Desinformando sobre desinformación

En la pequeña e intensa historia -bien reciente- de la lucha contra la circulación masiva de contenidos digitales manipulados, acaba de pasar poco apercibido un ejemplo muy claro de desinformación sobre desinformación. Contemos la historia al revés, así adelantamos conclusiones y desenlace.

Epílogo

Imaginemos que un referente moral, ético, profesional sea inmoral, antiético, inepto, o directamente un delincuente, como un cura o un docente pederasta, un médico que ataca al paciente, un militar golpista, un juez prevaricador, el mundo al revés. En estos casos ni el nivel estadístico de degradación media es admisible, la tolerancia debe ser cero. En asuntos relacionados con la información averiada ocurre a menudo y si se considera material sensible habría que ser intransigente en los casos en que quien nos alerta sobre la desinformación nos está desinformando.

Desenlace

Nota de Europa Press de 22 de octubre de 2021, "El Tribunal Supremo avala el procedimiento de las 'fake news' impulsado por el Gobierno y señala que no se excedió en sus funciones". 

Agradezcamos a esta agencia privada de noticias la cobertura de la sentencia, lo que tiene dos implicaciones: que llegó a la mayor parte de los medios de comunicación del país, que tienen sus servicios contratados, y que muy pocos la recogieron.

Dice la agencia: "El Tribunal Supremo ha avalado el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación aprobado por el Gobierno para luchar contra las 'fake news' recordando que el Ejecutivo cumplía con directrices de la Unión Europea y señalando que no se excedió en sus funciones".

En realidad las sentencias han sido dos, inadmitiendo sendos recursos presentados por un medio de noticias jurídicas llamada Confilegal y una entidad llamada Club Liberal Español, asociación que tiene "como único fin la defensa de la libertad en todos sus ámbitos y manifestaciones, la profundización en el pensamiento liberal y la promoción y difusión del conocimiento del liberalismo como ideología política y como sistema de organización y comportamiento social", dicen de sí mismos; y que tiene entre sus vicepresidentes a un tal Pablo Casado Blanco.

Nudo

Ante la supuesta gravedad del contenido del Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 30 de octubre de 2020 y publicado en forma de Orden Ministerial en el BOE del 5 de noviembre (aquí enlace del BOE), el Partido Popular anunció la interposición de un recurso ante la Audiencia Nacional para que "estudie, valore y desmonte" el llamado 'ministerio de la verdad' de Sánchez.

Campaña en Twitter del Partido Popular.

En una entrevista televisiva de diciembre de 2020, Teodoro García Egea, diputado por Murcia y secretario general del Partido Popular, declaraba rotundo que “éste es el Gobierno de la mentira, el que más mentiras por minuto ha lanzado en la historia de la democracia”. Anunciaba García Egea una campaña en Twitter sobre el asunto, con el hashtag #MinisterioDeLaVerdad, con imágenes del dirigente venezolano Nicolás Maduro mezcladas con Sánchez y Pablo Iglesias, y gente con esparadrapo en la boca para denunciar el ataque del Gobierno a la libertad de información.

Pablo Casado, en enero de 2021, escribía en Twitter: "Jefferson decía que es preferible un país con prensa sin gobierno que con gobierno sin prensa. En España sufrimos el peor gobierno de la democracia que encima señala a periodistas críticos. Llevaremos a la UE el “ministerio de la verdad” y los ataques a la libertad de información".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tildó en noviembre de 2020 de "cacicada" que "el Gobierno de las mentiras" quisiera llevar a cabo un plan contra la desinformación y anticipó que su partido lo denunciaría en Europa. El jefe de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, advirtió de que era un “mazazo a la democracia” que además podía poner en riesgo la llegada de los fondos de recuperación y pedía a la Comisión que interviniera (aquí nota del partido naranja).

En febrero de 2021, Macarena Olona, diputada por Granada, portavoz y secretaria general del grupo parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados y abogada del Estado en una vida anterior, declaraba rotunda que el objetivo del Gobierno era "controlar la opinión pública, controlar los medios de comunicación a través del Ministerio de la Verdad".

Se pudo escuchar sobre este asunto a algún periodista de referencia (Carlos Herrera, COPE, 6.11.2020) que dejó dicho: "¿Existen las 'fake news'? Claro que sí. ¿Existen los bulos? Claro que sí. Pero, oiga, para eso no hace falta crear un comité antidesinformación. Para eso que trabaje el CNI y que después, cuando el Gobierno tenga todos los datos, actúe en consecuencia (...). El Gobierno más mentiroso que ha habido en España en toda su historia, con el presidente más embustero que ha habido, que no dice la verdad ni al médico (...). Tiene a la mayoría de los medios casi sodomizados y a su servicio, pero quiere más (...). ¿Desde cuándo el Gobierno es juez y parte de la verdad? ¿Desde cuándo puede poseer la verdad absoluta, especialmente uno que está presidido por un embustero cósmico? Aquí, oiga, no se trata de proteger a los ciudadanos de mentiras, de lo que se trata es de proteger a Sánchez de verdades (...). Este Gobierno sueña con la censura previa. Los bulos y la pandemia son una coartada para blindarse ante las críticas". 

Presentación

Como consecuencia de la publicación en el BOE de 5 de noviembre de 2020 del llamado Procedimiento de actuación contra la desinformación, se generó una seria polémica en España en ámbitos políticos y periodísticos con consecuencias jurídicas. 

El mencionado Protocolo fue una iniciativa del Gobierno central, que decide crear desde Moncloa en el marco del sistema de seguridad nacional y de las iniciativas de la Unión Europea en este sentido una serie de mecanismos relacionados con la desinformación, en concreto la elaboración de una estrategia y la constitución de una comisión permanente (aquí enlace a un artículo del autor explicando en caliente el Protocolo).

Acabaron presentando denuncia o recurso ante los tribunales PP ante la Audiencia Nacional, VOX ante el Supremo y Ciudadanos ante la Unión Europea; más los recursos citados de Confilegal y el Club Liberal Español.

Con una rapidez digna de destacarse, la Asociación de la Prensa de Madrid redactó y difundió un comunicado el mismo día de la publicación en el BOE del Protocolo: "La APM alerta de que el plan del Gobierno contra la desinformación puede convertirse en censura. Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos". Nada ha dicho sobre el archivo de los recursos.

El 15 de febrero de 2021, tras analizar la Orden Ministerial, la Comisión Europea se pronunció oficialmente señalando que el procedimiento "actualiza el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y para establecer estructuras de coordinación"; y, por otro lado, "no constituye una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación".

A juicio de la Comisión, "el Comité Permanente se encarga de supervisar y evaluar las campañas de desinformación en línea, investigar su origen y determinar si el caso debe elevarse al Consejo de Seguridad Nacional para que se adopte una respuesta política, como actuaciones diplomáticas o medidas de represalia cuando el autor sea un Estado extranjero".

La labor respecto a las referidas campañas de desinformación "es responsabilidad del Gobierno central y está en consonancia con el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 (de la propia UE), en el que se pedía a los Estados miembros que reforzaran sus capacidades en la lucha contra la desinformación".

Con esta respuesta, la Comisión Europea avala oficialmente que el Procedimiento de Actuación contra la desinformación aprobado por el Gobierno de España no supone ninguna merma de la libertad de prensa ni intento alguno de control sobre los medios de comunicación, sino que tiene el único cometido de investigar y evaluar las campañas de desinformación.

Prefacio

En unos días del otoño de 2020, un viento de libertad y denuncia recorrió España, bueno, una ráfaga, un calambre de libertad. En el otoño de 2021 descubrimos que se había tratado de un simple catarro, no el tsunami democrático que nos prometieron los denunciantes de las supuestas barrabasadas del Gobierno social-comunista. Como en tantas ocasiones, mucho ruido, mucha denuncia engolada que quedó en nada y un silencio significativo sobre su resolución. 

Ninguno de los defensores de Jefferson se ha retractado de sus declaraciones.

Por aprender algo del cuento: hay vida desinformativa más allá de Rusia y a menudo la tenemos muy cerca. Segundo aprendizaje: las metáforas y referencias a 1984 de George Orwell quedaron antiguas hace ya 38 años. Y ni el mismísimo Orwell podría haber imaginado el desparpajo de algunos al hablar de la libertad de expresión.

Artículo publicado también en infoLibre, blog Al revés y al derecho.

Habemus Ley de Seguridad Nacional

Artículo publicado también en infoLibre.

