Condenado por derrotismo

El derrotismo, "actitud de desaliento o pesimismo en cualquier empeño", según definición de la RAE, está de actualidad en este ciclo electoral que incluye -al menos- las elecciones municipales y autonómica de mayo de 2023, las elecciones generales de julio de 2023 y probablemente alcance las elecciones al Parlamento europeo de junio de 2024, pesimismo general sobre el país, que no sobre la situación personal de cada uno; a nivel de partido político, pesimismo sobre los tuyos, que alcanza a no pocos en la izquierda jaleados en su desaliento por la derecha. El fenómeno no tiene delito, pero lo tuvo.

Sorprende / Resulta que el Código Penal Militar ha recogido hasta ya avanzado este siglo XXI el delito de derrotismo, según el texto vigente desde 1985 hasta 2015 (Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre), en el apartado de delitos contra la seguridad nacional y defensa nacional:

"Derrotismo. Artículo sesenta y cuatro.

El que, declarada o generalizada la guerra, con el fin de desacreditar la intervención de España en ella, realizare públicamente actos contra la misma o contra las Fuerzas Armadas españolas, será castigado con la pena de seis meses a seis años de prisión o con la de confinamiento o destierro. Con la misma pena será castigado el que en igual forma y circunstancias divulgare noticias o informaciones falsas con el fin de debilitar la moral de la población o de provocar la deslealtad o falta de espíritu entre los militares españoles.

En ambos casos, si el culpable fuere militar se impondrá la pena en su mitad superior.

La defensa de soluciones pacíficas a los conflictos no será considerada derrotismo bélico a los efectos de este artículo".

Sin desperdicio, todo magro. Agradezco el descubrimiento a Miguel Silva, memoria viva del Ministerio de Defensa español y colaborador necesario en la elaboración de la normativa que regula y ha regulado estas materias durante tres décadas, larga trayectoria hasta el punto de que ha tenido ocasión de enmendarse a sí mismo en claro ejercicio de salud mental, lejos de los anclados en la nostalgia.

El texto es asombroso, lleno de luces deslumbrantes y sombras tenebrosas, desde la guerra que ya nadie declara hasta la pena de destierro ("de tres meses y un día a seis años"), que provoca la cuestión sobre  adónde habría que enviar hoy a los condenados cuando Lanzarote o Fuerteventura se han convertido en destinos turísticos, quizá el destierro sería hoy el centro gentrificado de algunas grandes ciudades o la irrelevancia digital.

Antiguo y moderno al mismo tiempo, el Código Penal Militar durante 30 años muy recientes hacía referencia a quienes divulgasen noticias o informaciones falsas con el fin de castigar la moral de la población o erosionar el espíritu militar, con lo que el legislador se adelantó en varias décadas a la actual preocupación por la desinformación de civiles y militares, se adelantó al menos a penalizarlo, porque la solución sigue en busca y captura (algo tiene que ver la educación en la salida, la cívica y la reglada).

Se observa que los candidatos a condenados por derrotismo podrían ser civiles o militares, aunque juzgados por militares, mismo tribunal verde oliva que decidiría lo que fuera o no una noticia falsa.

Consuela en cualquier caso, pensando por ejemplo en la actual situación de guerra no declarada en Ucrania, que la defensa de soluciones pacíficas a los conflictos no sería considerada derrotismo bélico, con lo que los partidarios de una solución pacífica al conflicto en Ucrania podrían perfectamente salir del armario, con el actual y el anterior Código Penal Militar.

Desaparecida la pena, el derrotismo hoy sólo podría tener un castigo que sería la desafección de la mayoría, cosa que no se produce, porque el derrotismo propio siempre encuentra altavoces ajenos y uno se siente escuchado; y el derrotismo patrio se defiende con fecha de caducidad, hasta que los afines  ganen las elecciones y levanten el nuevo edificio desde los escombros actuales, es un decir.

Sobrevolando todo lo anterior se encuentra el mayor prestigio intelectual y social del pesimista sobre el optimista, aún en contra de las evidencias objetivas, parece que el derrotista es fruto de una profunda reflexión y quien destaca aspectos positivos se ha fumado alguna sustancia alucinógena.

El derrotista en cualquier caso se encuentra cómodo en su papel y recuerda a aquel 'cono del silencio' de Maxwell Smart, el Superagente 86 que entretuvo nuestra juventud televisiva, que se cubría con una campana precaria de metacrilato cuando quería mantener el secreto de sus conversaciones; existía también una versión portátil, otra 'paraguas del silencio' e incluso en algún capítulo los protagonistas se encerraron en un 'guardarropa del silencio'. El invento solía acabar malfuncionando contra sus usuarios.

