hace un par de años se podían situar comedias en Gaza (resultaría impensable una comedia localizada hoy en Ucrania), síntoma evidente de una ocupación normalizada, estaba asumida su precariedad, sus dos millones de habitantes enjaulados. Choca la violencia informativa actual y la cotidianidad del cine, donde asoman muchos policías palestinos, la obsesión por los papeles, puetos de control, cortes de luz y personas. Lo más sorprendente es compartir vivencias familiares, amorosas, picaresca incluso, con palestinos e israelíes de protagonistas. La normalidad informativa es bien distinta, los palestinos aparecen siempre muriendo, gritando o rezando; la deshumanización del adversario es criterio básico en cualquier conflicto. La cultura puede ser también un instrumento de conocimiento y muchas veces de propaganda -no en las películas referidas-, Paul Newman e Ingrid Bergman han hecho más desde la gran y pequeña pantalla por la causa sionista que algunas campañas militares.
A continuación cinco acercamientos al conflicto con el objetivo de entenderlo algo mejor.

1 - Realidad - Momento

La explosión de violencia en Israel-Palestina de este otoño de 2023 se produce en el año en que se cumplen 75 del nacimiento del Estado de Israel y los palestinos denominan Nakba (catástrofe en árabe), referido en este caso a un proceso de limpieza étnica más amplio y los efectos de 1948.
Asimismo se cumplen 30 años de la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, hasta el momento el intento más serio de encontrar una salida al conflicto, si bien bajo unas premisas que han derivado en un punto muerto. Oslo establecía el principio de dos Estados vecinos, pero marcaba un proceso, no un punto final, que debía avanzar y no lo hizo, y dejaba para una fase última el acuerdo nunca alcanzado sobre Jerusalén, fronteras, seguridad, soberanía y retorno de ciudadanos expulsados del territorio.
Los acontecimientos de octubre de 2023 se producen en uno de los años más violentos de los últimos lustros (250 palestinos muertos violentamente hasta el día anterior al ataque de Hamás).
La realidad geopolítica era que Palestina y los palestinos habían desaparecido de la agenda como problema internacional urgente de resolver, mientras que los análisis se centraban en el aparente próximo acuerdo entre Israel y Arabia Saudí, en el marco de unos acuerdos de Abraham con los que Israel pretendía estrechar relaciones con los países árabes (conseguido con Emiratos, Bahréin, Sudán y Marruecos) y suponían en esencia solucionar el problema palestino con alguna inversión y sin contar con los palestinos. Nadie ha recordado en las últimas semanas que Arabia Saudí e Irán restablecieron relaciones diplomáticas en el cercano mes de marzo con la mediación de China, movimiento sorprendente en la región que muestra actores y acercamientos no previstos.
Muchos factores pueden definir el momento previo a la última explosión de violencia, como las crecientes provocaciones en la explanada de las mezquitas de Jerusalén por parte de extremistas judíos, lugar de simbolismo extremo como tercer lugar santo del Islam; origen de la segunda intifada en 2000 tras sucesos similares; la cúpula de la Roca figura en el logo de Hamás y en la pared de la mitad de los hogares palestinos.
Añadamos al momento la previsible anexión ilegal de Cisjordania por parte del Estado israelí (como ya ha hecho con Jerusalén y los Altos del Golán);  y las divisiones de un liderazgo palestino desacreditado, lo que abre la sucesión no lejana de Mahmud Abbás.
En octubre de 2023 se produce un distanciamiento creciente y preocupante entre la dirección política y los ciudadanos en los territorios palestinos ocupados, también en Israel (manifestaciones multitudinarias desde enero), en los países árabes vecinos y no tan vecinos.
Finalicemos este apartado con la próxima convocatoria de elecciones en 2024 tanto al Parlamento Europeo como a la presidencia de Estados Unidos, lo que explica visitas recientes, apoyos incondicionales y el movimiento de varios actores en el desarrollo próximo del conflicto.

2 - Colonialismo

No es posible entender el conflicto israelo-palestino sin tener presente que en su origen y desarrollo, hasta el día de hoy, es un fenómeno colonial, con todos sus ingredientes: existen colonizadores, colonizados y colonos, de estos últimos hasta 750.000, con un comportamiento extremo. Existen ocupantes y ocupados. Existen presos sin cargos y presos con cargos. Existen detenidos menores de edad bajo jurisdicción militar y no detenidos. Existen agresores y agredidos. Existe la vieja fórmula de fragmentar al colonizado geográfica y jurídicamente.
El proceso es claro, y por supuesto tiene sus peculiaridades, una no menor es que llegó tarde, al menos cien años: en 1947 el Reino Unido se retira de la India, y ese mismo año se aprueba en Naciones Unidas la resolución 181 que establece un Estado judío y otro Estado palestino en la superficie del mandato británico.
Convengamos que en el siglo XIX poca gente conocía lo que hacía el rey de los belgas Leopoldo sobre los congoleños, y a nadie le importaba, circunstancias de conocimiento e interés que han ido cambiando a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Imposible imponer una realidad colonial en una época poscolonial, y eso se ha ido intentando en Palestina por el proyecto colonial sionista primero apoyado por la primera potencia mundial que era el Reino Unido; y luego a partir de los años sesenta por la primera potencia mundial que era y sigue siendo Estados Unidos.
Añadamos a las peculiaridades que se trata de un tipo específico de experiencia colonial conocido y estudiado como colonialismo de asentamiento, de raíz británica, que pretende en último término expulsar o aniquilar al colonizado, con referencias históricas reconocibles en EEUU, Canadá, Australia o Nueva Zelanda. 
Finalicemos este epígrafe con la obviedad de que en todas las experiencias coloniales el colonizado se acaba rebelando contra el colonizador; y no menos importante, que el colonialismo acaba pasando factura al colonizador, en forma de militarismo, degradación del Estado, extensión de la violencia y reducción de derechos ciudadanos.