Llevamos semanas, meses, oyendo llamamientos para aplicar en Cataluña la Ley de Seguridad Nacional, caso peculiar de clamor político solo comparable con el interés relacionado en activar uno de los artículos de la Constitución sobre el mismo territorio, una especie de pensamiento mágico sobre los efectos de la legislación que no se ha mostrado muy productivo en el pasado reciente.
La novedad de esta columna es que la Ley en cuestión ya se está aplicando, por métodos distintos a los esperados por sus propagandistas, y tiene contenidos poco conocidos.
Reconozcamos que no andan sobrados de credibilidad los partidarios teóricos de la Ley. En las elecciones generales celebradas en abril, desde la oposición conservadora, ultra conservadora y extrema se situó al presidente Pedro Sánchez al margen de la Constitución; conocida la sentencia del Tribunal Supremo el 14 de octubre poco recorrido dejaron para incrementar la dosis de exigencia al Gobierno central sobre el independentismo catalán.
En cualquier caso, en esa hipótesis del presidente triscando por las montañas agrestes del más allá de la Constitución no se acaba de ver qué interés tendría en aplicar ninguna otra ley, pero volvamos a este lado de la realidad.
La Ley de Seguridad Nacional se aprobó en el Congreso en el verano de 2015 -Rajoy de presidente- por una amplia mayoría parlamentaria; el reproche nacionalista de que la ley se había elaborado con la voluntad de limitar competencias autonómicas sonaba en aquellos momentos estrambótico.
Entre las novedades de la ley destaca la creación de una situación de interés para la seguridad nacional para aplicar en casos extraordinarios, cuya gravedad no requiere los estados de alarma, excepción y sitio que figuran en la Constitución y regula una ley de 1981.
Esa nueva situación de interés para la seguridad nacional debe ser declarada por el presidente del Gobierno mediante un Real Decreto, y se entiende aquélla que, por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos y la dimensión o transversalidad de las medidas para su resolución, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus funciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno en el marco del sistema de seguridad nacional.
La Ley obtuvo el claro rechazo en el Parlamento de los portavoces de ERC y PNV, y la Generalitat de Cataluña interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, que se desestimó en noviembre de 2016 mediante sentencia que considera que la norma no invade las competencias de la Generalitat, añade en relación con las Comunidades Autónomas que la Ley “contempla de forma expresa su participación en la gestión de la crisis desde las tempranas fases de prevención y detección, así como su intervención en el Consejo de Seguridad Nacional, incluso antes de que dicha declaración tenga lugar”.
La sentencia señala que la situación de interés para la seguridad nacional no altera el esquema de reparto de competencias, pues cada Administración sigue ejerciendo las que le corresponden, “si bien en el marco de una situación de mayor coordinación, justificada por la envergadura y relevancia de la crisis que debe afrontarse, la cual exige una movilización unitaria de los medios disponibles”.
Se trata por tanto de “la coordinación reforzada entre administraciones”, lo que “presupone, lógicamente, la existencia de competencias autonómicas que deben ser coordinadas, competencias que el Estado debe respetar”.
Parece claro que la Ley de Seguridad Nacional no es el instrumento para tomar el control sobre la seguridad en Cataluña, reconducir a un presidente díscolo o a una policía autonómica que se emplea diligentemente hasta la fecha en el control de los violentos.
El objetivo y valor de la Ley fue y es mucho mayor, que no es otro que la progresiva construcción de un sistema de seguridad nacional, que la reacción y coordinación del Estado no dependa de las circunstancias, de la inspiración o de la buena o mala sintonía de los responsables políticos y operativos entre sí.
En el último lustro se ha ido fortaleciendo el departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno en Moncloa, con un responsable al frente nivel director general; se elabora un informe anual de seguridad nacional de interés variable; se han redactado estrategias sectoriales en ámbitos como ciberseguridad, energía, terrorismo, escenarios aeroespacial y marítimo.
Y aparece ahora activo un comité de situación que no se había reunido de forma extraordinaria, ligado a las circunstancias de seguridad del país, ni por el ébola, la abdicación del rey Juan Carlos I y coronación de Felipe VI, ni en los atentados de Cataluña del verano de 2017 (aquí algunos análisis sobre estas circunstancias).
Ésta es la novedad: la comisión de seguimiento de la situación a la que pomposamente se refieres los medios de comunicación estos días y cita el presidente Sánchez no puede ser otra que este Comité previsto en la Ley de Seguridad Nacional, desarrollado por Orden PRA/32/2018, de 22 de enero.
La Ley de Seguridad Nacional establece que el Consejo de Seguridad Nacional estará asistido por un Comité Especializado de carácter único para el conjunto del Sistema de Seguridad Nacional en materia de gestión de crisis, este Comité de Situación.
En resumen, Moncloa-Presidencia-el Gobierno central-el Estado cuenta con un Comité de Situación que se enmarca en el sistema de seguridad nacional que nace con el Consejo de Seguridad Nacional en 2013, regulado por la Ley de 2015, comité cuyo funcionamiento se concreta específicamente en 2018 y que se muestra operativo por primera vez para la gestión de crisis en septiembre-octubre de 2019.
Buena noticia entonces conocer que se han fortalecido los instrumentos del Estado, institucionales, administrativos, operativos, para dar respuesta y gestionar una crisis; afirmación independiente de la crítica o elogio hacia las decisiones que se tomen en cada momento.
Por tanto, podríamos decir que la Ley de Seguridad Nacional se está aplicando con motivo de la tensión violenta generada en Cataluña tras la sentencia del Supremo.
Para los propagandistas que quieren ir más allá tiene interés además explicar que la señalada situación de interés para la seguridad nacional no implicaría cesar al mando de los Mossos, al consejero de Interior ni a nadie.
Y aún más relevante, no puede afectar a derechos fundamentales.
El artículo 23 de la Ley dice expresamente que "la situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos".
La buena noticia es que la Ley muy lentamente pero va ayudando a construir un sistema español de seguridad, porque las instituciones y mecanismos administrativos y legales conviene dejarlos fijados y que no dependan de humores ni coyunturas.
A los impulsores de medidas excepcionales en Cataluña y España con motivo del procés habría que preguntarles hasta dónde quieren limitar temporal o permanentemente los derechos fundamentales de los españoles -catalanes y de las restantes 16 Comunidades Autónomas-, porque algunas de las fórmulas propuestas limitaría derechos, y otras como la Ley de Seguridad Nacional es explícita en excluir su recorte.

Sugerencias

• Historiador de lo complejo, por José Álvarez Junco (El País, 24.10.2019). En recuerdo de Santos Juliá: "No es solo que conociera infinidad de datos, que los conocía, sobre la España contemporánea. Es que tenía una idea guía, un esquema explicativo bien construido, que subyacía y daba coherencia a toda su obra. Si soy capaz de sintetizarla, esa idea consistía en que la construcción de un Estado que funcione es requisito esencial para la modernización y la democratización de una sociedad".
• Departamento de Seguridad Nacional - Moncloa: legislación y normativa.

Derecho a la desinformación

Artículo publicado también en infoLibre / Blog Al revés y al derecho

La igualdad, la libertad, la cultura requieren el compromiso del interesado

El titular es claramente una provocación para despertar interés, como tantos que abundan, la diferencia es que éste no pretende monetizar la sorpresa y el artículo sí espera ofrecer un contenido equivalente al esfuerzo de lectura.
Por tanto, más que un ejemplo de clickbait, es decir, titulares-cebo que únicamente buscan accesos, aumento de tráfico, visitas y la consiguiente decepción del lector, en este caso se trata de la clásica reducción al absurdo, que si está bien construida no es tan reducida ni tan absurda.
Entrando en el tema, existe una preocupación real sumada a alguna otra forzada causadas por el crecimiento de la desinformación (fake news, noticias falsas) en el ecosistema digital que marca hoy toda nuestra vida y que afecta especialmente -y se ve afectado- por los ámbitos periodístico, empresarial y político.
Dese por hecho que en una democracia la libertad de expresión y de información es uno de sus ejes fundamentales, su ataque rivalizaría en gravedad con muy pocos comportamientos, quizá solo con el espionaje a contrincantes políticos, la actualidad dice que hoy estos derechos informativos se ven obligados a convivir en un escenario donde también habitan contenidos averiados, manipulados, que despiertan altas dosis de inquietud periodística, empresarial y política.

