Desinformación y urnas

La desinformación representa un fenómeno de tal relevancia que sobrepasa los marcos habituales de acercamiento y análisis, excede el ámbito de la seguridad en el que normalmente se nos envuelve; es importante porque va más allá de malvados agentes extranjeros tratando de manipular nuestra mente, insistamos en que hay mucho desinformante en nuestra cercanía. La desinformación es un problema de información y de comunicación, alimento esencial para los ciudadanos en un sistema democrático.

Comenzamos este 2024 con numerosas citas electorales en medio planeta, este febrero al Parlamento gallego, en junio al Parlamento Europeo, en noviembre se celebran presidenciales en Estados Unidos, más otras geografías más lejanas, y las elecciones son un momento especialmente sensible para desinformar en general y también para desinformar sobre desinformación.

Los últimos episodios nos alertan sobre los intentos de procedencia rusa de desinformación con el proceso independentista catalán de escenario, campañas que se mezclan interesadamente con contactos entre líderes nacionalistas y responsables rusos de quinto nivel, todo bajo el paraguas de estrategias híbridas en la llamada zona gris, obviando que en todo lo relacionado con Rusia hace ya dos años al menos que hemos pasado directamente de la sutileza del gris al negro de los disparos de artillería.

Siete años han transcurrido ya desde aquellas declaraciones de independencia en Cataluña que hoy no se producen y poca luz se ha arrojado sobre una trama rusa. Habría que distinguir en este sentido entre campañas políticas/partidistas contra Pedro Sánchez, contra Putin-Rusia, y las campañas específicas de desinformación, de las que lo poco conocido no justifica un alto grado de preocupación, otra cosa es que medios de comunicación normalmente rigurosos (en España y EEUU) se hayan prestado a inflar el globo. La desinformación, en este caso y muchos otros, es instrumento vicario para dirigir el foco hacia otro asunto.

Cataluña se conecta en las últimas semanas con el Parlamento Europeo, relación nada espontánea ya sea por amnistía, fondos europeos, agricultura y lo que venga, muchos están buscando ese altavoz de la política nacional en sede comunitaria a riesgo de romper la ficción en la que vivimos de que Bruselas/Estrasburgo era un ámbito apartidista. Suele también aparecer frecuentemente un comisario griego muy interesado en la actualidad española y muy ligado al Partido Popular, ligación biográfica y laboral.

Concretando, el Parlamento Europeo aprobó este 8 de febrero de 2024 una Resolución "sobre la trama rusa: acusaciones de injerencia rusa en los procesos democráticos de la Unión Europea", con muchos ingredientes. Se trata de un pronunciamiento político, nada que ver con una investigación, no es su tarea, lleno de sugerencias, condicionales, referencias a artículos periodísticos y expresión de preocupaciones; porque eso es lo que hacen los parlamentos, representar políticamente al ciudadano, debatir, controlar a su Gobierno cercano, legislar e instar a sí mismo y a otros a hacer algo.

El contenido hispano se encuentra en un punto de esa Resolución que tiene 27, donde se señala que el Parlamento Europeo "expresa su profunda preocupación por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso; observa que, de confirmarse, la injerencia rusa en Cataluña formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión en la UE; expresa su profunda preocupación por las campañas a gran escala de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos intensos contactos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa con representantes del movimiento independentista y del Gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Cataluña -añade-; pide a las autoridades judiciales competentes que investiguen eficazmente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo supuestamente relacionados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la Unión Europea y sus Estados miembros; lamenta todos los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia; pide que los asuntos de los diputados catalanes al Parlamento Europeo en cuestión se remitan al Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados" (cursivas no en el original).

La única afirmación rotunda del párrafo son "las campañas a gran escala de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña", sin que existan ni se aporten hasta el momento pruebas conocidas de tanta rotundidad. Aunque sería discutible el volumen, en asuntos de desinformación se suele además confundir tamaño con efecto o efectividad.

En la exposición de motivos de la Resolución se acude como fuente de las sospechas a "algunas informaciones periodísticas", a "las informaciones de diversos periodistas de investigación", a una reunión de Puigdemont con un exdiplomático ruso, que un juzgado de Barcelona ha prolongado una investigación seis meses,  se incluye que "representantes de un grupo de secesionistas catalanes de España que han mantenido relaciones con personalidades cercanas al Kremlin exigen que se les conceda una amnistía por sus presuntos delitos".

La Resolución tiene otros contenidos que no han sido destacados especialmente, como las sospechas de relaciones con el Kremlin -"al servicio de intereses rusos" es la expresión- de una eurodiputada letona, se insiste mucho sobre esta eurodiputada (a propósito, ¿en qué quedó aquel escándalo bien fundado de patrocinio de Qátar y Marruecos a eurodiputados?); aparecen en la misma Resolución las relaciones de Moscú con la extrema derecha en varios países europeos.

El Parlamento Europeo "expresa su especial preocupación ante informes recientes según los cuales las autoridades rusas están proporcionando relatos específicos a partidos políticos y agentes de extrema derecha de diferentes países de la Unión, en particular Alemania y Francia", relatos y financiación, se podría añadir porque se menciona en otro lugar, y se cita también entre los supuestos beneficiarios a la extrema derecha italiana.

De gran interés es la referencia crítica con la plataforma conocida como Twitter, que ha pasado de gran colaboradora con las autoridades comunitarias a otra posición hostil tras la toma del control de la empresa por Elon Musk a finales de 2022. El Parlamento en este momento "observa con preocupación que X ha dejado de seguir el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación voluntario; manifiesta su preocupación por la propagación de la desinformación y los contenidos ilícitos en la plataforma".

Finalmente la Resolución del Parlamento Europeo "subraya el papel clave del periodismo de investigación a la hora de revelar los intentos de injerencia extranjera y actividades encubiertas; reitera su petición a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros para que garanticen una financiación suficiente y sostenible destinada al periodismo de investigación", signifique lo anterior lo que signifique.

El Parlamento Europeo ha puesto este febrero de 2024 una percha para hablar de desinformación y sea bienvenida; junto con otras como la reciente ley europea de Libertad de los Medios de Comunicación; las relaciones de diversos departamentos de la UE con las plataformas digitales; o en territorio patrio los estudios patrocinados por el Departamento de Seguridad Nacional (Presidencia del Gobierno) recientemente presentados, con un riesgo no tanto de sesgo partidista como de sesgo securitario, porque es quien financia.

Estaremos atentos en cualquier caso durante este año electoral a los temas de desinformación, las campañas detectadas (el mundo digital deja huella de todo lo que ocurre, aunque se puede difuminar la procedencia) y los colaboradores necesarios en territorio nacional, agentes políticos y medios de comunicación. Existen también campañas y no pocas hispano-españolas.

No se habrá avanzado significativamente en temas de desinformación hasta que sus impulsores políticos no tengan un castigo electoral y los colaboradores mediáticos reciban el descrédito reputacional y de audiencia. Buen año entonces este 2024 para reaccionar, porque sin condena social y ciudadana la manipulación informativa se seguirá practicando.

Artículo publicado también en La Hora Digital.