Mucho han cambiado las cosas. Que nada impida hoy airear nuestra visión pesimista de la realidad. Hasta que lleguen los nuestros; o hasta que los otros con sus políticas ultras alimenten nuestras pilas semigastadas y decidamos hacer algo para impedirlo, quizá dentro de cuatro años.

Yihadismo juzgado

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

La detención este mes de septiembre de un sospechoso de liderar una célula yihadista en Melilla que era militante activo del Partido Popular, hasta muy recientemente, ilustra la complejidad de los procesos de radicalización y la dificultad de luchar contra un terrorismo que como otras muchas cosas está fragmentado.
Para intentar huir del vuelo corto de los prejuicios en la explicación de ciertos fenómenos sociales y criminales podemos anclar el comentario en datos.
Sobre delincuencia y actividad judicial en septiembre se difunde un documento de interés que lo recopila.
Septiembre es mes de vendimia, también de castañas locas por las aceras, y de apertura de año judicial o académico, actos en los que el gremio se muestra encantado de haberse conocido y pide más medios normalmente materiales y legislativos a un tercero.
En la apertura este 2017 del año judicial, que califican de solemne los convocantes, abundan las puñetas y escasean las mujeres; y se acompaña de la Memoria de la Fiscalía en este caso con información correspondiente a 2016, repleta de datos y glosas.
La actividad judicial registra con una cierta distancia temporal la evolución de la delincuencia (también lo hará en el proceso independentista en Cataluña), pero en cualquier caso es un buen reflejo de la criminalidad de todo tipo, también la yihadista.
En la introducción de la Memoria, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, enmarca un asunto espinoso: "Las investigaciones, siempre complejas y de gran dificultad jurídica, por la propia naturaleza de las actividades investigadas y los medios empleados en su ejecución (internet, redes sociales) alcanzan este año a los novedosos tipos penales introducidos por la Ley Orgánica 2/2015 (adoctrinamiento y adiestramiento pasivos, autoadoctrinamiento y autoadiestramiento, traslado a territorio extranjero controlado por grupo terrorista) con la exigencia de articular una respuesta legal que sea capaz de combinar la eficacia preventiva en la actuación contra la amenaza terrorista con el respeto a las libertades y garantías constitucionales del Estado de Derecho".
Ya en el cuerpo de la Memoria se detalla que "la reforma del Código Penal, en relación con los delitos de terrorismo, ha incorporado al texto punitivo nuevos instrumentos penales con el propósito de adaptar nuestra legislación a las iniciativas internacionales que han surgido para hacer frente al enorme problema que en estos momentos representa el terrorismo internacional yihadista para la seguridad de nuestras sociedades. Hoy se puede decir que este terrorismo es la mayor amenaza a la que se enfrentan las democracias occidentales".
¿Nuevos instrumentos penales? "El problema que plantea este nuevo terrorismo es la capacidad de extender su ideología a miles de seguidores, debiendo centrarse las labores de información, policiales y judiciales en evitarlo, pues de lo contrario un ejército de hombres y mujeres pondrán sus mentes y cuerpos a disposición de la «causa» a través de canales sencillos y amplios: las redes sociales. Internet con sus foros y páginas web desde finales del pasado siglo ha sido la más eficaz herramienta de propaganda y captación yihadista. Los principales líderes de Al Qaeda comprendieron su potencial. Ahora, la organización terrorista del Estado Islámico ha encontrado en las redes sociales un canal de distribución inmediata y universal de propaganda. La idea de la «yihad global» se ha materializado".
