Ceuta y la inteligencia del Estado

 

En noviembre de 1976, el partido Reforma Democrática liderado por el político conservador Manuel Fraga publicó un libro blanco con propuestas para el país, una hoja de ruta para la transición hacia una monarquía constitucional, en donde se afirmaba: “Creemos que a España no le queda más opción —a la larga— que negociar con Marruecos, respecto a Ceuta y Melilla, un Estatuto similar al que propusimos a la Gran Bretaña para Gibraltar", es decir, cesión/cambio de soberanía con amplia autonomía política y administrativa para el territorio en cuestión, contemplando incluso la presencia militar del anterior país soberano.

Se armó cierto revuelo que obligó al ex ministro de Franco y luego presidente autonómico a retractarse, apuntar a fallos de imprenta e incluso tuvo que acudir a la paternidad del Parador de Ceuta para conseguir la absolución.

La anécdota refleja que la Transición ofrecía un marco en el que explorar futuribles innovadores (apenas un año después de la Marcha Verde), cosa en la actualidad descartada, el presente y el pasado agotan todas las fuerzas. Y se observa también que en 50 años el vecino del sur no se ha movido un centímetro de su posición geográfica.

En julio de 2026 la ciudad de Ceuta ha vivido la avalancha descontrolada de miles de inmigrantes en apenas 24 horas, alrededor de 50.000 con amplios márgenes según diversas fuentes, a pesar de que los medios de comunicación no han reflejado ese volumen de personas en sus imágenes y crónicas.

Las interpretaciones circulantes apuntan como detonante a una regularización de inmigrantes residentes en España antes del 31 de diciembre de 2025; de una sentencia reciente del Tribunal Supremo que impide la repatriación automática de inmigrantes entrados a nado; de un ejercicio de presión por parte de Marruecos por el supuesto acercamiento de España a Argelia; por un proyecto de ley que contempla la nacionalidad a los saharauis de los años setenta y sus descendientes; de una alianza antiespañola de Marruecos-EEUU- Israel;  del reciente acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que ha supuesto el derribo de la verja de Gibraltar (ésta última conexión puede ser más relevante de lo que parece)… Y sin duda existen razones de política interna marroquí que reciben menos o ningún foco por parte de analistas y medios españoles.

El tiempo irá destilando la explicación del suceso, teniendo en cuenta que los fenómenos complejos no tienen motivaciones simples ni únicas.

Se puede añadir a lo anterior que la crisis -invasión ha sido llamada con soltura- se ha resuelto en 48 horas con el regreso a Marruecos bastante voluntario y extraño del 95% de los que consiguieron ingresar horas antes; que alrededor de un centenar de personas se ahogaron en el intento; que en la solución ha tenido que colaborar el Gobierno de Marruecos.

Por el precedente de 2021 en la misma Ceuta y la entrada descontrolada de 10.000 personas, tenemos la certeza de que Marruecos utiliza a su población y a los migrantes como instrumento político contra España, hay fundadas sospechas que en algún momento de la crisis de 2026 lo ha vuelto a hacer y que es muy probable que suceda en el futuro, salvo una apertura democrática en Marruecos no prevista.

En este punto un artículo de opinión podría buscar culpables, se podría envolver en la bandera de un nacionalismo estéril bien conocido, podemos falsear la realidad improvisando reacciones como si estuviéramos en Annual 1921 o acudir al conde don Julián en el año 711; o sacar visiblemente los complejos históricos nacionales que se declinan con Marruecos muy frecuentemente.

Parece más provechoso preguntarnos qué es posible aprender con el último incidente migratorio en Ceuta y, más concretamente, qué aprende el Estado para responder a una estrategia híbrida en la zona gris (preferibles en cualquier caso las zonas grises a las negras).

España es un país y una democracia avanzada que cuenta con centenares o miles de empleados públicos que dedican su jornada laboral a analizar, prevenir, prever, gestionar y responder a una crisis de seguridad de este tipo: militares, policías, agentes de inteligencia civil y militar, diplomáticos, especialistas en gestión de crisis, analistas, profesores de universidad, think tank…

Aunque una parte de estos empleados públicos dediquen las tardes a criticar al Gobierno, recordar hazañas coloniales o compartir insultos contra sus responsables políticos, por las mañanas desarrollan un trabajo profesional de un Estado serio y competente.

