Seguridad: tiempos de diagnóstico y definición de estrategias

Artículo publicado originalmente en Blog IDAPS.

¿Cómo están evolucionando los riesgos, desafíos, amenazas a nuestra seguridad? Aparentemente hacia el gris, nos dicen sus profesionales; y hacia lo digital, nos dicta la lógica y la actualidad; en ambos casos la atribución de responsabilidades se difumina, y entonces la justificación de la respuesta también, nuevos escenarios donde los instrumentos tradicionales pueden ver alterada su capacidad de actuación y disuasión.

En principio, las políticas y los medios públicos y privados destinados a la seguridad deberían estar directamente conectados con la inseguridad a la que se enfrentan, aunque la relación no está asegurada por fenómenos llamados inercias, intereses de parte y corporativismo, entre otros, también por el momento presupuestario y por las modas, y la actual es sanitaria (viendo los últimos escándalos de espionaje electrónico, los virus médicos y digitales copan la actualidad).

A mediados de 2021 tanto España como las dos principales organizaciones políticas multilaterales relacionadas con la seguridad de las que formamos parte, la OTAN y la Unión Europea, se encuentran inmersas en un proceso de definición estratégica a partir de un diagnóstico que revele amenazas, recursos y prospectiva para dibujar un marco de actuación en temas de seguridad exterior.

El resultado habrá que juzgarlo por las expectativas, que no suelen ser excesivamente elevadas en estos asuntos; y por la concreción, no vendría mal ser exigente en cuanto a lo aprendido de la gestión de crisis de la envergadura de la financiera de 2008 como de la pandemia mundial provocada por el covid-19 a partir de comienzos de 2020. Otro riesgo muy actual es que pandemias y virus copen todos los documentos sobre seguridad; entonces quizá nos llevemos la sorpresa de que las nuevas estrategias apuesten por incrementar los presupuestos en sanidad pública y atención primaria, en lugar de armamento (esto último es ironía). Las propias estrategias tienen sus propios riesgos internos, no menores en su tendencia a no priorizar o a contemplar tan amplio abanico que lo dicen todo y nada al mismo tiempo. Otro factor, especialmente en el marco a 27 de la UE, es que un acuerdo de mínimos produzca un documento descafeinado.

En cualquier caso los tres documentos estratégicos vigentes requerían una actualización: la Estrategia de Seguridad Nacional española es de 2017; la Estrategia Europea de Seguridad, de 2016; y el concepto estratégico de la OTAN es de 2010.

Nueva estrategia española de seguridad

El primero de los tres documentos estratégicos que se hará público es el español, este mismo año 2021. El proceso arrancó hace al menos un año ya, en verano de 2020. La nueva Estrategia será la cuarta de nuestra historia, "dando así cumplimiento a la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, que prevé la revisión de la misma cada cinco años o cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico, una situación, esta última, que se ha materializado tras la pandemia del covid-19, siendo necesario volver a evaluar los ámbitos definidos en la Seguridad Nacional y las relaciones entre ellos", se dijo en ese momento.

En la búsqueda de una amplia participación y consenso, está prevista la participación en la nueva Estrategia de las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional, "buscando entre todas las instituciones implicadas un amplio consenso en la visión y política de Estado necesaria para la protección de la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos y así, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales".

La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 a sustituir se supone que tiene la huella de su momento, de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y de un par de ministros por ramo (cambiaron los titulares meses antes de su presentación): Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido en Interior; Pedro Morenés y María Dolores de Cospedal en Defensa; la impresión subjetiva es que han pasado más de cuatro años desde aquel momento.

Identifica este documento de 2017 "las amenazas que comprometen o socavan la Seguridad Nacional y por otra parte, los desafíos que, como retos y sin tener la entidad de amenaza, suscitan vulnerabilidad, provocan situaciones de inestabilidad o pueden propiciar el surgimiento de nuevas amenazas".

En cuanto a las principales amenaza identificadas, se encuentran "los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje, las ciberamenazas y las amenazas sobre las infraestructuras críticas. Especial mención merece la amenaza del terrorismo yihadista -añade la Estrategia de 2017, muy cercana a los atentados de Cataluña-, uno de los principales problemas de seguridad a los que se enfrenta el mundo y que de nuevo mostró toda su brutalidad en España en agosto de 2017".

En cuanto a desafíos, la Estrategia señala "la inestabilidad económica, la vulnerabilidad energética, los movimientos migratorios, las emergencias y catástrofes, las epidemias y pandemias (de forma genérica y distinta a cómo llegó) y el cambio climático".

Dichas amenazas y desafíos no existen aislados, "sino que están interconectados, sus efectos traspasan fronteras y se materializan con frecuencia en los espacios comunes globales, como el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre", añade la estrategia.

Los siguientes pasos están avanzados en la Orden de octubre de 2020 que aprueba el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 (BOE de 5.11.2020). Dice el procedimiento que "la naturaleza global de las amenazas junto con la velocidad del cambio hace necesario:

• Evaluar los ámbitos definidos en la Seguridad Nacional y las relaciones entre ellos para establecer líneas de acción mucho más transversales e integradas que permitan la debida planificación y preparación para hacer frente a cualquier eventual crisis;
• Establecer un sistema de alerta temprana para cada ámbito de la Seguridad Nacional, basado en indicadores y aprovechando la tecnología disponible, que permita la detección de crisis potenciales y la activación temprana del sistema de gestión de crisis para una óptima administración de todos los recursos disponibles;
• Utilizar la tecnología, aprovechando la inteligencia artificial y la mecanización de procesos, para lograr una mayor velocidad de reacción, mayor integración, compartición de datos y digitalización de procesos".

Un aspecto especialmente relevante del  Informe de Seguridad Nacional 2020 aprobado en marzo y conocido en mayo de 2021, "es que se configura como elemento de revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017". El análisis de riesgos que incluye el informe, en el que se afirma han participado dos centenares de especialistas, además de los responsables públicos de seguridad, "se integra de forma plena al proceso de elaboración de la nueva Estrategia. En concreto, los resultados serán incorporados en el nuevo texto".

En ese Análisis de Riesgos para la Seguridad Nacional 2020/2023, "las epidemias y pandemias son las amenazas para la Seguridad Nacional percibidas como más peligrosas. La crisis generada por la covid-19 es considerada como la más grave desde la Segunda Guerra Mundial en términos de número de muertes y casos diagnosticados. Cabe destacar que la pandemia del coronavirus está teniendo duras consecuencias en múltiples ámbitos relacionados con la Seguridad Nacional que trascienden el ámbito sanitario y la seguridad de la salud pública".

Este trabajo prospectivo señala cuatro amenazas y desafíos que, junto a las epidemias y pandemias, se sitúan de forma destacada en la zona más alta de la tabla en el mapa de riesgos: la inestabilidad económica y financiera; la vulnerabilidad del ciberespacio; el espionaje; y los flujos migratorios irregulares.

