Deconstruyendo a Miguel Ángel Blanco

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

Rajoy, entonces líder de la oposición, en una manifestación de

2007 contra la política antiterrorista del Gobierno.

El 12 de julio de 1997 la organización terrorista ETA asesinó a un concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua (17.000 habitantes, Vizcaya), Miguel Ángel Blanco.
Su muerte acumuló una serie de circunstancias con un fuerte componente simbólico: la ejecución contrareloj en 48 horas, la juventud del asesinado, la respuesta social (se dice exagerando que se le perdió el miedo a la banda, se empezó a).
Dos imágenes de aquella época: las manos blancas como grito de rechazo al terrorismo -gesto que surgió un año antes con el asesinato del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente; y la expresión "Vascos sí, ETA no", cuatro palabras que reflejan una inteligencia que no hemos sido capaces de aplicar en otros terrorismos; los responsables de los crímenes en el norte de España y en el sur de Sudán (o de Londres) son los criminales.
¿Que ha pasado en estas dos décadas? Pues de todo, lo fundamental es que han transcurrido 20 años, con todos su meses, semanas y días, tiempo suficiente para cambiar el escenario y a nosotros mismos; la organización terrorista responsable ha pasado a la historia; y las víctimas del terrorismo están hoy más reconocidas, mejor tratadas y más manoseadas políticamente que nunca.
También hemos vivido lo siguiente.
José María Aznar, presidente del Gobierno

Primera y última página de La Razón del 21-10-2011.

10 de septiembre de 1997 - Homenaje a Miguel Ángel Blanco en la plaza de toros de las Ventas. Parte del público abuchea a Raimon, por cantar en catalán, y a José Sacristán, por comunista. En la mañana de ese mismo día el presidente Aznar recibió a algunos artistas que iban a participar en el homenaje y bailaron con Ana Botella La Macarena en las escaleras del palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia.
18 de septiembre de 1998 -  ETA declara una tregua que durará más de 400 días. En las negociaciones en Zurich entre el Gobierno Aznar y la banda terrorista participa Pedro Arriola, experto electoral del PP.
4 de noviembre de 1998 - José María Aznar: “Yo he querido que los ciudadanos supieran y tengan muy claro que el Gobierno y yo personalmente he autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación".
11 de marzo de 2004 - Atentado yihadista en Madrid, 191 muertos. Tres días más tarde, en la jornada de reflexión previa a las elecciones generales, Rajoy afirma: "Tengo la convicción moral de que fue ETA".
José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno
17 de diciembre de 2004 -  Gregorio Peces Barba, padre de la Constitución, es nombrado Alto Comisionado de Apoyo a las las Víctimas del Terrorismo.

Primera página de ABC del 21-10-2011.

9 de marzo de 2005 - Ignacio Cosidó, portavoz de Interior del PP en el Senado, define a Peces Barba como "comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas". Añade: “El señor Zapatero nombró al señor Peces Barba con la misión no de defender a las víctimas, sino de dividirlas, de silenciarlas y de neutralizarlas". Cosidó ha sido director general de la Policía desde finales de 2011 a 2016.
12 de mayo de 2005 - Mariano Rajoy acusa al presidente del Gobierno en el Debate sobre el estado de la Nación: "Usted traiciona a los muertos y ha revigorizado a una ETA moribunda".
Julio de 2007, décimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco - Rajoy: "Algunos seguimos pensando que la libertad y la vida no se negocian y que el Gobierno no puede pactar con una banda terrorista". José María Aznar: "Aquel 'espíritu de Ermua' que llenó de esperanza los corazones de millones de ciudadanos ha sido traicionado. De nuevo, ETA ha visto cómo se abría una vía para escapar a su derrota en virtud de un cálculo oportunista y falso, pero no de un partido que se define a sí mismo como extraconstitucional, sino del propio Gobierno de la Nación".
Entre 2004 y 2011 Rajoy y el Partido Popular convocaron, apoyaron o participaron en 15 manifestaciones contra Rodríguez Zapatero, la mitad de ellas contra la política antiterrorista del Gobierno.
20 de octubre de 2011 - Fin efectivo del terrorismo de ETA. La banda anuncia el "cese definitivo" de su actividad armada.
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
Diciembre de 2015 - En la primera legislatura de Rajoy han salido de la cárcel 268 presos de ETA.
22 de abril de 2017 - Durante su congreso nacional, la organización juvenil del PP Nuevas Generaciones nombra presidente de honor a título póstumo a Miguel Ángel Blanco.
26 de mayo de 2017 - Francisco Javier García Gaztelu, asesino de Miguel Ángel Blanco, exjefe militar de ETA, que acumula penas por más de 450 años de cárcel, abandona la prisión con un permiso de 24 horas para visitar a su padre enfermo.