Ceuta estaba y existía antes y después de la conquista portuguesa de 1415 al sultanato Meriní (los benimerines), del cambio de soberanía a España en 1668, antes y después de la independencia de Marruecos en 1956, de la Marcha Verde sobre el Sáhara de 1975, del 600 aniversario de la ciudad celebrado sin pena ni gloria en 2015, existe la ciudad antes y después de Perejil 2002, de la avalancha de inmigrantes de 2021 y de 2026. La ciudad permanece, pero cambian los problemas que proyectamos sobre ella.

Ceuta no necesita una respuesta propia de Annual ni un desembarco de Alhucemas, porque no estamos en 1921; necesita instituciones capaces de afrontar amenazas híbridas propias del siglo XXI.

Las crisis pasarán. La cuestión verdaderamente importante es si el Estado español ha sido y será capaz de convertirlas en experiencia acumulada.

La evolución reciente invita además a otra pregunta. ¿Es sostenible a largo plazo un modelo en el que Ceuta y Melilla se conviertan en espacios cada vez más seguros pero también cada vez más aislados de su entorno? Resulta llamativo que, mientras las dos ciudades autónomas parecen avanzar hacia una lógica de fortaleza, Gibraltar —tras el reciente acuerdo entre el Reino Unido, España y la Unión Europea— evolucione precisamente hacia una frontera más permeable e integrada.

Las crisis híbridas ponen a prueba algo más que los sistemas de seguridad. Ponen a prueba la madurez institucional de una democracia. También la capacidad de los gobiernos, de las oposiciones y de las administraciones territoriales para distinguir entre la legítima confrontación política y la preservación de los intereses permanentes del Estado.

Un Estado inteligente no sólo dispone de buenos analistas, militares o diplomáticos; también necesita que quienes ejercen responsabilidades institucionales comprendan que, en determinadas crisis, la fortaleza del Estado depende tanto de sus capacidades técnicas como de la calidad de su comportamiento institucional. La deslealtad con el Gobierno nacional este julio de 2026 ha sido evidente tanto por parte del Gobierno de la ciudad autónoma como de los partidos de la oposición de derecha extrema y extrema derecha.

Nunca sabremos qué informes circularon por el CNI, el CIFAS, la Comandancia General de Ceuta, el Estado Mayor de la Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional o el Ministerio de Exteriores y el de Interior antes de esta crisis. Tampoco deberíamos saberlo. Lo relevante no es conocer esos papeles, sino confiar en que existen, que dialogan entre sí y que cada crisis deja un Estado mejor preparado para la siguiente. Esa confianza institucional, más que cualquier gesto patriótico o cualquier declaración altisonante, es la verdadera fortaleza de una democracia.

Lo que se podría denominar inteligencia del Estado resume muy bien lo mejor que se podría sacar de la crisis en Ceuta. Un Estado no demuestra su calidad porque tenga más tanques o más policías, sino porque convierte cada experiencia en conocimiento, y ese conocimiento en mejores decisiones.

La cuestión no es si Marruecos volverá a utilizar instrumentos de presión de este tipo, probablemente lo hará. La verdadera pregunta es si España será capaz de aprender de cada episodio para fortalecer sus instituciones, anticipar mejor los riesgos y proteger con normalidad a sus ciudadanos.

La soberanía adquiere sentido cuando sirve para garantizar derechos, seguridad y servicios públicos a los ciudadanos

El filósofo Daniel Innerarity ha defendido que la inteligencia de una democracia no reside tanto en la excepcional capacidad de sus gobernantes como en unas instituciones capaces de convertir experiencias anteriores en reglas, estructuras y procedimientos. Ceuta permite trasladar esa reflexión al terreno de la seguridad.

Un Estado inteligente no es aquel al que nunca sorprenden, sino aquel cuyas instituciones están preparadas para gestionar aquello que no habían previsto exactamente. Se trata de aprovechar toda oportunidad para aprender a gestionar la incertidumbre, el riesgo y el desconocimiento que caracterizan hoy las relaciones internacionales y los asuntos públicos.