Derechos no tripulados

La transformación tanto de la percepción misma de la seguridad como de los instrumentos que los Estados emplean para garantizarla, especialmente el militar, puede tener efectos directos e indirectos sobre la vulneración de los derechos fundamentales del ciudadano, en dirección contraria a los tímidos avances registrados a comienzos de siglo como reacción a la invasión de Irak.
La grave fractura política producida tanto en la comunidad internacional como en el interior de cada país a partir de aquella llamada guerra preventiva comenzada en 2003, cuyos efectos desestabilizadores continúan en la actualidad,  se intentó contrarrestar con una mayor legalidad y legitimidad de las intervenciones militares, tendencia hoy interrumpida.
Las causas del retroceso hay que buscarlas en las modificaciones sufridas durante la última década en cinco grandes ámbitos, que se traducen en un menor control social y político sobre las intervenciones militares.
En el marco de la geopolítica se observa la fragmentación de la gobernanza mundial, la crisis de las organizaciones internacionales sustituidas por alianzas entre amigos, la crisis del multilateralismo, la vuelta de la soberanía y el proteccionismo nacional, donde la presidencia de Donald Trump es un efecto y un agente.
En segundo lugar, ciñéndonos al ámbito español, las Fuerzas Armadas nunca han participado en mayor número de operaciones en el exterior y nunca ha tenido esa presencia menor repercusión social ni menor reflejo parlamentario, el espacio de la rendición de cuentas y de las explicaciones políticas y económicas.
Otros dos factores estrictamente militares han cambiado la forma de intervenir en escenarios ajenos al territorio nacional. Por una parte, la reducción del tamaño de los contingentes en el exterior, con uso intensivo de unidades de operaciones especiales e inteligencia, y en algunos casos con la tarea de formar a ejércitos locales. Un segundo condicionante militar es la tecnificación de la guerra, la utilización masiva del arma aérea y el recurso creciente a drones y sistemas no tripulados que alejan, en distancia y responsabilidad, atacante y objetivo.
Finalmente un quinto factor a tener en cuenta sería la militarización de fenómenos hasta no hace mucho ajenos al mundo uniformado, desde la seguridad interior a la inmigración, desde la información a las redes sociales. El traspaso del ámbito civil al militar suele ir ligado a situaciones de emergencia -reales o inducidas- y una restricción de derechos fruto de la excepcionalidad que justifica a su vez los instrumentos utilizados.
La opinión pública y sus parlamentos se pueden estar alejando de la actuación de los ejércitos, tanto en conflictos armados como en las antes llamadas operaciones de paz, y esa lejanía no ampara la vulneración de derechos fundamentales -desde el derecho a la vida al de información-, pero garantiza la inmunidad de sus responsables si se produce.
Los sistemas aéreos no tripulados, popularizados como drones, no están descontrolados, se pilotan desde tierra, mientras se avanza hacia la próxima fase en la que podrían tener capacidad de decisión autónoma sin participación humana más allá de la programación del sistema. Un peligro similar al de los derechos, asistimos a un escenario donde habitan por un lado personas y por otro los derechos que iban asociados a ellas y ahora parecen desligados en aras de una seguridad que separa lo que teóricamente debía garantizar, el libre ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.

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Extracto de la ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre Seguridad Global y Derechos Fundamentales, celebrado en la Universidad de Valencia -Facultad de Derecho- los días 19 y 20 de septiembre de 2018 (publicación en imprenta).
El autor forma parte del equipo de trabajo del proyecto de investigación Seguridad Global y Derechos Fundamentales.

• Presentación en Power Point

Sugerencias

• El incierto futuro de las operaciones de paz de la ONU, por Jesús Núñez (Blog Elcano, 1.7.2019).
• Where does the world stand on killer robots? The view from recent UN meetings on autonomous weapons (Project Ploughshares, 2.4.2019).
• Ciberdefensa - Guerras sin fronteras, por Carlos Penedo (Blog Contextos / ED, 6.4.2014).

Operaciones militares al margen del Parlamento

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

Carro de combate Leopardo como los que se van a enviar a Letonia, 

en la imagen de maniobras en el campo de San Gregorio (Foto: PND).

Los asuntos de la Defensa corren el riesgo de alejarse del Parlamento, especialmente los relacionados con el despliegue de militares españoles en operaciones en el exterior, las conocidas popularmente como operaciones de paz, que ni hoy ni nunca trabajan en un escenario pacífico, de ahí el envío de fuerzas armadas.
Una de los efectos secundarios positivos de la invasión de Irak de 2003, quizá el único, fue la conciencia generalizada de que la participación española en operaciones militares fuera de la península debiera contar con legalidad, legitimidad y un alto grado de consenso político, y que este tipo de decisiones por su trascendencia pasaran por el Parlamento para que los diputados, y la opinión pública, tuviera conocimiento de objetivos, medios, tiempos, coste económico y soporte legal de cada despliegue.
Lo anterior tuvo su concreción en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005: "Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con
la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y
recabará la autorización del Congreso de los Diputados".
Por tanto, desde la entrada en vigor de la ley, cada nueva operación tendría que pasar por el Parlamento, y no está siendo así. 
En estos momentos España tiene en el exterior 2.684 militares participando en 17 operaciones. Destacan los responsables del Ministerio de Defensa que nunca antes nuestro país ha trabajado militarmente en tantos escenarios. Una interpretación parcial es que las misiones en el exterior han reducido su tamaño y se centran hoy mayoritariamente en adiestramiento de fuerzas locales y operaciones especiales, con contingentes reducidos; y se han multiplicado pequeñas misiones en el África subsahariana.
Las principales operaciones en el exterior en las que participa España son Líbano (cascos azules de Naciones Unidas, 620 militares), Irak (coalición para el caso, 507), Turquía (OTAN, 149 militares), aguas de Somalia (operación de la UE, 148 militares) y Malí (UE, 138).
Las últimas decisiones han estado relacionadas con el incremento del contingente en Irak, que fue autorizado por el Congreso en diciembre, 125 militares y 25 guardias civiles más; y con el envío de 14 observadores militares a Colombia para supervisar el proceso de paz en ese país, que no ha tenido procedimiento parlamentario (Margallo prometió hasta 400 observadores). La Guardia Civil opera desde hace años en Mauritania sin que ni Defensa ni Interior rindas cuentas en el Parlamento.
La previsión a corto plazo es un incremento no menor de militares en dos operaciones en el Báltico, en el marco del despliegue de la OTAN en las cercanías de la frontera rusa con contingentes multinacionales, con la filosofía de que en el caso improbable de un incidente afectaría a diversos países, alguno de ellos de peso, no a una pequeña república del vecindario, con lo que la internacionalización de las consecuencias estaría asegurada.
Por una parte, en mayo está previsto el despliegue de cuatro cazas españoles F-18 para vigilar el espacio aéreo de Estonia, con una duración de seis meses y un centenar de militares desplazados.
El segundo despliegue es único y peculiar: España va a desplazar por primera vez en su historia carros de combate fuera del territorio nacional y se llevan nada menos que a Letonia, seis carros Leopardo más 14 blindados de cadenas Pizarro, con 300 militares para operarlos.
Éste último es un ejemplo de operación militar de envergadura de la que ni el Congreso ni la ciudadanía van a tener noticia. La interpretación en el Ministerio es que se trata de la participación habitual de nuestro país en las actividades de la OTAN que no requieren paso por el Parlamento, lo único es que se produce en Letonia y con carros en lugar de las llanuras de Albacete o el páramo aragonés.
Otro caso similar que escapa al Congreso es buena parte de la actividad internacional de la Armada, sin entrar en los despliegues comerciales en favor de Navantia que se realizan por ejemplo en Australia, como la presencia gran parte de este 2017 en las antípodas de una de las fragatas más modernas de las Fuerzas Armadas. Al parecer el presupuesto australiano paga el gasóleo.
La Armada tiene en estos momentos 12 buques y 2.000 militares en operaciones en el exterior, el mayor despliegue naval militar de la historia reciente, que suma su presencia en el Índico, en el Mediterráneo; pero también -sin Parlamento- en las aguas fronterizas con Rusia tanto en el Báltico como en el Mar Negro (el de Crimea y Ucrania); o en el Golfo de Guinea.
En resumen, las Fuerzas Armadas participan crecientemente en operaciones en el exterior, a menudo en el marco de la OTAN, sin la recomendable autorización del Parlamento y las explicaciones a la ciudadanía. Se cumple la letra de la ley, no su espíritu.
Y se produce cuando sería más necesario que nunca el debate público sobre amenazas, medios y presupuesto destinado a la Defensa militar de España, a tenor de los compromisos más o menos teóricos que la secretaria general del PP, en funciones de ministra de Defensa, va lanzando en el Pentágono o la sede de la Alianza Atlántica y el muy probable incremento del presupuesto, crecimiento cosmético -parte de lo que pagaba Hacienda se incluirá en el presupuesto de Defensa-, pero relevante.
El riesgo del que viene alertando últimamente el expresidente Felipe González, que la gobernanza de los asuntos públicos está quedando en manos de tecnócratas por un lado y desconocedores de los asuntos por otro -"la pinza en la que vivimos entre la arrogancia tecnocrática que menosprecia a la gente y la ignorancia" de algunos responsables políticos- afecta también y directamente a la Defensa.