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información

Se repite que los ciudadanos tenemos el derecho a la información. ¿Qué significa esto?
En el artículo 20 de la Constitución española, en el capítulo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, "se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción"; y "a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica".
Incluye también la libertad de cátedra; y "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".
"El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa", advierte."Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial".
Se deduce por tanto que el ciudadano tiene el derecho a informar ("expresar y difundir libremente") y ser informado ("recibir libremente información"), porque habría que matizar que el panorama ha cambiado desde 1978 y la clásica distribución de tareas, el derecho a informar para los medios de comunicación y el papel de informado pasivo al ciudadano han saltado por los aires y en la actualidad, al menos como planteamiento, todos somos emisores y receptores de información. Si la información ya no es exclusiva del gremio periodístico cabría abrir el debate, para otra ocasión, de si no serían exigibles esos requisitos de veracidad informativa a todo el que difunda información.
La Constitución establece claramente como límites a esa información el delito y la censura, marco que se aconseja también  aplicar a la desinformación.
Aquellos padres fundadores de la democracia española, asistidos por un muy amplio equipo detrás, incluyeron una expresión realmente controvertida, "información veraz", que con los años se ha convertido en centro de atención cuando el volumen desmesurado de contenidos por los canales digitales impide aparentemente distinguir la calidad de lo que circula.
La "información veraz" puede tener una doble interpretación, desde el punto de vista de la comunicación y desde el ámbito del derecho.
En el primer caso se trataría de acercarse al concepto de verdad periodística, verdad informativa, la verdad comunicada, que se trata de algo no tan rotundo como una verdad científica, sino la reconstrucción que hace el periodista de la realidad a partir de unos hechos.
Lo que habría que exigir a los profesionales de la información y a las empresas informativas no sería por tanto una verdad matemática, sino una honestidad-profesionalidad en los procedimientos.
En el segundo caso, el punto de vista jurídico, aclara la sinopsis que ofrece el Congreso en su web del articulado de la Constitución, que "el precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles (se citan varias sentencias), puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información".
Cuando hablamos entonces de la veracidad de la información estamos haciendo en el fondo referencia a la calidad de los contenidos informativos, que puede interpretarse como una consecuencia de la profesionalidad en su elaboración, de la actuación profesional del periodista, circunstancias en cualquier caso difícilmente garantizables por contrato, teniendo en cuenta que a menudo se etiquetan como información contenidos de ocio que inundan las redes y a menudo se etiquetan como información contenidos manipulados publicados por medios de comunicación perfectamente respetables, o respetados por muchos.

Recibir y difundir información rigurosa requiere

un trabajo profesional y un compromiso individual

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información, otra cosa es limitar físicamente métodos de difusión fraudulentos y de generoso uso, como las cuentas automatizadas, o exigir transparencia en los contenidos patrocinados, que es por donde avanzan iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea.
De lo anterior se deduce el título del artículo, que en una democracia tenemos el derecho a ser desinformados, porque el derecho a difundir y recibir información no puede ser limitado salvo por el código penal, lo que no equivale a vivir permanentemente en un basurero informativo.
Ha dejado escrito Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía y referencia feminista, que “si queremos realmente que este mundo nuestro, que es bastante mejor y más habitable que los anteriores, perviva, tenemos primero que saber bien qué es, y aprender a defenderlo con las mejores razones. Nuestro mundo -añade- no pertenece a la cadena espontánea de las cosas. La democracia no viene de serie, la igualdad no viene de serie, la libertad no viene de serie".
Es error muy extendido considerar asuntos complejos y valiosos, la información rigurosa, la democracia, el progreso, la igualdad, como materiales acabados, empaquetados y disponibles en el lineal del supermercado, en lugar de procesos que requieren el esfuerzo del interesado y además de forma continuada.
Nunca estaremos suficientemente informados, nunca la igualdad entre sexos estará garantizada, nunca la democracia española alcanzará un punto de perfección y no retorno, nunca España estará suficientemente vertebrada (y esto es lo contrario al pesimismo de Ortega continuamente revisitado durante los últimos cien años); son procesos.
Tenemos derecho a desinformar y ser desinformados, porque otra cosa sería vivir en un Estado no recomendable, aunque por supuesto el objetivo es recibir y emitir una información rigurosa pero que requiere su trabajo y es un proceso que nunca se puede dar por finalizado.
Damos por hecho que la información rigurosa implica un esfuerzo profesional y económico en su elaboración, la buena información es lenta y cara de producir; no resulta tan admitido que estar informado también requiere un esfuerzo individual, personal, acudiendo y premiando a quienes nos ofrecen contenidos de calidad, cuando no pagando por esos contenidos como parece que se nos pedirá en breve por parte de las principales cabeceras.

Exigirse una verdad objetiva haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información

La solución a estos asuntos complejos suele ser multifacética y de largo plazo, ligada a la educación (alfabetización digital), a la cultura, a la salud democrática que no sólo hay que exigirla a los políticos profesionales, al trabajo continuado que va construyendo lentamente una reputación profesional y el reconocimiento del papel de ciertos mediadores que nos ayudan a digerir la actualidad (a los que no ayuden no hay que reconocerles nada).
Huyamos de las soluciones simplistas e inmediatas; las de quienes alarman con la seguridad amenazada sin ofrecer datos que lo sustenten, de quienes amagan con limitar contenidos; y las de quienes nos desinforman; pero huir de estos caramelos requiere un esfuerzo.
El sistema de libertades y el entorno tecnológico facilitan que seamos desinformados... y en manos de quien quiera evitarlo está que no sea así. Nunca han existido mayores oportunidades para informarse y formarse con contenidos de calidad, lo que requiere un comportamiento activo por parte del interesado.

Sugerencias

• The Urgent Quest for Slower, Better News (The New Yorker, 10.4.2019).
• ¿Hasta qué punto influyen las redes sociales en las elecciones? (La Vanguardia, 8.4.2019).
• David Jiménez: "Villarejo fue una de las principales fuentes de 'El Mundo' y facilitador de la mayor parte de nuestras exclusivas" (infoLibre, 8.4.2019).
• El comisario Villarejo ofrecía a sus clientes “maniobras de intoxicación informativa” (El País, 8.4.2019). 
• De la verdad informativa a la “información veraz” de la Constitución Española de 1978. Una reflexión sobre la verdad exigible desde el derecho de la información, por Ana Azurmendi, Universidad de Navarra, 2005.

Estadísticas conflictivas sobre seguridad y defensa

Artículo publicado también en infoLibre.

