Desinformación: editores, plataformas y UE

Artículo publicado también en infoLibre / Blog al revés y al derecho.

La Unión Europea media entre editores y plataformas por la desinformación, a favor de los primeros, se podría titular también esto; demasiado largo.
Demos por hecho que hay mucha gente con el propósito de desinformar a través de medios digitales, siempre teniendo en cuenta que el objetivo mayoritario no es convencer, sino confundir; y con más frecuencia aún, generar tráfico para obtener beneficio económico.
Y dejemos a un lado la influencia real de estos contenidos, porque difusión no es convicción, porque incluso el tráfico generado no ha sido en exceso relevante en procesos como las elecciones de EEUU o Cataluña (aquí alguna pista sobre el asunto).
Junto con lo anterior, cabe preguntarse quiénes están alimentando la desinformación como gran problema de nuestro tiempo, y así se comportan porque tienen un interés directo en el asunto, que es económico y es político y es político-económico. Hay tres actores especialmente activos: las empresas editoras de noticias, las plataformas digitales (Facebook, Google) y en tercer lugar aquel llamado "complejo industrial-militar" del que alertaba en los años 50 el general de cinco estrellas y presidente de EEUU Dwight Eisenhower, el Ike que bendijo a Franco, complejo que evidentemente tiene terminales políticas, todo por supuesto versión 2.0.
La Unión Europea (léase Comisión) puede desesperar por orientación de sus políticas o velocidad de actuación, pero es universalmente reconocido que cuando se fija un objetivo no suelta la presa.
En materia de desinformación se ha puesto en marcha.
La Comisión Europea ha difundido este 26 de abril una Comunicación, que es un tipo de documento no vinculante, en la que propone un conjunto de medidas para combatir la desinformación en línea, que incluyen un Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación a nivel de la UE, el apoyo a una red independiente de verificadores de información (fact-checkers) y medidas destinadas a fomentar el periodismo de calidad y promover la alfabetización mediática.
Con tal motivo, los servicios de prensa de la UE facilitan declaraciones de tres responsables políticos.
Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión responsable del Mercado Único Digital: "Las nuevas tecnologías, especialmente las digitales, han ampliado su alcance a través del entorno en línea para socavar nuestra democracia y nuestra sociedad. Puesto que la confianza en línea es fácil de romper y difícil de recuperar, el sector necesita colaborar con nosotros en esta cuestión".
Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad Digitales: "Hacemos un llamamiento a todos los agentes, en particular a las plataformas y redes sociales, que tienen una clara responsabilidad, para que actúen sobre la base de un plan de acción destinado a establecer un planteamiento común europeo, de manera que los ciudadanos estén capacitados y protegidos eficazmente contra la desinformación. Seguiremos de cerca los progresos realizados y, si los resultados no fuesen satisfactorios, de aquí al mes de diciembre propondríamos otras medidas, en particular de carácter reglamentario".
Julian King, comisario responsable de Seguridad (seguridad interior lleva este responsable de nacionalidad británica): "La militarización de las noticias falsas y la desinformación en línea supone una seria amenaza para la seguridad de nuestras sociedades. Las plataformas de internet desempeñan un papel esencial en la lucha contra los abusos de sus infraestructuras por agentes hostiles y en la preservación de la seguridad de sus usuarios y de la sociedad".
Como se ve opinan responsables del Mercado Único Digital, Economía y Seguridad; ponen el foco sobre las plataformas digitales; y les amenazan con elaborar normativa si en un semestre no hay resultados.
Con plazo fijo aparece ese Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación: de aquí al mes de julio, como primer paso y con efectos claros en octubre, las plataformas en línea deben desarrollar y aplicar un código común de buenas prácticas, con el objetivo de garantizar la transparencia sobre los contenidos patrocinados, en particular la publicidad de carácter político; proporcionar una mayor claridad sobre el funcionamiento de los algoritmos y permitir la verificación por terceros; hacer que resulte más fácil para los usuarios encontrar y acceder a fuentes distintas de noticias que representen otros puntos de vista; introducir medidas para identificar y cerrar cuentas falsas; capacitar a los verificadores de información, los investigadores y las autoridades públicas para controlar permanentemente la desinformación en línea.Si se hace responsable a las plataformas de los contenidos que canalizan y se les imponen procedimientos rigurosos, las empresas periodísticas no tendrán muchos motivos para la celebración. Un ejemplo práctico: si Facebook acaba medio voluntariamente aumentando su transparencia sobre quién financia su publicidad en época electoral, o contenidos patrocinados, lo mismo deberemos pedir a los medios tradicionales, que tampoco nos lo cuentan. Un caso extremo sobre esto lo encontramos entre 2004 y 2005, cuando el PP inyectó 446.000 euros de su caja B en el periódico de Jiménez Losantos Libertad Digital, financiación directa, al margen de publicidad o licencias que recibió también generosamente.