3- Terrorismo

No existe una definición internacionalmente aceptada y vinculante del término terrorismo, en tratados y análisis se impone la interpretación de parte y sorprende la ausencia clamorosa del terrorismo de Estado.

En cualquier caso el terrorismo se reconoce, definámoslo informalmente como una táctica, no una ideología, caracterizada por el uso de la violencia física contra civiles para conseguir objetivos políticos y tiene siempre una organización detrás, este invento de los 'lobos solitarios' (de distinto tratamiento aparezcan en Haro o Algeciras) está cogido con alfileres.

Identificamos sin duda como una acción terrorista el ataque de Hamás del 7 de octubre, cumple la definición, asesinato de civiles israelíes; y los mismos ingredientes y catalogación podríamos aplicar al atentado por milicia sionista en 1947 al cuartel general británico en el hotel King David de Jerusalén, con un centenar de muertos; a las actividades del Frente de Liberación Nacional Argelino en los cincuenta y sesenta y también a la represión francesa del independentismo argelino; violencia física contra civiles para conseguir objetivos políticos es la respuesta israelí al ataque de Hamás.

En cuanto a actores terroristas, digamos que Hamás es un agente relativamente reciente en este conflicto, surge a finales de los 80 al calor de la primera intifada, y se enmarca en un fenómeno del máximo interés como es el fracaso, por méritos propios e inducidos por terceros, del nacionalismo árabe laico de mitad del siglo pasado y su sustitución por un islamismo en ocasiones radicalizado.

Al margen del terrorismo, recordemos que desde Estados Unidos y Europa se ha hecho también todo lo posible para forzar el fracaso de cualquier experiencia política islamista no radical; y también que los actuales dirigentes por ejemplo en Túnez o Egipto han implantado unas dictaduras más represivas que los regímenes democráticos previos gobernados aunque fuera difícilmente por partidos islamistas.

Parece además claro que si el problema de seguridad de Israel es el terrorismo, en ningún caso este tipo de violencia se combate con cazas, bombardeos aéreos y carros de combate, cortes de alimentos y electricidad de millones de civiles, sino con inteligencia (en su doble sentido) y fuerzas policiales.

Apuntemos también que Hamás es un acrónimo cuya letra eme corresponde a la palabra árabe que significa 'resistencia', y este carácter de rebelión contra el ocupante lo comparte con Hezbolá, nacido y crecido contra la invasión por Israel del sur del Líbano durante dos décadas, nada que ver con otros grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico. Se trata los primeros de dos movimientos políticos nacidos en el territorio, por palestinos en el caso de Hamás y no solo de Gaza, arraigados además por la vertiente social de este movimiento, en el marco de una estructura estatal inexistente, prestando servicios sociales y educación a una población desasistida.

Digamos finalmente que la fortaleza de Hamás es directamente proporcional al fracaso del proceso de paz de Oslo y el desprestigio de la mini Autoridad Palestina.

Y concluyamos recordando aquel gran avance político de la sociedad española al afrontar el terrorismo independentista cuando se popularizó aquello de "Vascos sí, ETA no"; con ese mismo espíritu podríamos hoy decir "Palestinos sí, Hamás no", "Judíos sí, Natanyahu no, colonialismo no". El antisionismo no es antisemitismo.

4 – Instrumento militar

Israel no cabe duda de que tiene la capacidad militar suficiente, y la impunidad internacional reconocida, para prolongar el conflicto unas décadas más e incluso para expulsar a un millón de palestinos al Sinaí, limpieza étnica como la ya ocurrida en 1947/48, aunque el foco mediático y la época en la que vivimos quizá no lo permitiría como en el pasado.

Lo relevante aquí es que Israel no afronta ninguna amenaza existencial. Los vecinos han sido progresivamente desactivados por acuerdos de paz (Egipto, Jordania); por guerras civiles y de agresión (Líbano, Siria); o por directamente invasiones (Irak).

El conflicto israelo-palestino no es una guerra entre Estados, entre ejércitos, fuerzas navales y aéreas que se enfrentan, lo que no impide que Israel cuente con unas fuerzas armadas con capacidad nuclear de las más potentes del globo; y un apoyo incondicional de la mayor potencia militar del planeta, reforzada por el crítico Obama con un acuerdo a diez años de 38.000 millones de dólares para tiempos de paz, y directamente sin límites para tiempos conflictivos.

De lo anterior, de la crisis actual en Palestina-Israel y también de la invasión de Ucrania cabe concluir o al menos plantearse el fracaso de la disuasión como uno de los pilares de la defensa militar. Ingentes presupuestos militares y una carrera de armamento en crecimiento no han impedido la actuación de Rusia ni de Hamás, lo que obligaría a replantearse algunos principios teóricos.

En este apartado de la seguridad, la defensa y su instrumento militar cabría señalar también cómo se han ido abandonando y desprestigiando las operaciones de paz amparadas por Naciones Unidas para estabilizar conflictos, para exportar por nuestra parte seguridad al amparo de una legalidad y legitimidad internacional que no existió en la invasión de Irak y hoy no es posible con un Consejo de Seguridad de la ONU bloqueado por Rusia si el tema es Ucrania, por Estados Unidos si el tema es Israel-Palestina.