Junto a las cinco amenazas y desafíos señalados anteriormente, "otros nueve elementos se sitúan en esta zona de peligro muy alto: los efectos del cambio climático; las amenazas para las infraestructuras críticas; las emergencias y catástrofes; los conflictos armados; la vulnerabilidad energética; el crimen organizado; la vulnerabilidad aeroespacial; el terrorismo; y la vulnerabilidad marítima". 

Difícil ver el bosque entre tanto árbol, aunque destaca el lugar muy secundario que ocupa el terrorismo.

Al margen de la nueva estrategia como tema concreto, el largo y dificultoso camino de fortalecimiento de un sistema de seguridad nacional dirigido desde y encuadrado en Moncloa va poniendo de relieve la necesidad de un referente político de peso sobre estos asuntos de seguridad; sobre el papel es el director del Gabinete del Presidente, quien acude al Parlamento a explicar avances e informes, aunque la realidad es que ese puesto -se apellide quien lo ocupe Moragas, Redondo o López- tiene muchas otras prioridades como para ser también una especie de consejero de seguridad nacional con presencia pública y competencia política para responder de forma tajante a desinformación interesada sobre seguridad nacional. Como ejemplo, en los últimos tiempos se ha intentado vender un procedimiento administrativo de actuación frente a la desinformación como el Gran Hermano de Orwell; y la actual modificación en marcha de la ley de Seguridad Nacional, que busca "reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a los recursos necesarios para la gestión de crisis", se descalifica como la implantación de la Venezuela bolivariana en nuestro país.

Al hilo de lo anterior, las estrategias y los responsables de la seguridad deberían detenerse a pensar en cómo reaccionar ante los bulos y la desinformación que muy a menudo proceden del mismo sistema profesional y político de la seguridad, hispano-español o aliado.

Unión Europea: Strategic Compass

Habrá que esperar a marzo de 2022 para conocer por parte de la Unión Europea, coincidiendo con la presidencia francesa del Consejo, los resultados de lo que se ha venido en llamar Strategic Compass, el rumbo estratégico (brújula sería una palabra con mucha mayor fuerza) que oriente la seguridad exterior de la Unión.

Hasta el momento se han dado pasos y pocas pistas; y se ha reiterado desde el comienzo de la legislatura europea en 2019 el concepto de "autonomía estratégica", que aparece en cualquier proyecto de envergadura que se pone en marcha desde las instituciones comunitarias.

En este sentido, el alto representante Josep Borrell, aclara que "la autonomía no debería suponer una total independencia o aislamiento del resto del mundo, sino más bien la capacidad de pensar por nosotros mismos y de actuar de acuerdo con nuestros propios valores e intereses. La Unión Europea necesita lograr este tipo de autonomía, reforzando al mismo tiempo nuestras alianzas y preservando nuestro compromiso con el multilateralismo" (Project Syndicate, 13.11.2020).Señala Borrell que los retos europeos en materia de seguridad van más allá de las competencias tradicionales de la OTAN. Desde el Sahel y Libia hasta el Mediterráneo oriental, no son pocas las crisis que exigen una respuesta europea firme. "La tarea de la UE es definir una posición común a partir de la cual pueda actuar para mantener la estabilidad regional", dice.

Para tener éxito, "Europa debe desarrollar su propio marco de seguimiento y análisis de las amenazas, de modo que pueda pasar rápidamente de la evaluación de amenazas a la operacionalización y la respuesta. Esta es la razón por la que estamos desarrollando un rumbo estratégico (Strategic Compass).

En línea muy coincidente se manifiesta Javier Solana: "La autonomía estratégica europea va mucho más allá de la seguridad militar; la pandemia por ejemplo nos ha dado una gran lección, que no éramos autónomos en mascarillas", afirmaba recientemente; "la autonomía deberíamos empezar a mirarla con otra perspectiva; no hay duda que tiene que ver con nuestra seguridad, también con muchas más cosas en el mundo de hoy: tiene que ver con las inversiones, con la tecnología, con la energía, tiene que ver con el clima..." (Seminario APE, junio 2021).

Aclara quien fue secretario general de la OTAN y responsable de política exterior y de seguridad europeas que "cuando la UE habla de autonomía no habla de autarquía o proteccionismo, sino de todo lo contrario, habla de tener esas capacidades para ponerlas a disposición de las organizaciones internacionales y ser más útil en el mundo en que vivimos", se trata de ser más fuertes y prepararse para el futuro, más que para el pasado.

Solana defiende que "la autonomía estratégica de la UE sería la capacidad de actuar solos, pero con la voluntad de actuar multilateralmente con otros, y más allá de la seguridad".

"En relaciones internacionales se pueden hacer tres cosas: confrontar, cooperar o competir; hay mucho margen para defender nuestros intereses", opina Solana, alejándose de la falsa disyuntiva que a menudo llega de la otra orilla atlántica de sólo distinguir entre enemigos y aliados. "La planificación militar debe ser europea", añade Solana, apuntando a una carencia.

Las orientaciones políticas que está definiendo la UE, así como los objetivos específicos, se agruparán en torno a cuatro áreas interrelacionadas: gestión de crisis y conflictos; resiliencia ante los desafíos y amenazas cambiantes; desarrollo de capacidades e instrumentos civiles y militares; y, por último, cooperación con socios, a nivel bilateral y con organismos internacionales.

Para este proceso se ha elaborado un primer análisis de amenazas, con aportaciones de los servicios de inteligencia civiles y militares de los Estados miembros, que recoge los desafíos de seguridad y defensa europea para un periodo entre cinco y diez años, como la creciente competencia geopolítica y la presión sobre el sistema multilateral; la desestabilización del entorno regional; o las amenazas híbridas y transnacionales, cada vez más complejas. Este diagnóstico de inteligencia compartida, que en sí mismo es un avance, fue anunciado en noviembre de 2020, aunque se desconoce su contenido.

La UE muestra voluntad de avanzar en asuntos de seguridad y estratégicos, que se sumarán a los proyectos concretos en marcha fundamentalmente industriales (PESCO),  o que por primera vez el Marco Financiero contempla un fondo de defensa. Asimismo la Conferencia sobre el Futuro de Europa, entre mayo de 2021 y 2022, debería tratar estos temas de seguridad exterior, muy ligados al fortalecimiento de la UE como entidad política que exige el desarrollo de pilares robustos en protección social y seguridad física.

Alianza Atlántica: nuevo concepto estratégico en España 2022

En relación con la Alianza Atlántica, parece que se han producido algunos cambios entre la "muerte cerebral" diagnosticada para la organización por el presidente francés en noviembre de 2019, y la optimista cumbre de la Alianza de junio de 2021. Entretanto se ha inaugurado una flamante sede en Bruselas y ha cambiado el presidente de Estados Unidos, de donde se infiere la permanente necesidad de reinventarse por parte de la organización -más aún tras el fin de Afganistán- y el poder del aliado norteamericano en la organización, sólo matizado por la unanimidad requerida en las decisiones (curiosamente este método de decisión no es cuestionado en el funcionamiento de la Alianza, sí en la UE).