Sugerencias

• La primera ‘no guerra’ del presidente Trump, por Jorge Marirrodriga (El País, 28-3-2017). Declarar la guerra es una cosa muy seria. Meterse en una por la puerta de atrás es peor.
• Armada Española: un despliegue en los cinco continentes (ABC, 21-3-2017). Doce buques y 2.000 efectivos participan en misiones desde el mar del Norte a Australia, desde la Antártida a Somalia
• Los navíos de Navantia protagonistas de la SNMG1 (Defensa.com, 21-3-2017).
• La OTAN estudia nuevas misiones en África y cuenta con el protagonismo de España (Libertad Digital, 16-3-2017).
• Acuerdo del Consejo de Ministros de 23-12-2016 sobre participación de las Fuerzas Armadas en operaciones fuera del territorio nacional.
• Los militares españoles comienzan su misión en Colombia (Estrella Digital, 5-12-2016).
• Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (BOE, 18-11-2005).

Gobierno y Defensa, descontrolados

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

Imagen tomada de El Español.

Se afirma que España lleva ocho meses sin Gobierno, lo que es fundamentalmente erróneo.
Más cierto es apuntar que vivimos con un Gobierno descontrolado, que no reconoce legitimidad a los dos parlamentos salidos de las urnas tras las elecciones de diciembre y junio, su capacidad de control, su condición de foro principal del debate político en el país y, como efecto secundario, la proyección informativa de los temas que allí se tratan hacia la sociedad.
Incluso la actual presidenta del Congreso se opuso como ministra de Fomento a comparecer en el Parlamento a dar cuenta de sus asuntos. El tema está en manos del Tribunal Constitucional que parece confiar en que el paso de los días le resolverá el conflicto entre un Ejecutivo en funciones y el Parlamento.
El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy y Pedro Morenés guarda una importante sorpresa para quien les sustituya en el departamento de Defensa, sean ellos mismos, otros de su color o de distinta orientación política: el impago de alrededor de 1.000 millones de euros que se corresponden a la anualidad 2016 de los principales programas de armamento, no abonado.
La costumbre en la legislatura que arrancó en enero de 2012 ha sido la de aprobar esos pagos mediante decreto-ley (suman más de 4.000 millones), aprovechando normalmente los calores veraniegos que todo lo difuminan, fórmula administrativa reservada a decisiones de gasto imprevistas y de urgente necesidad, lo que no se cumple en este caso, con calendarios de pago firmados y aprobados que se prolongan durante dos décadas.
El decreto-ley cuenta con ventajas, como que el multimillonario importe no figura en los presupuestos iniciales del Ministerio que se aprueban en otoño; y que se reduce al mínimo la participación del Parlamento, sólo obligado a convalidar tal decisión con posterioridad.
La desconfianza de este Gobierno hacia el Congreso ha evitado incluso esa mínima participación parlamentaria, receloso probablemente con razón de la orientación del voto de la mayoría actual de la Cámara sobre el asunto.
A lo anterior se suma que el Tribunal Constitucional rechazó en sentencia del pasado mes de julio la utilización del decreto ley para aprobar créditos extraordinarios con los que financiar los programas de armamento. Doble regalo por tanto para los próximos responsables de la Defensa: el agujero económico y el lío jurídico.
En otros tiempos se hubiera escuchado además hablar del incumplimiento de contratos, del desprestigio internacional de España y/o de su marca, incumpliendo acuerdos en su mayor parte internacionales, de compensaciones a las empresas e irresponsabilidad en la gestión. Nada se ha escuchado en el debate político, nada tampoco procedente de la industria afectada, siempre tan cautelosa con quien gobierna, nunca como ahora.
Un segundo ejemplo de descontrol parlamentario en Defensa afecta a las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior.
Morenés no acude al Congreso a informar sobre estos asuntos desde diciembre de 2014, podría hacerlo mañana si quisiera o haber comparecido hace doce, nueve o seis meses; y la guinda la pone el BOE del 27 de agosto que publicó el cese (sin reemplazo) del secretario general de Política de Defensa, Alejandro Alvargonzález, responsable de esta vertiente exterior de nuestra Defensa, nombrado número tres de la estructura civil de la OTAN, un movimiento de salida de altos cargos que abona además la imagen de fin de ciclo (esto más Soria da para una próxima columna bajo el título "Porque yo lo valgo").
Nunca como hoy España ha tenido presencia militar en mayor número de escenarios en el exterior, alrededor de 2.500 militares trabajando en una quincena de destinos: Afganistán, Irak, Líbano, Índico, Mediterráneo, Turquía, República Centroafricana, Malí..., operaciones todas con autorización parlamentaria.
Que el Congreso dé luz verde y debata el envío de militares españoles al exterior fue consecuencia positiva de la invasión de Irak y tomó forma en la Ley Orgánica de Defensa de 2005, con una pretensión de legalidad y también de pedagogía política.
Lo sorprendente es que militares españoles están desplegados también en otros escenarios sin que el Parlamento haya autorizado ni escuchado una palabra. Bajo paraguas con la denominación "diplomacia de la defensa", España tiene una presencia militar creciente en el Golfo de Guinea, terrestre y naval, en Cabo Verde y otros países, de la que poco se cuenta.
Otra etiqueta, en este caso "seguridad cooperativa", nos ha llevado a Senegal, a quien al parecer ayudamos a generar y reforzar capacidades militares en sus Fuerzas Armadas, que no en otro sitio, sin autorización del Congreso.
En el mismo capítulo cabría añadir la importante presencia de la Guardia Civil (cuerpo de naturaleza militar) en países de la costa occidental africana con medios terrestres y también navales sin que sus señorías hayan recibido información alguna ni se hayan pronunciado sobre su labor, por ejemplo, en Mauritania.

"Morenés planta a la Comisión de Defensa", titulaba ABC el 17-3-2016.

Entre tanto silencio parlamentario el Gobierno va filtrando su voluntad de ampliar el contingente en Irak, lo que acercaría los militares españoles a situaciones combate; se habla desde hace meses de una probable operación militar en Libia; se traslada la voluntad española de participar en breve en la vigilancia de los acuerdos de paz en Colombia, tres ejemplos más que requerirían la autorización del Congreso.
Difícil relación del poder ejecutivo con el legislativo; en mayorías absolutas el Congreso suele ser simple correa de transmisión; en la oposición los partidos se lamen las heridas en el Parlamento; en este escenario multipartidista sin mayorías claras el Congreso debiera recuperar protagonismo.
Y siempre en cualquier caso más que carencias en la normativa pesa la voluntad política del que gobierna.
Una ciudadanía bien informada requiere de un Gobierno que dé explicaciones; y en muchos casos la sociedad rechaza decisiones políticas por la sensación muy real de haberse tomado a sus espaldas, el ciudadano se opone al contenido porque no comparte el procedimiento.
Todo lo anterior en un momento que vivimos un incremento del interés por la política, que ha alimentado el surgimiento de nuevos partidos que hoy concentran un 30% del voto.
La combinación de formas antipolíticas de desprecio al Parlamento más investiduras fallidas podrían deolver a un tercio de la sociedad a la apatía, mientras que los dos tercios restantes continúan viendo la Defensa como un asunto que no les afecta.
Los dineros de la Defensa y el despliegue exterior de los militares siguen siendo, al parecer, asuntos demasiado importantes como para compartirlos con el ciudadano.

Sugerencias

• Rajoy vulneró la ley al gobernar diez meses sin control parlamentario (El País, 23-11-2018).
• El Constitucional retrasa el recurso del Congreso contra el Gobierno (El País, 9-9-2016).
• Defensa amplía presupuesto en 1.160 millones tras la polémica de sus gastos (El Economista, 8-9-2016).
• El presupuesto de Defensa crece en más de mil millones hasta julio pese a no contar con créditos extraordinarios (El BOE nuestro de cada día, 7-9-2016).
• Sentencia 126/2016, de 7 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 6524-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural; y Unión, Progreso y Democracia, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Límites a los decretos-leyes: ausencia del presupuesto habilitante necesario para la concesión urgente de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa (BOE, 10-8-2016).
• El Constitucional anula decretos leyes multimillonarios para armamento (El País, 14-7-2016).

