Luz sobre la desinfomación, y estructura

Artículo publicado también en infoLibre.

El Boletín Oficial del Estado de 5 de noviembre ha publicado una Orden del Ministerio de la Presidencia que reproduce el llamado 'Procedimiento de actuación contra la desinformación'. Se trata de una iniciativa del Gobierno central, que decide crear desde Moncloa una serie de mecanismos relacionados con un asunto de importancia y actualidad, en concreto la elaboración de una estrategia y la constitución de una comisión permanente. Hasta aquí los hechos.

Primera buena noticia: que se conozca. Han tardado un mes desde que el Procedimiento fue aprobado, pero se ha acabado publicando, es público, conocible y opinable; existen otros ámbitos como la prevención de la radicalización violenta -o la estrategia comercial de las entidades financieras- que se mueven en la oscuridad y no es posible detectar ni actuaciones ni aciertos ni errores.

Resulta que estas páginas del BOE han provocado una pequeña tormenta, el tiempo dirá si se convierte en tsunami democrático. En primer lugar, envío desde estas líneas un saludo fraternal a los opinadores todo-terreno, he formado parte del gremio y espero volver en algún momento, abundan en el mundo de la comunicación y de la política. Según cada caso uno puede tocar con partitura, de oído o improvisar, y por el mundo del jazz y las peleas de gallos del rap descubrimos que una buena improvisación tiene mucho conocimiento y ensayo detrás. En una mañana de otoño la actualidad te puede poner sobre la mesa y pedir criterio sobre desinformación, sobre el presidente de la primera potencia mundial poniendo en duda la legalidad democrática del país que preside, la mejor manera de hacer un test de detección de un virus en un colegio, sobre 50 sistemas de recuento electoral del siglo XVIII, la enseñanza bilingüe o la herencia maldita de Paquirri. Suerte.

Como la desinformación es un ámbito difuso y confuso, encendamos la linterna, para ver, más que para que nos vean, la luz de la bicicleta puede tener esos dos funciones, diferentes.

Marco. Este Procedimiento de actuación contra la desinformación se encuadra en la progresiva construcción desde Presidencia de un sistema de seguridad nacional desde hace ya una década, que ha creado un Consejo de Seguridad Nacional, un departamento con ese nombre en Moncloa, elabora anualmente un informe de seguridad nacional (que presenta en el Parlamento el director del Gabinete del Presidente, lo hizo Moragas y lo hace ahora Redondo) tiene comisiones especializadas dedicadas a ciberseguridad, seguridad marítima, inmigración, seguridad energética, no proliferación (de armas), terrorismo y seguridad aeroespacial; ha elaborado estrategias sectoriales sobre los ámbitos anteriores; ahora se decide avanzar en desinformación en esta misma línea.

En el mismo BOE de marras del 5 de noviembre se han publicado también otras dos Órdenes de Presidencia con sendos acuerdos del Consejo de Seguridad Nacional por el que se aprueban el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021; y el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Energética Nacional; dos asuntos que no han merecido una palabra, hasta el momento.

Por tanto, primer marco de esta iniciativa: la estructura de seguridad nacional; segundo marco, la Unión Europea. Con una unidad de acción poco frecuente entre Comisión, Parlamento, Consejo, hasta el Comité de las Regiones ha aparecido en algún momento, la UE lleva cuatro años muy activa sobre desinformación, desde que las elecciones en Estados Unidos de 2016 y el referéndum del bréxit encendieron todas las alarmas sobre contenidos tóxicos circulando por canales digitales.

Fruto de ese trabajo es el europeo Plan de Acción sobre Desinformación aprobado en diciembre de 2018 (con un trabajo previo de análisis quizá tan interesante como el propio Plan), que establece mecanismos, una red de alerta rápida y pide interlocución nacional. Los instrumentos que anuncia este Procedimiento monclovita son la traducción/conexión española con el sistema europeo. Nadie ha acusado a la UE de intentar censurar.

Por tanto, aparece aquí una segunda buena noticia: se refuerza la estructura, se contempla la elaboración de una estrategia nacional sobre desinformación y la creación de una comisión permanente donde se van a sentar muchos de Presidencia, principalmente la gente del departamento de seguridad nacional; también los que en esa casa saben de Comunicación; aparece allí con voz propia el CNI; la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; representantes de Comunicación en Exteriores; presencia también de la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial; y se abre además a la participación privada y de la sociedad civil cuando interese invitarlos.