Durante esta reunión en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron que España acoja en 2022 la cumbre de la OTAN. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que en la Cumbre de 1997 en España, los aliados "fuimos capaces de demostrar cohesión pero, sobre todo, visión de futuro para afrontar el nuevo escenario estratégico que se abría tras la caída del muro de Berlín. Me gustaría llevar ese espíritu de Madrid a la próxima Cumbre para que seamos capaces de alumbrar un nuevo Concepto Estratégico que nos sirva de guía en los años venideros".

Recordaba Moncloa en ese marco que el compromiso de España con la OTAN se manifiesta en que nuestro país participa en la mayoría de las misiones de la organización, y lo hace con 902 efectivos. 

En la Cumbre de la OTAN de este junio los aliados han refrendado 'OTAN 2030', un documento para lograr una organización más política y fuerte militarmente, y más global, para afrontar las amenazas y los retos del nuevo contexto estratégico.

El documento 'OTAN2030' contempla nueve prioridades: aumentar las consultas políticas y la coordinación entre aliados; reforzar la disuasión y la defensa; mejorar la resiliencia; preservar la ventaja tecnológica; mejorar la cooperación con socios en adiestramiento y generación de capacidades; luchar contra el cambio climático; renovar el concepto estratégico; y asignar recursos para llevar a cabo estos temas.

Pistas externas

Atendiendo a otras pistas dispersas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorka, declaraba hace pocas fechas en una entrevista en la prensa española (El País, 24.6.2021). que "los ciberataques son una de las mayores amenazas a la que nos enfrentamos en EE UU y en el mundo, pero la amenaza terrorista se mantiene. En todos los años que he estado vinculado a la seguridad nacional he visto cómo ésta ha ido cambiando. La mayor amenaza terrorista a la que nos enfrentamos hoy en Estados Unidos es la amenaza del terrorismo interior, una conexión entre ideologías radicales y violencia". De aquí se deduce que a EEUU le preocupa la ciberseguridad, el terrorismo propio y China, ¿lo trasladará a través de la OTAN? ¿Dejarán la confrontación con Rusia a los europeos? ¿Existe la autonomía estratégica de la UE dentro de la OTAN?

España, la UE y la OTAN  están actualizando sus estrategias de seguridad cuyo resultado deberá tener en cuenta un terrorismo yihadista omnipresente desde el cambio de siglo y hoy claramente a la baja; el fin de las grandes y prolongadas intervenciones militares como Afganistán (se habla de cansancio estratégico); muestra síntomas de agotamiento la desinformación como gran argumento de sustitución al terrorismo (en lugar de las bien reales ciberamenazas); se presenta una improbable nueva guerra fría con la vuelta de Rusia y la emergencia de China (por ofrecer un dato aproximado, el presupuesto anual en Defensa de EEUU triplica al de China y es diez veces el de Rusia); ciudadanos y parlamentos parecen cada día más lejos de las decisiones y decisores sobre su seguridad...

Es de agradecer en cualquier caso la aparición de documentos estratégicos que analicen tendencias y dibujen escenarios futuros, trabajos que no olvidemos se hacen para actuar en el presente. Estos informes han estado tradicionalmente financiados por el sector de la seguridad, con lo que las previsiones suelen salir muy inseguras, siguiendo el principio del mantenimiento de la especie y su reproducción; en los últimos tiempos se van sumando además ejercicios de prospectiva en otros ámbitos, como el proceso "España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo".

Bienvenido cualquier esfuerzo que ayude al ciudadano a pensar y comprender, y a los actores públicos y privados a organizarse, prevenir y gestionar crisis; nada de lo anterior está garantizado con la publicación de tres estrategias de seguridad, depende de su contenido y de la pedagogía que se haga con el documento; hasta el momento se ha desaprovechado el proceso de elaboración para implicar al ciudadano y estar presente en el debate público.

La seguridad total no existe, la actual exige instrumentos más allá de los militares y policiales, el momento exige mayor concreción que en el pasado.

De la publicación de las tres estrategias en elaboración, y de su desarrollo, derivará el porcentaje del PIB que dedicamos a la seguridad exterior, por ejemplo, y el futuro de los instrumentos públicos dedicados a estos menesteres, por centenarios que sean, otra cosa sería seguir un orden no lógico; incluso si el objetivo final fuera la sensación subjetiva de seguridad, más que la seguridad misma.

Veremos con atención los productos estratégicos hoy cocinándose. Quizá una de las claves sea su éxito en la definición de una nueva relación entre soberanía y seguridad.

Escribía recientemente Xavier Vidal-Folch que "el universo de las democracias contemporáneas aspira a configurar un espacio de identidades superpuestas, un conjunto de competencias concurrentes; un mundo de soberanías compartidas. La clave de lo contemporáneo no es la imposible independencia absoluta, sino la interdependencia". 

También en seguridad.

Luz sobre la desinfomación, y estructura

Artículo publicado también en infoLibre.

El Boletín Oficial del Estado de 5 de noviembre ha publicado una Orden del Ministerio de la Presidencia que reproduce el llamado 'Procedimiento de actuación contra la desinformación'. Se trata de una iniciativa del Gobierno central, que decide crear desde Moncloa una serie de mecanismos relacionados con un asunto de importancia y actualidad, en concreto la elaboración de una estrategia y la constitución de una comisión permanente. Hasta aquí los hechos.

Primera buena noticia: que se conozca. Han tardado un mes desde que el Procedimiento fue aprobado, pero se ha acabado publicando, es público, conocible y opinable; existen otros ámbitos como la prevención de la radicalización violenta -o la estrategia comercial de las entidades financieras- que se mueven en la oscuridad y no es posible detectar ni actuaciones ni aciertos ni errores.

Resulta que estas páginas del BOE han provocado una pequeña tormenta, el tiempo dirá si se convierte en tsunami democrático. En primer lugar, envío desde estas líneas un saludo fraternal a los opinadores todo-terreno, he formado parte del gremio y espero volver en algún momento, abundan en el mundo de la comunicación y de la política. Según cada caso uno puede tocar con partitura, de oído o improvisar, y por el mundo del jazz y las peleas de gallos del rap descubrimos que una buena improvisación tiene mucho conocimiento y ensayo detrás. En una mañana de otoño la actualidad te puede poner sobre la mesa y pedir criterio sobre desinformación, sobre el presidente de la primera potencia mundial poniendo en duda la legalidad democrática del país que preside, la mejor manera de hacer un test de detección de un virus en un colegio, sobre 50 sistemas de recuento electoral del siglo XVIII, la enseñanza bilingüe o la herencia maldita de Paquirri. Suerte.