Nanas desde el eje del mal

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

Los conflictos bélicos marcan la biografía personal. Las Malvinas en los ochenta, Corea se llaman informalmente algunos barrios, la guerra civil española, que aún ocupa el callejero que rodea al Ministerio de Defensa (nombres del bando golpista), la invasión de Irak... Esta última sacó a la calle en manifestación un millón de personas en Madrid en febrero de 2003, volumen de gente no superado desde entonces en una protesta política pese a la generosidad del recuento de los organizadores de las concentraciones que después se han producido.
Para el discurso sobre el estado de la nación de 2002, el equipo del presidente de EEUU inventó la expresión "eje del mal": el eje recordaba a la Segunda Guerra Mundial, el mal era lo suficientemente difuso para despertar rechazo irracional y amparar todo tipo de desmanes, los componentes eran Irak, Corea del Norte e Irán.
Los tríos funcionan, desde la Santísima Trinidad, los Tres Sudamericanos, hasta los Bee Gees.
El resultado fue la invasión de Irak, que generó otro trío, el de las Azores, con Barroso de anfitrión que no fue reconocido ya que la expresión "cuarteto de las Azores" tiene menos fuerza, aunque el político portugués fue recompensado con la presidencia de la Comisión Europea y ahora con el fichaje de Goldman Sachs por cinco millones de euros al año.
Finalmente el balance de la invasión y ocupación de Irak es hasta el momento de 251.000 muertos documentados, según contabiliza el Iraq Body Count; ha sido placenta y alimento para el yihadismo, destrucción del país durante generaciones y algún negocio no pequeño para los participantes.
"El 20 de marzo de 2003 una coalición internacional liderada por Estados Unidos y Reino Unido invadió Irak con el objetivo de recuperar la libertad de los iraquíes mediante el derrocamiento del régimen de Sadam Husein, acusado de apoyar a la organización terrorista Al Qaeda, responsable de los atentados del 11-S. Otro de los objetivos de la invasión fue encontrar el armamento de destrucción masiva que pudiera poseer el régimen", dice aun hoy el Ministerio de Defensa español en su página web sin explicar nada.
Del peor de los desastres es importante aprender algo y algunos países lo intentan.
En los últimos días se han conocido las conclusiones de dos procedimientos puestos en marcha por países vecinos, amigos, socios y aliados para intentar extraer mejoras institucionales de asuntos como el terrorismo o la guerra.
El Parlamento francés ha desarrollado durante seis meses una comisión de estudio y análisis como consecuencia de los atentados terroristas de París en noviembre de 2015: 200 horas de audiencias, 300 páginas, mil anexos, ocho meses de trabajo y una cuarentena de propuestas. El trabajo finaliza con una serie de recomendaciones con la intención de superar los fallos en los servicios de socorro, la descoordinación de las tres fuerzas policiales de intervención antiterrorista que por allí aparecieron, que todos los terroristas estuvieses fichados, controlados y escuchados.
La comisión de investigación parlamentaria francesa sugiere también la creación de una única agencia de inteligencia a partir de las varias hoy existentes.
Por otra parte, se acaban de conocer las conclusiones de la comisión de investigación promovida por el Gobierno británico para analizar la participación del Reino Unido en la invasión de Irak.
El informe Chilcot, oficialmente, Iraq Inquiry, es el resultado de una comisión de investigación independiente creada en junio de 2009 por el entonces primer ministro británico Gordon Brown.
En este documento se afirma que Saddam Husein no suponía una amenaza urgente a los intereses británicos, que la inteligencia respecto a las armas de destrucción masiva fue presentada con demasiada certidumbre, que no se habían agotado las alternativas pacíficas a la guerra, que el Reino Unido y Estados Unidos habían socavado la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el proceso para la identificación de la base jurídica era "lejos de ser satisfactoria", y que la guerra en marzo de 2003 fue innecesaria.
Al hilo del seguidismo de Blair y Aznar tras las aventuras imperiales de Bush, el informe afirma que "la influencia no debería establecerse como un objetivo en sí mismo. El ejercicio de la influencia es un medio para un fin".
Los números de esta investigación son ocho años de trabajo, el esfuerzo ha costado diez millones de libras (explicada en detalle cada partida en la página web), la información ocupa 12 volúmenes, se han consultado 150.000 documentos, se ha entrevistado a militares, civiles, familias de víctimas, se ha radiografiado la política exterior y de defensa británica desde entonces y las decisiones tomadas.
Inspirado en lo anterior, el Parlamento portugués ha aprobado abrir una comisión de investigación sobre la implicación del país en la guerra de Irak, por donde deberá comparecer el nuevo empleado de Goldman Sachs.
"Viviré con la decisión de ir a la guerra y sus catastróficas consecuencias el resto de mi vida", ha declarado quien en aquel momento era viceprimer ministro del Reino Unido, John Prescott, explicando su postura en un artículo publicado en la prensa británica, reconociendo que aquella guerra fue ilegal. En aquellas mismas fechas de 2003 el vicepresidente en España se llamaba Mariano Rajoy, que preguntado hoy por el contenido del informe Chilcot ha declarado que no lo había leído.
Sería bueno que el sistema institucional español avanzara para hacer posible iniciativas como estas comisiones francesa y británica, y en cualquier caso hasta que eso ocurra tampoco estaría mal aprovechar los instrumentos existentes, que no se utilizan por falta de voluntad política.
Hace 19 meses que el Gobierno de Mariano Rajoy y Pedro Morenés no informa al Parlamento de las operaciones en el exterior de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de la vigente Ley orgánica de la defensa nacional. Parece un lujo pedir además explicaciones por los militares desplegados (incluida la Guardia Civil), cada vez en mayor número, sin autorización del Congreso.
Volviendo a Irak, no se trata de dudas sobre la interpretación de vagos informes de inteligencia; ni de pedir perdón o mostrar arrepentimiento, sino de ver si el sistema político ha fallado y si al amparo de la legalidad internacional existiría una responsabilidad penal de quienes intervinieron en aquella invasión y ocupación.
El mal y el perdón y la Biblia y el Corán son mala guía para las relaciones internacionales y la responsabilidad política. En sentido contrario, la UE acaba de elaborar una estrategia de seguridad que habla de extender un mundo regido por normas, las que se saltaron en 2003.
La respuesta política más poderosa a la invasión de Irak ha sido musical, "Nanas desde el eje del mal". De ese trío de países donde se decía que vivía el demonio (también de Siria, Libia, Palestina, Cuba y Afganistán), a un noruego se le ocurrió producir una recopilación de canciones infantiles que las madres que han tenido la semilla del diablo en su vientre cantan a bebés con los tres seises en la cabeza.
¿Cuántos bebés, cuántas madres y padres ha costado las relaciones internacionales no basadas en normas?
¿Cuántas nanas no se han cantado por los 251.000 muertos documentados en Irak desde la invasión?

Sugerencias

• Lullabies From The Axis Of Evil.
• Iraq body count.
• The Iraq Inquiry.
• Commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme (Asamble Nacional francesa, 5-7-2016).
• Autopsia o venganza, por Víctor Lapuente (El País, 12-7-2016).
• El ex viceprimer ministro británico Prescott reconoce que la invasión de Irak fue ilegal (infoLibre, 10-7-2016).
• La impunidad del hombre blanco, por Lluis Bassets (El País, 10-7-2016).

Medallas de un Gobierno descontrolado

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

Imagen del consejo de ministros del 11-11-2015. 

Foto: Pool Moncloa / Diego Crespo.

En el mundo genial del consejo de ministros, con sus bandejitas y jarras de agua individuales de alpaca y cuadros de Miró, un ordenador extraplano ha sustituido al tradicional ejemplar de la Constitución -o del Código Penal- que tenían delante. El marco ha mejorado, aunque la alpaca y Miró no combinan bien. En ese mundo feliz se sientan ya cinco ministros que han despreciado al Parlamento, no han acudido a la convocatoria formal del Congreso para comparecer e informar a los diputados y al país de algunos de sus asuntos. Los ausentes han sido Pedro Morenés, ministro de Defensa; Ana Pastor, ministra de Fomento; Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior; José Manuel Soria, ministro de Industria; e Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura.
Lo anterior era por citaciones concretas, lo último es que la sesión semanal de preguntas al Gobierno se ha celebrado sin ministros. El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, y la subsecretaria, Irene Domínguez-Alcahud, han plantado también a sus señorías, dos cargos que en teoría no están en funciones. El Congreso ha llevado al Gobierno por estos motivos al Tribunal Constitucional.
Nota al pie: pongo nombre, apellidos y cargos en detalle para facilitar el trabajo a los futuros autores de la publicación "La defensa y seguridad en la prensa española 2010-2030"; también para que los mencionados se encuentren, a través de su gente de prensa y la inestimable ayuda de las alertas de Google. Fin de la nota.
Que la decisión de abtenerse sea colectiva, colegiada, con el aval de algún informe de los abogados del Estado que aún quedan sirviendo al Estado, no lo justifica. Esto de que un Gobierno acuda al Parlamento a explicar alguna cosilla es una muestra de calidad democrática, y un ataque a la inteligencia y al ciudadano no hacerlo.

