En noviembre de 1976, el partido Reforma Democrática
liderado por el político conservador Manuel Fraga publicó un libro blanco con
propuestas para el país, una hoja de ruta para la transición hacia una
monarquía constitucional, en donde se afirmaba: “Creemos que a España no le
queda más opción —a la larga— que negociar con Marruecos, respecto a Ceuta y
Melilla, un Estatuto similar al que propusimos a la Gran Bretaña para
Gibraltar", es decir, cesión/cambio de soberanía con amplia autonomía
política y administrativa para el territorio en cuestión, contemplando incluso
la presencia militar del anterior país soberano.
Se armó cierto revuelo que obligó al ex ministro de Franco
y luego presidente autonómico a retractarse, apuntar a fallos de imprenta e
incluso tuvo que acudir a la paternidad del Parador de Ceuta para conseguir la
absolución.
La anécdota refleja que la Transición ofrecía un marco en
el que explorar futuribles innovadores (apenas un año después de la Marcha
Verde), cosa en la actualidad descartada, el presente y el pasado agotan todas
las fuerzas. Y se observa también que en 50 años el vecino del sur no se ha
movido un centímetro de su posición geográfica.
En julio de 2026 la ciudad de Ceuta ha vivido la avalancha
descontrolada de miles de inmigrantes en apenas 24 horas, alrededor de 50.000 con
amplios márgenes según diversas fuentes, a pesar de que los medios de
comunicación no han reflejado ese volumen de personas en sus imágenes y
crónicas.
Las interpretaciones circulantes apuntan como detonante a
una regularización de inmigrantes residentes en España antes del 31 de
diciembre de 2025; de una sentencia reciente del Tribunal Supremo que impide la
repatriación automática de inmigrantes entrados a nado; de un ejercicio de
presión por parte de Marruecos por el supuesto acercamiento de España a
Argelia; por un proyecto de ley que contempla la nacionalidad a los saharauis
de los años setenta y sus descendientes; de una alianza antiespañola de
Marruecos-EEUU- Israel; del reciente
acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que ha supuesto el derribo de la
verja de Gibraltar (ésta última conexión puede ser más relevante de lo que
parece)… Y sin duda existen razones de política interna marroquí que reciben
menos o ningún foco por parte de analistas y medios españoles.
El tiempo irá destilando la explicación del suceso,
teniendo en cuenta que los fenómenos complejos no tienen motivaciones simples
ni únicas.
Se puede añadir a lo anterior que la crisis -invasión ha
sido llamada con soltura- se ha resuelto en 48 horas con el regreso a Marruecos
bastante voluntario y extraño del 95% de los que consiguieron ingresar horas
antes; que alrededor de un centenar de personas se ahogaron en el intento; que
en la solución ha tenido que colaborar el Gobierno de Marruecos.
Por el precedente de 2021 en la misma Ceuta y la entrada
descontrolada de 10.000 personas, tenemos la certeza de que Marruecos utiliza a su población y a los migrantes como instrumento político contra
España, hay fundadas sospechas que en algún momento de la crisis de 2026 lo ha
vuelto a hacer y que es muy probable que suceda en el futuro, salvo una
apertura democrática en Marruecos no prevista.
En este punto un artículo de opinión podría buscar
culpables, se podría envolver en la bandera de un nacionalismo estéril bien
conocido, podemos falsear la realidad improvisando reacciones como si
estuviéramos en Annual 1921 o acudir al conde don Julián en el año 711; o sacar
visiblemente los complejos históricos nacionales que se declinan con Marruecos
muy frecuentemente.
Parece más provechoso preguntarnos qué es posible aprender
con el último incidente migratorio en Ceuta y, más concretamente, qué aprende
el Estado para responder a una estrategia híbrida en la zona gris (preferibles
en cualquier caso las zonas grises a las negras).
España es un país y una democracia avanzada que cuenta con
centenares o miles de empleados públicos que dedican su jornada laboral a
analizar, prevenir, prever, gestionar y responder a una crisis de seguridad de
este tipo: militares, policías, agentes de inteligencia civil y militar,
diplomáticos, especialistas en gestión de crisis, analistas, profesores de
universidad, think tank…
Aunque una parte de estos empleados públicos dediquen las
tardes a criticar al Gobierno, recordar hazañas coloniales o compartir insultos
contra sus responsables políticos, por las mañanas desarrollan un trabajo
profesional de un Estado serio y competente.