Como la desinformación es un ámbito difuso y confuso, encendamos la linterna, para ver, más que para que nos vean, la luz de la bicicleta puede tener esos dos funciones, diferentes.

Marco. Este Procedimiento de actuación contra la desinformación se encuadra en la progresiva construcción desde Presidencia de un sistema de seguridad nacional desde hace ya una década, que ha creado un Consejo de Seguridad Nacional, un departamento con ese nombre en Moncloa, elabora anualmente un informe de seguridad nacional (que presenta en el Parlamento el director del Gabinete del Presidente, lo hizo Moragas y lo hace ahora Redondo) tiene comisiones especializadas dedicadas a ciberseguridad, seguridad marítima, inmigración, seguridad energética, no proliferación (de armas), terrorismo y seguridad aeroespacial; ha elaborado estrategias sectoriales sobre los ámbitos anteriores; ahora se decide avanzar en desinformación en esta misma línea.

En el mismo BOE de marras del 5 de noviembre se han publicado también otras dos Órdenes de Presidencia con sendos acuerdos del Consejo de Seguridad Nacional por el que se aprueban el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021; y el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Energética Nacional; dos asuntos que no han merecido una palabra, hasta el momento.

Por tanto, primer marco de esta iniciativa: la estructura de seguridad nacional; segundo marco, la Unión Europea. Con una unidad de acción poco frecuente entre Comisión, Parlamento, Consejo, hasta el Comité de las Regiones ha aparecido en algún momento, la UE lleva cuatro años muy activa sobre desinformación, desde que las elecciones en Estados Unidos de 2016 y el referéndum del bréxit encendieron todas las alarmas sobre contenidos tóxicos circulando por canales digitales.

Fruto de ese trabajo es el europeo Plan de Acción sobre Desinformación aprobado en diciembre de 2018 (con un trabajo previo de análisis quizá tan interesante como el propio Plan), que establece mecanismos, una red de alerta rápida y pide interlocución nacional. Los instrumentos que anuncia este Procedimiento monclovita son la traducción/conexión española con el sistema europeo. Nadie ha acusado a la UE de intentar censurar.

Por tanto, aparece aquí una segunda buena noticia: se refuerza la estructura, se contempla la elaboración de una estrategia nacional sobre desinformación y la creación de una comisión permanente donde se van a sentar muchos de Presidencia, principalmente la gente del departamento de seguridad nacional; también los que en esa casa saben de Comunicación; aparece allí con voz propia el CNI; la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; representantes de Comunicación en Exteriores; presencia también de la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial; y se abre además a la participación privada y de la sociedad civil cuando interese invitarlos.

Cambio climático. El calentamiento global ha llegado también al mundo de la información, digamos que en los últimos años ha cambiado el ecosistema informativo. Siempre han existido informaciones averiadas, interesadas, intentos de confundir o ganar dinero; la novedad es la inmediatez tecnológica, la democratización de generar contenidos (coste casi cero, aunque Trump gastó en 2019 veinte millones de dólares en campañas en Facebook; quien esto escribe invirtió seis euros para conseguir mil visualizaciones de una entrada, sin ánimo de lucro, por probar), novedad es la mezcla de desinformación con populismo, novedad es la confusión entre información y entretenimiento.

Digamos que ha cambiado el escenario y por eso es bueno actuar, para comprender mejor el entorno, cambios que afectan muy profundamente a la economía de los medios de información, al mercado publicitario dominado por las plataformas digitales (dueñas de la distribución de los productos informativos, no sus productores), al volumen de contenidos casi inmanejable a los que tenemos acceso.

Tercera buena noticia: se decide que la coordinación (que no la dirección) del asunto caiga en el mundo de la Comunicación, la Secretaría de Estado del tema. Muy a menudo se acercan al mundo de la desinformación ágrafos de la información, el marco está repleto de especialistas en seguridad, en tecnología, en inteligencia... que pueden no ser capaces de entender el recorrido de una nota de prensa o la redacción de un breve. Con buena intención e interés profesional muchos se han lanzado a desinformar sin conocer los principios de informar.

Lagunas. Precisamente uno de los peligros de esta iniciativa sobre desinformación desde Moncloa es su excesiva dependencia de la Seguridad, donde surge, que se limite el objeto de estudio y actuación con ataques extranjeros a la seguridad nacional, a procesos electorales. Nada se ha probado de este terrible amenaza ni en aquel proceso vivido en Cataluña ni en las elecciones generales celebradas en España en los últimos tiempos.

Acabamos de comprobar en EEUU que la desinformación puede proceder del presidente de tu Gobierno, y no de montañas lejanas rusas o iraníes como denunció sin pruebas el mismo desinformador en jefe un par de semanas antes de las elecciones. 

La UE ha situado principalmente el tema en el Servicio Europeo de Acción Exterior (hoy bajo responsabilidad de Josep Borrell), dedica docena y media de personas y cinco millones de euros orientados prioritariamente a Rusia, en menor medida a la orilla sur del Mediterráneo y los Balcanes; y curiosamente también presta mucha atención a las plataformas digitales, ahí las instituciones comunitarias son competentes y se fuerza a las grandes multinacionales tecnológicas (Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter) a que colaboren y lo están haciendo.

El mundo militar conoce y practica desde hace siglos las operaciones de información (pensemos en militares españoles enseñando español a los cristianos libaneses; hombrecillos verdes en Ucrania), y así seguirá siendo, pero es un ámbito determinado y no el más importante. La desinformación es mucho más amplia, y procede o puede hacerlo mayoritariamente del propio territorio.

Falso también que afecte a todo el mundo por igual o que su producción sea generalizada. La inmigración (menas, ayudas, invasiones) y la igualdad (de la mujer, principalmente) concentran más de la mitad de los contenidos de las campañas de desinformación, no todas las ideologías utilizan estos temas con el mismo entusiasmo para confundir o encender pasiones.

Falta por tanto en este panorama que se está diseñando el Ministerio de Educación; falta el mundo académico, universitario, think tanks; falta formación y análisis. Como en el caso del covid, sobre desinformación tenemos algunos datos, y nos falta comprensión.

Aún está pendiente cubrir en el análisis de la desinformación dos lagunas de importancia: la atribución de las campañas de desinformación (el mundo digital puede ocultar procedencia geográfica o personal) e influencia (se ofrecen datos cuantitativos de las campañas, no su capacidad de cambiar nuestro voto).

Resulta imprescindible impulsar actuaciones de alfabetización mediática, a jóvenes y adultos, para incrementar la capacidad del ciudadano de interpretar los contenidos informativos o de entretenimiento que le llegan o encuentra. Hay ya gente trabajando, están los fact checkers (comprobadores de datos) como primera línea de respuesta, aunque su alcance es útil pero limitado; el fenómeno merece actuación a medio y largo plazo, con educación. 