El CIS se ha saltado este enero la pregunta sobre la valoración de los ministros

Por tanto, Gobierno sin control, descontrolado; o irresponsable, que no impide que siga tomando decisiones. Buen momento para detenerse tres minutos sobre cómo valoran los españoles a sus ministros, algo que el Centro de Investigaciones Sociológicas pregunta trimestralmente en su Barómetro. Tocaba hacerlo en enero, pero el CIS se ha olvidado de preguntar a los ciudadanos por los ministros. No ha ocurrido en tres décadas, probablemente justificado por la situación inédita de la larga interinidad del Gobierno tras las elecciones, pero en cualquier caso a los sociólogos y a los estadísticos les gustan las series largas y homogéneas de datos, que en este caso se han roto. Para irnos acercando al actual consejo de ministros es recomendable acudir a una curiosa publicación del propio CIS que analizaba este asunto -La percepción de los ministros del Gobierno de España 1984-2009-, dos décadas y media de las que saca algunas conclusiones.
Por una parte, que sexo y edad no influyen en la valoración de los ministros, con lo que los investigadores archivan un prejuicio del que partían. Por otra, en ese periodo estaban unidos popularidad del ministro y valoración, hoy no. La opinión ciudadana sobre cada ministro puede verse influida por la del Gobierno entero, de su presidente, de la actuación sectorial y de la propia cartera, que tiene vida propia. En este sentido, los ministros tradicionalmente mejor valorados,independientemente del inquilino, eran Interior, Economía, Exteriores y Defensa. Hasta ahora.

Cristóbal Montoro supera a Leire Pajín en desafección ciudadana

Ya en nuestros días, el Gabinete Rajoy, según el Barómetro del CIS del pasado mes de octubre, es individualmente valorado por debajo del último Gobierno de Zapatero hace cuatro años.De los últimos resultados no sorprende en exceso que más de un 60% de los españoles no sepa decir el nombre de los actuales ministros de Agricultura, Justicia y Educación, pues García Tejerina, Catalá y Méndez de Vigo se han incorporado a mitad de legislatura en sustitución de Arias Cañete, Ruiz Gallardón y Wert. Sí resulta más sorprendente que tras cuatro años de ejercer el cargo el 54% de los encuestados no es capaz de identificar al ministro de Defensa, Pedro Morenés, no lo conocen.
En cuanto a la valoración, del actual Gobierno en funciones la mejor nota es para la vicepresidenta, Sáenz de Santa María, con un modesto 3,60, seguida de García Margallo (Exteriores, 3,52) y empate entre Alfonso Alonso (Sanidad) y Ana Pastor (Fomento, 3,21).
La peor valoración corresponde al ministro más conocido tras la vicepresidenta, Cristóbal Montoro (Hacienda, 2,28, incluso medio punto por debajo de Leire Pajín -Sanidad- en 2011), seguido en los puestos de cola por Méndez de Vigo (Educación), el renunciado Soria (Industria) y Pedro Morenés (Defensa, 2,64). En el último Gobierno de ZP el miembro más valorado era precisamente la titular de Defensa, Carme Chacón,con un 4,40, que comparando con su sucesor parece hasta una notaza. Con alguna perspectiva se podría hablar en el periodo 2012-2016 de un Gobierno presidencialista con un presidente que no ejerce un papel presidencial, tres cuartas partes de la legislatura en una pantalla de plasma, un año en medios y desde las elecciones esperando a que se estrelle el rival.

Los ministros de Rajoy reciben una valoración menor que los del último Gobierno de Zapatero

Reconozcamos no obstante que el puesto de trabajo de ministro tiene ciertos riesgos. En las reuniones de los viernes en Moncloa, entre carteras, escoltas, móviles, alpaca y mirós, da la sensación de que el presidente de turno coloca una silla menos que el número de convocados, que siempre sobra alguien, y le ha tocado ahora a José Manuel Soria, ministro de Industrias propias, Energía no renovable, Turismos a bajo coste, Almacenes nucleares, Innovación temblando, que ha perdido el puesto no por mala gestión o mentir sobre empresas propias en paraísos fiscales, algo que al parecer hace la mayor parte de la élite económica del país, sino porque no estuvo rápido en sentarse cuando paró la música hace cuatro meses.

Sugerencias

• La percepción de los ministros del Gobierno de España (1984-2009), CIS, 2010.
• Elecciones 20D - Escrutinio.
• Gobierno electoral y programas de armamento (Contextos, 18-12-2015).

Su señoría antisistema

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

En el Parlamento de Cataluña se sientan hoy casi tantos diputados anticapitalistas (CUP, diez escaños) como del principal partido conservador español (PP, once), ambos con algo más de un 8% de los votos.

Es cierta la dificultad de exportar a nivel nacional los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña del 27 de septiembre, con peculiaridades permanentes y también coyunturales por el carácter frentista de esta convocatoria.

En los frentes populares y de liberación se unen extraños compañeros de cama que acaban siempre en divorcio violento. Como ejemplo, contra el shah de Persia trabajaron muchos y al final se impusieron los barbudos.

Lo relevante del 27S es un fenómeno que también se va a producir tras las próximas elecciones generales, el crecimiento de la presencia en el sistema político convencional de formaciones que tradicionalmente han defendido sus posiciones desde fuera; o desde ningún sitio.

La indignación social que aflora con la crisis deriva en un primer momento en una sentada en la Puerta del Sol. Ahora y en breve han decidido, en lugar de rodear el Congreso, ocuparlo. La ventaja de la primera opción es que la podían disolver los antidisturbios; en la segunda habrá que afinar el discurso político.

Desde diversos ámbitos se observa con inquietud, con mucha inquietud, el resultado de las próximas elecciones generales, a pesar incluso de que hasta el momento el terror bolivariano no se ha extendido por las calles de Madrid, Barcelona o La Coruña.

Pero más allá de preocupaciones corporativas, que suelen ser las más profundas y las que provocan reacciones más fuertes, en el próximo Congreso ningún partido obtendrá mayoría absoluta, el Gobierno saldrá con el apoyo de al menos dos formaciones políticas y voces alternativas se harán oír con más fuerza en el debate político nacional.

El próximo Parlamento será previsiblemente más plural y por tanto será más complicado utilizar la razón de Estado (Defensa, seguridad), el azar o las prisas (temas que se aceleran al final de legislatura) para no explicar decisiones relevantes en política exterior e interior.

Hay perspectivas también de que en la próxima legislatura se afronte una reforma constitucional, si el Partido Popular acaba viendo que tiene algo más que ganar con una actualización institucional que en el inmovilismo actual.

Por tanto, los inquietos o directamente asustados por el porvenir harían bien en trabajarse los argumentos. Les hará falta para convencer a los nuevos diputados y electores que han decidido implicarse en la gobernación de la cosa pública.

Dos consecuencias tendría que el Estado no modernice su organización y comportamiento: que quienes defienden hoy la reforma aboguen mañana por la ruptura; y que el despertar político de muchos ciudadanos con la crisis se convierta en decepción y abstención, con la consiguiente pérdida de legitimidad del sistema, abandonado de nuevo por una parte considerable de la población.

Sugerencias

• Literatura, por Juan José Millas (El País, 23-10-2015).
• Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015 - Resultados.
• Felipe VI, ¿un año perdido? (Contextos / Estrella Digital, 28-6-2015).
• Cuando despertaron, los catalanes, Hezbolá y los Hermanos Musulmanes aún estaban allí (Contextos, 6-8-2013).