¿Puede concretar un poco más? "Durante el año 2016 se han comenzado a enjuiciar hechos acaecidos tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en materia de yihadismo, lo que ha determinado la valoración de los nuevos tipos penales y su aplicación. Lo más importante en cuanto a la doctrina utilizada por las Salas, además de las condenas conseguidas, está en la figura del enaltecimiento, que se aprecia como un paso necesario y previo a la radicalización y a partir de él y en ese tránsito se discurre hacia el autoadoctrinamiento, el adoctrinamiento activo y, finalmente, a la integración o pertenencia".
¿Y cómo afecta todo esto a la actuación policial? "En España, desde mediados del año 2014, las operaciones antiyihadistas se han centrado en la desarticulación de células de captación, adoctrinamiento y envío de operativos a zona de conflicto. Se ha perseguido y persigue la actividad terrorista individual. Internet y las redes sociales son investigadas, analizadas y perseguidas cuando se utilizan como espacio virtual terrorista o bien como su herramienta de comunicación".
Bueno, entonces se han mejorado instrumentos y se va conociendo mejor el objetivo, bien, ¿no? "Parece evidente que si la lucha contra el terrorismo yihadista ha obligado a reforzar e incrementar de manera significativa los servicios antiterroristas (tanto policiales como de inteligencia) es absolutamente necesario, por idénticas razones, potenciar los recursos humanos y las capacidades del sistema judicial".
Pero esto yo ya lo he oído antes, por lo que leo en el anuario judicial es "algo que no se ha producido en los últimos años pese a las reiteradas manifestaciones públicas en este sentido que han vinculado la creación de nuevas plazas en la plantilla orgánica del Ministerio Público con el reforzamiento de la lucha contra el yihadismo. Esperemos que dichos deseos a lo largo del año judicial que tenemos abierto se conviertan en realidad".
Esperemos.
Por no extender en exceso este relato del anuario judicial, subsección yihadismo, vayamos a los números: "El año que acaba de terminar (2016) deja 70 detenidos, 104 presos por terrorismo yihadista y 11 juicios celebrados, de los que derivaron 10 sentencias condenatorias con 24 condenados por terrorismo yihadista".
Éstas son las cifras que enmarcan esta modalidad delictiva.
Hablando de terrorismo, siempre es interesante sólo mencionar que un fenómeno como el de ETA, que finalizó exactamente el 20 de octubre de 2011, aún genera actividad judicial, y el año pasado fue protagonista de 49 sentencias con 85 condenados.
Otro asunto de interés son las absoluciones, que alcanzaron la cifra de 24 personas (lo que supone un 17% de los enjuiciados por terrorismo), 23 de ellos en relación con el terrorismo de ETA.
Por ver la evolución, la síntesis de la actividad policial y judicial contra el terrorismo yihadista en España según la Memoria de la Fiscalía un año antes, en 2015, ofrecía 94 detenidos (69 en España). Se dictaron tres sentencias, con 13 acusados que fueron los 13 condenados. En 2014 la Memoria señalaba dos condenados por terrorismo internacional yihadista.
En resumen: endurecimiento de la legislación; frontera resbaladiza entre prevención del delito y respeto a los derechos fundamentales; redes e internet como ámbitos prioritarios; detenciones en momentos muy iniciales de la actividad terrorista, incluso antes de la radicalización; desproporción entre detenidos y juzgados; enaltecimiento del terrorismo como delito mayoritario (bajo esta figura entraron los titiriteros); dos docenas de condenados, el doble que un año antes, aunque las principales cifras parece que se estabilizan; y bajada aparente de las absoluciones en los juicios de los sospechosos detenidos y publicitados por los cuerpos policiales.