Ceuta no pone a prueba el patriotismo de España, sino la calidad de sus instituciones.

Desinformación sin fronteras y sin excusas

La politóloga manchega Máriam Martínez Bascuñán observaba recientemente en un acto público que don Quijote ampliaba la realidad encontrando gigantes donde había molinos; y que en estos tiempos parecemos haber perfeccionado el mecanismo contrario: vemos molinos cuando miramos gigantes. Hay mucho de desinformación en este error de percepción, mucha campaña de elaboración y difusión de contenidos averiados, mucho interesado en sacar provecho económico o político —o ambos— de una visión equivocada de la realidad.

Coincide la lectura de su último libro, El fin del mundo común, en el que reflexiona desde el pensamiento de Hannah Arendt para analizar la era de la posverdad y la crisis de la democracia, con los Trabajos del Foro contra las Campañas de Desinformación, publicados recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional (Presidencia del Gobierno, Moncloa). Dos acercamientos muy distintos —desde la filosofía política y desde la seguridad— a un mismo problema.

Los responsables de seguridad nacional parecen cada vez más preocupados por la desinformación. La Unión Europea, la OTAN, los gobiernos nacionales y numerosos organismos internacionales acumulan estrategias, grupos de trabajo, observatorios y nuevos conceptos para enfrentarse a ella. La publicación de los Trabajos del Foro contra las Campañas de Desinformación refleja esta preocupación concreta, que sitúa en el denominado —algo pomposamente— ámbito cognitivo el quinto dominio operativo, que se suma a los clásicos tierra, mar, aire/espacio, a los que ya se había añadido el ámbito digital.

Desde el punto de vista de la seguridad, la información se ha convertido en un terreno de competición estratégica. Los Estados, las organizaciones internacionales y los servicios de inteligencia observan con inquietud cómo las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial permiten influir -al menos potencialmente- a una velocidad y escala desconocidas hasta hace pocos años. El Departamento de Seguridad Nacional viene elaborando informes y estrategias que conforman ya un corpus importante, se encuentra elaborando una estrategia específica sobre desinformación —cuyo proceso se anunció a comienzos de 2025— y desde hace un lustro cuenta con un amplio grupo de trabajo externo sobre este tema. Todo merece una atenta lectura, por lo que dice y también por lo que deja fuera.

El informe abandona la simplificación de las llamadas fake news para centrarse en fenómenos más complejos: operaciones de influencia, manipulación informativa, coordinación de actores y amenazas híbridas. Incorpora también conceptos desarrollados en el ámbito europeo y atlántico, especialmente el novedoso FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference), herramienta para identificar campañas de manipulación e interferencia impulsadas por actores extranjeros. Se ha trasladado el foco desde los contenidos a los actores, estrategias y objetivos; preocupa más el quién que el qué.

El quinto dominio y sus fantasmas

La seguridad tiene una enorme capacidad para ordenar la realidad. Identifica amenazas, actores, capacidades y vulnerabilidades. Permite movilizar recursos y coordinar instituciones. Pero también tiene una tendencia a interpretar problemas muy distintos a través de una misma lente. Los trabajadores de la seguridad física y militar tienden a creer que sus análisis son omnicomprensivos, y con frecuencia sufren los problemas del análisis especializado, que carece de perspectiva global.

Hay además un incentivo estructural poco disimulado. Ningún presupuesto de Defensa se justifica por la desinformación, la inflación o las pandemias que aparecen entre los miedos del ciudadano encuestado. De ahí la tendencia a buscar —y encontrar— poderosos enemigos extranjeros, peligrosas redes criminales internacionales y laboratorios asiáticos mutando virus asesinos: los grandes presupuestos deben estar en proporción al tamaño de la amenaza o de los enemigos.

El concepto FIMI es útil, pero tiene sus límites. No toda desinformación responde a una operación extranjera. En la mayor parte de las ocasiones surge de dinámicas completamente domésticas: rivalidades partidistas, sesgos ideológicos, incentivos económicos, mecanismos de viralización, debilidad financiera de los medios de comunicación. No toda narrativa engañosa nace en Moscú, Pekín o cualquier otra capital convertida en sospechosa habitual.