Se dice que las operaciones de paz paran el reloj de un conflicto, los más de 600 cascos azules españoles en el sur del Líbano, encuadrados en una fuerza de diez mil actualmente comandados por un general español, han evitado el conflicto desde 2006 y es un gran logro, pero nunca solucionan el problema, la salida siempre es política; también lo será en el caso palestino.

5 - Futuro - Democracia

Un último acercamiento al conflicto palestino-israelí se debe dirigir al día después de los disparos, y su solución a largo plazo sólo puede ir ligada a la democracia.

Añadamos como aclaración que el conglomerado no geográfico que llamamos Occidente, Estados Unidos, Europa, las democracias reconocidas, no actúan democráticamente fuera de sus fronteras nacionales, aunque sí viaje en su discurso de valores y principios, y sólo vale mencionar para acreditarlo ejemplos como Guantánamo, Abú Ghraib, asesinatos selectivos, bombardeos de Irak o Siria desde hace años.

Recordemos que la República española no actuó democráticamente en el norte de Marruecos, quizá hubiera sido la historia diferente; que Francia no actuó democráticamente en Argelia ni con los argelinos en suelo francés.

E Israel no es una democracia para dos millones de sus ciudadanos que son palestinos, ni para los palestinos de los territorios ocupados. El sistema de discriminación racial institucionalizado conocido como apartheid define en buena medida la situación en Israel-Palestina, así lo han reconocido y documentado organizaciones de defensa de los derechos humanos locales (israelíes) y otras de trayectoria poco discutible como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Cabe recordar que la Corte Penal Internacional incluyó en 1998, en el Estatuto de Roma, el “crimen de apartheid” entre los crímenes de lesa humanidad (artículo 7). 

Como europeos que somos, acudamos a la Unión Europea y su estrategia global para la política exterior y de seguridad de 2016,  en la que leemos que "la UE promoverá un orden mundial basado en normas, con el multilateralismo como principio esencial y las Naciones Unidas como núcleo".

A octubre de 2023 se puede afirmar que el modelo Gaza, el confinar dos millones de personas sin salida y sin derechos, bombardeables regularmente, ha culminado sin éxito, y aún no sabemos qué formato lo puede sustituir.

A estas alturas y tres décadas desde su firma resulta evidente que los Acuerdos de Oslo son inviables, la solución de dos Estados independientes en el antiguo mandato británico en Palestina, probablemente el asesinato del primer ministro israelí en 1995 a manos de un terrorista israelí frustró el proceso en fecha tan temprana,  rematado en el año 2000 por Clinton-Ehud Barak. Hoy es inviable por la falta de voluntad y por la presencia en los territorios palestinos ocupados de 700 mil colonos radicalizados en su mayor parte que no se van a ir a ningún sitio.

El escenario local e internacional, como se apuntaba al comienzo, es dinámico. Se observan cambios en la visión del conflicto, generacional en cualquier geografía; especialmente en Estados Unidos, en el ámbito académico, existe ya una minoría en el Congreso norteamericano que hace oír voces alternativas sobre el conflicto; las encuestas registran un cambio entre los demócratas estadounidenses hacia posiciones más centradas y pro palestinas que en el pasado.

Existe desde hace tres lustros una campaña internacional surgida desde la sociedad civil de boicot, desinversión y sanciones (BDS), resistencia no violenta contra la ocupación israelí, similar a muchas otras practicadas en procesos de descolonización.

Y pensando en el futuro la solución al conflicto pasa por un único Estado democrático, con igualdad de derechos y obligaciones de todos sus ciudadanos. Ya existe un único Estado en la Palestina histórica, el reto es que sea democrático. Al diagnóstico generalizado de una situación actual de apartheid sudafricano le corresponde una solución sudafricana.

No cabe imaginar otra alternativa que una opción democrática de este tipo, apoyada ya hoy por la cuarta parte de los palestinos (los partidarios de los dos Estados no son muchos más), a la que habría que dedicar pedagogía y tantos esfuerzos como se hicieron en el proceso de Oslo. 

Conocemos ya el resultado de la opción realista que ha negado durante décadas la democracia y el derecho internacional en el conflicto palestino-israelí. La opción democrática no sería ingenuidad, sino actuar por interés, incluir el Estado de derecho entre nuestros intereses.


Artículo publicado también en la web Rebelión; y en infoLibre.


miércoles, 19 de abril de 2023

Israel-Palestina, un único Estado de hecho

Israel ha vivido en los últimos meses dos procesos políticamente relevantes: las elecciones parlamentarias celebradas en noviembre de 2022, que han facilitado el Gobierno más extremo y ultranacionalista de su historia; y la movilización popular masiva contra la reforma de la Justicia con manifestaciones constantes de cientos de miles de israelíes desde este enero de 2023.

En ambos casos se podría encontrar una ausencia muy presente, utilizando un oxímoron, figura retórica de moda que define expresiones contradictorias como muerto viviente o silencio atronador: no hay palestinos; no fue un tema importante en la campaña electoral, en los programas políticos, ni está presente en el multitudinario movimiento de rechazo a Netanyahu. Siguiendo con otras expresiones, cabría pensar en el elefante en la habitación, como los anglosajones aluden a un tema omnipresente e incómodo al tiempo, que lleva a aparentar ignorarlo.