El Estado palestino consigue consenso en el Congreso

El PP finalmente da su brazo a torcer e insta al Gobierno a que reconozca a Palestina como Estado. La última palabra será del Ejecutivo de Rajoy, que no tiene ni obligación ni un plazo concreto para cumplir con esta resolución. Los parlamentarios británicos e irlandeses ya han aprobado textos similares

Elsa S. Vejo / C. Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

El Congreso de los Diputados aprueba casi unánimemente (322 emitidos, 319 síes, una abstención y dos noes) la proposición no de ley propuesta por el Partido Socialista en favor del reconocimiento del Estado palestino. Se suma así a la ola europea que desde hace unas semanas lleva alertando sobre la importancia del reconocimiento de ambos estados para dar solución al eterno conflicto palestino-israelí. El Gobierno de Suecia,  la Cámara de los Comunes del Reino Unido y el Senado de Irlanda ya se han pronunciado a este respecto, y el parlamento francés lo hará el próximo 28 de noviembre. No es una proposición vinculante -el Gobierno de Rajoy no tiene ninguna obligación de cumplirla-; y además no lleva aparejada una fecha concreta, por lo que el Ejecutivo tiene tiempo aún de madurar la idea. Pero sí que es una declaración de intenciones muy importante que aumenta aún más la presión sobre el Estado de Israel.
La posición del Partido Popular en esta ocasión no ha sido fácil. Su estrecha relación con Israel –sobre todo a partir de los atentados del 11S, cuando José María Aznar decidió alejarse de la posición más pro-árabe que España había mantenido hasta el momento-, y su convencimiento de que las relaciones con el estado sionista, y por consiguiente con EEUU, hay que cuidarlas; le impiden ser más contundente. Pero en esta ocasión no ha querido quedarse atrás de países también de mayoría conservadora, como es el caso de Reino Unido, y ha dado un paso al frente y también ha votado a favor de esta proposición no de ley.
El Parlamento nacional, con el apoyo y beneplácito del Partido Popular, insta al Gobierno de España “a reconocer a Palestina como Estado; sujeto de Derecho Internacional, reafirmando la convicción de que la única solución posible para el conflicto es la coexistencia de dos Estado, Israel y Palestina”. Y así lo reconoce el texto transaccional que este martes ha sido firmado por todos los grupos parlamentarios.  En un principio, los ‘populares’ habían insistido en que no se instara directamente al Gobierno, sino que se “impulsara” el reconocimiento del Estado Palestino. Pero en este punto, el PP finalmente ha cedido.

Críticas al texto

El resto del texto acordado, aunque “insuficiente” para algunos de los grupos como el Mixto o la Izquierda Plural, se ha mantenido como el PP y PSOE habían establecido después de unas duras negociaciones, y más suavizado que en su origen. Es decir, este reconocimiento “debe ser consecuencia de un proceso de negociación entre las partes que garantice la paz y la seguridad para ambas, el respeto a los derechos de los ciudadanos y la estabilidad regional”; y además debe de promoverse de manera “coordinada en el seno de la Unión Europea”, teniendo en cuenta “las legítimas preocupaciones, intereses y aspiraciones del Estado de Israel”. Una aportación de última hora, que el PP ha impuesto tras conocerse los atentados que este martes se registraron en Jerusalén contra una sinagoga y que le ha costado la vida a seis personas.
Tanto para el Grupo Mixto, como para la Izquierda Plural, hubiera sido importante establecer una fecha concreta. Pero ellos también han optado por ceder. La aprobación de esta declaración ya supone un éxito indiscutible. Y pone de manifiesto que la paciencia de la comunidad internacional se está agotando. La muestra evidente es que a finales de 2011 Palestina ya fue admitida como Estado miembro en la Unesco y un año después la Asamblea General de la ONU –con el voto favorable de España- le concedió la condición de Estado observador.
Ya ha quedado más que demostrado que los acuerdos de Oslo, firmados entre el Gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), para ofrecer una solución permanente en el conflicto palestino-israelí en 1993 han sido un auténtico fracaso. Veintiún años después, Israel continúa con su política de asentamientos ilegal y este avance está acabando con las pocas posibilidades que aún le quedan a Palestina para constituirse como Estado y poner fin a este conflicto. Por este motivo, desde hace varias semanas, algunos países de la Unión Europea llevan inmersos en la lucha de reconocer a Palestina como Estado.
Algunos de manera unilateral, como ya hizo el pasado 30 de octubre Suecia. Y habían hecho otros países europeos antes de ingresar en la Unión, como Hungría, Polonia y Eslovaquia. Y otros como el Reino Unido, Irlanda o ya España a través de mociones no vinculantes emanadas de los parlamentos nacionales a través de las cuales se insta a los Gobiernos a reconocer el Estado de Palestina.

España reclama la actuación de la UE

La posición del Gobierno de España parece clara: que la Unión Europea actúe de forma conjunta a la hora de decidir el reconocimiento de Palestina como Estado. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, presente este martes en el pleno en el que se discutía esta resolución, se ha congratulado de la misma y se ha comprometido a aplicar la declaración con "prudencia y justicia". No ha querido hablar de tiempos, pero lo cierto es que Margallo lleva días alertando de que el “tiempo de agota”. La Unión Europea, por su parte, aseguró este lunes que la decisión le corresponde a cada Estado, pero que está dispuesta a tomar un papel de facilitador: es el primer socio comercial de Israel y el primer donante de ayuda a Palestina. Por lo que España deberá concretar más su posición.
Una posición nada sencilla. En el Gobierno de Mariano Rajoy existen dos sensibilidades a este respecto. Desde hace meses, existe un importante pulso entre el Ejecutivo y el Ministerio de Asuntos Exteriores. El primero -encabezado por el jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas- más partidario de una posición menos cómplice con Palestina, por temor a que las relaciones con Israel, y especialmente con EEUU, se enfríen. Y el segundo mucho más empeñado en considerar las relaciones con el mundo árabe claves en nuestra posición internacional.
Un pulso que se hizo patente cuando hubo que decidir si España apoyaba o no el ingreso de Palestina como estado observador en Naciones Unidas. Y que se ha vuelto a hacer patente esta semana, cuando ha llegado el momento de discutir un punto especialmente sensible en lo que respecta a nuestras relaciones con Israel. El tercer punto del texto original decía lo siguiente: “Si esa negociación se revela imposible o se demora indefinidamente, reconocer a Palestina será la manera de avanzar la causa de la paz en un proceso igualmente concertado con nuestros socios de la Unión Europea, que tenga plenamente en cuenta las legítimas preocupaciones, intereses y aspiraciones del Estado de Israel”. Y finalmente Moncloa decidió suprimir la primera parte, por considerarla un amenaza directa a Israel, ya que perdía el derecho a vetar el reconocimiento del Estado palestino. El Gobierno de Rajoy, con Moragas otra vez a la cabeza, ha optado por dejar claro que la posición de España es que este reconocimiento “debe ser consecuencia de un proceso de negociación entre las partes".
Sea como fuere, la decisión adoptada por el Congreso de los Diputados supone una buena noticia para el mundo árabe. Este martes, el embajador palestino y varios embajadores árabes también han querido estar presentes en el Pleno, donde han aplaudido con efusividad la declaración aprobada. Un ambiente de fiesta parlamentaria, que no ha impedido que todos los grupos parlamentarios hayan condenado también de forma unánime el atentado que este lunes ha dejado seis muertos en una sinagoga de Jerusalén y que sin duda ha empañado la discusión que este martes ha tenido lugar en el Parlamento.

Sugerencias

• Palestina agradece "el gesto solidario" del Congreso (Estrella Digital, 19-11-2014).
• Palestina: reconocimiento sueco, tensión en Jerusalén (Estrella Digital, 31-10-2014).
• La izquierda israelí pide a España que reconozca Palestina (Estrella Digital, 26-10-2014).

Tropas a Irak: el Congreso autoriza sin debate

Una década después de la invasión del país, el Gobierno consigue sin dar muchas explicaciones el permiso del Congreso casi por unanimidad para enviar 300 militares españoles a Irak 

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Militares españoles en Irak en 2003 (Foto: Ministerio de Defensa).