Resulta llamativo, por ello, que la desinformación doméstica apenas ocupe espacio en muchos de estos análisis. La atención se dirige prioritariamente hacia actores externos, mientras quedan en segundo plano las vulnerabilidades internas que hacen posible el éxito de cualquier campaña de influencia. Durante los últimos años se han difundido afirmaciones falsas, medias verdades y relatos incompatibles sobre la pandemia, el procés, la guerra de Ucrania, Gaza, la inmigración, la dana valenciana y la corrupción política, sin necesidad de remontarnos a la invasión de Irak o los atentados del 11-M.

Toda mirada ilumina unas partes de la realidad y descarta otras. El enfoque de la seguridad puede identificar amenazas y movilizar recursos, pero corre el riesgo de securitizar fenómenos que son, antes que nada, políticos, sociales o culturales, como ya ocurre con la inmigración. La desinformación puede ser una amenaza para la seguridad nacional, pero difícilmente puede reducirse a ella.

Hay otro actor apenas tratado en estos análisis: los medios de comunicación, un colaborador necesario. El periodismo profesional sigue siendo una de las mejores herramientas disponibles para verificar hechos y exigir responsabilidades, pero eso no convierte automáticamente a los medios en observadores neutrales del fenómeno. También forman parte del ecosistema en el que la información circula, se amplifica y adquiere legitimidad.

Toda campaña de influencia necesita amplificación. Entre la publicación original de un mensaje y su conversión en asunto de interés público existe una cadena de intermediarios formada por medios, comentaristas, expertos, políticos e influencers. La velocidad informativa, la competencia por la audiencia, la segmentación ideológica y la economía de la atención convierten a todos ellos en amplificadores de narrativas engañosas.

Las campañas de influencia externas o internas no operan en el vacío. Necesitan encontrar grietas previas, aprovechan fracturas que ya existen. Por eso cuesta creer que las principales amenazas para nuestras democracias puedan combatirse únicamente con instrumentos de seguridad o defensa.

En 2027 se celebran en España elecciones municipales, autonómicas y nacionales. Y sin duda, porque ya ha ocurrido, circularán campañas de desinformación muy española y poco rusa: piezas de propaganda elaborada con inteligencia artificial, encuestas falsas, candidatos que pedirán la cárcel para sus adversarios, campañas racistas mal disimuladas bajo el paraguas de la prioridad nacional; asistiremos a acusaciones de fraude electoral, porque ya las hemos conocido en las recientes convocatorias en Extremadura —hasta la presidenta en funciones denunció el robo de votos, sin que sepamos aún si influyó en su reelección—, Aragón (papeletas), Castilla y León (polémica inflada sobre DNI digital) y Andalucía (dudas sobre voto por correo).

En un ambiente de polarización, el objetivo previsible será la desmovilización, la desconfianza en el sistema y la abstención del votante adversario.

Mentiras identitarias

Los defensores del terraplanismo no pretenden convencer a nadie de la no redondez del planeta, sino sembrar dudas sobre la ciencia y la autoridad de los expertos. La desinformación no busca que confundamos realidad con ficción; busca que nos confundamos a nosotros mismos, que nos dé igual la distinción. En términos políticos eso se traduce en indiferencia y abstención. La participación en estas campañas tiene además un componente identitario nada desdeñable: la pertenencia a un grupo que se enfrenta a las verdades acuñadas, a la autoridad convencional. Por eso resulta insuficiente el fact-checking como respuesta única: no se puede verificar una identidad. No se convence a un terraplanista con fotografías de la Tierra.

Algunas personas no creen determinadas cosas porque sean ciertas, sino porque las comparte su grupo, porque confirman una visión previa del mundo, porque permiten distinguir entre los nuestros y los otros.

Martínez-Bascuñán lo formula con precisión: el problema de las posverdades y los hechos alternativos no es que eliminen la verdad —al fin y al cabo, la verdad no es un valor absoluto en política—, sino que acaban con el mundo común que venía permitiendo la deliberación democrática. No habitan en el terreno del conocimiento, sino en el del conflicto social y político.