Sugerencias

• Memorias de la Fiscalía General del Estado.
• Terrorismo a la baja, ¿o no?, por Jesús Núñez (Elcano, 20-11-2017).
• 36 yihadistas se han unido al ISIS desde España en un año (El País, 19-11-2017). En noviembre de 2016 eran 186 los desplazados a Siria e Irak; hoy son 222
• Trial and Terror (The Intercept, 2-10-2017). The U.S. government has prosecuted 810 people for terrorism since the 9/11 attacks. Most of them never even got close to committing an act of violence.
• 271 presos yihadistas tienen un seguimiento especial (El País, 1-9-2017).
• Excesos de la lucha antiterrorista (Blog Contextos, 18-3-2017).
• Informe sobre la prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas (Parlamento Europeo, 3-11-2015).

Excesos de la lucha antiterrorista

La lucha antiterrorista amenaza en media Europa con saltar los límites de derechos fundamentales del ciudadano, entre ellos lo relacionado con la libertad de expresión y las redes sociales. Organismos internacionales y ONG alertan sobre un fenómeno acrecentado en los últimos dos años de obsesión antiterrorista que restringe derechos en nombre de la seguridad.
El 5 de febrero de 2016 la policía española detuvo en Madrid a dos actores de una compañía de títeres acusados de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio, permanecieron cinco días encarcelados -prisión provisional sin fianza- y fueron incluidos en un fichero de presos peligrosos con el régimen penitenciario más severo. En su liberación se les retuvo el pasaporte y se les obligó a comparecencias diarias ante el juez.
La obra causante de la detención, representada en tiempos de carnaval ante un público infantil, tenía un argumento de crítica social contra los cuatro poderes que supuestamente rigen la sociedad española: la propiedad, la institución religiosa -un guiñol vestido de monja-, las fuerzas de seguridad -un muñeco con uniforme de policía- y el poder judicial -marioneta con toga de juez-. En un pasaje de la obra, representada en esperanto y latín, un guiñol portaba una pancarta –una falsa prueba fabricada por el guiñol policía- con la leyenda "Gora Alka-ETA".
El recorrido judicial del caso ha tenido dos paradas: la Audiencia Nacional dictaminó el 28 de junio de 2016 el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por el delito de enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo, aunque derivó hacia otro juzgado por si existiera otro delito de discurso de odio. Finalmente el 5 de enero de 2017 el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid archivó definitivamente el asunto.
La difusión pública de este segundo archivo ha coincidido con un informe de Amnistía Internacional en el que analiza, desde la perspectiva de los derechos humanos, las medidas antiterroristas adoptadas en 14 estados miembros de la Unión Europea. La ONG incluye este caso de los titiriteros al tratar de España.
El informe, Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa (enlace al original en inglés), revela -según sus autores- la manera en que el diluvio de leyes y reformas aprobadas a una velocidad de vértigo está minando libertades fundamentales y desmantelando salvaguardias de derechos humanos. "Una serie de nuevas leyes de amplio alcance están conduciendo a Europa a un profundo y peligroso estado de 'securización", afirma Amnistía.
“Tras una serie de atroces atentados, desde París hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias”, manifestó en su presentación John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.
En su opinión, “tomadas de una en una, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todas juntas emerge una inquietante imagen en la que poderes sin control pisotean libertades que se daban por sentadas desde hace mucho tiempo”.
El informe repasa cómo en varios países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, han aumentado el poder del Ejecutivo, han eliminado controles judiciales, han restringido la libertad de expresión y han expuesto a toda la población a una vigilancia gubernamental sin control.

Leyes de excepción y medidas similares

En varios países, según AI, las reformas constitucionales o la legislación harán que sea más fácil declarar un estado formal de excepción u otorgar poderes especiales a los servicios de seguridad e inteligencia, a menudo sin apenas supervisión judicial, o sin supervisión en absoluto.
En Francia, desde los atentados de noviembre de 2015, se ha renovado cinco veces el estado de excepción, con lo que se ha normalizado una serie de medidas intrusivas como, por ejemplo, el poder para prohibir manifestaciones y llevar a cabo registros sin orden judicial.
El informe de Amnistía Internacional asegura que se han concedido o ampliado poderes de vigilancia masiva en Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Bélgica y Países Bajos, entre otros, y al hacerlo se ha permitido la interceptación masiva y el posible acceso a los datos de millones de personas.
La Ley Antiterrorista promulgada por Polonia en 2016 permite medidas de vigilancia encubierta contra personas de ciudadanía extranjera, como por ejemplo las escuchas telefónicas, el seguimiento de las comunicaciones electrónicas y la vigilancia de las redes y dispositivos de telecomunicaciones sin supervisión judicial de ningún tipo durante tres meses.

Delitos de opinión

"En un moderno giro del orwelliano 'delito de opinión', la gente puede ahora ser procesada por actos que tienen un vínculo sumamente tenue con una conducta delictiva real", señala el informe. Al centrar cada vez más las medidas antiterroristas en la prevención, los gobiernos han invertido en iniciativas “predelictivas” y han recurrido con una frecuencia cada vez mayor a órdenes de control administrativo para restringir la libertad de circulación y otros derechos, añaden.
Para Amnistía, el miedo a ser calificado de amenaza para la seguridad o de extremista ha tenido un efecto disuasorio que ha limitado la libertad de expresión.
En 2015 los tribunales franceses dictaron 385 condenas por “apología del terrorismo”, un tercio de ellas contra menores de edad. Las definiciones de qué constituye “apología” son sumamente amplias.
En España precisamente se endureció el Código Penal en marzo de 2015 especialmente en lo relativo al terrorismo y su enaltecimiento, reforma que se produjo meses después de otra modificación de la Ley del Poder Judicial que introdujo nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar, bajo el principio de la justicia universal, crímenes de especial gravedad cometidos fuera de nuestras fronteras, cambio este segundo que ha dificultado la persecución transnacional del delito, como han reconocido fiscales y profesionales que participan en la lucha antiterrorista.