El mundo de la seguridad, defensa, Fuerzas Armadas, tiene una relación conflictiva con la realidad, se trata de personas que viven profesionalmente del conflicto, para enfrentarlo, evitarlo o provocarlo, y como es natural lo detectan por todos sitios porque es su objetivo. Por ejemplo, el campo de las predicciones suele estar trufado de previsiones catastrofistas precisamente porque muchos de los que se dedican a predecir el futuro son financiados o trabajan directamente en seguridad y perciben un porvenir inseguro, por deformación profesional y por la cuenta que les trae.
En cualquier caso, que el mundo de la seguridad tenga una relación conflictiva con la realidad es una paradoja que aparece cuando uno se pone a escribir sobre otro tema, relacionado pero distinto, que es su relación conflictiva con las estadísticas.
En algún momento indeterminado de este otoño de 2018, el Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS- principal organismo demoscópico español, independientemente de quién ocupe su presidencia, ha publicado en su web el estudio identificado con el número 3.188 y el nombre "La Defensa nacional y las Fuerzas Armadas".
El momento ha podido ser en octubre, quizá noviembre, en cualquier caso sin publicidad, nota de prensa ni promoción alguna, de una encuesta que tuvo su trabajo de campo en septiembre de 2017. En éste y otros casos la conexión entre los trabajos académicos o científicos y la clandestinidad no suele ser habitual.
Aunque tiene su explicación: esta encuesta la elabora el CIS por encargo del Ministerio de Defensa cada dos años, ya van doce ediciones, es decir, que se viene realizando desde finales de los noventa con un mismo cuestionario, 2.500 entrevistas personales, en 255 municipios y 50 provincias del país. No existe otro estudio similar.
Resulta que hará unos años, tiempos de Pedro Morenés de ministro, coincidiendo con la crisis y la desconfianza del ciudadano hacia quienes les dejaron a la intemperie, al Ministerio de Defensa le empezaron a no gustar las respuestas de los españoles a sus preguntas y dejó de difundir su encuesta o a tardar años en acompañarla con sus propios comentarios.
El motivo del desencuentro afecta principalmente a los campos relacionados con la financiación de la defensa y el gasto militar; y también las cuestiones emparentadas con la identidad nacional concretada en símbolos como la bandera, el himno, la sangre derramada; también las respuestas referidas a los valores más apreciados por la ciudadanía en la profesión militar y la propia valoración de los ejércitos.
Se podría decir que en algunos aspectos no coincide la opinión pública con los referentes simbólicos de las Fuerzas Armadas, lo que está lejos de ser un problema, si bien aconsejaría a los responsables militares y a los civiles de quienes dependen los primeros a replantearse el contenido de su comunicación externa, la interna si funciona puede seguir repitiendo conceptos del siglo XIX.
El CIS está obligado a publicar sus encuestas como máximo un año después de elaborarlas y por eso conocemos esta última.
Tomemos entonces tres capítulos: uno simbólico, otro profesional y un tercero financiero. Cabe interpretar que el propio cuestionario en sí merecería una valoración, colocando a las Fuerzas Armadas como garantes de las esencias más allá de su función como instrumento de seguridad del Estado.
Entrando en los datos, apartado simbólico, el 77% de los encuestados se siente muy o bastante orgulloso de ser español, el 54% se emociona al ver la bandera española en un acto o ceremonia, y el 57% al escuchar el himno nacional. Una cuarta parte de los españoles siente una intensa emoción por estos asuntos y otra cuarta parte siente indiferencia, pero se puede concluir que los niveles de nacionalismo español son muy aceptables, sobre todo en contraste con la impresión general en circulación, aquella que dice que entre la indiferencia general España se va yendo por el desagüe, girando en círculos que por supuesto son hacia la derecha como sucede en el hemisferio norte, en el sur el desastre suele llegar girando hacia la izquierda (comentario no basado en el CIS, sino en la teoría de Coriolis, que habla de fluidos, no de ideologías, con una reputación algo homeopática).
En relación con las amenazas, la encuesta pregunta de forma abstracta, dejando aparte la familia (¿por qué la dejan aparte, con lo cerca que la tenemos?) si el encuestado considera que haya algo por lo que arriesgar o dar la vida, y 46% responde que no, el 45% que sí.
Ésta es una de las respuestas que no gustan, tampoco que entre quienes se jugarían la vida la mayoría no lo haría por la patria (47% no, 44% sí), aunque mayoritariamente sí la arriesgarían por salvar la vida a otra persona (93%), la paz (84%) o la libertad (82%).
En el caso de que España fuera atacada militarmente el encuestado no se presentaría voluntario. Esto es como preguntar por intención de voto sin elecciones convocadas, el encuestado no acaba de entrar en situación, si bien de la encuesta se puede deducir un fuerte sentimiento pacifista entre la población española, que considera la respuesta militar como un ámbito profesional que tiene esa misión, y que no se percibe una amenaza militar existencial que aterrorice al país.
Entre las principales amenazas que pueden afectar a la seguridad de España, Defensa y el CIS incluyen los flujos migratorios irregulares (significativo su presencia), aunque los españoles priorizan y colocan en puestos de cabeza el terrorismo, la inestabilidad económico y financiera, y los ciberataques.
En el apartado profesional, el valor más importante que los españoles opinan que debe tener un militar es... la preparación técnica, muy por encima de la honradez, la disciplina, lealtad, el espíritu de sacrificio, la capacidad de mandar u obedecer que trufan los discursos.
El 70% de los españoles creen que las Fuerzas Armadas están muy o bastante capacitadas profesionalmente (y mejorando), dos tercios tienen una opinión buena o muy buena de las Fuerzas Armadas (se ha recuperado desde el 55% en 2013), y que los ejércitos seguirán siendo necesarios para mantener la paz, la seguridad y la defensa.
En el capítulo de respuestas incómodas, la opinión generalizada no cree que el volumen de tropas sea insuficiente; y únicamente el 17% de los españoles piensa que el presupuesto destinado a la defensa nacional y las Fuerzas Armadas sea escaso, aunque algo ha subido desde el 13% de 2015.
Sobre el origen de las amenazas militares, la mayoría de los españoles pues no cree que ningún país esté pensando en atacarnos (46%), y entre los que sospechan que sí (41%) responden con vaguedades como países islámicos, que curiosamente distinguen de países árabes, aparecen como amenazantes para quienes se sienten amenazados la categoría países de Asia, también lógicamente países donde haya islamistas radicales; y entre países concretos, que son quienes suelen lanzar ataques militares, pues el encuestado menciona a Marruecos, Siria (?) y a poca distancia a Estados Unidos (estos países son mencionados por un centenar de personas de entre las 2.500 encuestadas).
Más de 60 preguntas podrían hacer la relación interminable. Finalicemos con que los españoles se reparten a partes iguales entre los que defienden la actual situación de las Fuerzas Armadas a las órdenes del Gobierno nacional y los que las integrarían en un ejército europeo o multinacional, circunstancia ésta internacionalista que ampara el acento presente y reciente que encuadra mucho de lo que se hace militarmente bajo el paraguas de una Defensa europea aún inexistente.
Si las encuestas buscan ser un fiel reflejo o aproximado a la realidad social, y no gustan las respuestas, el mundo militar y civil de defensa no tendría un problema con las estadísticas, sino con la sociedad o la comunidad política a la que deben defender.
Continúa abierta la disyuntiva de tratar de cambiar las percepciones sociales con información y debate, labor siempre complicada y de largo plazo, o adaptar los instrumentos que el Estado financia para la seguridad a los ciudadanos y circunstancias del país. Las dos opciones parecen compatibles. Lo claramente descartable es no informar y además que las Fuerzas Armadas/Defensa ignoren al ciudadano al que protegen.

Sugerencias

• Expertos pesimistas demuestran que todo es una mierda (El Mundo Today, 30.1.2019).
• "La Defensa nacional y las Fuerzas Armadas (XII)", estudio 3.188 (Centro de Investigaciones Sociológicas, otoño 2018).
• La Defensa y sus públicos, por Carlos Penedo (Blog Contextos, 20.4.2014).

Desinformación: editores, plataformas y UE

Artículo publicado también en infoLibre / Blog al revés y al derecho.

La Unión Europea media entre editores y plataformas por la desinformación, a favor de los primeros, se podría titular también esto; demasiado largo.
Demos por hecho que hay mucha gente con el propósito de desinformar a través de medios digitales, siempre teniendo en cuenta que el objetivo mayoritario no es convencer, sino confundir; y con más frecuencia aún, generar tráfico para obtener beneficio económico.
Y dejemos a un lado la influencia real de estos contenidos, porque difusión no es convicción, porque incluso el tráfico generado no ha sido en exceso relevante en procesos como las elecciones de EEUU o Cataluña (aquí alguna pista sobre el asunto).
Junto con lo anterior, cabe preguntarse quiénes están alimentando la desinformación como gran problema de nuestro tiempo, y así se comportan porque tienen un interés directo en el asunto, que es económico y es político y es político-económico. Hay tres actores especialmente activos: las empresas editoras de noticias, las plataformas digitales (Facebook, Google) y en tercer lugar aquel llamado "complejo industrial-militar" del que alertaba en los años 50 el general de cinco estrellas y presidente de EEUU Dwight Eisenhower, el Ike que bendijo a Franco, complejo que evidentemente tiene terminales políticas, todo por supuesto versión 2.0.
La Unión Europea (léase Comisión) puede desesperar por orientación de sus políticas o velocidad de actuación, pero es universalmente reconocido que cuando se fija un objetivo no suelta la presa.
En materia de desinformación se ha puesto en marcha.
La Comisión Europea ha difundido este 26 de abril una Comunicación, que es un tipo de documento no vinculante, en la que propone un conjunto de medidas para combatir la desinformación en línea, que incluyen un Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación a nivel de la UE, el apoyo a una red independiente de verificadores de información (fact-checkers) y medidas destinadas a fomentar el periodismo de calidad y promover la alfabetización mediática.
Con tal motivo, los servicios de prensa de la UE facilitan declaraciones de tres responsables políticos.
Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión responsable del Mercado Único Digital: "Las nuevas tecnologías, especialmente las digitales, han ampliado su alcance a través del entorno en línea para socavar nuestra democracia y nuestra sociedad. Puesto que la confianza en línea es fácil de romper y difícil de recuperar, el sector necesita colaborar con nosotros en esta cuestión".
Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad Digitales: "Hacemos un llamamiento a todos los agentes, en particular a las plataformas y redes sociales, que tienen una clara responsabilidad, para que actúen sobre la base de un plan de acción destinado a establecer un planteamiento común europeo, de manera que los ciudadanos estén capacitados y protegidos eficazmente contra la desinformación. Seguiremos de cerca los progresos realizados y, si los resultados no fuesen satisfactorios, de aquí al mes de diciembre propondríamos otras medidas, en particular de carácter reglamentario".
Julian King, comisario responsable de Seguridad (seguridad interior lleva este responsable de nacionalidad británica): "La militarización de las noticias falsas y la desinformación en línea supone una seria amenaza para la seguridad de nuestras sociedades. Las plataformas de internet desempeñan un papel esencial en la lucha contra los abusos de sus infraestructuras por agentes hostiles y en la preservación de la seguridad de sus usuarios y de la sociedad".
Como se ve opinan responsables del Mercado Único Digital, Economía y Seguridad; ponen el foco sobre las plataformas digitales; y les amenazan con elaborar normativa si en un semestre no hay resultados.
Con plazo fijo aparece ese Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación: de aquí al mes de julio, como primer paso y con efectos claros en octubre, las plataformas en línea deben desarrollar y aplicar un código común de buenas prácticas, con el objetivo de garantizar la transparencia sobre los contenidos patrocinados, en particular la publicidad de carácter político; proporcionar una mayor claridad sobre el funcionamiento de los algoritmos y permitir la verificación por terceros; hacer que resulte más fácil para los usuarios encontrar y acceder a fuentes distintas de noticias que representen otros puntos de vista; introducir medidas para identificar y cerrar cuentas falsas; capacitar a los verificadores de información, los investigadores y las autoridades públicas para controlar permanentemente la desinformación en línea.Si se hace responsable a las plataformas de los contenidos que canalizan y se les imponen procedimientos rigurosos, las empresas periodísticas no tendrán muchos motivos para la celebración. Un ejemplo práctico: si Facebook acaba medio voluntariamente aumentando su transparencia sobre quién financia su publicidad en época electoral, o contenidos patrocinados, lo mismo deberemos pedir a los medios tradicionales, que tampoco nos lo cuentan. Un caso extremo sobre esto lo encontramos entre 2004 y 2005, cuando el PP inyectó 446.000 euros de su caja B en el periódico de Jiménez Losantos Libertad Digital, financiación directa, al margen de publicidad o licencias que recibió también generosamente.