Nos recuerda que Hannah Arendt advirtió que la libertad de opinión es una farsa cuando la información sobre los hechos no está garantizada. Sin un mínimo acuerdo sobre los hechos resulta imposible sostener una conversación pública racional. Pero también nos recordó que la política nace precisamente de la pluralidad, del contraste de opiniones y de la existencia de un mundo compartido. Ese espacio común es hoy más necesario que nunca.

Imponer una única lectura de un fenómeno —incluida la desinformación—, o restringir el debate de ideas en nombre de la seguridad o de cualquier otro bien supuestamente superior, supone renunciar a una de las principales fortalezas de las sociedades democráticas. El objetivo no debería ser reducir la discrepancia, sino preservar el lugar donde la discrepancia puede expresarse sin destruir la posibilidad de entendimiento.

Entre la verificación inmediata a corto plazo y la alfabetización mediática a largo existe un espacio inmenso que no pueden ocupar los servicios de inteligencia, los verificadores ni los especialistas en seguridad, probablemente porque no es su objetivo. Ese espacio lo ocupan el debate público, los medios de comunicación, la educación y la cultura democrática. Pero sobre todo lo ocupa cada ciudadano.

Haciendo una analogía, cada uno es responsable de su dieta alimentaria y también de su dieta informativa. Nadie decide por nosotros qué leemos, qué compartimos, a quién le damos autoridad con nuestra atención y a quién se la retiramos con nuestro voto. Los desinformadores no son sensibles a los argumentos ni a las pruebas de verificación —juegan en otro tablero, donde lo que importa no es la verdad sino la pertenencia—, pero sí son sensibles a quedarse sin audiencia, sin altavoces, sin legitimidad.

Esa es quizá la palanca más subestimada en todo este debate. No la estrategia de seguridad, no el algoritmo corrector, no la normativa europea, sino el pensamiento crítico de cada persona que decide no compartir un bulo, no alimentar una campaña de odio, no votar a quien ha hecho de la mentira un instrumento de poder.

Diagnosticar con acierto el fenómeno es el primer paso. Para ello son bienvenidos todos los esfuerzos parciales, vengan del mundo de la seguridad, del periodismo o de la filosofía política. Pero el guiso final lo cocina cada uno de nosotros.

La desinformación busca confundir. Y prospera cuando decidimos que la confusión no es nuestro problema.

Tropas indígenas europeas

En muchas experiencias coloniales, la potencia ocupante terminó reclutando en el propio territorio ocupado fuerzas policiales, militares o de seguridad.

Ocurrió en la India bajo dominio británico, en el norte de África bajo administración francesa y española, y en Etiopía bajo ocupación italiana. Tropas indígenas, las llamaban.

España creó oficialmente el Cuerpo de Regulares el 30 de junio de 1911. Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla fue su primer nombre. Mando español, tropa local: la fórmula clásica de la seguridad colonial. Fue también una de las primeras experiencias modernas de tropa profesional/mercenaria en el Ejército español, respuesta al rechazo social que provocaba el envío de soldados de reemplazo a las guerras coloniales de Marruecos, especialmente entre quienes no podían pagar la redención en metálico ni costear un sustituto.

Luego llegó la Legión, en 1920. Tercio de Extranjeros se llamó inicialmente: alistamiento voluntario, sin preguntar origen nacional ni antecedentes penales, se decía.

Era, en apariencia, una solución brillante: subcontratar al colonizado la seguridad del sistema colonial.

La brillantez tenía matices. A veces esos cuerpos acabaron siendo utilizados también contra compatriotas incómodos del propio colonizador.

Israel ha buscado durante décadas algo parecido con la Autoridad Nacional Palestina: hacerla responsable de parte de la seguridad interior de los territorios ocupados, pero sin renunciar nunca al control último del dispositivo. El planteamiento era, además, irreal: ocupante y ocupado comparten territorio, frontera, dependencia y conflicto.

Tras ochenta años de protectorado norteamericano sobre Europa, el símil de esta columna empieza a funcionar con el improbable ejército europeo, o con la simple suma de los veintisiete ejércitos nacionales.