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Google, el patrocinio del Gobierno central y la colaboración de los principales medios de comunicación españoles han puesto en marcha este 2019 la iniciativa (in)fórmate, un proyecto para la educación en el consumo de medios e información online, que promueve la alfabetización mediática y el fomento del pensamiento crítico en la población adolescente de 14 a 16 años que está cursando 3º y 4º de la ESO en centros educativos españoles. Un ejemplo.

La Fundación Andalucía Acoge lleva años luchando contra lo que hoy denominamos fake news / noticias falsas y con más rigor desinformación. Nada menos que en 2014 creó la llamada Agencia Stop Rumores, una estrategia de impacto comunicativo y social que tiene como objetivo luchar, de forma sostenida en el tiempo, contra los rumores que dificultan la convivencia en la diversidad, desmontando muchos estereotipos negativos en relación con la inmigración y las ayudas públicas (aquí alguna pista sobre estas iniciativas).

Resulta imprescindible la colaboración en esta labor también de los medios, probablemente los públicos y sólo de los privados que sean rentables (se pueden contar éstos con una mano), la generalidad de los privados tiene otros intereses acuciantes, los de los bancos, y han cambiado lectores a los que informar por clientes de su publicidad.

Balance final. La iniciativa que acabamos de conocer sobre desinformación por parte de Presidencia del Gobierno tiene mucho más de positivo que de negativo; y parece inútil anticipar censuras, porque no es su objetivo. La Estrategia de Seguridad Marítima puede utilizarse para hundir barcos de ONG (como hizo Francia hace un tiempo con Greenpeace) o rescatar náufragos, depende de lo que se haga con ella.

Sobre libertad de expresión, la UE actúa en este campo de la mano de las plataformas sobre la distribución física de los contenidos, prohibiendo o penalizando sistemas automatizados (bots) y con transparencia, identificando hacia el usuario campañas políticas, pero ni la UE ni el Gobierno español pueden censurar contenidos, porque es uno de los ejes de un sistema democrático como el nuestro; y además la censura es hoy un objetivo prácticamente imposible.

Siempre es positivo conocer las advertencias de las Asociaciones de la Prensa, sensibles a los potenciales ataques a la libertad de expresión, bueno además que reaccionen y dejen por unos momentos su obsesión con el seguro médico que parece su único campo de actuación.

Conclusión y síntesis: bienvenido el procedimiento sobre desinformación, atendamos a su desarrollo.

Resulta curioso que quienes más alarmaban con las fake news lo hacen también ahora sobre las medidas contra ellas. Como Trump, que denunciaba un pucherazo electoral cuando iba ganando en el escrutinio; quizá es que, como el presidente naranja, que sabía ya entonces que la cosa estaba difícil, los alarmistas alarmados saben que no había nada detrás de tanto pánico generado, que no era cosa de seguridad, sino de democracia, y eso ya interesa menos.

Desinformación y seguridad nacional

Moncloa y Defensa sitúan las 'fake news' en el campo del espionaje y los ciberdelitos

En esta primavera de 2020 marcada por la crisis sanitaria provocada por la enfermedad llamada covid-19, una especialista sanitaria -lamento no recordar su nombre- comentaba que acumulamos a una velocidad muy acelerada información sobre este coronavirus y su comportamiento, cosa nada habitual en el pasado, la globalización y la velocidad con la que viaja la informaci
ón reman a favor hoy de la investigación sanitaria; por tanto, tenemos cada vez más datos, casos e información; pero nos falta conocimiento -añadía-, aún no hemos integrado estos primeros datos en un sistema de comprensión que nos permita sacar conclusiones y reducir a partir de ahí el riesgo en la toma de decisiones. Algo similar cabría decir sobre la desinformación / fake news: tenemos el diagnóstico, que no es poco, tenemos algún dato parcial y descontextualizado, tenemos los síntomas de la enfermedad..., nos falta conocimiento, análisis y tratamiento preventivo.

Es un hecho que la información tergiversada con un objetivo determinado -normalmente económico y/o político- es un fenómeno extendido y negativo de nuestro tiempo, y por tanto es habitual comprobar cómo aparece en cada circunstancia que vivimos, sean procesos electorales, emergencia de tendencias políticas, crisis de diversa naturaleza que siempre tienen efectos políticos y sociales, sea su origen económico o en este caso sanitario.

Saludamos por tanto ahora la desinformación ligada al coronavirus, cuyo efecto menos interesante es la relación de disparates surgidos, sea el poder desinfectante de la lejía en la dieta, la luz ultravioleta o las intrigas conspiranoicas  Gates-Bosé.

Mayor interés reviste el tratamiento que desde lo público se dedica a la desinformación, ya sea desde el ámbito de la seguridad, las relaciones internacionales, desde el punto de vista tecnológico, de la Unión Europea o desde el imprescindible análisis que requiere por parte de la profesión periodística y de quienes nos dedicamos a alguna faceta de la comunicación.

Desde el punto de vista de la seguridad, acabamos de conocer la Directiva de Defensa Nacional 2020 -DDN-, documento que establece las líneas de actuación y objetivos que persigue el Gobierno-Ministerio de Defensa para la legislatura. Se trata de una comunicación política, generalista siempre, novedosa esta vez y mucho porque el documento que marca las líneas generales sobre política de defensa no se elaboraba desde 2012 (María Dolores de Cospedal pasó por el Ministerio de Defensa sin fijar en un papel sus prioridades políticas).

Dice la DDN 2020 de modo algo alarmista que "la última década ha presenciado cambios sustanciales en la arquitectura internacional de seguridad, que se ha traducido en una erosión notable del orden internacional y en un protagonismo inusitado del recurso a la fuerza. También ha cambiado profundamente la relación de los gobiernos con los gobernados. Los medios de comunicación y las comunicaciones digitales han contribuido a que esos cambios tengan lugar".

Hasta aquí algo derrotista y decriptivo, que en seguida avanza hacia compañías nada tranquilizadoras: "Los retos de seguridad proceden ahora tanto de actores estatales, entre los que existe una intensa competición estratégica, como no estatales (terrorismo y crimen organizado), con una gran capilaridad entre todos ellos, especialmente evidente en las acciones de desinformación y las agresiones en el ciberespacio".

Deducimos que no hay documento sobre seguridad que no aluda hoy a la desinformación, que aparece siempre mezclado con ciberdelitos en una amenaza ya múltiple y poderosa, sin determinar el peso de cada una de las partes.

"Ya no existen problemas exclusivos de la Defensa, pero la Defensa forma parte de la solución a cualquier problema de Seguridad" (mayúsculas en el original), afirma rotunda la DDN en un juego de palabras bastante conseguido, y añade que "en el escenario que incluye el territorio nacional y los espacios de soberanía e interés -marítimos, aéreos, y los del ciberespacio con una dimensión de defensa- se actuará habitualmente con capacidades propias".

La Defensa entonces debe de estar en la respuesta a la desinformación como amenaza a nuestra seguridad, con instrumentos compartidos en el marco de la UE y la OTAN pero sobre todo con capacidades propias. 