Primera página de El País del 21-10-2011.

12 de junio de 2017, moción de censura contra Rajoy, que dice en el Congreso: "Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político".
12 de julio de 2017 - La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es abucheada por el público asistente al homenaje a Miguel Ángel Blanco que el grupo municipal del PP ha organizado en la plaza de la Villa.
El terrorismo, cualquiera, es pura comunicación, el objetivo último no es exterminar concejales o turistas, sino un medio para extender el miedo a través de los medios de comunicación y, ahora, las redes sociales. Sí es una novedad relativa en España -ya va para tres décadas- la utilización del terrorismo en política interna contra el adversario.
La petición del desarme televisado de ETA, la disolución definitiva de la banda, la petición de perdón y sincero arrepentimiento son intentos de rentabilizar políticamente el terrorismo.
El mayor manoseo político de las víctimas se produce en el momento de menor amenaza terrorista en España en cinco décadas.
Las víctimas no eligieron serlo, respetemos su memoria.

Sugerencias

Manifestación en Madrid en mayo de 2011.

• La semana de Miguel Ángel Blanco, por José Luis Mora (Estrella Digital, 16-7-2017).,
• Las víctimas del PP, por Antón Losada (El Diario.es, 12-7-2017). Que el PP intente sacar ventaja de las víctimas del terrorismo etarra no resulta sorprendente. Lo llamativo es la facilidad con la que todos le dejamos que lo siga haciendo
• Sube uso de víctimas del terrorismo, se mantiene Venezuela, por Rosa María Artal (El Diario.es, 12-7-2017).
• El Gobierno resucita el terrorismo como arma política ante un eventual pacto de izquierdas (Público, 11-2-2016).
• Cuando el PP sí iba detrás de las pancartas (infoLibre, 21-11-2014).
• El líder del PP y Aznar compiten en dureza contra la política antiterrorista de Zapatero (El País, 13-7-2007).
• Libro blanco y negro del terrorismo en Europa, iniciativa de Maite Pagazaurtundúa, abril 2017.

Consenso entre PP y PSOE con la ley de seguridad nacional

'EL PRIMER DEBER DEL ESTADO'

• Consenso preelectoral de PP y PSOE con la ley de seguridad nacional
• Gran acuerdo entre Partido Popular y Socialista a cuenta de la seguridad nacional
• El Congreso aprueba una ley que se ha acelerado para que entre en vigor en septiembre, antes de las elecciones catalanas y generales, que invade competencias autonómicas y afecta a la Constitución, según sus críticos

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Integrantes del Consejo de Seguridad Nacional celebrado

en la Zarzuela el 20 de julio. | © Casa de S.M. el Rey

El Congreso ha aprobado este miércoles 22 de julio en su Comisión Constitucional el proyecto de ley de seguridad nacional, con el apoyo principalmente de diputados populares y socialistas. En septiembre pasará el último trámite en el Senado.
El gran debate sobre la ley se celebró en esa Comisión el pasado día 8 de julio a cuenta de las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC, CiU, PNV e Izquierda Plural, que fueron rechazadas con los votos de PP, PSOE y UPyD.
La ley es un compromiso expreso de la Estrategia Nacional de Seguridad de 2013, incumplido -se daba un plazo de seis meses para elaborarla- y no fue una prioridad política del Ejecutivo hasta comienzos de este año; desde su remisión al Congreso a finales de mayo ha vivido desde entonces una tramitación acelerada, en la que ha perdido además el carácter de orgánica, figura reservada a aquellos aspectos que afectan a deberes y derechos fundamentales de los españoles que el Gobierno dice que no se ven alterados en este caso.
Más que un análisis y debate sobre los grandes riesgos y amenazas a los que se enfrenta España, la ley y su debate se han centrado en la organización de los recursos del Estado y la supuesta invasión de competencias autonómicas denunciada por los grupos parlamentarios nacionalistas.