Una intervención de un cuarto de hora escaso ha bastado al ministro de Defensa para conseguir la autorización del Congreso al envío de tropas a Irak: 313 votos a favor, 11 en contra y 14 abstenciones (las dos últimas de Izquierda Plural y Grupo Mixto).
Pedro Morenés no ha aportado apenas detalles a la nota del Consejo de Ministros que aprobó la decisión el pasado 10 de octubre, en la que además respondió a algunas preguntas en la comparecencia de prensa posterior. La Ley de Defensa de 2005 obliga al Gobierno a cumplir el trámite de pasar por el Parlamento.
España enviará un contingente de 300 militares en el marco de la coalición internacional de lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico en la que participan 22 países aportando capacidades a distinto nivel.
El contingente español se repartirá entre una veintena de oficiales en los cuarteles generales en lugar aún por definir, una unidad de operaciones especiales con 96 militares para adiestramiento del ejército iraquí, otros 95 instruirán por su parte contra artefactos explosivos improvisados y desminado, campos donde España tiene experiencia; más otros 80 dedicados a mando y control, inteligencia y protección de los anteriores.
La información adicional aportada por el ministro es que el envío se producirá hacia finales de año o principios de 2015 y que se instalarán en suelo iraquí (“desarrollarán su labor en y para Irak”), porque existían dudas sobre su localización por la violencia diaria que vive el país. Se presupone que se ubicarán al sur, teniendo en cuenta que el norte de Irak está parcialmente ocupado por el Estado Islámico y los coches bomba castigan la misma capital Bagdad, con más de 200 muertos en una semana.
Morenés ha indicado también que se calcula un coste de 35 millones de euros para los primeros seis meses, con el despliegue incluido.
El ministro de Defensa no ha contestado a ninguna de las dudas y cuestiones planteadas por los grupos de la oposición, se ha limitado a coger el micrófono al final desde su escaño durante 20 segundos, en los que ha señalado que “no puedo informar de lo que desconozco”, lo que indica que la operación aún tiene muchos flecos por cerrar. Ante la ausencia de réplicas, lo sucedido este miércoles en el Congreso no se puede calificar de debate, sino una sucesión de intervenciones.
Todos los diputados que han tomado la palabra, excepto la portavoz del Grupo Popular, han hecho referencia a la invasión de Irak en 2003 como una de las causas principales del actual caos iraquí.
Aunque hace dos viernes Morenés señalaba que no tenía temor a la comparación de este envío de tropas con el del Gobierno Aznar (“ninguno”, dijo), sí ha mostrado interés especial en destacar la legitimidad del actual envío de tropas: la petición expresa del Gobierno iraquí a Naciones Unidas con dos cartas, las resoluciones 2169 (de julio) y 2170 (de agosto) del Consejo de Seguridad, la segunda enmarcada en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, que contempla el uso de la fuerza; más una resolución del Parlamento Europeo del 18 de septiembre.
El ministro ha hecho alusión a que Irak es un país que no conoce la estabilidad desde 2003 y que se retiró el apoyo militar internacional demasiado pronto, en referencia no clara a la retirada de Estados Unidos a finales de 2011 o a la española en 2004.
En relación con el grupo terrorista Estado Islámico, Morenés si ha concretado la peligrosidad, hablando de genocidio y una cuádruple amenaza: la desestabilización de todo Oriente Próximo y Medio, la principal reserva energética del planeta; la posible expansión por todo el Mediterráneo y África; el peligro de ciudadanos occidentales combatientes que regresen a su país de origen a cometer atentados; y la amenaza directa sobre España y el sistema de derechos y libertades que disfrutamos.
Ha indicado también la extensión de esta nueva amenaza autodenominada Estado Islámico, que según su interpretación ambiciona conquistar desde Islamabad (Pakistán) a Dakar (Senegal), y desde Estocolmo (Suecia) a Bangui (República Centroafricana), con lo que el ministro ha dibujado un área que abarca tres continentes y 81 millones de kilómetros cuadrados (el equivalente a 160 veces España).
Las dudas no aclaradas por el Gobierno han girado en torno al uso de las bases de Morón y Rota por Estados Unidos, la estrategia a largo plazo en Irak de la coalición internacional, militar y política; se ha pedido un mayor compromiso español en ayuda humanitaria; se ha preguntado sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas en esta época de recortes presupuestarios.
El portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, ha mostrado el apoyo de su grupo al despliegue, siempre que no realicen acciones de combate, descartadas por el ministro. El diputado ha insistido en la necesidad de evitar la identificación de este terrorismo con 1.600 millones de musulmanes; y ha reclamado a la coalición una estrategia política que ayude a medio plazo a resolver el conflicto. López Garrido ha mencionado a Rusia e Irán como dos países que habría incorporar a la alianza contra el grupo terrorista.

Encuentro entre Pedro Morenés y Chuck Hagel en el
Pentágono el 18 de octubre (Foto: Ministerio de Defensa).

El portavoz ha pedido al ministro el compromiso de acudir al Parlamento regularmente para informar sobre el desarrollo de la misión y ha solicitado también información sobre los acuerdos alcanzados por Estados Unidos para incrementar la utilización de las bases de Morón y Rota para esta operación y también en la lucha contra el ébola, cuestiones todas que han quedado sin respuesta.
El ministro realizó la semana pasada una gira por Estados Unidos que le llevó al cuartel general de la coalición en Tampa (Florida) y permitió una entrevista con el secretario de Defensa norteamericano.
En la nota del Pentágono que hacía referencia a la reunión entre los dos ministros, el secretario Hagel agradecía a Morenés “la hospitalidad continuada (de España) al acoger a las fuerzas armadas de Estados Unidos y a sus familias en Morón y Rota”, se valoraba también el apoyo español en sus esfuerzos contra el ébola en el oeste de África, que implícitamente hace referencia también a un mayor uso de las bases. Finalmente, el departamento de Defensa de EE.UU. agradecía, sin detalles, la intención de España de participar en la coalición contra el ISIL, como se refieren los anglosajones y casi siempre el ministro al grupo Estado Islámico.
Con ésta de Irak, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha aprobado, y el Congreso autorizado, cinco misiones. En la actualidad España tiene 1.816 militares en el exterior, principalmente en Líbano, Afganistán, Somalia, Malí (con un destacamento aéreo de apoyo en Senegal) y República Centroafricana (con otro destacamento aéreo en Gabón).
En la sesión parlamentaria de este miércoles ha estado presente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, hablando casi constantemente por teléfono y de charla intermitente con el director del Gabinete del Presidente, Jorge Moragas.
García Margallo es de los pocos que se ha quedado en el hemiciclo tras finalizar el debate previo, dedicado a los Presupuestos Generales del Estado de 2015, con todos los escaños y el Gobierno al completo que en cuestión de minutos se ha vaciado hasta el 20% del aforo, y al final han regresado todos de nuevo para votar. Las conversaciones, rumores, subidas y bajadas de los diputados hacían difícil en ocasiones escuchar al que tenía la palabra, que parecía dirigirse al Diario de Sesiones más que a los escasos y dispersos presentes en la sala.
Las últimas intervenciones del debate de presupuestos hablaban de levantar a un país de sus cenizas, tarea realmente difícil, en opinión del portavoz del Grupo Popular, diputado Gallego. El ministro Montoro cerró su intervención haciendo referencia a “la salida de esta crisis económica que estamos superando, tras años de una durísima travesía del desierto”, y presumía de ser “hoy líderes en el crecimiento económico y la creación de empleo” a nivel internacional. Se referían a España.

Sugerencias

• España vuelve a Irak (Estrella Digital, 12-10-2014).
• Regreso a Irak, firmado por GEES (Libertad Digital, 22-10-2014).

La España que no existe

• Mayoría política y ciudadana a favor de la reforma de la Constitución
• Gobierno y PP se encastillan en la letra de la Carta Magna
• Estructura territorial y Estado del bienestar, principales carencias del texto de 1978

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado: "lo que está en la Constitución está en la Constitución y lo que no está no existe en la vida política y social de España". Traducción: lo que no se encuentre en el texto escrito en 1978 ni se puede hablar en la España de 2014. No comparten la opinión respetados constitucionalistas, la mayor parte de los grupos políticos e incluso la sociedad española, todos partidarios de su reforma.

El Roto en El País, 16-6-2014.