Entendemos que el Ministerio de Defensa se está preparando contra la desinformación, suponemos que contratando cientos de periodistas, aunque si la respuesta no es incluir en nómina a especialista de comunicación, sospechamos que el interés de Defensa se centra en las redes, por donde circula información, desinformación, datos y el mando y control de sistemas militares: "el acceso seguro a las redes y la protección de los datos privados, y en general el ciberespacio, es un elemento clave de la seguridad del siglo XXI", añade la DDN.

"Los escenarios de actuación para las Fuerzas Armadas han aumentado en complejidad desde la publicación de la última Directiva de Defensa Nacional 2012 (...). En el ciberespacio y en el ámbito de la información es habitual que algunos adversarios enmascaren su acción y mantengan la aplicación de sus estrategias dentro de una zona gris, situado por debajo de lo que han identificado como nuestro umbral de respuesta".

Lo anterior significa que los conflictos híbridos y la desinformación son escenarios ambiguos y pensado para evitar un conflicto directo, algo contradictorio con la visión alarmista que rezuma la DDN.

La desinformación es un fenómeno que afecta principalmente a la comunicación, por lo que acierta la Directiva cuando sitúa ahí los objetivos: "Para hacer frente a las estrategias híbridas se perseguirá alcanzar una adecuada integración de los recursos disponibles en todos los ámbitos, sean civiles o militares, nacionales o multinacionales con la finalidad de preservar la seguridad, mejorar la comunicación estratégica, incrementar la confianza en las instituciones y fomentar la resiliencia de la sociedad".

Criterio de actuación que además debe ser compartido entre departamentos: "El Gobierno prestará un apoyo decidido a la labor del Ministerio de Defensa para la promoción de la Cultura y Conciencia de Defensa, en el marco de la cultura de Seguridad Nacional, ofreciendo una información veraz y atractiva, y favoreciendo el conocimiento del conjunto de los españoles sobre la actividad cotidiana de sus Fuerzas Armadas y su repercusión en la protección y promoción del avance social y del bienestar ciudadano".

Por aquí figura lo más interesante de la Directiva: el compromiso del Gobierno en ofrecer información veraz y atractiva, el único camino para ganar en credibilidad y convertirse en referencia a la que acudir cuando nos ataque una campaña de desinformación.

Un segundo indicador tras la DDN de cómo se contempla la desinformación desde el ámbito de lo público es el Informe Anual de Seguridad Nacional 2019, aprobado en marzo, dado a conocer en mayo y previsto presentar en el Parlamento este junio de 2020.

Ya en la introducción, el Informe señala que "especial mención merecen las amenazas híbridas, uno de cuyos componentes es la desinformación, que mediante la manipulación de la información a través de Internet y las redes sociales provoca la polarización y radicalización de la ciudadanía". Se define por tanto la desinformación no como una amenaza o un desafío, sino como un ingrediente de las amenazas híbridas.

"Se ha asentado la consolidación de la 'zona gris' en el tablero de juego estratégico. La nueva normalidad (sic) registra con cotidianidad operaciones de información, subversión, presión económica y financiera junto a acciones militares, para movilizar y llevar a posiciones de extremo a la opinión pública, y desestabilizar y desprestigiar a las instituciones que sustentan los regímenes políticos de las democracias liberales".

Se trata por tanto de un fenómeno a tener muy en cuenta, especialmente durante el año pasado:"Las amenazas híbridas y la desinformación han sido elementos de atención prioritaria en 2019 de forma general, como vector de preocupación para la ciudadanía; y con carácter concreto, en lo que se refiere a la protección de la integridad de los procesos electorales".

Durante el último año menciona el informe como momentos de especial precaución las elecciones generales de abril y noviembre; las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo; una cumbre del G7 en Biarritz en agosto; y algo indeterminado en octubre que parece tener relación con la sentencia del Supremo proceso independentista en Cataluña, previendo algún tipo de consecuencia que no se produjo: "En las diversas convocatorias electorales de 2019 se han detectado actividades de manipulación informativa, que, sin embargo, no han constituido campañas sostenidas o masivas de desinformación".

En el apartado de conclusiones, el Informe de Seguridad Nacional sitúa la desinformación -en compañía de otros- a la cabeza de nuestras inquietudes: "Los factores de mayor preocupación son aquellos derivados del uso malintencionado del ciberespacio. El robo de datos o el acceso a información sensible, los ciberataques a las infraestructuras críticas o la desinformación son percibidos como riesgos de fuerte impacto y alta probabilidad de que afecten a la sociedad, las empresas y la Administración Pública".

La desinformación no centra ninguno de los 15 ámbitos de seguridad nacional desarrollados en el Informe, aunque aparece por muchas de sus 280 páginas.

¿Dónde sitúa el Departamento de Seguridad Nacional / el Gobierno la desinformación? Preferentemente en dos ámbitos: la contrainteligencia, es decir, servicios de inteligencia extranjeros, y en España campo de actuación del CNI; y la ciberseguridad, infraestructuras críticas, seguridad informática, redes de comunicación, campo amplísimo con un carácter tecnológico-industrial en cuanto a los canales físicos que lo soportan y se defienden.

En el planteamiento anterior difícilmente entrarían fenómenos bien concretos de desinformación procedente de por ejemplo la extrema derecha patria o aliada; o quienes la practican por motivos de rentabilidad económica, en ocasiones unidos.

En cuanto a la Contrainteligencia, se afirma que son de especial importancia "las acciones de desinformación desplegadas principalmente en las grandes plataformas de comunicación online, redes sociales y también en espacios digitales". Se apunta por tanto al escenario, no a quien lo coloca allí. "Esto es así por su potencial de desestabilización política, pues pretenden en general desacreditar a las instituciones democráticas a través de la generación de desconfianza y polarización social, que alientan respuestas radicales e ideologías extremistas".

Por tanto la polarización política que persiguen estas campañas de desinformación no han actuado en las diversas convocatorias electorales de 2019, que es su momento, siempre considerando que el auge de la extrema derecha en España no descansa en estos instrumentos, que utiliza profusamente, sino en otros no especificados.

Los responsables de la seguridad nacional que elaboran de forma mancomunada este informe no parecen muy interesados en actores nacionales. "Especialmente relevante -añade el Informe- es el caso de los denominados Servicios de Inteligencia Hostiles, en sus distintas vertientes, que habrían comenzado a incrementar su actividad en España con anterioridad a la crisis en Cataluña, en coherencia con un mayor dinamismo advertido en otros países occidentales (Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido), centrando sus acciones en campañas de desinformación que ponen el foco en cuestiones de política interna, especialmente desarrolladas en el ámbito cibernético". Por exclusión el redactor se refiere a Rusia. 

Y ¿qué se ha hecho? "De especial relevancia ha sido la aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional, el 15 de marzo de 2019, del 'Procedimiento de actuación contra la desinformación'.