Naciones Unidas se pronuncia

El choque entre libertad de expresión y lucha antiterrorista sobrepasa con creces el ámbito de una ONG preocupada por los derechos humanos. Naciones Unidas ha señalado que la expresión pacífica de puntos de vista que son considerados extremos nunca debe ser penalizada a menos que esté asociada con la violencia, según defiende Ben Emmerson, relator especial de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Emmerson presentó en marzo de 2016 su informe anual al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en el que advierte que los gobiernos deben ser cuidadosos en su respuesta a la cuestión, ya que se trata de una zona ambigua en la que hay que diferenciar el discurso de una llamada directa a la violencia.
El experto señaló que existe ahora una nueva tendencia peligrosa de criminalizar la glorificación del terrorismo, por lo que llamó a prestar atención a la intención del interlocutor más allá de sus palabras.

Objetivo: redes sociales

Volviendo a España, la libertad de expresión es el ámbito que se ve más afectado por aparentes excesos en la aplicación de medidas antiterroristas aplicando una legislación crecientemente endurecida y curiosamente los dos asuntos más mediáticos, ambos reseñados por AI, afecta al mundo artístico, músicos y actores.
Junto con el caso de los titiriteros, y en contra de la posición final de la Justicia sobre ese asunto y de la opinión de Naciones Unidas, este enero de 2017 ha visto también cómo el Tribunal Supremo condenaba a un año de prisión al cantante del grupo Def con Dos, conocido como César Strawberry, por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas por comentarios publicados en Twitter en 2013 y 2014 sobre el rey emérito Juan Carlos y sobre Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno asesinado por ETA en la etapa final de la dictadura de Francisco Franco.
Durante 2015, según la última Memoria de la Fiscalía, se incoaron en España 60 diligencias de investigación por delitos de enaltecimiento del terrorismo, 55 de ellas vinculadas con ETA, de las que 43 fueron archivadas por falta de autor o por no ser delictivos los hechos y ocho fueron judicializadas mediante denuncia o querella, confirmando el incremento de estos procedimientos sobre todo por comentarios publicados en las redes sociales y también el alto número de absoluciones.
Se da la circunstancia de que tanto las denuncias como las sentencias relacionadas con el enaltecimiento del terrorismo se han disparado en el último lustro en comparación con los años en los que la organización terrorista ETA asesinaba en España, grupo que en octubre de 2011 anunció el cese definitivo de su actividad armada.
Desde la asociación profesional española Jueces para la Democracia, su portavoz Ignacio González ha señalado que "la legislación antiterrorista, y concretamente el pacto alcanzado en 2015, desdibuja totalmente el delito de terrorismo, que se ha de caracterizar por elementos como el aspecto organizativo y la posesión de armas o explosivos".
Escribe Amnistía Internacional: “los dos últimos años han sido testigos de un profundo cambio de paradigma en Europa, un cambio de la idea de que el papel de los gobiernos es proporcionar seguridad para que las personas puedan disfrutar de sus derechos, a la idea de que los gobiernos deben restringir los derechos de las personas para proporcionarles seguridad”.

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Artículo publicado en el marco del proyecto de investigación Seguridad Global y Derechos Fundamentales.

Sugerencias

• Desmontando el (supuesto) terrorismo (El País, 10-6-2018).
• Libertad de expresión (y convivencia) en la era del tuit (El País, 24-4-2017). Juristas, académicos y sociólogos discrepan sobre los límites de la ley para combatir el odio en las redes sin coartar el derecho de opinión
• La patología del odio, por Adela Cortina (El País, 28-3-2017). Las fobias sociales son enfermedades que se deben superar. Convertir en creencia la idea de la igual dignidad es el modo ético de superar los conflictos entre el discurso de la intolerancia y el respeto a la libertad de expresión.
• Buenistas sin fronteras, por Elvira Lindo (El País, 26-3-2017). El buenismo, para los listos que están de vuelta de todo, es la religión que practican los progres
• Twitter cierra 377.000 cuentas en seis meses por apología del terrorismo (El País.com, 21-3-2017). La red social ha incrementado un 60% la suspensión de perfiles respecto al periodo anterior
• Queda prohibido odiar, por José María Ruiz Soroa (El País, 12-3-2017). Castigar el odio es tanto como castigar estados de ánimo. Algo vedado al Derecho.
• Un tuit sobre Germanwings motiva la primera condena por catalanofobia (El País, 16-3-2017).
• Wilders y la libertad de expresión, por Flemming Rose (El País, 17-3-2017). Pide que se prohíba el Corán y quiere cerrar mezquitas. Así que, por eso, la defensa que hace el líder de la ultraderecha holandesa de la Primera Enmienda y su propuesta de implantar una ley similar en Europa suenan falsas.