La evidente exageración del fiscal general a principios de junio para evitar el debate sobre monarquía o república refleja el enquistamiento del Partido Popular y del Gobierno en la Constitución de 1978, inmutable por la falta actual de consenso ante la negativa de quien tiene la llave para que no lo haya, el propio Partido Popular.
En un plano anecdótico, dentro de esa única España que existe y que se fijó en piedra en 1978 encontramos la preferencia del varón sobre la mujer –ley sálica- o la pena de muerte –figura en la Constitución en caso de guerra, aunque fue posteriormente abolida en otros textos legales-, no aparece por ningún sitio ni las 17 Comunidades Autónomas ni la Unión Europea hoy omnipresente; y corresponde al rey “declarar la guerra y hacer la paz”.
Con más calado, desde círculos políticos y constitucionales se apunta hacia dos reformas necesarias: repensar el modelo territorial que la Constitución apenas esbozó, hacia un escenario federal; y blindar el Estado social para ponerlo a salvo de crisis y Gobiernos que lo amenacen.
Ante la reciente proclamación del rey Felipe VI y los llamamientos a que lidere o impulse la regeneración política del país, la misma Constitución dice en su artículo 56 que “la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados”, que aclara el artículo 64, “los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes”.
El rey es por tanto constitucionalmente irresponsable y no puede ni abdicar sin el refrendo del Parlamento. Por tanto, hacer responsable al rey Felipe de la estabilidad nacional, de la resolución del contencioso soberanista en Cataluña o cualquier otro, es exagerar su función simbólica, de representación o arbitraje, crear expectativas de imposible cumplimiento. Mirando al pasado, la función política del rey ha sido posible con la complicidad absoluta del Gobierno de turno, sucedió con Adolfo Suárez y con Felipe González de presidentes.
La reciente sucesión en la Corona ha puesto en primera línea del debate político el modelo de Estado, la propia Constitución y, de fondo e ignorado por los principales responsables del Estado, la demanda ciudadana de una mayor participación política.
En el pleno del Congreso del pasado 11 de junio convocado para debatir la Ley orgánica de abdicación del rey Juan Carlos los grupos políticos dejaron clara su posición:

• Alfredo Pérez Rubalcaba, Partido Socialista: “España sufre tres crisis simultáneas, una social, otra política, cuya principal expresión es la desconfianza hacia las instituciones, y una crisis territorial, tres crisis que exigen cambios, entre otros, cambios constitucionales que exigen no un nuevo proceso constituyente sino una reforma constitucional; reformas con consenso, pero reformas al fin y al cabo, para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos, para cambiar nuestro sistema electoral; reformas que tienen que recoger en nuestra Constitución los avances sociales que en estas décadas se han producido y consolidarlos; reformas, en fin, para abordar nuestros problemas territoriales, el funcionamiento de nuestro Estado autonómico y hacerlo en una dirección federal. Son reformas que en estos momentos consideramos inaplazables e imprescindibles”.
• Josep Antoni Duran i Lleida: “El pacto constituyente —sigo palabras de Miquel Roca— está finiquitado; palabras de un ponente constitucional, no simplemente del portavoz de Convergència i Unió hoy en esta sesión. Toca oír lo que piensa el pueblo de Cataluña, y ustedes en lugar de eso buscan simplemente la adhesión a un nuevo pacto, la adhesión a una nueva Transición”.
• Cayo Lara, Izquierda Plural: “Se ha agotado un modelo que ustedes, los banqueros y los grandes empresarios quieren perpetuar con la apariencia de cambiar todo para que nada cambie (…). Los derechos pactados en la Transición, incorporados en la Carta Magna, se violan masivamente un día sí y otro también (…). Eso sí, cuando se trata de reformar la Constitución, tan sagrada para unas cosas, no hay ningún problema en hacerlo en dos tardes para asegurar a los bancos y a los mercados que no se preocupen, que tendrán su dinero pase lo que pase”.
• Aitor Esteban Bravo, PNV: “Hacemos un llamamiento expreso a la apertura de un proceso de reforma constitucional; una reforma que, más o menos enunciada, está en el discurso y agenda de la mayoría de los grupos políticos; una reforma pendiente y necesaria a la que a todas las instituciones —también a la monarquía— les compete dar impulso”.
• Pablo Iglesias, Podemos: la estrella política emergente, que evidentemente no participó en el pleno del día 11, tomó posesión dos días después como eurodiputado, momento en el que dijo que “acataba la Constitución hasta que los ciudadanos la cambien para recuperar sus derechos sociales. Eso es lo que toca ahora, trabajar para abrir un proceso constituyente que devuelva la palabra al pueblo".

En el campo de los especialistas, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Fernández opina, en contra de mucho texto publicado en las últimas semanas, que la Corona está bastante bien regulada en la Constitución y que incluso el proceso de abdicación y proclamación de nuevo rey se ha hecho correctamente, siendo innecesaria una ley reguladora de la abdicación que ha sido reclamada desde diversos ámbitos. En este apartado sobre la Corona, que aparece en el Título II, sólo señala la necesaria eliminación de la preferencia del varón a la mujer en la sucesión al trono.
Este constitucionalista apunta hacia dos reformas de calado: un nuevo marco territorial y asegurar el Estado social.
En relación con el primer punto se sitúa la reforma del Senado sobre la que se viene hablando décadas sin avance alguno, aunque el catedrático defiende una reforma en profundidad del Título VIII, “De la organización territorial del Estado”, que considera con escaso contenido y prácticamente agotado.
Igual o mayor énfasis concede García Fernández a que es imprescindible replantearse el contenido social de la Constitución como respuesta al ataque que viene sufriendo en los últimos años. Se muestra de este modo partidario de convertir en derechos los que la Constitución considera en su Título I como “principios rectores de la política social y económica”. Esos artículos hacen referencia a la protección social (artículos 39 y 40), a que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo” (artículo 41), a que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. El catedrático considera necesario reforzar como derechos en la Constitución lo que hoy son declaración de intenciones.
En relación con las encuestas, ya en 2009 el CIS realizó un estudio entre 580 parlamentarios –Congreso, Senado y asambleas autonómicas- con el significativo resultado de que el 81,1% de los consultados creía necesaria una reforma de la Constitución, y se mencionaba concretamente como asuntos prioritarios la organización territorial, la preferencia del varón en la sucesión al trono, el Senado, la Corona-Monarquía, la ley electoral y más derechos civiles de la ciudadanía (sociales, vivienda, participación, voto).
Más recientemente, en noviembre de 2012 el CIS preguntó en su Barómetro por la Constitución, en el que la mayoría de los encuestados (51,5%) se declaraba poco o nada satisfecho con la Constitución y un 67,5% se mostraba poco o nada satisfecho sobre el funcionamiento de la democracia en España.
Como indicador de la actual opinión del ciudadano sobre la organización territorial del Estado puede servir el último barómetro conocido del CIS, correspondiente al mes de mayo, donde una minoría del 31% de los españoles está de acuerdo con el actual Estado autonómico, mientras un 34% se muestra partidario de reducirlo hacia un mayor centralismo (un 20% defiende un Estado sin Comunidades Autónomas); y en el polo opuesto, el 22% de los encuestados defiende mayor autonomía y hasta la posibilidad de independencia.
Desde 1978 la Constitución se ha reformado en dos ocasiones, una en 1992 para introducir el sufragio pasivo de los ciudadanos comunitarios (que los extranjeros comunitarios se puedan presentar como candidatos en elecciones municipales) y la polémica reforma de agosto de 2011 del artículo 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Es interesante recordar también que en 2006 el Consejo de Estado elaboró, a petición del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, un informe sobre la reforma de la Constitución centrado en cuatro puntos: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la inclusión en la Constitución del proceso de construcción europea, la referencia de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. El planteamiento es criticado por poco ambicioso y el resultado fue calificado como mero ejercicio académico, que no tuvo grandes repercusiones políticas.
El expresidente del Gobierno Felipe González señalaba el pasado mes de mayo en un acto público que las distintas Constituciones en los últimos dos siglos de la historia de España se han agotado en sí mismas sin reforma, lo que siempre abría al final de cada proceso un proyecto constituyente.

Sugerencias

• La Inmaculada Constitución, por Carlos Penedo (Blog Contextos, 6-3-2013).
• Las Fuerzas Armadas en una nueva Constitución, por Javier García Fernández (El País, 8-5-2013).
• Un pacto para la reforma constitucional, por Javier García Fernández (El País, 3-12-2013).
• La reforma de la Constitución: la posible baza de Felipe VI para regenerar la monarquía (20 minutos, 18-6-2014).