En otro aviso sobre seguridad dura, la Comisión anuncia que informará en junio junto con el Servicio Europeo de Acción Exterior (departamento de Mogherini, seguridad exterior) sobre los avances realizados en relación con las amenazas híbridas, que incluyen ciberseguridad, comunicación estratégica y contra inteligencia. En este apartado de la seguridad se mezclan con salero dos ingredientes: Rusia y su doctrina militar más los casos contrastados del desvío de datos personales de usuarios de Facebook con fines económico-electorales (Cambridge Analytica). Es decir, se utiliza Rusia + FB / protección de datos para apuntalar las presiones contra las plataformas.
En todo este proceso puede ocurrir, como en la vida misma, que sea más útil y atractivo el camino que el destino final. Bajando hacia Andalucía, la playa y la tumbona, pocos kilómetros antes de llegar a Despeñaperros, término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), se encuentra el santuario llamado de Las Virtudes, con una plaza de toros cuadrada adosada a la ermita, un paraje ideal para filosofar o comerse un bocadillo de tortilla de patata con pimientos, traído de casa. Su recuerdo compite con el de la playa (o de la alcazaba de Málaga y su museo Picasso).
La sorpresa de Las Virtudes, hablando de desinformación y de la UE, no son las conclusiones que ha sacado en esa Comunicación el ejecutivo comunitario, sino el camino recorrido, el informe de especialistas presentado en marzo, que desbrozaba el tema con criterio periodístico riguroso; y otro informe de abril que nos descubre los intereses económicos que andan en juego.
Editores de noticias contra plataformas 
La Comisión Europea encargó un estudio a su Centro Común de Investigación (JRC) sobre las noticias falsas y la desinformación, más concretamente ha realizado una investigación sobre el impacto de la transformación digital de los mercados de noticias sobre la calidad de la información. En ese estudio publicado también en abril se indica que dos terceras partes de los consumidores de noticias en línea prefieren acceder a ellas a través de plataformas que funcionan con algoritmos, como los motores de búsqueda y los agregadores de noticias, así como por medio de las redes sociales. También se afirma en ese estudio que el poder de mercado y los flujos de ingresos han pasado de estar en manos de los editores de prensa a las de los operadores de plataformas, que disponen de los datos para concordar a lectores, artículos y anuncios de la forma más eficiente. Aquí están las claves más importantes, las económicas y las prácticas: quienes distribuyen los contenidos no son quienes los elaboran.
La distribución digital de noticias ha disminuido el papel de los editores. Es decir, se ha separado la función de editor y gestor de contenidos y en gran medida se ha transferido la segunda hacia la publicidad conducida por algoritmos, que maximiza tráfico e ingresos.
En toda esta polémica de las noticias falseadas y la desinformación debatimos periodistas y lectores sobre contenidos, en un asunto agitado por intereses empresariales; a quienes se ha unido el grupo de presión sobre la seguridad, siempre ávido de argumentos.
No hay que subestimar el poderío de la industria nacional dedicada a la comunicación, empresas que consiguieron hace pocos años que Google cerrara en España su agregador de noticias -Google news- o al menos lo limitara y mucho. Ahora han encontrado como compañero de viaje al lobby de la defensa y la seguridad, claramente a sus terminales políticas, lo que tiene muchos riesgos, y no es el menor la credibilidad escasa de ambos sectores, la creciente distancia entre ciudadanos y medios de comunicación -a quienes se ve como una prolongación del poder político y económico-, la creciente distancia entre ciudadanos y los responsables de la seguridad.
Podríamos resumir diciendo que la Unión Europea se ha animado a mediar entre editores y plataformas para abordar la desinformación, y se alinea con los primeros, y lanza también algún guiño sobre seguridad que siempre está de actualidad; lo más interesante son claramente los materiales intermedios del proceso, porque no toman partido, describen la situación y ofrecen datos para los interesados más en reflexionar sobre el tema que en defender banderas.