Cambio climático. El calentamiento global ha llegado también al mundo de la información, digamos que en los últimos años ha cambiado el ecosistema informativo. Siempre han existido informaciones averiadas, interesadas, intentos de confundir o ganar dinero; la novedad es la inmediatez tecnológica, la democratización de generar contenidos (coste casi cero, aunque Trump gastó en 2019 veinte millones de dólares en campañas en Facebook; quien esto escribe invirtió seis euros para conseguir mil visualizaciones de una entrada, sin ánimo de lucro, por probar), novedad es la mezcla de desinformación con populismo, novedad es la confusión entre información y entretenimiento.

Digamos que ha cambiado el escenario y por eso es bueno actuar, para comprender mejor el entorno, cambios que afectan muy profundamente a la economía de los medios de información, al mercado publicitario dominado por las plataformas digitales (dueñas de la distribución de los productos informativos, no sus productores), al volumen de contenidos casi inmanejable a los que tenemos acceso.

Tercera buena noticia: se decide que la coordinación (que no la dirección) del asunto caiga en el mundo de la Comunicación, la Secretaría de Estado del tema. Muy a menudo se acercan al mundo de la desinformación ágrafos de la información, el marco está repleto de especialistas en seguridad, en tecnología, en inteligencia... que pueden no ser capaces de entender el recorrido de una nota de prensa o la redacción de un breve. Con buena intención e interés profesional muchos se han lanzado a desinformar sin conocer los principios de informar.

Lagunas. Precisamente uno de los peligros de esta iniciativa sobre desinformación desde Moncloa es su excesiva dependencia de la Seguridad, donde surge, que se limite el objeto de estudio y actuación con ataques extranjeros a la seguridad nacional, a procesos electorales. Nada se ha probado de este terrible amenaza ni en aquel proceso vivido en Cataluña ni en las elecciones generales celebradas en España en los últimos tiempos.

Acabamos de comprobar en EEUU que la desinformación puede proceder del presidente de tu Gobierno, y no de montañas lejanas rusas o iraníes como denunció sin pruebas el mismo desinformador en jefe un par de semanas antes de las elecciones. 

La UE ha situado principalmente el tema en el Servicio Europeo de Acción Exterior (hoy bajo responsabilidad de Josep Borrell), dedica docena y media de personas y cinco millones de euros orientados prioritariamente a Rusia, en menor medida a la orilla sur del Mediterráneo y los Balcanes; y curiosamente también presta mucha atención a las plataformas digitales, ahí las instituciones comunitarias son competentes y se fuerza a las grandes multinacionales tecnológicas (Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter) a que colaboren y lo están haciendo.

El mundo militar conoce y practica desde hace siglos las operaciones de información (pensemos en militares españoles enseñando español a los cristianos libaneses; hombrecillos verdes en Ucrania), y así seguirá siendo, pero es un ámbito determinado y no el más importante. La desinformación es mucho más amplia, y procede o puede hacerlo mayoritariamente del propio territorio.

Falso también que afecte a todo el mundo por igual o que su producción sea generalizada. La inmigración (menas, ayudas, invasiones) y la igualdad (de la mujer, principalmente) concentran más de la mitad de los contenidos de las campañas de desinformación, no todas las ideologías utilizan estos temas con el mismo entusiasmo para confundir o encender pasiones.

Falta por tanto en este panorama que se está diseñando el Ministerio de Educación; falta el mundo académico, universitario, think tanks; falta formación y análisis. Como en el caso del covid, sobre desinformación tenemos algunos datos, y nos falta comprensión.

Aún está pendiente cubrir en el análisis de la desinformación dos lagunas de importancia: la atribución de las campañas de desinformación (el mundo digital puede ocultar procedencia geográfica o personal) e influencia (se ofrecen datos cuantitativos de las campañas, no su capacidad de cambiar nuestro voto).

Resulta imprescindible impulsar actuaciones de alfabetización mediática, a jóvenes y adultos, para incrementar la capacidad del ciudadano de interpretar los contenidos informativos o de entretenimiento que le llegan o encuentra. Hay ya gente trabajando, están los fact checkers (comprobadores de datos) como primera línea de respuesta, aunque su alcance es útil pero limitado; el fenómeno merece actuación a medio y largo plazo, con educación. 