En otro aviso sobre seguridad dura, la Comisión anuncia que informará en junio junto con el Servicio Europeo de Acción Exterior (departamento de Mogherini, seguridad exterior) sobre los avances realizados en relación con las amenazas híbridas, que incluyen ciberseguridad, comunicación estratégica y contra inteligencia. En este apartado de la seguridad se mezclan con salero dos ingredientes: Rusia y su doctrina militar más los casos contrastados del desvío de datos personales de usuarios de Facebook con fines económico-electorales (Cambridge Analytica). Es decir, se utiliza Rusia + FB / protección de datos para apuntalar las presiones contra las plataformas.
En todo este proceso puede ocurrir, como en la vida misma, que sea más útil y atractivo el camino que el destino final. Bajando hacia Andalucía, la playa y la tumbona, pocos kilómetros antes de llegar a Despeñaperros, término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), se encuentra el santuario llamado de Las Virtudes, con una plaza de toros cuadrada adosada a la ermita, un paraje ideal para filosofar o comerse un bocadillo de tortilla de patata con pimientos, traído de casa. Su recuerdo compite con el de la playa (o de la alcazaba de Málaga y su museo Picasso).
La sorpresa de Las Virtudes, hablando de desinformación y de la UE, no son las conclusiones que ha sacado en esa Comunicación el ejecutivo comunitario, sino el camino recorrido, el informe de especialistas presentado en marzo, que desbrozaba el tema con criterio periodístico riguroso; y otro informe de abril que nos descubre los intereses económicos que andan en juego.
Editores de noticias contra plataformas 
La Comisión Europea encargó un estudio a su Centro Común de Investigación (JRC) sobre las noticias falsas y la desinformación, más concretamente ha realizado una investigación sobre el impacto de la transformación digital de los mercados de noticias sobre la calidad de la información. En ese estudio publicado también en abril se indica que dos terceras partes de los consumidores de noticias en línea prefieren acceder a ellas a través de plataformas que funcionan con algoritmos, como los motores de búsqueda y los agregadores de noticias, así como por medio de las redes sociales. También se afirma en ese estudio que el poder de mercado y los flujos de ingresos han pasado de estar en manos de los editores de prensa a las de los operadores de plataformas, que disponen de los datos para concordar a lectores, artículos y anuncios de la forma más eficiente. Aquí están las claves más importantes, las económicas y las prácticas: quienes distribuyen los contenidos no son quienes los elaboran.
La distribución digital de noticias ha disminuido el papel de los editores. Es decir, se ha separado la función de editor y gestor de contenidos y en gran medida se ha transferido la segunda hacia la publicidad conducida por algoritmos, que maximiza tráfico e ingresos.
En toda esta polémica de las noticias falseadas y la desinformación debatimos periodistas y lectores sobre contenidos, en un asunto agitado por intereses empresariales; a quienes se ha unido el grupo de presión sobre la seguridad, siempre ávido de argumentos.
No hay que subestimar el poderío de la industria nacional dedicada a la comunicación, empresas que consiguieron hace pocos años que Google cerrara en España su agregador de noticias -Google news- o al menos lo limitara y mucho. Ahora han encontrado como compañero de viaje al lobby de la defensa y la seguridad, claramente a sus terminales políticas, lo que tiene muchos riesgos, y no es el menor la credibilidad escasa de ambos sectores, la creciente distancia entre ciudadanos y medios de comunicación -a quienes se ve como una prolongación del poder político y económico-, la creciente distancia entre ciudadanos y los responsables de la seguridad.
Podríamos resumir diciendo que la Unión Europea se ha animado a mediar entre editores y plataformas para abordar la desinformación, y se alinea con los primeros, y lanza también algún guiño sobre seguridad que siempre está de actualidad; lo más interesante son claramente los materiales intermedios del proceso, porque no toman partido, describen la situación y ofrecen datos para los interesados más en reflexionar sobre el tema que en defender banderas.

Sugerencias

• A Europe that Protects: Countering Hybrid Threats (UE, 13-6-2018).
• Bruselas intenta poner límites al poder desbocado de los gigantes digitales (infoLibre, 20-5-2018).
• La democracia como interpretación, por Daniel Innerarity (El País, 9-5-2018). El combate contra la falsedad solo puede librarse en un entorno de pluralismo garantizado porque la clave es el conflicto de distintas versiones, no la imposición de una “descripción correcta” de la realidad
• Leyes 'fake news', por Raúl Magallón (Telos, Fundación Telefónica, 4-5-2018).
• Tackling online disinformation (Comisión Europea, 26-4-2018). 
• Bruselas pide a las plataformas que luchen contra la desinformación y controlen los contenidos patrocinados (infoLibre, 26-4-2018). 
• El periodismo de calidad es el antídoto contra las 'fake news', por @aprensamadrid (Periodísticos, 26-4-2018).
• Bruselas propone medidas tibias para combatir la desinformación (El País.com 25-4-2008). 
• Podemos abandona el grupo del Congreso sobre las noticias falsas (El País, 25-4-2018).
• The digital transformation of news media and the rise of online disinformation (JRC -Comisión Europea-, abril 2018).
• ¿Son una noticia falsa las informaciones sobre la injerencia rusa en Cataluña? (infoLibre, 21-4-2018).
• Información contra la desinformación, por Carlos Penedo (Contextos / infoLibre, 26-3-2018).

Terrorismo a la baja

Artículo de opinión publicado también en infoLibre / Blog Al revés y al derecho.

Ilustración de Harry Campbell para The New York Times de 13-4-2018.

La misteriosa explosión de cinco artefactos este mes de marzo en Texas en una serie de ataques con paquetes bomba, que provocaron dos muertos y cuatro heridos, acabó finalmente con el suicidio de su responsable cuando iba a ser detenido. Resultó ser un vecino de 23 años y las crónicas sólo nos han contado que el joven fue educado en casa por sus padres en su adolescencia y que entre 2010 y 2012 asistió a la universidad en Austin pero no terminó sus estudios.
Con este suceso ha vuelto a surgir el debate en EEUU sobre cuándo y cómo aplicar el término terrorismo a un suceso violento, cuestión intermitente que también aparece en las matanzas en colegios, institutos o conciertos con armas de guerra.
Lo mismo ha ocurrido a comienzos de abril en la ciudad de Münster (Alemania), donde un individuo arrasó con la furgoneta que conducía la terraza de un restaurante con el resultado de dos muertos y una veintena de heridos. El atacante, que también se suicidó, resultó ser un alemán de 48 años con historial médico inquietante, y a pesar de la prudencia con que en ese país se reacciona informativamente a este tipo de sucesos, por parte del Gobierno, leemos que el asunto hizo "revivir en Europa durante horas el fantasma del terrorismo".
La impresión de que sucesos muy similares son tratados de forma distinta dependiendo de la nacionalidad y religión del autor se confirma con estudios recientes.
Un informe del norteamericano ISPU (Institute for Social Policy and Understanding, trabajo conocido a través del periódico The Intercept) revela que los sucesos violentos con víctimas en EEUU en los que está involucrado una persona musulmana reciben sentencias tres veces más largas y una cobertura en medios siete veces mayor que los casos sin participantes de esa confesión.
La directora del estudio referido opina que "en el fondo, la cuestión es qué consideramos amenazante como sociedad y a qué tememos. Lo que se observa a menudo es que cuando un delito es cometido por un miembro del grupo dominante o privilegiado de cualquier sociedad, se justifica como una aberración, mientras que los delitos cometidos por miembros de otro grupo secundario se consideran patológicos y representativos de ese colectivo en su totalidad", y esto afecta también a tribunales y periodistas.
Llevamos dos décadas al menos con una omnipresencia mediática, judicial y política del terrorismo, aún más en España desde la llegada de Rajoy a la presidencia y la reforma del Código Penal de 2015, con titiriteros, raperos y ahora manifestantes independentistas acusados de terrorismo; homenajes permanentes a las víctimas y de ellas (Cristina Cifuentes acaba de recibir un reconocimiento de la AVT), mayor número de procesos judiciales y sentencias por apología del terrorismo hoy que cuando ETA asesinaba a una persona cada tres días.
Asistimos a tanta referencia al terrorismo que ha perdido gran parte de su significado original.
Lo sorprendente es que también existen indicios de que el terrorismo puede estar tocando techo como causa general de todo tipo de temores y justificación omnicomprensiva de todo tipo de políticas, la de interior, la exterior, la educativa, los despliegues militares, el presupuesto de Defensa, del contenido de la televisión pública y de los plenos municipales.
Desde el punto de vista informativo ya aparece otro tipo de violencias compitiendo con éxito en el espacio mediático, asesinatos de niños, violencia sexual y los sucesos violentos que llenan los telediarios.
En el ámbito exterior, con el Estado Islámico en horas operativamente bajas, en proceso de mutar hacia otro estado con minúscula hoy desconocido, ya no funciona la misma plantilla -nunca lo hizo, pero se ha hecho más evidente- para explicar la violencia en el norte de Nigeria, Malí, Egipto, Siria, Afganistán y el metro de Tokio.
Pero quizá quien más está contribuyendo a cambiar la perspectiva sobre la fuente de amenazas y violencia en el planeta se llama Donald Trump.
El presidente de EEUU marca la agenda internacional y parece poco aficionado al terrorismo como recurso argumental, aparenta en sus amenazas tuiteras mayor afición a pulsos nucleares con Corea del Norte, a guerras comerciales con China, vuelven los aranceles (que no tarifas, eso es una mala traducción) que impulsan hoy los que hasta ayer apadrinaban la globalización, aparecen militares en la frontera con México..., y hasta un enfrentamiento con Rusia, una relación peor que en la guerra fría, dice, quién lo hubiera adivinado con las buenas conexiones que mantenía antes de ocupar la presidencia.
En un escenario profundamente transformado en los últimos años, algunos actores insisten en representar la misma función, y así volvemos a contemplar bombardeos en Oriente Próximo al hilo de investigaciones sobre el comportamiento sexual del presidente de EEUU, en el caso de Clinton era una becaria, en el de Trump son actrices porno; el primero bombardeaba Irak, el segundo Siria.
Si se confirma el repliegue del terrorismo como coartada universal para explicar todo tipo de violencias y justificar el recorte de derechos, nos permitirá afinar el argumento y los matices en la explicación de la actualidad.
En la base española de Rota, Trump tiene domiciliados cuatro destructores que en teoría forman el componente naval de un escudo antimisiles. A la búsqueda de misiles de los que protegerse, estas cuatro grandes fragatas parece que muestran una actitud más ofensiva que la defensiva que se espera de un escudo, y una autonomía poco respetuosa con el casero.