No parece que ese documento sea uno difundido por aquellas fechas por el Centro Criptológico Nacional -adscrito al CNI- con algunos consejos útiles para enfrentarse a la desinformación, sino un documento de funcionamiento interno que no es público. Relacionado con el Procedimiento puede estar la creación de una célula de contacto que la Unión Europea ha aconsejado a los países para intercambiar alertas e información.

En relación con la ciberseguridad, el Informe señala que la vulnerabilidad del ciberespacio es el riesgo señalado con mayor grado de peligrosidad, por el nivel de impacto y posibilidad de que ocurra, se nos dice.

Entre las realizaciones, el Informe menciona "combatir la desinformación en línea y las noticias falsas a través de la Secretaría de Estado de Comunicación y del Departamento de Seguridad Nacional, ambos de la Presidencia del Gobierno". Esto último tiene más lógica, que ante un problema de información actúe la Secretaría de Estado de Comunicación, aunque tenga menos glamour que otros departamentos de la Administración General del Estado.

En diversos apartados del Informe de Seguridad Nacional se hace referencia a las actuaciones de la Unión Europea sobre desinformación, como marco y como desarrollo nacional de directrices procedentes de Bruselas, que está especialmente activa desde 2017 en estos temas y elaboró un Plan de Acción a finales de 2018 y en fechas recientes como el 10 de junio ha aprobado una Comunicación sobre el tema. No cabe aquí analizar el desarrollo de la UE en este campo, de enorme interés, sólo apuntar que la Unión ha dejado informes con contenido sobre el tema y ha focalizado mucho su actuación en las grandes plataformas digitales que soportan la información, la desinformación y el entretenimiento.

Una importante novedad del Informe de Seguridad Nacional de 2019 es que incopora por primera vez una encuesta de percepción en la que han participado un centenar de especialistas, una especie de análisis de riesgos a futuro (Horizonte 2022), con impacto y grado de probabilidad de las amenazas, donde el ciberespacio ocupa la primera posición.

Se refiere la prospectiva al "análisis de cinco factores de carácter predominantemente tecnológico y asociados a la vulnerabiliudad del ciberespacio: el acceso a la información y datos sensibles, los ciberataques, el uso ilegítimo del ciberespacio para llevar a cabo actividades ilícitas, como por ejemplo acciones de desinformación, propaganda o financiación del terrorismo, los ciberataques específicamente dirigidos contra las infraestructuras críticas, y las amenazas para la seguridad y la competitividad económica derivadas de las tecnologías disruptivas". Demasiados ingredientes en este párrafo para darle alojamiento en la misma casa (en un caso parecido, El Gran Combo de Puerto Rico cantaba 'no hay cama pa' tanta gente').

Por resumir, el Informe de Seguridad Nacional 2019 sitúa la desinformación como una amenaza procedente de Estados / servicios de inteligencia extranjeros; y como uno de los fenómenos peligrosos del ecosistema digital, al mismo nivel digamos que virus informáticos que pudieran atacar o controlar una central nuclear, el abastecimiento de agua potable de una gran ciudad o el mando y control militar de un sistema de armas.

La interpretación anterior dejaría fuera del fenómeno la dimensión nacional de la desinformación (actores locales), no entra en la forma de reforzar la credibilidad de las instituciones (y de los medios de comunicación tradicionales) o la capacidad del ciudadano para interpretar la avalancha de contenidos digitales; se obvia también la dimensión empresarial que afecta hoy en forma de crisis existencial a muchos de los agentes productores de información.

La desinformación es algo que viene de fuera y es digital, se nos viene a decir, y además peligrosísima, capaz de alterar elecciones e incluso mentes, generalizaciones gigantescas y amenazas no contrastadas.

En muchas ocasiones las referencias a la desinformación en los documentos sobre seguridad nacional se asemejan a un recurso retórico, que cobra importancia por la compañía, por el cóctel que se dice que forma con otros ingredientes peligrosos.

La desinformación cumple con todos los requisitos para poder ser utilizada como una amenaza casi existencial, al calor del ecosistema digital en el que vivimos; omnipotente, se nos dice, omnipresente y 24 horas activa a través de nuestro móvil, y si es difusa es tanto más amenazante, pero cabe objetar que carecemos como ciudadanos de ejemplos concretos que nos permitan calibrar los efectos de tamaña amenaza; y además entendemos que los responsables públicos de la seguridad habrán puesto en marcha una respuesta proporcional a tan descomunal amenaza, de lo que tampoco tenemos pruebas. Sospechamos que nuestro Estado y Fuerzas Armadas están mejor dotados para la guerra antisubmarina en mitad del Atlántico que para las amenazas que encabezan los documentos estratégicos.

Existen sin duda estudios de interés en el ámbito militar sobre la amenaza híbrida, las operaciones de información y de influencia, la actuación rusa en Ucrania y china en sus aguas e islas de interés, damos por hecho que España-OTAN lo analiza y aplica en su política exterior.

Sin embargo quizá debería considerarse un objetivo de seguridad nacional empoderar al ciudadano para que sea capaz de discriminar la información fiable del bulo (alfabetización mediática); potenciar la comunicación estratégica ("veraz y atractiva", fiable añadiríamos) de los organismos públicos; el espíritu crítico y el conocimiento/cultura sobre el ecosistema ciberinformativo en el que nos movemos. También en este campo de la desinformación, la seguridad parece moverse al margen del ciudadano al que protege.

Confusión es el principal objetivo de la desinformación y despejar la confusión debería ser el primer elemento para combatirla.

A cada actor, agente, ámbito, hay que pedirle de lo que es capaz. Los medios de comunicación no tienen la misión de transmitirnos la realidad, sino la excepcionalidad. El ámbito de la seguridad no parece llamado a explicarnos a qué nos enfrentamos en materia de desinformación, sino que alerta de los riesgos, presentados con otros de forma tan gris y ambigua como la amenaza donde la enmarca.

Seguiremos buscando.

Sugerencias

• Disinformation in Europe After COVID-19 (OpenEUdebate / Agenda Pública, 10.6.2020).
• Informe Anual de Seguridad Nacional 2019 (Departamento de Seguridad Nacional  Presidencia del Gobierno de España, mayo 2020).
• Nueva Directiva de Defensa Nacional 2020 (Departamento de Seguridad Nacional / Presidencia del Gobierno, 11.6.2020).
• No hay desescalada para las teorías conspirativas (SINC, 13.6.2020).
• Implicaciones del ámbito cognitivo en las Operaciones Militares (IEEE, 2020).
• XXVII Curso Internacional de Defensa: amenaza híbrida. La guerra imprevisible (MDE, mayo 2020).

Artículo publicado también en Atalayar, Periodísticos e infoLibre.

Habemus Ley de Seguridad Nacional

Artículo publicado también en infoLibre.