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Google, el patrocinio del Gobierno central y la colaboración de los principales medios de comunicación españoles han puesto en marcha este 2019 la iniciativa (in)fórmate, un proyecto para la educación en el consumo de medios e información online, que promueve la alfabetización mediática y el fomento del pensamiento crítico en la población adolescente de 14 a 16 años que está cursando 3º y 4º de la ESO en centros educativos españoles. Un ejemplo.

La Fundación Andalucía Acoge lleva años luchando contra lo que hoy denominamos fake news / noticias falsas y con más rigor desinformación. Nada menos que en 2014 creó la llamada Agencia Stop Rumores, una estrategia de impacto comunicativo y social que tiene como objetivo luchar, de forma sostenida en el tiempo, contra los rumores que dificultan la convivencia en la diversidad, desmontando muchos estereotipos negativos en relación con la inmigración y las ayudas públicas (aquí alguna pista sobre estas iniciativas).

Resulta imprescindible la colaboración en esta labor también de los medios, probablemente los públicos y sólo de los privados que sean rentables (se pueden contar éstos con una mano), la generalidad de los privados tiene otros intereses acuciantes, los de los bancos, y han cambiado lectores a los que informar por clientes de su publicidad.

Balance final. La iniciativa que acabamos de conocer sobre desinformación por parte de Presidencia del Gobierno tiene mucho más de positivo que de negativo; y parece inútil anticipar censuras, porque no es su objetivo. La Estrategia de Seguridad Marítima puede utilizarse para hundir barcos de ONG (como hizo Francia hace un tiempo con Greenpeace) o rescatar náufragos, depende de lo que se haga con ella.

Sobre libertad de expresión, la UE actúa en este campo de la mano de las plataformas sobre la distribución física de los contenidos, prohibiendo o penalizando sistemas automatizados (bots) y con transparencia, identificando hacia el usuario campañas políticas, pero ni la UE ni el Gobierno español pueden censurar contenidos, porque es uno de los ejes de un sistema democrático como el nuestro; y además la censura es hoy un objetivo prácticamente imposible.

Siempre es positivo conocer las advertencias de las Asociaciones de la Prensa, sensibles a los potenciales ataques a la libertad de expresión, bueno además que reaccionen y dejen por unos momentos su obsesión con el seguro médico que parece su único campo de actuación.

Conclusión y síntesis: bienvenido el procedimiento sobre desinformación, atendamos a su desarrollo.

Resulta curioso que quienes más alarmaban con las fake news lo hacen también ahora sobre las medidas contra ellas. Como Trump, que denunciaba un pucherazo electoral cuando iba ganando en el escrutinio; quizá es que, como el presidente naranja, que sabía ya entonces que la cosa estaba difícil, los alarmistas alarmados saben que no había nada detrás de tanto pánico generado, que no era cosa de seguridad, sino de democracia, y eso ya interesa menos.

Nostalgia (democrática) de futuro

Fotografía de Nicolás Muller, de los años cuarenta, 

parte de una exposición inaugurada en noviembre 

de 2020 en el Instituto Cervantes de Tánger.

La actualidad nos presenta un anteproyecto de ley de memoria democrática, la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar símbolos de la II República, el permanente blanqueamiento del franquismo, ya sin frenos mentales ni sociales, el centenario de la Legión... ¿Cómo nos situamos hacia el pasado?

Somos lo que elegimos recordar, se puede decir desde un enfoque literario, pero la frase se puede aplicar también a la política: una sociedad elige unos determinados referentes pasados para tratar de ser mejor en el presente y a futuro. Así han actuado muy diversos países, media Europa recuerda y honra la resistencia al nazismo, no el colaboracionismo imprescindible de muchos para que triunfara en suelo alemán, holandés o francés; los mismos EEUU pasan de puntillas sobre el genocidio de los nativos norteamericanos o el racismo, aunque conmemoren a Martin Luther King -fiesta nacional- por unas ideas más ejemplares que las de sus asesinos; la parte del planeta que algunos identifican como Occidente sólo comienza ahora a pensar qué hacer con su pasado colonialista, el contenido de sus museos y la valoración que merece una actuación pretendidamente civilizadora que en la inmensa mayoría de las ocasiones fue ejemplo y preludio de guerras, racismo y violencia vividas más tarde en la propia Europa en la primera mitad del siglo XX.