Sugerencias

• Así se mata en España (El País, 16-12-2018).
• Informe sobre el homicidio en España (Ministerio del Interior, 2018).
• ETA terminó en octubre de 2011 (El País, 30-4-2018).
• Las sentencias por enaltecimiento del terrorismo se multiplican por cuatro desde que ETA dejó de matar (El Diario.es, 21-4-2018).
• ‘Fake bombing’ o geopolítica de engaños, por Pedro Baños (El Independiente, 14-4-2018).
• A Coordinated Attack on Syria, editorial (NYT, 13-4-2018).
• El juez deja libre a la activista de los CDR y no ve terrorismo (El Periódico, 12-4-2018).
• Populismo punitivo: odiar al delincuente, ganar apoyos, por Javier Cigüela (Ctxt, 11-4-2018).
• Muslims accused of plotting violence get seven times more media attention and four times longer sentences (The Intercept, 5-4-2018).
• “Equal Treatment? Measuring the Legal and Media Responses to Ideologically Motivated Violence in the United States (ISPU, abril 2018).
• Excesos de la lucha antiterrorista, por Carlos Penedo (Blog Contextos, 18-3-2017).

Información contra la desinformación

Columna de opinión publicada también en infoLibre / Blog Al revés y al derecho.

En paralelo a la actividad reactiva de una decena de periodistas que en Bruselas se dedican a tiempo parcial a localizar noticias falsas publicadas en cirílico, la Comisión Europea acaba de presentar una iniciativa de mucho mayor calado y muy escasa repercusión contra la desinformación a través de medios digitales.
El trabajo consta de tres elementos diferenciados: un informe redactado por un grupo de especialistas, que trata de definir el problema e incluye recomendaciones; entre noviembre y febrero la Comisión puso en marcha además una consulta pública sobre el asunto, en la que participaron cerca de 3.000 personas entre profesionales de medios de comunicación y ciudadanos de a pie, el que quiso participar; el tercer elemento ha sido una encuesta, más de 26.000 entrevistados en febrero de este 2018.
A partir de estos ingredientes (informe, consulta y encuesta) la UE pretende publicar esta primavera una Comunicación (las líneas básicas de una estrategia europea) sobre la lucha contra la desinformación en línea.
Una primera conclusión no deja de sorprender, favorablemente: los expertos han evitado deliberadamente el término "noticias falsas", por considerarlo inadecuado para reflejar los problemas complejos de la desinformación, cuyos contenidos pueden también combinar información ficticia con hechos reales.
El informe -elaborado en el primer trimestre del año- define la desinformación como información falsa, inexacta o engañosa diseñada, presentada y promovida para obtener un beneficio (se entiende que económico) o para causar intencionadamente un perjuicio público. Aclaran que el campo de actuación no incluye la creación y difusión online de contenidos ilegales (difamación, discursos de odio, incitación a la violencia), que ya están regulados por normativa europea o de los Estados miembro; tampoco contemplan la deliberada distorsión de hechos, sin ánimo de engañar, que se encuentra en variantes del humor, la sátira o la parodia.
Los autores de este informe advierten a la Comisión Europea contra soluciones simplistas y de corto plazo, por el contrario apuestan por fortalecer gradualmente tanto a instituciones como a la propia sociedad contra la desinformación; y señalan directamente que se debe evitar cualquier tipo de censura de contenidos o canales (se reitera el respeto absoluto a la libertad de expresión, de prensa y de pensamiento).
Incluyen asimismo una serie de recomendaciones, como promover la alfabetización mediática (estudiantes, docentes, ciudadanos) a fin de contrarrestar la desinformación; desarrollar instrumentos que fortalezcan a usuarios y periodistas para hacer frente a la desinformación; o proteger la diversidad y la sostenibilidad de los medios informativos europeos. Lo anterior se podría resumir en que los especialistas consultados sugieren reaccionar con información de calidad a la desinformación; enseñar a jóvenes y adultos a interpretar un texto informativo; y proteger de alguna forma la pluralidad y calidad de los medios.
Asimismo abogan por un código de principios que las plataformas en línea y las redes sociales deberían hacer suyo. Uno de los principios clave expuestos en el informe propugna que deberían, por ejemplo, garantizar la transparencia explicando cómo seleccionan sus algoritmos las noticias presentadas. En cooperación con los medios de información europeos, se les invita asimismo a adoptar medidas eficaces para mejorar la visibilidad de las noticias fiables y fidedignas y facilitar el acceso a ellas de los usuarios.
En relación con la consulta pública, siempre condicionada por las preguntas que se formulaban, las dos categorías en las que la mayoría de las respuestas considera probable que las noticias falsas perjudiquen a la sociedad son la desinformación intencionada para influir en las elecciones y en las políticas migratorias (por aquí anda la crisis de refugiados). En este apartado sorprende encontrar la seguridad como el sexto ámbito más amenazado, sobre nueve planteados.
Según la consulta pública, la opinión general es que la desinformación se propaga fácilmente a través de las redes sociales porque las noticias falsas apelan a las emociones del lector (88%), se difunden para orientar el debate público (84%) y están concebidas para generar ingresos (65%).
Los ciudadanos y profesionales que han participado voluntariamente en esta consulta expresan una clara preocupación por la censura que pudiera limitar la libertad de expresión, y apuestan por una mayor transparencia, la educación reglada y la alfabetización sobre medios. Entre estos últimos, los que menos noticias falsas difunden son los periódicos en papel, la radio y las agencias de noticias.
Por su parte, en la encuesta elaborada por la Comisión Europea los ciudadanos consideran los medios de comunicación tradicionales como la fuente de noticias más fiable (radio 70%, televisión 66%, medios impresos 63%, el orden es significativo). Las fuentes de noticias en línea y los sitios web de alojamiento de vídeos son las que suscitan menos confianza. Es decir, si hablamos de información los medios de comunicación tradicionales reciben mayor confianza que las plataformas digitales donde todo circula, pero prima el entretenimiento.
En la encuesta aparece España como el país de la UE en donde el ciudadano más frecuentemente se encuentra con noticias falsas (la mitad, a diario) y destaca también como el Estado donde la gente muestra menos confianza para identificar estas informaciones falseadas (un 55% se siente capaz, frente al 71% de media europea).
Otro dato destacable de la encuesta es que los europeos consultados, a la pregunta de quién debería actuar para evitar la propagación de noticias falsas, señalan en primer lugar a los propios periodistas, seguidos de los autoridades públicas nacionales seguidas en tercer lugar de las empresas de comunicación.
Nada radicalmente novedoso surge de esta iniciativa de la Comisión Europea y ahí está su mérito: destaca el esfuerzo en marcha y la sensatez en el tratamiento del tema, cuando a diario se publican piezas escandalosas sobre elecciones manipuladas a golpe de tuit o cuando la propia OTAN y los ministerios de Defensa, probablemente ayunos de argumentos para justificar su presupuesto o su incremento, se han lanzado sobre este asunto de la desinformación como si se tratara de una amenaza nuclear.
El tema es bastante más serio que un misil intercontinental con carga atómica, afecta a la capacidad de razonar del ciudadano, y aún están por descubrir los medios militares con los que contrarrestar la desinformación. En esta ocasión, la UE ha comenzado a desbrozar el camino con mucho más rigor del que la mayoría de políticos y medios muestran habitualmente con este tema.