"Israel será un país judío o un país democrático, ambas opciones son incompatibles", vaticinaba recientemente un diplomático español destinado en Oriente Próximo. Por mucho que se utilice el carácter tecnológico innovador de Israel -Start up nation- o el paraíso gay de algunas zonas del territorio, la deriva política apunta hacia una concepción exclusivamente judía del país, una confesionalidad creciente del Estado al tiempo que se va reduciendo el marco democrático. 

Los responsables políticos israelíes trabajan para fijar una situación de anexión de facto que sea irreversible, con varias categorías de ciudadanos y derechos, objetivo logrado ya hace años, un nivel de violencia soportable por los propios palestinos y la comunidad internacional, situación perfectamente posible aunque incompatible con las reglas de un Estado de derecho y la democracia: mismos derechos para toda la población, separación de poderes, y entre Iglesia y Estado.

El futuro en paz y de progreso de Israel-Palestina está condicionado a una salida democrática a la situación de discriminación colonial de los palestinos, hoy divididos dentro de las fronteras del Estado de Israel de 1948 -20% de la población-; en los llamados territorios ocupados en 1967 de Jerusalén, Gaza y Golán, donde ya se han instalado ilegalmente 600.000 colonos judíos en asentamientos; más los palestinos de la diáspora, especialmente en Líbano y Jordania. La fragmentación geográfica y legal de los palestinos es otro objetivo largamente perseguido y también culminado.

Es una ficción desligar la iniciativa tecnológica israelí, la competencia militar (continuos ataques sobre suelo sirio desde hace una década; capacidad nuclear), es una ficción desligar un futuro prometedor para Israel de la ocupación colonial de los palestinos.

En el primer cuatrimestre de 2023, más de cien palestinos y una decena de israelíes judíos han sido asesinados o han fallecido en circunstancias violentas, un conflicto cuya desproporción de víctimas no ilustra convenientemente la desproporción de contendientes, que no son equiparables ni permiten equidistancia posible: existe una situación colonial de fuerza y una población colonizada.

Se cumplen este mes de mayo 75 años de la Nakba (catástrofe, en árabe), que son los transcurridos desde la fundación del Estado de Israel en 1948 y la operación que se hubiera llamado entonces de limpieza étnica si hubiera existido la etiqueta, que desplazó 800.000 palestinos, muy bien estudiado incluso por la historiografía israelí;  y se cumplen también 30 años de los acuerdos de Oslo que establecieron la solución de dos Estados vecinos.

Provocaciones, víctimas, violencia durante tres cuartos de siglo, podrían alimentar el argumento de la historia interminable y el conflicto irresoluble, y nada más lejos de la realidad, todo indica que la situación es cualquier cosa menos estable, y circunstancias bien recientes han venido a alterar el panorama. El larguísimo aunque no eterno conflicto ha sido posible por una serie continuada de decisiones políticas y de violaciones a la legalidad internacional permitidas, decisiones próximas que pueden continuar en la misma línea o en otra. Al menos, el marco político y social está en permanente cambio, y acelerado en las últimas fechas, como lo pueden mostrar las referencias siguientes.

En gran parte del mundo se está produciendo últimamente una revisión del colonialismo, que afecta en lo simbólico a estatuas conmemorativas y a fondos de museos, lejos ya de visiones imperiales o fantasías civilizatorias. Existe ya el suficiente margen temporal para que colonizadores y colonizados realicen un nuevo acercamiento más científico que nacionalista al fenómeno. Y la excepción es el denominado por los especialistas 'colonialismo de asentamiento' que se sigue practicando en Israel en 2023. En este sentido cabría decir que los tiempos se mueven más hacia una relectura histórica del colonialismo pasado que a una práctica del colonialismo futuro.

Se puede aplicar además la máxima confirmada en gran parte de los países de Europa que la violencia colonial acaba pasando factura al colonizador, se vivió en España con la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923, el golpe de Estado de 1936, la guerra civil que provocó y la dictadura de Franco; se vivió en Francia metrópoli con las soluciones militares varias y los golpes de Estado de los primeros 60. Se puede interpretar que la violencia colonial israelí acabará afectando, si no lo está haciendo ya, a los hoy ciudadanos israelíes, al discrepante, a los moderados, al cristiano, a los no ultraortodoxos ultranacionalistas (existen también ultraortodoxos no ultranacionalistas).