Terrorismo yihadista en España: datos

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

Cuando llega un suceso que interrumpe el ritmo cotidiano de los acontecimientos sólo queda aplicar procedimientos ensayados y opinar lo ya pensado previamente; desde el punto de vista informativo en un atentado estalla también la demanda de contenidos, cuando aún no se sabe nada.
Por tanto es aconsejable aprovechar los días laborables para acumular información que luego se tenga accesible y digerida cuando llegue el fin de semana.
Fuente: Memoria de la Fiscalía General del Estado 2016, que recopila la información de un año antes sobre actividad judicial y evolución de la delincuencia, con costumbre de hacerla pública con motivo de la solemne apertura del año judicial.
La solemnidad de este acto celebrado recientemente no la marca el contenido, sino el protocolo, divorciados en éste como en los otros dos poderes del Estado y en su Jefatura, lo que también sucede con la Iglesia Católica.
Los cuatro o cinco poderes se reúnen un día de septiembre donde abundan las togas con puñetas, encima del chaqué y su pajarita, las placas, medallas y collares, y el rey se coloca el Gran Collar de la Orden de San Raimundo de Peñafort, condecoración creada en 1944 con el nombre del santo patrón de los juristas.
La organización del acto con tanto poder concentrado tiene seguro su complejidad, y para los interesados existe un reglamento de 2005 "de honores, tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes".
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, doble gorro que debería provocar ciertas fricciones, Carlos Lesmes, ha reivindicado este año la “rabiosa independencia” de los jueces y magistrados españoles, rabiosa independencia, y se ha quejado de las críticas sobre la politización de la Justicia,
En las palabras de Lesmes hubo referencias a la corrupción, a la labor abnegada de los 5.500 jueces que en España lo son, que de promedio dictaron cada uno 300 sentencias (!) en el último año: "en nuestro sistema judicial no hay héroes ni seres excepcionales, su grandeza se construye sobre la actividad cotidiana de una suma de hombres y mujeres prudentes, honestos y capaces"... 
Acto corporativo, con citas de Ortega y Azorín, tan extraño como cualquier otro sacado de contexto. Ni una palabra sobre terrorismo por parte del presidente del TS y el CGPJ.
Escasa información en ese discurso institucional, sí en las 871 páginas de la última Memoria de la Fiscalía.
"El terrorismo yihadista se nos presenta como un fenómeno proteico que utiliza hábilmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para desplegar la autodenominada «yihad de la palabra»", dice la Memoria, que el año pasado ya señalaba lo de proteico, probablemente más relacionado con la capacidad de cambiar de forma que con las proteínas.
Resumamos con citas textuales.

Medios

"Parece evidente que si la lucha contra el terrorismo yihadista ha obligado a reforzar e incrementar significativamente los servicios antiterroristas, tanto policiales como los de inteligencia, es absolutamente necesario por las mismas razones potenciar los recursos humanos y las capacidades del sistema judicial, y en particular, en cuanto concierne a nuestra institución, incrementar a la mayor urgencia los efectivos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para disponer de más fiscales especializados y dedicados a la investigación de estos graves crímenes, algo que no se ha producido pese a las continuas y reiteradas manifestaciones públicas de algunos responsables políticos que han vinculado la creación de nuevas plazas en la plantilla orgánica de la Fiscalía con el reforzamiento de la lucha contra el yihadismo. Nada más lejos de la realidad, al menos en lo que concierne al Ministerio Público".

Amenaza

"El terrorismo internacional yihadista se ha consolidado como un problema global de dimensiones especialmente graves y alarmantes, constituyendo actualmente la mayor amenaza para la libertad y la seguridad de nuestras democracias".
"La mayor parte de las investigaciones en curso relacionadas con el terrorismo yihadista se refieren a actividades de reclutamiento, adiestramiento, captación y adoctrinamiento para integrarse en la filas del Dáesh (Estado Islámico), y se producen a través de Internet y las redes sociales".
"Según recientes informes policiales, entre 4.000 y 5.000 individuos de países de la Unión Europea se han desplazado a Siria-Irak a tales efectos".
"(Desde España) Se han identificado más de un centenar de combatientes que se han desplazado a las zonas de conflicto (la cifra se sitúa en torno a los 150), de los que aproximadamente 25 personas han fallecido en esas zonas, buena parte de ellos en atentados suicidas, y más de un centenar permanecen aun en esos territorios, todos ellos procedentes de España. Se han identificado más de una veintena de individuos retornados, de los que la mayor parte se encuentran investigados/imputados judicialmente y en prisión preventiva".