Hay causas nobles y otras lo son menos, compatible con la frase de Camus cuando dijo en relación con la Guerra Civil que "fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa".

En relación con los acontecimientos registrados por la Historia, nada fue inevitable.

Digamos que España no estaba condenada a un golpe de Estado en 1936, a una Guerra Civil con medio millón de muertos (200.000 en la retaguardia) y 40 años de dictadura.

Digamos que Francia pudo o no sufrir un golpe de Estado en 1962 (lo sufrió, a manos de sus militares africanistas y fracasó) o Chile 1973 o Argentina 1976 o Egipto en 2013, acontecimientos -golpes de estado y dictadura posterior- ante los que uno puede mostrarse crítico, indiferente o entusiasta.

Para acercarse a estos procesos históricos siempre es útil buscar la compañía de historiadores, profesionales de las Ciencias Sociales que cuentan con la perspectiva, conocimiento y competencia profesional del oficio, y son de ayuda en este momento el reciente "Una violencia indómita. El siglo XX europeo", de Julián Casanova; o "El holocausto español", de Paul Preston.

Se trata de estudiar la historia de la violencia para comprender lo que ocurrió y evitarla, libros que arrojan luz sobre los bárbaros y quienes se resistieron a la barbarie.

En un clima de crispación política que curiosamente aparece en España en las legislaturas en las que no gobierna la derecha, se reprocha a la izquierda algún tipo de extraño complejo o pecado original en su acercamiento a la Guerra Civil, quizá por ponerse de parte de las víctimas, entre ellas la democracia.

Desde dentro del colectivo acusado se puede decir que simplemente los referentes simbólicos y los objetivos son distintos, que la supuesta voluntad revanchista, que hasta podría estar justificada, hasta ahora no ha tenido confirmación científica con pruebas de laboratorio.

Una prueba bastante clara del ánimo fundamentalmente constructivo y conciliador de los partidos hoy gobernantes se puede observar en la conmemoración este mismo año del centenario de la Legión, recordatorio exquisitamente acrítico con su historia, con su actuación durante más de la mitad de su existencia,  ligada mayoritariamente al colonialismo en Marruecos y el bando insurrecto de la Guerra Civil; relacionado con lo anterior, sigue pendiente por parte de las Fuerzas Armadas una profunda revisión de sus referentes simbólicos, en vista de los cuales no ha sido mala decisión proyectar su utilidad desde el presente hacia el futuro, aunque se titubea.

En España se podría afirmar que estamos viviendo por fascículos y tardíamente la comisión de la verdad que suele acompañar los procesos de transición desde la violencia o dictaduras a regímenes democráticos, procesos que se han vivido recientemente en países cercanos como Colombia, Marruecos o Túnez y aquí nunca se celebró en formato al uso (aquí un acercamiento al tema).

Como contraste digamos que Franco ha cabalgado a caballo en  el principal centro de formación de los militares españoles -Ejército de Tierra- hasta agosto de 2006, en la Academia General Militar de Zaragoza; todos los oficiales españoles que han pasado por el centro hasta esa fecha han convivido con naturalidad con el dictador en estatua ecuestre, con el débil argumento que el dictador fue antes director de la academia, como si pudiera celebrarse de Hitler sus años mozos o sus dotes pictóricas o literarias.

Con semejante paisaje, digamos entre paréntesis que no sorprende la reciente salida ideológica del armario de algunos generales al pasar al retiro, armario en el que guardaron su ideología extrema para ascender en el escalafón bajo gobiernos incluso socialistas. 

Más allá de gestos simbólicos, la principal iniciativa pública para honrar a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura ha sido hasta hoy la conocida como ley de Memoria Histórica, llamada realmente Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

En cumplimiento de aquella ley, que se quedó algo corta en cuanto al compromiso del Estado con las víctimas desaparecidas, desde el Ministerio de Defensa se realizaron diversas actuaciones para profundizar en el conocimiento de nuestra historia mediante la digitalización de fondos documentales,  la mejora del tratamiento de los fondos y acceso a los archivos históricos, la modernización de museos militares y la retirada de símbolos en dependencias del Ministerio y ejércitos relacionados con la Dictadura o la Guerra Civil.