Shlomo Ben Ami, quien fuera ministro israelí de Asuntos Exteriores y antes embajador en España, ha descrito en varias ocasiones la situación política y social de su país (de adulto, nació en Tánger) como sudafricana, sin llegar a abogar por una solución al conflicto también sudafricana, que sería un único Estado con ciudadanos iguales en derechos fundamentales, sociales y políticos.
Con los matices que imponen historia y realidades diferentes, el sistema de discriminación institucional conocido como apartheid define en buena medida la situación en Israel-Palestina, así lo han reconocido y documentado organizaciones de defensa de los derechos humanos locales y otras de trayectoria poco discutible como Amnistía Internacional (informe de febrero de 2022, 'El apartheid israelí contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad') o Human Rights Watch ('Las prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y persecución', informe de abril de 2021, original en inglés).
Cabría recordar que la hoy de actualidad, por la invasión de Ucrania, Corte Penal Internacional incluyó en 1998, en el Estatuto de Roma, el “crimen de apartheid” entre los crímenes de lesa humanidad (artículo 7).
La equiparación del supremacismo estilo apartheid con la situación en Israel-Palestina ha superado hace tiempo y con creces los círculos de kufiyya palestina y pipa de agua; así como es destacable el alcance internacional del movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS), que trabaja para terminar con el apoyo internacional a la opresión de los palestinos por parte de Israel y presionar para que cumpla con el derecho internacional.
Otro cambio de escenario se refiere a los Acuerdos de Abraham, patrocinados en septiembre de 2020 por Donald Trump como presidente de EEUU, y por su yerno, que han permitido estrechar relaciones diplomáticas y políticas, o aflorar las que se mantenían en la discreción de las élites y la seguridad, de Israel con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán. Lejos de las declaraciones grandilocuentes de los comunicados, y del indudable logro de haber conseguido desligar el conflicto palestino de las relaciones de Israel con algunos países árabes, el proceso languidece desde la salida del Gobierno de Trump, ante la indiferencia de las opiniones públicas árabes (más allá de alguna bandera en el Mundial de fútbol de Qátar) y con Arabia Saudí más lejos cada día de firmar el comunicado.
Otro elemento novedoso afecta precisamente al segundo mayor importador de armas del mundo, Arabia Saudí, que anunció a comienzos de marzo el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Irán, rotas desde 2016, acuerdo que para sorpresa generalizada se ha producido con la mediación de China.
El acuerdo desactiva el más poderoso pegamento de seguridad que ha unido durante años a socios de conveniencia en contra de Teherán; y los pasos posteriores al anuncio revelan la voluntad de ambas partes de avanzar hacia una nueva situación, lo que tiene efectos directos sobre la guerra civil yemení, como el intercambio de un millar de prisioneros a mediados de abril. 
Un último y no menor cambio de guion afecta a Estados Unidos, probablemente más a la ciudadanía, a la sociedad civil, a la opinión pública y publicada que a su Gobierno, teniendo en cuenta además que la historia demuestra que Israel es un asunto de política interior norteamericana y se acentuará este carácter según se vayan acercando las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Se detectan cambios y así se puede interpretar un reciente y largo análisis publicado en la revista Foreign Affairs, con su siglo de historia a la espaldas y referencia internacional, titulado  "La realidad de un solo estado de Israel. Es hora de renunciar a la solución de dos Estados" (enlace a original en inglés, publicado el 14 de abril).

Firmado por cuatro especialistas en Relaciones Internacionales de las universidades norteamericanas George Washington y Maryland, el texto señala que "el estatus temporal de 'ocupación' de los territorios palestinos es ahora una condición permanente en la que un Estado gobernado por un grupo de personas gobierna sobre otro grupo de personas".

Para los autores, el proceso de paz de Oslo "terminó hace mucho tiempo. Ya es hora de lidiar con lo que significa la realidad de un solo Estado para la política y el análisis. Palestina no es un Estado en espera, e Israel no es un Estado democrático que ocupa accidentalmente territorio palestino". 

Añade el muy recomendable análisis de Foreign Affairs que "todo el territorio al oeste del río Jordán ha constituido durante mucho tiempo un solo Estado bajo el dominio israelí, donde la tierra y la gente están sujetas a regímenes legales radicalmente diferentes, y los palestinos son tratados permanentemente como una casta inferior. Los políticos y analistas que ignoren esta realidad de un solo Estado estarán condenados al fracaso y la irrelevancia, haciendo poco más que proporcionar una cortina de humo para el afianzamiento del statu quo".

Defienden estos analistas que "un acuerdo de un solo Estado no es una posibilidad futura; ya existe. Entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, un Estado controla la entrada y salida de personas y bienes, supervisa la seguridad y tiene la capacidad de imponer sus decisiones, leyes y políticas a millones de personas sin su consentimiento"; sin embargo, añaden, "obligada a elegir entre la identidad judía de Israel y la democracia liberal, Israel ha elegido la primera. Se ha encerrado en un sistema de supremacía judía, en el que los no judíos son estructuralmente discriminados o excluidos en un esquema escalonado: algunos no judíos tienen la mayoría, pero no todos, los derechos que tienen los judíos, mientras que la mayoría de los no judíos viven bajo severa segregación, separación y dominación".

Recuerda el artículo que la ley aprobada en 2018 define a Israel como “el Estado-nación del pueblo judío” y sostiene que “el ejercicio del derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío”; no menciona la democracia o la igualdad para los ciudadanos no judíos.

Dejando aparte el análisis de Foreign Affairs, cabría concluir que en el último siglo la forma de afrontar el conflicto entre Israel y Palestina ha sido el de la estatalidad, así se propuso por la Naciones Unidas en 1947 y en Oslo en 1993, un Estado para cada comunidad, lógico porque así funciona la comunidad internacional y es el Estado el que otorga nacionalidad y derechos a los ciudadanos. Sin embargo, el enfoque podría estar cambiando.

Así lo apunta una ciudadanía palestina, israelí e internacional en transformación; una situación sobre el terreno que supone una anexión de hecho de toda la Palestina histórica, ya irreversible salvo nuevas limpiezas étnicas que no serían hoy admitidas por la comunidad internacional.

El movimiento de liberación de Palestina, en clave estatal, sería hoy mejor expresarlo como el movimiento de liberación de los palestinos, que será también el de todos los residentes independientemente de su confesión religiosa, orientación política o adscripción cultural, ciudadanos con los mismos derechos fundamentales, sociales y políticos de un único Estado multicultural y multirreligioso, como lo son casi todos; como el que ya existe sobre el terreno, pero realmente democrático para toda su población.

Artículo publicado también en 'Atalayar' , 

en el blog 'Al revés y al derecho' de 'infoLibre' y en la web 'Rebelión'.