La norma es "un traje a medida para poder actuar en los próximos meses en Cataluña", según ERC

El peso en la defensa de la nueva norma lo ha llevado en el Congreso la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 
El proyecto de ley tiene objetivos ambiciosos, "porque desde finales del siglo XX la evolución de la sociedad ha hecho cambiar también el concepto y las condiciones de la propia seguridad", en palabras de la vicepresidenta. "Nuevas amenazas" que exigen "un nuevo planteamiento a la hora de enfrentarlas", que afecta además a la seguridad, "un bien público, un derecho de los ciudadanos y, en consecuencia, un deber del Estado, si me apuran, el primero".
Sáenz de Santamaría cree que ya no es posible "mantener una visión compartimentada de la seguridad", que además "ha dejado de tener el significado predominantemente político o militar al que estábamos habituados en el pasado, ligado casi en exclusiva al terreno de la defensa y articulado sobre principios reactivos".
Se busca por tanto "un enfoque integral de la seguridad", y para ello el Gobierno ha desarrollado un nuevo marco, una "arquitectura orgánica de acción y respuesta", una "nueva organización y una adaptación normativa", dice la vicepresidenta, para mejorar la organización de los instrumentos, competencias y recursos estatales. Sin entrar en detalles, Sáenz de Santamaría confiesa que en las crisis que ha gestionado ha echado en falta lo que esta ley regula, "que un Estado bien organizado sepa lo que tiene". Sí pone el ejemplo de que "cuando en este país ha habido crisis medioambientales no se disponía ni siquiera de un catálogo de los medios que tenían los sistemas de protección civil para evitar que la contaminación llegara a las costas", en alusión probable al hundimiento de un pesquero ruso en aguas canarias que desde hace más de dos meses sigue soltando fuel. En este sentido se habla de la "concertación de capacidades".

Nueva situación de interés para la seguridad nacional, declarada por el presidente

Se establece un Sistema de Seguridad Nacional que se basa principalmente en el Consejo de Seguridad Nacional que preside el presidente del Gobierno y en el que se integran, como componentes fundamentales, la defensa nacional, la seguridad pública y la acción exterior, así como otros ámbitos de especial interés como pueden ser la ciberseguridad, la seguridad energética o la protección de infraestructuras críticas.
En el texto se incluye una nueva Situación de Interés para la Seguridad Nacional, que será declarada por el presidente del Gobierno, mediante un Real Decreto, y se entiende aquélla que, por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos y la dimensión o transversalidad de las medidas para su resolución, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus funciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno en el marco del sistema de seguridad nacional.

Enmiendas a la totalidad

El diputado de ERC Joan Tardá (Grupo Mixto) ve la voluntad del Gobierno con este proyecto de ley de "suspender de facto los poderes de la Generalitat y de los municipios catalanes" de cara a las elecciones autonómicas de finales de septiembre.
Critica que esa nueva situación de interés para la seguridad nacional no requiere las garantías de control parlamentario como se exige a los estados de alarma y excepción, y "les permitiría disponer del inmediato control de los Mossos d'Esquadra y de las policías locales". Considera la norma "un traje a medida para poder actuar en los próximos meses en Cataluña".
Este miércoles 22 Tardá ha vuelto a insistir en su "oposición absoluta, radical, contundente, a este proyecto de ley, que viene a incrementar el aparato legislativo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Cataluña y que culminará el 27 de septiembre mediante unas elecciones que pueden dar lugar al inicio de un proceso constituyente que tiene que desembocar en la proclamación de la República catalana en los próximos meses".
Por su parte, el diputado Emilio Olabarría, del PNV, considera la ley innecesaria, ya que otra normativa regula la seguridad pública, la acción exterior y la defensa, y sin embargo el Gobierno crea el "concepto difuso" de seguridad nacional que en su opinión no tiene encaje constitucional y pone en "severo peligro" el Estado autonómico, pues "el presidente del Gobierno podría absorber todas las competencias de las administraciones autonómicas y locales e incluso afectar a las propiedades de los particulares". Acusa Olabarría al Gobierno de pretender aprobar una ley "recentralizadora" y "modificar la Constitución a través de una ley ordinaria".