Localización

"La actividad de investigación del terrorismo internacional se viene centrando fundamentalmente en los grupos terroristas yihadistas que operan en las zonas de conflicto: Siria-Irak, y ahora Libia, por una parte de forma prioritaria (Dáesh y Al Qaeda), y la zona del Sahel (en África) por otra (Aqmi, Al Morabitún, Ansar Eddine)".
"Las investigaciones policiales y judiciales que se siguen en nuestro país, generalmente en estrecha colaboración con las autoridades marroquíes, se concentran fundamentalmente en los focos radicales de Ceuta y Melilla, Barcelona y Madrid, y se centran en las actividades de captación y adoctrinamiento de personas muy jóvenes (incluso niñas menores de edad) para su envío a Siria e integrarse en el autodenominado Estado Islámico (El)".

Detenidos

"En el 2015 se han producido varias operaciones antiterroristas en las que han resultado detenidos casi un centenar de individuos (en España y Marruecos), la mayor parte de ellos vinculados con las redes de captación, adoctrinamiento y envío de yihadistas a las filas del Estado Islámico, y algunas de ellas con otras organizaciones terroristas que operan en África".
"Mientras en el 2014 se produjeron 36 detenciones en territorio español (a lo que hay que sumar otros 13 detenidos en el extranjero por tratarse de operaciones conjuntas con fuerzas policiales de otros países), con un total de 49 detenidos, en el 2015 se han llevado a cabo 94 detenciones (de ellas 68 en territorio español y 26 en el extranjero, de las que 5 lo han sido en virtud de órdenes de detención libradas por Tribunales españoles y las 21 restantes en Marruecos en operaciones policiales conjuntas entre ambos países)".

Juzgados y condenados

En este apartado la Memoria de la Fiscalía es voluntariamente oscura, en comparación con la misma Memoria de un año antes y no suma juzgados y condenados, sino que los relaciona.
No son muchos, se mencionan tres procesos penales sentenciados en 2015, uno condena a los 11 acusados a 12 años de prisión para los dirigentes y 10 años de prisión para el resto "por las acciones de captación y envío de individuos a Siria para su adiestramiento y participación en la ejecución de acciones violentas como miembros del Dáesh y/o Jabhat al Nusra".
Una segunda sentencia condena a un acusado "como autor de un delito continuado de difusión pública del terrorismo, por haber mantenido una intensa actividad como usuario en foros yihadistas radicales que operan en internet administrando diferntes perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter".
La tercera y última sentencia mencionada "condena al acusado como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo por haber publicitado a través de Internet, mediante su subida a la aplicación Youtube, un vídeo elaborado por él mismo y compuesto en forma de narrativa épica laudatoria, en el que aparecen discursos de Osama Bin Laden llamando a hacer la Yihad, en claro homenaje a su figura, oraciones de otros líderes yihadistas e imágenes de campos de entrenamiento de Al Qaeda".

Cárceles

"A los 20 penados que están cumpliendo condenas (10 de ellos por los atentados del 11-M en Madrid), deben añadirse 81 presos preventivos (26 más que el año anterior), lo que nos sitúa en una cifra que supera ya el centenar de presos (de ellos 24 vinculados con Al Qaeda y 57 con el Estado Islámico)".

Resumen

La síntesis de la actividad policial y judicial contra el terrorismo yihadista en España según la Memoria de la Fiscalía es que el balance de 2015 consiste en 94 detenidos (69 en España), el doble que en 2014.
Se dictaron tres sentencias, con 13 acusados que fueron los 13 condenados. En 2014 la Memoria señalaba dos condenados por terrorismo internacional yihadista.
La amenaza más directa se centra en unas 25 personas que han retornado de Oriente Próximo, la mayor parte controlados o en prisión preventiva. Precisamente en las cárceles españolas hay un centenar de presos por terrorismo yihadista, 20 cumpliendo condena y el resto preventivos.
Fin de la Memoria.
Para luchar contra este fenómeno el Estado cuenta con 125.000 militares, 80.000 guardias civiles, 70.000 policías nacionales, 5.500 jueces y 3.500 agentes del CNI; o al menos quienes dirigen los organismos donde trabajan  los empleados públicos citados llevan años colocando el terrorismo yihadista como su principal razón de ser.
La amenaza del terrorismo yihadista en España es evidente, sin necesidad de remontarse a 2004, algunos de los autores de los atentados en París y Bruselas anduvieron merodeando por nuestro país; ahora bien, los números relativizan y mucho el volumen de implicados y condenados, por lo que la utilización política del riesgo es igualmente evidente.

Elogio de los efectos secundarios

 Columna de opinión publicada originalmente en Estrella Digital.