Sugerencias

  • Presentación del libro "Palestina, cien años de colonialismo y resistencia", de Rashid Khalidi (Casa Árabe, 16.5.2023).
  • Israel’s One-State Reality. It’s Time to Give Up on the Two-State Solution, por Michael Barnett, Nathan Brown, Marc Lynch y Shibley Telhami (Foreign Affairs, 14.4.2023).
  • Ex-Jordan FM: Two-state solution is 'dead and cannot be revived' (MEMO, 14.4.2023).
  • Dios o la democracia: el momento de la verdad en Israel, por Michael Marder (El País, 13.4.2023).
  • Marruecos hace equilibrios entre su nueva alianza con Israel y el histórico respaldo a los palestinos (El País, 12.4.2023).
  • Los israelíes que cuelan la ocupación de Palestina en la protesta contra la reforma judicial (El País, 27.3.2023).
  • Israel protests are not the salvation of Palestinians, por Ramzy Baroud (Arab News, 13.3.2023).
  • Palestina en este blog: enlace con artículos por orden cronológico inverso.



jueves, 10 de marzo de 2022

'No a la guerra' casi 20 años después de Irak

Extractos de artículo de Fernando Varela publicado en infoLibre.


La batalla que libran los habitantes de Ucrania contra los invasores rusos ha abierto un intenso debate entre los partidarios de suministrar armas a los agredidos para defenderse de las tropas enviadas por Vladímir Putin y quienes se oponen a hacerlo porque, aseguran, sólo conseguirá alimentar una escalada militar que amenaza con derivar en una nueva guerra mundial. 

Los primeros, que afirman estar en contra de la guerra, pero invocan el derecho a la legítima defensa, son acusados por los segundos de haberse puesto al servicio de la OTAN. Los segundos, que rechazan el uso de armas para resolver los conflictos, son retratados por los primeros como buenistas o ingenuos, cuando no de quintacolumnistas de Putin (...).

infoLibre ha pedido opinión a cuatro expertos en la materia para tratar de añadir argumentos a un debate que, en muchos casos, ha derivado en una descalificación global de las posiciones contrarias. ¿Qué ha cambiado de Irak a Ucrania para que la izquierda se haya dividido en la respuesta a la guerra? (...).

Carlos Penedo, analista de Defensa y Seguridad, periodista y vicepresidente de IDAPS, defiende que en las últimas dos décadas “ha cambiado mucho todo, el escenario internacional, la naturaleza de los conflictos” y hasta “el armamento”. Y “probablemente también la sociedad española, de izquierdas y derechas, consciente más hoy de la importancia de la seguridad”. “Ha avanzado también el reconocimiento profesional a las Fuerzas Armadas” después de verlos “actuando en situaciones críticas recientes, como Filomena y el covid, además de las misiones internacionales de estabilización”.

En su opinión, lo que permanece en el tiempo entre Irak y Ucrania es “la posición mayoritaria antiviolencia de la sociedad española. Quizá el término ‘antimilitarista’ suene antiguo, pero antimilitarismo no significa estar en contra de lo militar, sino contra el predominio de lo militar en la política y sobre el Gobierno, de larga tradición en España hasta muy recientemente. Hoy no se declaran militaristas ni los propios militares”, sostiene.

Y “ha cambiado claramente”, añade, “la posición del Gobierno español ante un conflicto armado: en 2003 estaba en la coalición de apoyo a la invasión de Irak en una guerra inventada; hoy está en contra de otra invasión, la de Ucrania. Entonces el Gobierno español apoyaba al agresor y hoy a la víctima”.

También ha mudado la sociedad española, y especialmente la izquierda, afirma Penedo. “Se declara abiertamente europeísta en cuanto a seguridad. Una reciente encuesta de la Fundación Alternativas dejaba claro que confiamos en primer lugar en la Unión Europea para protegernos de las amenazas a nuestra seguridad, por encima de la OTAN e incluso de nuestras propias capacidades nacionales en solitario”.

Es es algo a lo que está contribuyendo de manera decisiva el conflicto en Ucrania: esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía en el Parlamento Europeo que la UE ha avanzado más en materia de seguridad y defensa común “en seis días que en las últimas dos décadas”, recuerda.

¿Tienen sentido, entonces, los discursos que apelan exclusivamente a la diplomacia y rechazan el envío de armas? (...).

Penedo, por su parte, apunta que “el instrumento militar jamás resuelve ningún conflicto. Como mucho permite ganar tiempo, pensando en una fuerza de interposición como la que tiene España en el sur de Líbano desde 2006”. Eso significa que “la resolución siempre será diplomática y política. Toda guerra es el fracaso de la negociación y la política, el triunfo de la irracionalidad y del lenguaje de la violencia”. Eso significa que “la salida del conflicto en Ucrania solo puede ser negociada”, pero eso es algo que en su opinión tardará aún en llegar.

¿Qué temen los que se oponen a enviar armas? El vicepresidente de IDAPS sospecha que tiene miedo de pasar de “país ayudante a parte beligerante”. A su juicio, “se puede discutir y defender o no la apelación a la diplomacia, apoyar o rechazar el envío de armas”. Pero hay que tener cuidado: “En las situaciones de conflicto como las que vivimos se reduce el espacio del contraste de opiniones, enseguida se forman frentes y se acusa al discrepante de traidor, se generaliza el brochazo y la división entre buenos y malos, sin espacio para el matiz o la argumentación”. Exactamente lo que está pasando en la izquierda. Conviene recordar que, en cualquier caso, el contraste de opiniones y el debate “es una fortaleza de nuestro país y nuestro sistema democrático, no una debilidad: en Rusia este debate público es imposible”.