Sugerencias

• A Europe that Protects: Countering Hybrid Threats (UE, 13-6-2018).
• Bruselas intenta poner límites al poder desbocado de los gigantes digitales (infoLibre, 20-5-2018).
• La democracia como interpretación, por Daniel Innerarity (El País, 9-5-2018). El combate contra la falsedad solo puede librarse en un entorno de pluralismo garantizado porque la clave es el conflicto de distintas versiones, no la imposición de una “descripción correcta” de la realidad
• Leyes 'fake news', por Raúl Magallón (Telos, Fundación Telefónica, 4-5-2018).
• Tackling online disinformation (Comisión Europea, 26-4-2018). 
• Bruselas pide a las plataformas que luchen contra la desinformación y controlen los contenidos patrocinados (infoLibre, 26-4-2018). 
• El periodismo de calidad es el antídoto contra las 'fake news', por @aprensamadrid (Periodísticos, 26-4-2018).
• Bruselas propone medidas tibias para combatir la desinformación (El País.com 25-4-2008). 
• Podemos abandona el grupo del Congreso sobre las noticias falsas (El País, 25-4-2018).
• The digital transformation of news media and the rise of online disinformation (JRC -Comisión Europea-, abril 2018).
• ¿Son una noticia falsa las informaciones sobre la injerencia rusa en Cataluña? (infoLibre, 21-4-2018).
• Información contra la desinformación, por Carlos Penedo (Contextos / infoLibre, 26-3-2018).

Excesos de la lucha antiterrorista

La lucha antiterrorista amenaza en media Europa con saltar los límites de derechos fundamentales del ciudadano, entre ellos lo relacionado con la libertad de expresión y las redes sociales. Organismos internacionales y ONG alertan sobre un fenómeno acrecentado en los últimos dos años de obsesión antiterrorista que restringe derechos en nombre de la seguridad.
El 5 de febrero de 2016 la policía española detuvo en Madrid a dos actores de una compañía de títeres acusados de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio, permanecieron cinco días encarcelados -prisión provisional sin fianza- y fueron incluidos en un fichero de presos peligrosos con el régimen penitenciario más severo. En su liberación se les retuvo el pasaporte y se les obligó a comparecencias diarias ante el juez.
La obra causante de la detención, representada en tiempos de carnaval ante un público infantil, tenía un argumento de crítica social contra los cuatro poderes que supuestamente rigen la sociedad española: la propiedad, la institución religiosa -un guiñol vestido de monja-, las fuerzas de seguridad -un muñeco con uniforme de policía- y el poder judicial -marioneta con toga de juez-. En un pasaje de la obra, representada en esperanto y latín, un guiñol portaba una pancarta –una falsa prueba fabricada por el guiñol policía- con la leyenda "Gora Alka-ETA".
El recorrido judicial del caso ha tenido dos paradas: la Audiencia Nacional dictaminó el 28 de junio de 2016 el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por el delito de enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo, aunque derivó hacia otro juzgado por si existiera otro delito de discurso de odio. Finalmente el 5 de enero de 2017 el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid archivó definitivamente el asunto.
La difusión pública de este segundo archivo ha coincidido con un informe de Amnistía Internacional en el que analiza, desde la perspectiva de los derechos humanos, las medidas antiterroristas adoptadas en 14 estados miembros de la Unión Europea. La ONG incluye este caso de los titiriteros al tratar de España.
El informe, Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa (enlace al original en inglés), revela -según sus autores- la manera en que el diluvio de leyes y reformas aprobadas a una velocidad de vértigo está minando libertades fundamentales y desmantelando salvaguardias de derechos humanos. "Una serie de nuevas leyes de amplio alcance están conduciendo a Europa a un profundo y peligroso estado de 'securización", afirma Amnistía.
“Tras una serie de atroces atentados, desde París hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias”, manifestó en su presentación John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.
En su opinión, “tomadas de una en una, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todas juntas emerge una inquietante imagen en la que poderes sin control pisotean libertades que se daban por sentadas desde hace mucho tiempo”.
El informe repasa cómo en varios países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, han aumentado el poder del Ejecutivo, han eliminado controles judiciales, han restringido la libertad de expresión y han expuesto a toda la población a una vigilancia gubernamental sin control.