Llevamos semanas, meses, oyendo llamamientos para aplicar en Cataluña la Ley de Seguridad Nacional, caso peculiar de clamor político solo comparable con el interés relacionado en activar uno de los artículos de la Constitución sobre el mismo territorio, una especie de pensamiento mágico sobre los efectos de la legislación que no se ha mostrado muy productivo en el pasado reciente.
La novedad de esta columna es que la Ley en cuestión ya se está aplicando, por métodos distintos a los esperados por sus propagandistas, y tiene contenidos poco conocidos.
Reconozcamos que no andan sobrados de credibilidad los partidarios teóricos de la Ley. En las elecciones generales celebradas en abril, desde la oposición conservadora, ultra conservadora y extrema se situó al presidente Pedro Sánchez al margen de la Constitución; conocida la sentencia del Tribunal Supremo el 14 de octubre poco recorrido dejaron para incrementar la dosis de exigencia al Gobierno central sobre el independentismo catalán.
En cualquier caso, en esa hipótesis del presidente triscando por las montañas agrestes del más allá de la Constitución no se acaba de ver qué interés tendría en aplicar ninguna otra ley, pero volvamos a este lado de la realidad.
La Ley de Seguridad Nacional se aprobó en el Congreso en el verano de 2015 -Rajoy de presidente- por una amplia mayoría parlamentaria; el reproche nacionalista de que la ley se había elaborado con la voluntad de limitar competencias autonómicas sonaba en aquellos momentos estrambótico.
Entre las novedades de la ley destaca la creación de una situación de interés para la seguridad nacional para aplicar en casos extraordinarios, cuya gravedad no requiere los estados de alarma, excepción y sitio que figuran en la Constitución y regula una ley de 1981.
Esa nueva situación de interés para la seguridad nacional debe ser declarada por el presidente del Gobierno mediante un Real Decreto, y se entiende aquélla que, por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos y la dimensión o transversalidad de las medidas para su resolución, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus funciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno en el marco del sistema de seguridad nacional.
La Ley obtuvo el claro rechazo en el Parlamento de los portavoces de ERC y PNV, y la Generalitat de Cataluña interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, que se desestimó en noviembre de 2016 mediante sentencia que considera que la norma no invade las competencias de la Generalitat, añade en relación con las Comunidades Autónomas que la Ley “contempla de forma expresa su participación en la gestión de la crisis desde las tempranas fases de prevención y detección, así como su intervención en el Consejo de Seguridad Nacional, incluso antes de que dicha declaración tenga lugar”.
La sentencia señala que la situación de interés para la seguridad nacional no altera el esquema de reparto de competencias, pues cada Administración sigue ejerciendo las que le corresponden, “si bien en el marco de una situación de mayor coordinación, justificada por la envergadura y relevancia de la crisis que debe afrontarse, la cual exige una movilización unitaria de los medios disponibles”.
Se trata por tanto de “la coordinación reforzada entre administraciones”, lo que “presupone, lógicamente, la existencia de competencias autonómicas que deben ser coordinadas, competencias que el Estado debe respetar”.
Parece claro que la Ley de Seguridad Nacional no es el instrumento para tomar el control sobre la seguridad en Cataluña, reconducir a un presidente díscolo o a una policía autonómica que se emplea diligentemente hasta la fecha en el control de los violentos.
El objetivo y valor de la Ley fue y es mucho mayor, que no es otro que la progresiva construcción de un sistema de seguridad nacional, que la reacción y coordinación del Estado no dependa de las circunstancias, de la inspiración o de la buena o mala sintonía de los responsables políticos y operativos entre sí.
En el último lustro se ha ido fortaleciendo el departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno en Moncloa, con un responsable al frente nivel director general; se elabora un informe anual de seguridad nacional de interés variable; se han redactado estrategias sectoriales en ámbitos como ciberseguridad, energía, terrorismo, escenarios aeroespacial y marítimo.
Y aparece ahora activo un comité de situación que no se había reunido de forma extraordinaria, ligado a las circunstancias de seguridad del país, ni por el ébola, la abdicación del rey Juan Carlos I y coronación de Felipe VI, ni en los atentados de Cataluña del verano de 2017 (aquí algunos análisis sobre estas circunstancias).
Ésta es la novedad: la comisión de seguimiento de la situación a la que pomposamente se refieres los medios de comunicación estos días y cita el presidente Sánchez no puede ser otra que este Comité previsto en la Ley de Seguridad Nacional, desarrollado por Orden PRA/32/2018, de 22 de enero.
La Ley de Seguridad Nacional establece que el Consejo de Seguridad Nacional estará asistido por un Comité Especializado de carácter único para el conjunto del Sistema de Seguridad Nacional en materia de gestión de crisis, este Comité de Situación.
En resumen, Moncloa-Presidencia-el Gobierno central-el Estado cuenta con un Comité de Situación que se enmarca en el sistema de seguridad nacional que nace con el Consejo de Seguridad Nacional en 2013, regulado por la Ley de 2015, comité cuyo funcionamiento se concreta específicamente en 2018 y que se muestra operativo por primera vez para la gestión de crisis en septiembre-octubre de 2019.
Buena noticia entonces conocer que se han fortalecido los instrumentos del Estado, institucionales, administrativos, operativos, para dar respuesta y gestionar una crisis; afirmación independiente de la crítica o elogio hacia las decisiones que se tomen en cada momento.
Por tanto, podríamos decir que la Ley de Seguridad Nacional se está aplicando con motivo de la tensión violenta generada en Cataluña tras la sentencia del Supremo.
Para los propagandistas que quieren ir más allá tiene interés además explicar que la señalada situación de interés para la seguridad nacional no implicaría cesar al mando de los Mossos, al consejero de Interior ni a nadie.
Y aún más relevante, no puede afectar a derechos fundamentales.
El artículo 23 de la Ley dice expresamente que "la situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos".
La buena noticia es que la Ley muy lentamente pero va ayudando a construir un sistema español de seguridad, porque las instituciones y mecanismos administrativos y legales conviene dejarlos fijados y que no dependan de humores ni coyunturas.
A los impulsores de medidas excepcionales en Cataluña y España con motivo del procés habría que preguntarles hasta dónde quieren limitar temporal o permanentemente los derechos fundamentales de los españoles -catalanes y de las restantes 16 Comunidades Autónomas-, porque algunas de las fórmulas propuestas limitaría derechos, y otras como la Ley de Seguridad Nacional es explícita en excluir su recorte.

Sugerencias

• Historiador de lo complejo, por José Álvarez Junco (El País, 24.10.2019). En recuerdo de Santos Juliá: "No es solo que conociera infinidad de datos, que los conocía, sobre la España contemporánea. Es que tenía una idea guía, un esquema explicativo bien construido, que subyacía y daba coherencia a toda su obra. Si soy capaz de sintetizarla, esa idea consistía en que la construcción de un Estado que funcione es requisito esencial para la modernización y la democratización de una sociedad".
• Departamento de Seguridad Nacional - Moncloa: legislación y normativa.