¿Hay alternativa? (...).

Penedo afirma que tanto el ‘no a la guerra’ de hoy como el de 2003 representan “un rechazo frontal a la fuerza militar para la resolución de conflictos internacionales”. En ese sentido “siempre es bueno recordar que la guerra está prohibida por Naciones Unidas desde 1948, salvo en caso de legítima defensa, individual o colectiva, ante una agresión armada”. Por eso el derecho de Ucrania a defenderse está amparado por la Carta de Naciones Unidas, recuerda en línea con el resto de voces expertas consultadas por infoLibre. 

Pero “también debiera ser compatible oponerse a la invasión de Ucrania y cuestionar cómo apoyamos” a ese país, argumenta. Discutir “si la OTAN es hoy el instrumento de seguridad de su nacimiento”, si “es el mejor para la seguridad de nuestro país o si es necesario un nuevo sistema de seguridad internacional que hoy no existe”.

El papel de la ONU

En relación con España, señala Penedo, “de la invasión de Irak se extrajeron lecciones valiosas, como la necesidad, ante una intervención armada, de contar con el mayor grado de legalidad y legitimidad”. De ahí nació, “con ciertas limitaciones”, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005. Pero “hay que reconocer que ese espíritu de implicar a la sociedad española en las intervenciones militares de España en el exterior ha caído con el tiempo”.

Las limitaciones, explica, vienen, por ejemplo, de que las operaciones en el exterior de las Fuerzas Armadas españolas no requieren la autorización del Parlamento si se producen en el marco de la OTAN, como es este caso. En su opinión habría que reformar el papel del Congreso en este tipo de crisis y decisiones. “Nunca son bastantes los esfuerzos para reforzar la legalidad, legitimidad y el debate público sobre la participación de nuestro país en un conflicto armado” (...).