Sugerencias

• ¿Tienen derecho a la libertad de expresión los robots? (El País.com, 26-3-2018). El Congreso afronta, receloso y dividido, la lucha contra las campañas de desinformación en las redes sociales
• Lucha contra la desinformación en línea: El Grupo de Expertos defiende una mayor transparencia entre las plataformas en línea (Comisión Europea, 12-3-2018).
• Seis puntos clave del informe sobre desinformación del Grupo de expertos de la Comisión Europea (El Diario.es, 12-3-2018).
• Excesos de la lucha antiterrorista, por Carlos Penedo (Seguridad Global y Derechos, 7-3-2017).
• Censura de noticias falsas, por Carlos Penedo (Blog Contextos, 11-1-2017).
• Peligro: desinformación, por Carlos Penedo (Blog Contextos, 31-10-2016).

Cuando el asesino es de los nuestros

Artículo de opinión publicado también en infoLibre.

Fusil de asalto AR-15, un éxito de ventas en

EEUU, utilizado en la masacre de Florida.

Aquí, Madrid, invierno de 2018, caminando hacia marzo, que diría el poeta.
Tres sucesos recientes y violentos.
Uno. Italia celebra elecciones legislativas el 4 de marzo. La larga campaña electoral se ha visto sacudida por lo acontecido en una pequeña capital de provincia del centro del país, Macerata, 40.000 habitantes, como Soria: un varón de 28 años descargó su pistola disparando desde su coche contra inmigrantes africanos de la localidad e hirió a seis, de cuya suerte los medios no han vuelto a informar. El atacante había sido candidato de la Liga Norte en las últimas generales y, antes de ser detenido, hizo el saludo fascista y gritó "viva Italia".
Tenemos en este asunto terror, victimas casi indiscriminadas y vinculación con una organización política extremista.
Lo sorprendente del caso es que las crónicas periodísticas contaban que la ciudad y sus responsables estuvieron sumidos en el pánico por si podía tratarse de un ataque terrorista, circunstancia que los cronistas y los sumidos en el pánico parece que descartaron cuando se identificó al agresor como italiano y a las víctimas como inmigrantes.
Imaginemos en este punto la hipotética reacción ante un tunecino vinculado a un partido extremista islámico disparando indiscriminadamente a italianos.
Dos. Un español ha muerto en un bombardeo de la aviación turca sobre un enclave sirio con claro valor estratégico, como todos los enclaves. Desde la Segunda Guerra Mundial las víctimas de las guerras, combatientes y sobre todo civiles, mueren mayoritariamente por bombarderos aéreos, poco de trincheras y bayonetas. El compatriota, gallego de 25 años, llevaba un año integrado y combatiendo en alguna de las milicias kurdas, al parecer tenía buena puntería; sus allegados dicen que era una bellísima persona.
Todos los conflictos armados atraen una suerte de turistas de la violencia; cuando la participación es remunerada recibían hasta hace no demasiado tiempo el nombre de mercenarios, como Joselito, el pequeño ruiseñor que cuando salió de la jaula acabó volando hasta Angola, contratado por alguna de las partes.
Se calcula que entre 400 y 5.000 europeos se han sumado a las milicias kurdas para luchar en principio contra el Estado Islámico, cuando se tercie contra el régimen sirio y ahora contra fuerzas turcas; de ellos, entre 25 y 200 españoles (la disparidad de cifras indica que no se tiene ni idea de cuántos son), que aparecen intermitentemente en los medios presentados como algo parecido a cooperantes valientes que no pudieron quedarse quietos ante las atrocidades que veían en televisión.

Cartel propagandístico de las milicias kurdas.

Confiemos en que los organismos dedicados a la seguridad, así como siguen la pista a los enrolados en el Estado Islámico, hagan lo propio con estos españoles que participan activamente en conflictos armados, da igual si inspirados por motivos religiosos o económicos, por lo que hacen en destino y porque pueden volver a casa con la costumbre adquirida de resolver los problemas con disparos.
Tres. Matanza en un instituto de Florida, en la localidad de Parkland, 30.000 habitantes (menos que Teruel), 17 estudiantes muertos. El guarda de seguridad del centro no hizo frente al agresor -de 19 años, armado con botes de humo y un fusil de asalto-, algo perfectamente comprensible con el salario que le imaginamos. Hace ya tiempo que los héroes son involuntarios. El presidente Trump sugiere armar a los directores de instituto. Tenemos aquí terror, matanzas indiscriminadas asociadas en muchos casos a una ideología de extrema derecha. Lo único positivo del suceso es que la reacción política a la masacre ha venido de los propios estudiantes de secundaria, dando una lección a sus mayores.
El asesino de Florida estaba vinculado a grupos supremacistas y fue investigado por el FBI, sin resultados.
¿Se encuadran estos tres casos como terrorismo? Pues depende, siendo rigurosos no, al terror y una organización detrás o cercana es necesario añadir un objetivo político; aunque si aplicáramos los criterios que utilizamos normalmente si el agresor es musulmán o el apellido suena árabe, sin duda lo consideraríamos terrorismo.
De donde se concluye que la clasificación de la violencia y muchas respuestas dependen de la nacionalidad del que aprieta el gatillo; y que algo que une a los tres casos es la atención que merecerían los procesos de radicalización violenta (hay mucho radical no violento), cuando el personaje está pegando tiros lo único que se puede hacer ya es detenerlo, las soluciones están en el origen y en el proceso que le ha llevado hasta el punto final.
El Gobierno español presentó en enero de 2015 un Plan de Prevención de la Radicalización Violenta, con resultados desconocidos. Tenía mucho de actuación a nivel local, de educación y de servicios sociales, pero Interior pilota y vende estos asuntos y hace lo que hacen los ministerios del Interior en todo el mundo, que no son políticas sociales. Francia, a través también de su ministerio del Interior, acaba de presentar el tercer plan sobre el asunto en cuatro años.

Sugerencias

• El placer de matar, por José Lázaro (El País, 4-3-2018).
• Los terroristas de Estados Unidos (El Diario.es, 15-2-2018).
• El brutal relato de un guardia civil destinado en Toledo que mató a un marroquí: "Pensaba que iba a inmolarse" (EDCM / EP, 15-2-2018).
• Solo 13 de los 8.000 municipios aplican el plan nacional contra la radicalización (El País, 29-8-2017). Los ideólogos del plan se quejan de la falta de voluntad política e Interior asegura que está llegando a acuerdos con ayuntamientos

Comisiones de la verdad, versión española

Artículo de opinión publicado también en infoLibre / Blog Al revés y al derecho.

Retirada de la estatua ecuestre de Franco que presidió hasta 2006

la entrada de la Academia General Militar de Zaragoza (EFE).

En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.
Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.
Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.
Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia.
"Las comisiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo", define el Centro Internacional para la Justicia Transicional -ITCJ-, organización internacional especializada en la justicia en periodos de transición.
En síntesis, este tipo de comisiones tienen iniciativa pública, no sustituyen a la justicia penal, ponen el foco en las víctimas y en las violaciones de los derechos humanos, y suelen recopilar un gran volumen de datos, con miles de víctimas, y a menudo durante un periodo de tiempo muy amplio que puede contemplar décadas. Entre sus objetivos figuran afrontar la impunidad y obtener una imagen más o menos clara de sucesos violentos que permanecen en disputa o son negados, proteger y reconocer a las víctimas y supervivientes, proponer políticas y promover cambios también sociales.
Tras el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016, y recogido entre sus compromisos, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición fue creada en Colombia por un decreto presidencial en abril de 2017, un mecanismo entre otros -como la búsqueda de desaparecidos-, contempla un periodo de seis meses para entrar en funcionamiento y tres años de mandato que culminarán con la elaboración de un informe final.
"Satisfacer de manera oportuna los derechos de las víctimas", insiste el decreto de creación, además de "garantizar el derecho a la verdad como un pilar fundamental para la consolidación de la paz".
Entre los objetivos se mencionan "contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido", "el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país" y "promover la convivencia en los territorios y la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia".
"La CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado".
En noviembre de 2017 el Comité de Escogencia ha seleccionado a los 11 integrantes de la Comisión, que incluye religiosos -la preside un sacerdote jesuita-, periodistas, sociólogos y militares entre sus perfiles.
Estas comisiones dan voz y protagonismo a las víctimas de la represión y audiencia que en algunos casos se produce en la televisión pública en horario de máximo impacto, como está ocurriendo actualmente en Túnez.
El Gobierno tunecino creó la llamada Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), en diciembre de 2014, con las funciones de identificar y juzgar a los responsables de los abusos cometidos durante los régimenes de Habib Burguiba (1957-1987) y Zine el Abidine ben Alí (1987-2011).
La comisión cuenta con activistas pro derechos humanos, opositores a Ben Alí, jueces, abogados, y representantes de colectivos de víctimas de la represión.
También se trata de un mecanismo entre otros, como la Comisión Nacional de Investigación sobre los Temas de Malversación y de Corrupción; y la Comisión Nacional de Investigación sobre las Violaciones y los Excesos cometidos hacia el final de la dictadura.
Creada en 2013, la Instancia tunecina ha recopilado más de 62.000 denuncias presentados por víctimas de todo tipo de abusos, y realizado más de 48.000 audiencias.