Leyes de excepción y medidas similares

En varios países, según AI, las reformas constitucionales o la legislación harán que sea más fácil declarar un estado formal de excepción u otorgar poderes especiales a los servicios de seguridad e inteligencia, a menudo sin apenas supervisión judicial, o sin supervisión en absoluto.
En Francia, desde los atentados de noviembre de 2015, se ha renovado cinco veces el estado de excepción, con lo que se ha normalizado una serie de medidas intrusivas como, por ejemplo, el poder para prohibir manifestaciones y llevar a cabo registros sin orden judicial.
El informe de Amnistía Internacional asegura que se han concedido o ampliado poderes de vigilancia masiva en Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Bélgica y Países Bajos, entre otros, y al hacerlo se ha permitido la interceptación masiva y el posible acceso a los datos de millones de personas.
La Ley Antiterrorista promulgada por Polonia en 2016 permite medidas de vigilancia encubierta contra personas de ciudadanía extranjera, como por ejemplo las escuchas telefónicas, el seguimiento de las comunicaciones electrónicas y la vigilancia de las redes y dispositivos de telecomunicaciones sin supervisión judicial de ningún tipo durante tres meses.

Delitos de opinión

"En un moderno giro del orwelliano 'delito de opinión', la gente puede ahora ser procesada por actos que tienen un vínculo sumamente tenue con una conducta delictiva real", señala el informe. Al centrar cada vez más las medidas antiterroristas en la prevención, los gobiernos han invertido en iniciativas “predelictivas” y han recurrido con una frecuencia cada vez mayor a órdenes de control administrativo para restringir la libertad de circulación y otros derechos, añaden.
Para Amnistía, el miedo a ser calificado de amenaza para la seguridad o de extremista ha tenido un efecto disuasorio que ha limitado la libertad de expresión.
En 2015 los tribunales franceses dictaron 385 condenas por “apología del terrorismo”, un tercio de ellas contra menores de edad. Las definiciones de qué constituye “apología” son sumamente amplias.
En España precisamente se endureció el Código Penal en marzo de 2015 especialmente en lo relativo al terrorismo y su enaltecimiento, reforma que se produjo meses después de otra modificación de la Ley del Poder Judicial que introdujo nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar, bajo el principio de la justicia universal, crímenes de especial gravedad cometidos fuera de nuestras fronteras, cambio este segundo que ha dificultado la persecución transnacional del delito, como han reconocido fiscales y profesionales que participan en la lucha antiterrorista.

Naciones Unidas se pronuncia

El choque entre libertad de expresión y lucha antiterrorista sobrepasa con creces el ámbito de una ONG preocupada por los derechos humanos. Naciones Unidas ha señalado que la expresión pacífica de puntos de vista que son considerados extremos nunca debe ser penalizada a menos que esté asociada con la violencia, según defiende Ben Emmerson, relator especial de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Emmerson presentó en marzo de 2016 su informe anual al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en el que advierte que los gobiernos deben ser cuidadosos en su respuesta a la cuestión, ya que se trata de una zona ambigua en la que hay que diferenciar el discurso de una llamada directa a la violencia.
El experto señaló que existe ahora una nueva tendencia peligrosa de criminalizar la glorificación del terrorismo, por lo que llamó a prestar atención a la intención del interlocutor más allá de sus palabras.