Vicepresidenta: la seguridad es, "si me apuran, el primer deber del Estado"

A favor de un concepto de seguridad más amplio, que integre una política social, se ha manifestado en el Congreso Joan Josep Nuet, diputado de Izquierda Plural. "Hoy el Partido Popular es la amenaza más seria para la seguridad nacional si entendemos la seguridad como libertad y bienestar para nuestros ciudadanos", afirma.
En representación de CiU, Jordi Xuclá criticó ante la vicepresidenta el "carácter claramente expansivo de este nuevo concepto de seguridad", recordó que la Constitución reclama una ley orgánica para la regulación y protección de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, por lo que este asunto no se puede legislar "en el tiempo de descuento de esta legislatura y a través de una ley ordinaria". También considera el diputado que el Parlamento pierde poder de control con esta ley y se ignora a las comunidades autónomas. "En la UE los primeros ministros se reúnen una o dos veces al mes y en España los presidentes de comunidades autónomas no se reúnen desde el año 2012", recordó.
Finalmente el portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, José Enrique Serrano, mostró su apoyo a la norma y considera que "la primera e indeclinable obligación del Estado es garantizar su propia seguridad para salvaguardar la de sus ciudadanos". El PSOE ha presentado una treintena de enmiendas parciales, que son las que se ven este miércoles en el Congreso, que afectan principalmente a problemas de redacción y reiteración de conceptos.

Consejo de Seguridad Nacional

Bajo la presidencia del rey, este lunes 20 de julio se reunió en el palacio de la Zarzuela el Consejo de Seguridad Nacional. El departamento de Comunicación del Gobierno trasladó un único punto de su contenido (se aprobó el documento llamado "Estrategia de Seguridad Energética Nacional"), y sí informó sobre composición: se reunieron Felipe VI, el presidente, la vicepresidenta, los ministros de Justicia, Defensa, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento e Industria; más los responsables de las Fuerzas Armadas, CNI y del departamento de Seguridad de Moncloa.

Izquierda Plural: "El PP es la amenaza más seria para la seguridad nacional"

Aparte de políticas sectoriales en Interior, Justicia y Defensa, ése ha sido el principal avance de la legislatura, la creación de un sistema de seguridad nacional, su estructura, dependencias, consejos, comités, estrategias sectoriales, órganos de apoyo, un completo entramado no activado en cuanta crisis de seguridad nacional se ha producido en los últimos cuatro años (ébola, atentados, euro).
Además de los comités especializados ya existentes de seguridad marítima (Consejo Nacional de Seguridad Marítima), ciberseguridad (Consejo Nacional de Ciberseguridad) e inmigración (Comité Especializado de Inmigración), así como del Comité Especializado de Situación, "órgano único para la gestión de crisis en el nivel político-estratégico", la Estrategia de Seguridad Energética Nacional prevé la creación de un Comité Especializado de Seguridad Energética.
A lo anterior se sumará a partir de septiembre, tras su tramitación en el Senado, la ley de seguridad nacional. A partir de entonces se verán los límites, utilización y la voluntad del Gobierno con la nueva ley y sus instrumentos.

Sugerencias

• El Constitucional avala la Ley de Seguridad Nacional (El País, 12-12-2016). El tribunal aclara que el Gobierno no puede quitar competencias a las autonomías en caso de crisis
• El Gobierno rebaja nivel y ambición de su nueva Ley de Seguridad Nacional (Contextos / Estrella Digital, 31-5-2015).