martes, 16 de enero de 2018

Comisiones de la verdad, versión española

Artículo de opinión publicado también en infoLibre / Blog Al revés y al derecho.
Retirada de la estatua ecuestre de Franco que presidió hasta 2006
la entrada de la Academia General Militar de Zaragoza (EFE).
En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.
Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.
Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.
Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia.
"Las comisiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo", define el Centro Internacional para la Justicia Transicional -ITCJ-, organización internacional especializada en la justicia en periodos de transición.
En síntesis, este tipo de comisiones tienen iniciativa pública, no sustituyen a la justicia penal, ponen el foco en las víctimas y en las violaciones de los derechos humanos, y suelen recopilar un gran volumen de datos, con miles de víctimas, y a menudo durante un periodo de tiempo muy amplio que puede contemplar décadas. Entre sus objetivos figuran afrontar la impunidad y obtener una imagen más o menos clara de sucesos violentos que permanecen en disputa o son negados, proteger y reconocer a las víctimas y supervivientes, proponer políticas y promover cambios también sociales.
Tras el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016, y recogido entre sus compromisos, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición fue creada en Colombia por un decreto presidencial en abril de 2017, un mecanismo entre otros -como la búsqueda de desaparecidos-, contempla un periodo de seis meses para entrar en funcionamiento y tres años de mandato que culminarán con la elaboración de un informe final.
"Satisfacer de manera oportuna los derechos de las víctimas", insiste el decreto de creación, además de "garantizar el derecho a la verdad como un pilar fundamental para la consolidación de la paz".
Entre los objetivos se mencionan "contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido", "el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país" y "promover la convivencia en los territorios y la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia".
"La CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado".
En noviembre de 2017 el Comité de Escogencia ha seleccionado a los 11 integrantes de la Comisión, que incluye religiosos -la preside un sacerdote jesuita-, periodistas, sociólogos y militares entre sus perfiles.
Estas comisiones dan voz y protagonismo a las víctimas de la represión y audiencia que en algunos casos se produce en la televisión pública en horario de máximo impacto, como está ocurriendo actualmente en Túnez.
El Gobierno tunecino creó la llamada Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), en diciembre de 2014, con las funciones de identificar y juzgar a los responsables de los abusos cometidos durante los régimenes de Habib Burguiba (1957-1987) y Zine el Abidine ben Alí (1987-2011).
La comisión cuenta con activistas pro derechos humanos, opositores a Ben Alí, jueces, abogados, y representantes de colectivos de víctimas de la represión.
También se trata de un mecanismo entre otros, como la Comisión Nacional de Investigación sobre los Temas de Malversación y de Corrupción; y la Comisión Nacional de Investigación sobre las Violaciones y los Excesos cometidos hacia el final de la dictadura.
Creada en 2013, la Instancia tunecina ha recopilado más de 62.000 denuncias presentados por víctimas de todo tipo de abusos, y realizado más de 48.000 audiencias.
Cartel de la película de Álex de la Iglesia "Balada triste
de trompeta" (2010), comedia negra que se desarrolla
en parte en el mausoleo del Valle de los Caídos.
Unos años anterior a las dos mencionadas es la comisión de la verdad creada en Marruecos en los primeros años de reinado de Mohamed VI para investigar nada menos que los denominados "años de plomo" del reinado de su padre Hasán II, llamada Instancia Equidad y Reconciliación. Fue instaurada en enero de 2004 y entregó un informe final al rey en diciembre de 2005 con el balance de unos trabajos desarrollados con el objetivo de arrojar luz sobre las graves violaciones de los derechos humanos entre 1956 y 1999, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y proponer reformas.
Como resultados más directos, la comisión marroquí consiguió determinar las circunstancias de la muerte de alrededor de 800 víctimas (desaparecidos forzosos), se abrieron 17.000 investigaciones individuales y se indemnizó a más de 10.000 víctimas.
Una peculiaridad de la comisión marroquí fue que contempló la reparación comunitaria, la represión de ciertas regiones y comunidades (por ejemplo el Rif y grupos de víctimas como las mujeres), para lo que recomendó programas de desarrollo socioeconómico y cultural.
Las organizaciones de derechos humanos de Marruecos se preocupan desde entonces en seguir el cumplimiento de aquel informe final de una comisión que cuenta con una web algo congelada en cuatro idiomas, entre ellos el español.
Tres casos diferentes los de Colombia, Túnez y Marruecos: el final de una guerra civil, la caída de un dictador, la reinvención de una monarquía autoritaria.
"Una comisión de la verdad puede verse como la ruptura con un pasado violento, una restauración de los cimientos morales de la sociedad que merece el nivel más alto de reconocimiento y apoyo", nos dice el ITCJ.
La reconciliación no es una consecuencia directa de este tipo de comisiones de la verdad, aunque ayudan a crear un nuevo clima político y a recuperar la dignidad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.
En España no se celebró en el paso de la dictadura a la democracia iniciativa comparable a las tres comisiones de la verdad reseñadas.
La equidistancia, hoy convertida en un insulto en el marco de la crisis independentista en Cataluña, fue una marca de fábrica de la transición política española, en lo referido al franquismo y sus delitos, o al abandono de sus víctimas aún mal enterradas por millares en cunetas y barrancos.
Lo más parecido vivido en España a una comisión de la verdad, por su contenido y objetivos, es la llamada ley de la memoria histórica que acaba de cumplir diez años desde su entrada en vigor tras la publicación en el BOE de 27 de diciembre de 2007, con el largo nombre de Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura; la ley recibió el apoyo de todos los grupos (PSOE, IU-ICV, CiU y PNV) salvo PP y ERC; los partidos ya emergidos entonces no existían.
Además de contribuir a generar un debate público, son indudables los logros de una ley en cuyo articulado se incluye el fomento de la memoria democrática, proclama el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia por motivos políticos o ideológicos durante la guerra civil y la dictadura posterior; se declara la ilegitimidad de sus tribunales, sanciones y condenas; se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos económicos de las víctimas (orfandad, años de cárcel); se concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados y los miembros de las Brigadas Internacionales; la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados...
Capítulo especial y polémico mereció la retirada de más de medio millar de símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura (más de 400 de instalaciones militares o dependientes del Ministerio de Defensa).
Entre las críticas hay que mencionar la moderación de la ley en cuestión de fosas comunes (anima  a las administraciones públicas a que faciliten a los interesados su localización, y se hizo un mapa) y una serie de recomendaciones en relación con el mausoleo del Valle de los Caídos sin resultado una década después.
Monumento con las huellas del dictador Franco
retirado en 2010 del Monte Hacho en Ceuta.
Todas estas iniciativas fueron recogidas en una página web, de la que han desaparecido los enlaces desde los organismos públicos aunque sigue viva en el ciberespacio, también congelada, porque el actual gobierno del Partido Popular se ha dedicado a congelar su aplicación y hasta el presidente Rajoy ha llegado a presumir de no destinar un euro a su cumplimiento, caso sólo similar a la Ley de Dependencia y nunca equiparable a la pedagogía pública necesaria con la Ley General Tributaria, por poner un ejemplo.
La Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por iniciativa del Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue un ejercicio positivo con un exceso de prudencia que como ocurre a menudo no es reconocido ni por los propios porque se queda corta ni por los extraños a quienes cualquier paso les parece excesivo. Lo peculiar de este asunto es la distinción entre propios y extraños en la defensa de la democracia.
Los últimos coletazos parlamentarios sobre esta Ley han sido la aprobación en el Congreso, con ánimo reformista, de una proposición no de ley promovida en septiembre por el Grupo Socialista y de una proposición de ley el pasado noviembre impulsada por el PDCat.
Se habla últimamente con frecuencia de brechas generacionales, que haberlas haylas, aunque en este y otros casos (violencia machista) se puede interpretar también que las sociedades evolucionan y hacen inadmisible lo que se aceptaba hasta ese momento.
En el 40 aniversario de la Constitución española de 1978 aún existen iniciativas que pretenden impulsar una comisión de la verdad en España sobre los crímenes del franquismo (aquí, enlace la Plataforma que agrupa a muchas de ellas, y aquí un post publicado al respecto). Independientemente de su recorrido, sería positivo en cualquier caso en el corto plazo la aplicación completa de la Ley de memoria histórica, reformada o no; y podría ser aconsejable que el Gobierno español se implicara con su apoyo material y político en procesos de transición como los mencionados, aprovechando el reciente asiento conseguido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020.
En su mensaje navideño el rey Felipe VI animaba a recuperar el protagonismo internacional de España, de donde se deduce que lo tuvo y se ha perdido.
Como ocurre cuando se estudia una lengua extranjera, que te ayuda a conocer mejor la propia, la implicación española en procesos de carpetazo a la violencia en Colombia, Túnez, Marruecos u otros lugares apoyaría a los ciudadanos de esos países y al tiempo aumentaría la sensibilización de nuestros responsables políticos hacia las víctimas nacionales de un pasado que se resiste a abandonarnos.

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