Ceuta estaba y existía antes y después de la conquista portuguesa
de 1415 al sultanato Meriní (los benimerines), del cambio de soberanía a España
en 1668, antes y después de la independencia de Marruecos en 1956, de la Marcha
Verde sobre el Sáhara de 1975, del 600 aniversario de la ciudad celebrado sin pena
ni gloria en 2015, existe la ciudad antes y después de Perejil 2002, de la
avalancha de inmigrantes de 2021 y de 2026. La ciudad permanece, pero cambian
los problemas que proyectamos sobre ella.
Ceuta no necesita una respuesta propia de Annual ni un desembarco de Alhucemas, porque no estamos en 1921; necesita instituciones capaces de afrontar amenazas híbridas propias del siglo XXI.
Las crisis pasarán. La cuestión verdaderamente importante es si el Estado español ha sido y será capaz de convertirlas en experiencia acumulada.
La evolución reciente invita además a otra pregunta. ¿Es
sostenible a largo plazo un modelo en el que Ceuta y Melilla se conviertan en
espacios cada vez más seguros pero también cada vez más aislados de su entorno?
Resulta llamativo que, mientras las dos ciudades autónomas parecen avanzar
hacia una lógica de fortaleza, Gibraltar —tras el reciente acuerdo entre el
Reino Unido, España y la Unión Europea— evolucione precisamente hacia una
frontera más permeable e integrada.
Las crisis híbridas ponen a prueba algo más que los
sistemas de seguridad. Ponen a prueba la madurez institucional de una
democracia. También la capacidad de los gobiernos, de las oposiciones y de las
administraciones territoriales para distinguir entre la legítima confrontación
política y la preservación de los intereses permanentes del Estado.
Un Estado inteligente no sólo dispone de buenos analistas,
militares o diplomáticos; también necesita que quienes ejercen
responsabilidades institucionales comprendan que, en determinadas crisis, la
fortaleza del Estado depende tanto de sus capacidades técnicas como de la
calidad de su comportamiento institucional. La deslealtad con el Gobierno
nacional este julio de 2026 ha sido evidente tanto por parte del Gobierno de la
ciudad autónoma como de los partidos de la oposición de derecha extrema y
extrema derecha.
Nunca sabremos qué informes circularon por el CNI, el CIFAS, la Comandancia General de Ceuta, el Estado Mayor de la Defensa, el Departamento
de Seguridad Nacional o el Ministerio de Exteriores y el de Interior antes de
esta crisis. Tampoco deberíamos saberlo. Lo relevante no es conocer esos
papeles, sino confiar en que existen, que dialogan entre sí y que cada crisis
deja un Estado mejor preparado para la siguiente. Esa confianza institucional,
más que cualquier gesto patriótico o cualquier declaración altisonante, es la
verdadera fortaleza de una democracia.
Lo que se podría denominar inteligencia del Estado resume
muy bien lo mejor que se podría sacar de la crisis en Ceuta. Un Estado no
demuestra su calidad porque tenga más tanques o más policías, sino porque
convierte cada experiencia en conocimiento, y ese conocimiento en mejores
decisiones.
La cuestión no es si Marruecos volverá a utilizar instrumentos de presión de este tipo, probablemente lo hará. La verdadera pregunta es si España será capaz de aprender de cada episodio para fortalecer sus instituciones, anticipar mejor los riesgos y proteger con normalidad a sus ciudadanos.
La soberanía adquiere sentido cuando sirve para garantizar derechos, seguridad y servicios públicos a los ciudadanos
El filósofo Daniel Innerarity ha defendido que la inteligencia de una
democracia no reside tanto en la excepcional capacidad de sus gobernantes como
en unas instituciones capaces de convertir experiencias anteriores en reglas,
estructuras y procedimientos. Ceuta permite trasladar esa reflexión al terreno
de la seguridad.
Un Estado inteligente no es aquel al que nunca sorprenden,
sino aquel cuyas instituciones están preparadas para gestionar aquello que no
habían previsto exactamente. Se trata de aprovechar toda oportunidad para
aprender a gestionar la incertidumbre, el riesgo y el desconocimiento que caracterizan hoy las relaciones internacionales y los asuntos públicos.
Ceuta no pone a prueba el patriotismo de España, sino la
calidad de sus instituciones.