Objetivo: redes sociales

Volviendo a España, la libertad de expresión es el ámbito que se ve más afectado por aparentes excesos en la aplicación de medidas antiterroristas aplicando una legislación crecientemente endurecida y curiosamente los dos asuntos más mediáticos, ambos reseñados por AI, afecta al mundo artístico, músicos y actores.
Junto con el caso de los titiriteros, y en contra de la posición final de la Justicia sobre ese asunto y de la opinión de Naciones Unidas, este enero de 2017 ha visto también cómo el Tribunal Supremo condenaba a un año de prisión al cantante del grupo Def con Dos, conocido como César Strawberry, por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas por comentarios publicados en Twitter en 2013 y 2014 sobre el rey emérito Juan Carlos y sobre Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno asesinado por ETA en la etapa final de la dictadura de Francisco Franco.
Durante 2015, según la última Memoria de la Fiscalía, se incoaron en España 60 diligencias de investigación por delitos de enaltecimiento del terrorismo, 55 de ellas vinculadas con ETA, de las que 43 fueron archivadas por falta de autor o por no ser delictivos los hechos y ocho fueron judicializadas mediante denuncia o querella, confirmando el incremento de estos procedimientos sobre todo por comentarios publicados en las redes sociales y también el alto número de absoluciones.
Se da la circunstancia de que tanto las denuncias como las sentencias relacionadas con el enaltecimiento del terrorismo se han disparado en el último lustro en comparación con los años en los que la organización terrorista ETA asesinaba en España, grupo que en octubre de 2011 anunció el cese definitivo de su actividad armada.
Desde la asociación profesional española Jueces para la Democracia, su portavoz Ignacio González ha señalado que "la legislación antiterrorista, y concretamente el pacto alcanzado en 2015, desdibuja totalmente el delito de terrorismo, que se ha de caracterizar por elementos como el aspecto organizativo y la posesión de armas o explosivos".
Escribe Amnistía Internacional: “los dos últimos años han sido testigos de un profundo cambio de paradigma en Europa, un cambio de la idea de que el papel de los gobiernos es proporcionar seguridad para que las personas puedan disfrutar de sus derechos, a la idea de que los gobiernos deben restringir los derechos de las personas para proporcionarles seguridad”.

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Artículo publicado en el marco del proyecto de investigación Seguridad Global y Derechos Fundamentales.

Sugerencias

• Desmontando el (supuesto) terrorismo (El País, 10-6-2018).
• Libertad de expresión (y convivencia) en la era del tuit (El País, 24-4-2017). Juristas, académicos y sociólogos discrepan sobre los límites de la ley para combatir el odio en las redes sin coartar el derecho de opinión
• La patología del odio, por Adela Cortina (El País, 28-3-2017). Las fobias sociales son enfermedades que se deben superar. Convertir en creencia la idea de la igual dignidad es el modo ético de superar los conflictos entre el discurso de la intolerancia y el respeto a la libertad de expresión.
• Buenistas sin fronteras, por Elvira Lindo (El País, 26-3-2017). El buenismo, para los listos que están de vuelta de todo, es la religión que practican los progres
• Twitter cierra 377.000 cuentas en seis meses por apología del terrorismo (El País.com, 21-3-2017). La red social ha incrementado un 60% la suspensión de perfiles respecto al periodo anterior
• Queda prohibido odiar, por José María Ruiz Soroa (El País, 12-3-2017). Castigar el odio es tanto como castigar estados de ánimo. Algo vedado al Derecho.
• Un tuit sobre Germanwings motiva la primera condena por catalanofobia (El País, 16-3-2017).
• Wilders y la libertad de expresión, por Flemming Rose (El País, 17-3-2017). Pide que se prohíba el Corán y quiere cerrar mezquitas. Así que, por eso, la defensa que hace el líder de la ultraderecha holandesa de la Primera Enmienda y su propuesta de implantar una ley similar en Europa suenan falsas.