En el proceso de aplicación de la ley se retiraron a lo largo de los años 2009 y 2010 un total de 410 símbolos; y se modificaron además 11 denominaciones de bases, acuartelamientos o establecimientos (Carmen Polo y Francisco Franco daban nombre a residencias militares en Madrid hace una década).

Sobre símbolos retirados, al margen de caballos y águilas, sirva recordar ejemplos anecdóticos como uno que conmemoraba en Ferrol la primera guardia que pasó insomne el dictador en tiempos de joven militar; o una placa en bronce con nada menos que las huellas de la pisada de Franco que se lucía en Ceuta emulando las de aquel astronauta Armstrong sobre la luna.

"Always Franco", escultura de Eugenio Merino.

La renovación completa del Museo del Ejército, inaugurado en julio de 2010 en su nuevo emplazamiento del Alcázar de Toledo, podría encuadrase también en las iniciativas puestas en marcha de recuperación respetuosa del pasado.

¿Qué ocurrió después de aquel impulso de finales de la primera década de siglo? Poco reseñable, más allá de declaraciones públicas y voluntad política en contra de financiar actuaciones enmarcadas en este campo de la memoria histórica o acusaciones directas a familias de desaparecidos de querer lucrarse con las subvenciones.

El hilo cronológico nos lleva entonces hasta la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019, de la que se acaba de cumplir un año sin movimiento alguno por parte de los muchos nostálgicos, que tampoco peregrinan a Mingorrubio/cementerio de El Pardo para visitarlo en su nueva morada, ni una vela calientaplatos parece haberse encendido para la ocasión. Recordemos, porque la memoria es corta, hasta la democrática, que tuvo que ser el mismo Tribunal Supremo quien avalara en sentencia la retirada de los huesos del dictador de la basílica, sentencia firme y unánime del Supremo del 30 de septiembre de 2019 que puso fin al proceso contencioso-administrativo interpuesto por la familia para intentar impedir su salida del Valle de los Caídos.

El calendario avanza y llega a enero de 2020, cuando se crea por primera vez en el seno del Ministerio de la Presidencia una Secretaría de Estado de Memoria Democrática. 

"Siendo la memoria el ejercicio de reconstrucción del pasado en el momento presente, ha de entenderse como un derecho; un derecho de la ciudadanía", se lee en una web puesta en marcha desde la Presidencia del Gobierno. "Para ello, el objetivo fundamental de toda política de memoria es crear condiciones de pedagogía social que se constituyan en garantías de no repetición".

A través de este sitio web, se podrán consultar una serie de recursos informativos, así como atender las peticiones y reparación de las víctimas y sus familiares. 

Finalmente llegamos al anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado por el consejo de ministros de 15 de septiembre.

"El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura".

La Ley adopta medidas destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.

Se determina la consideración de víctima con arreglo a los parámetros internacionales de Derechos Humanos y declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.

Además, instaura el 31 de octubre, fecha de la aprobación en Cortes de la Constitución española en 1978 como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas. Asimismo, se declara el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.

La nueva ley recogerá la elaboración un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, dando respuesta a la fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas en ese periodo. 

Sobre el derecho a la verdad de las víctimas, se asume que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad, reforzando la colaboración entre las mismas. Incluye medidas como el impulso al mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones y régimen de autorizaciones. Asimismo, se crea el Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Se incluyen actuaciones como la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la Dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales podrán adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Introduce a su vez medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial. Con el mismo objetivo se ocupa de la revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios, que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura.

Asimismo, incluye actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista.

Recoge también acciones en el plano educativo actualizándolos contenidos curriculares para ESO y Bachillerato, y en el plano de la investigación y la divulgación con el fin de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. Se contempla la constitución de una Fundación cuyo objeto será contribuir al conocimiento, difusión y promoción de la historia de la democracia en España a través de la preservación de los archivos de los presidentes del Gobierno constitucionales.

Retirada de la placa en homenaje a Largo

Caballero de su casa natal en Madrid.