Cartel de la película de Álex de la Iglesia "Balada triste

de trompeta" (2010), comedia negra que se desarrolla

en parte en el mausoleo del Valle de los Caídos.

Unos años anterior a las dos mencionadas es la comisión de la verdad creada en Marruecos en los primeros años de reinado de Mohamed VI para investigar nada menos que los denominados "años de plomo" del reinado de su padre Hasán II, llamada Instancia Equidad y Reconciliación. Fue instaurada en enero de 2004 y entregó un informe final al rey en diciembre de 2005 con el balance de unos trabajos desarrollados con el objetivo de arrojar luz sobre las graves violaciones de los derechos humanos entre 1956 y 1999, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y proponer reformas.
Como resultados más directos, la comisión marroquí consiguió determinar las circunstancias de la muerte de alrededor de 800 víctimas (desaparecidos forzosos), se abrieron 17.000 investigaciones individuales y se indemnizó a más de 10.000 víctimas.
Una peculiaridad de la comisión marroquí fue que contempló la reparación comunitaria, la represión de ciertas regiones y comunidades (por ejemplo el Rif y grupos de víctimas como las mujeres), para lo que recomendó programas de desarrollo socioeconómico y cultural.
Las organizaciones de derechos humanos de Marruecos se preocupan desde entonces en seguir el cumplimiento de aquel informe final de una comisión que cuenta con una web algo congelada en cuatro idiomas, entre ellos el español.
Tres casos diferentes los de Colombia, Túnez y Marruecos: el final de una guerra civil, la caída de un dictador, la reinvención de una monarquía autoritaria.
"Una comisión de la verdad puede verse como la ruptura con un pasado violento, una restauración de los cimientos morales de la sociedad que merece el nivel más alto de reconocimiento y apoyo", nos dice el ITCJ.
La reconciliación no es una consecuencia directa de este tipo de comisiones de la verdad, aunque ayudan a crear un nuevo clima político y a recuperar la dignidad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.
En España no se celebró en el paso de la dictadura a la democracia iniciativa comparable a las tres comisiones de la verdad reseñadas.
La equidistancia, hoy convertida en un insulto en el marco de la crisis independentista en Cataluña, fue una marca de fábrica de la transición política española, en lo referido al franquismo y sus delitos, o al abandono de sus víctimas aún mal enterradas por millares en cunetas y barrancos.
Lo más parecido vivido en España a una comisión de la verdad, por su contenido y objetivos, es la llamada ley de la memoria histórica que acaba de cumplir diez años desde su entrada en vigor tras la publicación en el BOE de 27 de diciembre de 2007, con el largo nombre de Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura; la ley recibió el apoyo de todos los grupos (PSOE, IU-ICV, CiU y PNV) salvo PP y ERC; los partidos ya emergidos entonces no existían.
Además de contribuir a generar un debate público, son indudables los logros de una ley en cuyo articulado se incluye el fomento de la memoria democrática, proclama el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia por motivos políticos o ideológicos durante la guerra civil y la dictadura posterior; se declara la ilegitimidad de sus tribunales, sanciones y condenas; se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos económicos de las víctimas (orfandad, años de cárcel); se concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados y los miembros de las Brigadas Internacionales; la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados...
Capítulo especial y polémico mereció la retirada de más de medio millar de símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura (más de 400 de instalaciones militares o dependientes del Ministerio de Defensa).
Entre las críticas hay que mencionar la moderación de la ley en cuestión de fosas comunes (anima  a las administraciones públicas a que faciliten a los interesados su localización, y se hizo un mapa) y una serie de recomendaciones en relación con el mausoleo del Valle de los Caídos sin resultado una década después.

Monumento con las huellas del dictador Franco

retirado en 2010 del Monte Hacho en Ceuta.

Todas estas iniciativas fueron recogidas en una página web, de la que han desaparecido los enlaces desde los organismos públicos aunque sigue viva en el ciberespacio, también congelada, porque el actual gobierno del Partido Popular se ha dedicado a congelar su aplicación y hasta el presidente Rajoy ha llegado a presumir de no destinar un euro a su cumplimiento, caso sólo similar a la Ley de Dependencia y nunca equiparable a la pedagogía pública necesaria con la Ley General Tributaria, por poner un ejemplo.
La Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por iniciativa del Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue un ejercicio positivo con un exceso de prudencia que como ocurre a menudo no es reconocido ni por los propios porque se queda corta ni por los extraños a quienes cualquier paso les parece excesivo. Lo peculiar de este asunto es la distinción entre propios y extraños en la defensa de la democracia.
Los últimos coletazos parlamentarios sobre esta Ley han sido la aprobación en el Congreso, con ánimo reformista, de una proposición no de ley promovida en septiembre por el Grupo Socialista y de una proposición de ley el pasado noviembre impulsada por el PDCat.
Se habla últimamente con frecuencia de brechas generacionales, que haberlas haylas, aunque en este y otros casos (violencia machista) se puede interpretar también que las sociedades evolucionan y hacen inadmisible lo que se aceptaba hasta ese momento.
En el 40 aniversario de la Constitución española de 1978 aún existen iniciativas que pretenden impulsar una comisión de la verdad en España sobre los crímenes del franquismo (aquí, enlace la Plataforma que agrupa a muchas de ellas, y aquí un post publicado al respecto). Independientemente de su recorrido, sería positivo en cualquier caso en el corto plazo la aplicación completa de la Ley de memoria histórica, reformada o no; y podría ser aconsejable que el Gobierno español se implicara con su apoyo material y político en procesos de transición como los mencionados, aprovechando el reciente asiento conseguido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020.
En su mensaje navideño el rey Felipe VI animaba a recuperar el protagonismo internacional de España, de donde se deduce que lo tuvo y se ha perdido.
Como ocurre cuando se estudia una lengua extranjera, que te ayuda a conocer mejor la propia, la implicación española en procesos de carpetazo a la violencia en Colombia, Túnez, Marruecos u otros lugares apoyaría a los ciudadanos de esos países y al tiempo aumentaría la sensibilización de nuestros responsables políticos hacia las víctimas nacionales de un pasado que se resiste a abandonarnos.

Sugerencias

Marruecos

• El lento camino de Marruecos en derechos humanos, por Diego Blázquez (infoLibre - Blog Al revés y al derecho, 15-1-2018).
• La Comisión Marroquí de la Verdad: el momento de los primeros balances, por Driss Yazami (Afkar/Ideas, primavera 2006).
• Síntesis del informe final de la IER marroquí (en español, Fondazione Mediterraneo, 27-1-2006).

Túnez

• Túnez busca la verdad y dignidad que le arrebató la dictadura (El País, 26-12-2017).

Colombia

• Colombia - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.
• Mujeres al frente, documental y video de Lula Gómez.

España

• Más allá de la reconciliación, el silencio y el olvido, por Zira Box (Ctxt, 27-6-2018).
• Una democracia impermeable, por Ignacio Sánchez-Cuenca (infoLibre, 23-2-2018).
• Todos los nombres de la represión franquista (UNED / Diputación de Ciudad Real, 26-1-2018).
• 'El resurgir del pasado en España', de Paloma Aguilar y Leigh Payne (Taurus, 2018).
• España comienza mañana su andadura en el consejo de derechos humanos de la ONU (Servimedia, 31-12-2017).
• 10 años más de desmemoria (El Periódico, 3-12-2017).
• El Congreso aprueba reformar la ley de Memoria Histórica para declarar nulas las sentencias franquistas (Cadena SER, 14-11-2017).
• Memoria histórica: “La fortaleza de la democracia se mide en la capacidad de atender los reclamos de las víctimas” (Naciones Unidas, 19-5-2017). Informe sobre España de 2014.
• Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo.
• LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (BOE, 27-12-2007).
• Página web sobre la Memoria Histórica del Gobierno de España.

Comisiones de la verdad

• Por decreto, por Leila Guerriero (El País, 14-2-2018).
• Verdad, justicia y reparación. Creación de una comisión de la verdad efectiva (Amnistía Internacional, 11-6-2007).
• ICTJ - ¿Qué son las comisiones de la verdad?