En ocasiones las consecuencias no deseadas pueden ser mejores para el común que el objetivo primero, beneficios inesperados para la mayoría.
Viene esto al hilo de la indignación de algunos países de Europa más la alianza anglosajona, eso que llamamos Occidente, porque Corea del Norte ha lanzado, al parecer con éxito, un satélite de observación. La sorpresa no procede de que moleste que los norcoreanos quieren contemplar la Tierra desde el espacio, sino en su capacidad probada para poner en órbita o trasladar a largas distancias toneladas de lo que sea, también de explosivos.
La carrera espacial del alunizaje y Jesús Hermida, la inversión multimillonaria que centró buena parte de la idealizada guerra fría, estaba más relacionada con el desarrollo de misiles balísticos que con la cosecha de piedras lunares. A partir de los avances tecnológicos nazis en la Segunda Guerra Mundial, EEUU y la URSS desarrollaron los misiles balísticos como instrumento imprescindible para poder lanzarse armas nucleares.
Cuando se nos asusta con la posibilidad de que grupos terroristas puedan acceder a armas químicas, bacteriológicas, nucleares -probablemente algún ministro en funciones esté pensando en recordarlo, si no lo ha hecho ya-, normalmente se oculta que además del contenido hay que disponer de un continente, un vector (agente que transporta algo de un lugar a otro); en estos casos es aún más difícil conseguir el vehículo que el pasajero.
Pero el común de los mortales nos hemos beneficiado de la carrera espacial-misilística: no sólo la miniaturización de la tecnología, también el velcro, el taladro sin cables, el refresco soluble con sabor a frutas (por no escribir Tang), el termómetro de oído y las mejores gafas de sol son efectos secundarios beneficiosos.
No es mucho teniendo en cuenta el riesgo de destrucción planetaria con las aún existentes 15.965 cabezas nucleares, pero algo es algo.
Otro ejemplo: los avances tecnológicos que hoy nos permiten estar conectados 24 horas diarias tienen su origen en la doble revolución registrada por la informática y las telecomunicaciones.
Como en el caso anterior, el objetivo primero no era mi vida social o hundir la prensa escrita en papel, sino militar (inversiones públicas del Pentágono) a lo que se sumó más recientemente los réditos muy reales de la globalización financiera, los mercados abiertos non-stop, sin molestas interrupciones de fiestas locales y horas nocturnas. Pero nosotros hemos sacado Twitter, Facebook y los navegadores para el coche.
Último ejemplo. Ante una catástrofe, de origen natural o humano, lo único bueno sólo pueden ser los efectos secundarios; dicho de otra manera, su gestión y lo que se aprende en el proceso.
La invasión de Irak de 2003 puede calificarse de catástrofe humanitaria y disparate político, origen de cientos de miles de muertos y placenta del Dáesh, el autodenominado grupo terrorista Estado Islámico.
El periódico El País sacó a la luz hace un par de años un vídeo que mostraba torturas por parte de cinco militares españoles a prisioneros iraquíes durante aquella invasión en la que algunos siguen diciendo que no participamos. También por el mismo diario conocemos en febrero de 2016 que el Tribunal Militar Central ha archivado el caso.
Es iluso defender que en un amplio colectivo como las Fuerzas Armadas no se produzcan casos de acoso laboral o sexual, e incluso torturas en un escenario bélico sin reglas como el Irak de 2003, lo que parece aconsejable es que la organización desanime al potencial agresor y actuar de inmediato si no se ha podido evitar.
El caso tiene implicaciones sobre la moral individual y la ética colectiva, ante un suceso de este tipo inmediatamente la cabeza se predispone a favor del agresor o de la víctima. En esta función personalmente elijo el papel de torturado.
Pero si pensamos en una organización la clave es cómo se reacciona al escándalo, si prima el corporativismo incluso por encima de un delito. Las imágenes muestran a delincuentes hoy impunes y algunos todavía de uniforme.
El auto que archiva el caso grabado y probado de torturas en Irak puede tener el atractivo artístico de la coherencia legal, pero es incomprensible.
En este asunto de Irak aún no han llegado los efectos secundarios beneficiosos para la mayoría.
Nos falta el velcro.

Sugerencias

• El tribunal militar archiva las torturas en Irak obligado por la fiscalía (El País, 8-2-2016).
• El Pentágono publica casi 200 fotos del maltrato en Afganistán e Irak (El País, 6-2-2016).
• Entrevista a Antonio López: "No sé si mi tierra es la que más me gusta, pero es la que más me importa" (La Tribuna de Toledo, 29-1-2016).