Se regulan los Lugares de Memoria Democrática con una función conmemorativa y didáctica. En cuanto al Valle de los Caídos, se enfatiza su resignificación con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes. Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos tienen el carácter de cementerio civil y solo podrán albergar restos de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil. Asimismo, se procederá a reubicar cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la Dictadura. Se declarará con la ley como extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Este anteproyecto de ley se puede interpretar como la segunda parte de la Ley de Memoria Histórica de 2017 y un avance más en la profundización democrática de nuestro país, en línea con las democracias avanzadas que celebran sus amagos democráticos y condenan las dictaduras, al menos sobre suelo patrio (cosa distinta sucede con el Brasil de Bolsonaro, para quien su dictadura militar mató poco).

Junto a las iniciativas legislativas cabría mencionar actuaciones poco conocidas y de largo recorrido, como la desarrollada en los últimos años por parte de la Diputación de Ciudad Real con el Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED, bajo el nombre de "Mapas de Memoria", un espacio de investigación, creación e intervención social que busca generar conocimiento sobre el pasado reciente. Conformado por antropólogos, historiadores, investigadores y artistas, su objetivo es establecer puentes para comprender la memoria, la violencia y el trauma, así como dignificar a las personas que fueron desaparecidas o silenciadas.

Siempre conviene recordar que la ampliación o el ejercicio de derechos no afecta al no interesado, ya sea el matrimonio homosexual, la libertad de expresión o que el Estado te ayude a encontrar y enterrar al abuelo: quien no se quiera casar, opinar o no tenga abuelo en paradero desconocido nada tiene que temer.

Contra olvidadores (Benedetti), agoreros, provocadores, asustados de buena fe, contra perezosos intelectuales, la España de 2020 tiene una solidez institucional y social en nada comparable a los años treinta del siglo XX; la prueba es la civilizada no respuesta -probablemente reducida a los tribunales, y al uso del detergente para eliminar pintadas- a la inmensa provocación desde el Ayuntamiento de Madrid de retirar a martillazos de su casa natal una placa conmemorativa de Largo Caballero, muerto en el exilio, prisionero de los nazis, presidente del Gobierno, ministro de la República, por decisión del PP gobernante tras propuesta de Vox apoyada también por Ciudadanos. La misma sentencia política a muerte civil ha recibido Indalecio Prieto, fallecido en el exilio, promotor nada menos que de un acuerdo nacional en 1948 con los monárquicos para restaurar la democracia en España, secretario general del PSOE y ministro de la República.

Para quien dude sobre la decisión, 250 historiadores se han sumado hasta la fecha a una declaración de emergencia en la que sustentan los criterios no históricos de la medida.

España es sólida a pesar de sus destructores, lo que no les quita responsabilidad en el intento.

El anteproyecto de ley de Memoria Democrática saldrá adelante o no dependiendo de la lógica parlamentaria, más allá de los efectos higiénicos que algunos le adjudicamos, como a la lógica parlamentaria respondió la eliminación de la Justicia o la Sanidad universal del ordenamiento patrio con gobiernos anteriores.

En cualquier caso, siempre será muy distinto enfrentarse a una dictadura a padecerla, beneficiarse de ella o añorarla acusando de dictatorial a la democracia que la sustituyó.

No es lo mismo ampliar derechos que recortarlos.

En relación con el pasado, cada uno elige el espejo donde mirarse.

Nadie quiere hoy ganar una guerra porque la razón democrática sólo estuvo en un bando; el objetivo es ganar el presente y el futuro.

Sugerencias

• Memoria democrática, información y enlaces en la web de Presidencia del Gobierno.
• Normativa relacionada con la memoria democrática
• Centro Documental de la Memoria Histórica
• Ministerio de Justicia
• Sobre Largo Caballero, Prieto y Vox. Un informe técnico (Conversación sobre la Historia, 6.10.2020).
• Mapas de la Memoria (proyecto de la Diputación de Ciudad Real y la UNED).
• Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos.
• Declaración institucional de Pedro Sánchez con motivo de la exhumación de los restos de Francisco Franco (La Moncloa, 24 de octubre de 2019).
• Acuerdo para la ejecución de la exhumación y reinhumación de Francisco Franco (Moncloa, 11.10.2019).
• Comisiones de la verdad, versión española, por Carlos Penedo (Blog Contextos / infoLibre, 16.1.2018).