Un marciano que aterrizara hoy en la Tierra —o un historiador que nos observara dentro de unas décadas— probablemente concluiría que la Europa de 2026 mantiene una relación de dependencia militar estructural respecto de Estados Unidos: decenas de miles de soldados norteamericanos, bases estratégicas (de Groenlandia a Cádiz), mando integrado y una soberanía defensiva compartida, cuando no delegada.

La dependencia no nació ayer. Puede rastrearse desde los primeros pasos de la integración europea: la fallida Comunidad Europea de Defensa de 1952, la CEE de 1957 (ambas alentadas por EE.UU.) y, como paraguas de todo, el orden atlántico construido después de la Segunda Guerra Mundial.

En ese sentido tiene lógica la progresiva disminución de la presencia militar norteamericana en Europa. Lo sorprendente es que todavía se mantenga en esos niveles.

Tamaña presencia no se entiende solo por altruismo estratégico. Responde también al interés del foráneo, que puede coincidir parcialmente con los deseos de seguridad de quien ha cedido parte de su soberanía.

EE. UU. tiene una costa en el Pacífico y una orientación asiática de la que Europa carece. China concentra el interés norteamericano a corto, medio y largo plazo y le conviene liberar recursos en Europa.

‘Que de Rusia se encarguen los europeos’, parece decir hoy el aliado americano, siempre que la decisión última siga pasando por Washington. Tropas indígenas, mando norteamericano.

La historia enseña que el colonizado colabora temporalmente, a menudo por razones económicas o de supervivencia, pero rara vez con entusiasmo. Antes o después acaba preguntándose si la inseguridad que debe corregir no está causada precisamente por la ocupación.

Ahí aparece la autonomía estratégica europea, expresión consolidada en la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea presentada por Federica Mogherini en 2016: año del Bréxit, del primer Trump y de la resaca de la crisis financiera.

Hoy se habla ya sin demasiados tapujos del protectorado militar norteamericano sobre Europa. La expresión puede parecer excesiva, pero señala una realidad incómoda: seguidismo, dependencia tecnológica, falta de autonomía real en decisiones esenciales.

Todo ello ocurre en un escenario marcado por la invasión rusa de Ucrania en 2022, con el precedente de la anexión de Crimea en 2014 y la crisis política abierta tras el Maidán y lo que se pareció mucho a un golpe de Estado. Es un conflicto en el que Europa apenas ha mostrado un criterio propio diferenciado del de Estados Unidos antes de Trump II, y se ha encontrado defendiendo una tesis de la que su principal patrocinador parece dispuesto a retirarse.

Sin negar la responsabilidad directa de Rusia en la invasión, Ucrania es un conflicto menos europeo en su origen de lo que sugiere la geografía. La constante expansión al Este de la OTAN, alentada desde Washington, forma parte del contexto estratégico que no puede ignorarse.

Dejemos el colonialismo, hoy parte de la historia —aunque no sus consecuencias— salvo en la Palestina histórica.

El gran reto de la defensa europea consiste ahora en orientarla de forma prioritaria hacia intereses europeos, que en parte pueden coincidir con los de EE. UU., pero claramente no siempre: ni en la vecindad con Rusia ni en Oriente Próximo y Medio.

Orientarse viene de Oriente: encontrar el Este, buscar la salida del sol, reconocer la propia ubicación.

Tal vez haya llegado el momento de mirar hacia nuestro propio Este —Europa oriental, el Mediterráneo, Oriente Próximo— y decidir desde ahí qué intereses son verdaderamente europeos.

La coyuntura nos empuja a hacerlo.

Soberanía nacional recortada

Imagen creada por Inteligencia Artificial (ChatGPT),
que no es ni inteligencia ni artificial.

La segunda legislatura de Donald Trump al frente del Gobierno de Estados Unidos y al mando de la primera maquinaria militar mundial amenaza no sólo con dinamitar la arquitectura política y de seguridad construida trabajosamente tras la Segunda Guerra Mundial, sino implantar el caos generalizado, lo que significa le ley de la selva, la imposición de la fuerza sin matices y el descontrol de algunos actores. La lógica dice que el desorden tendrá algún tipo de respuesta por métodos directamente emparentados con el momento y por tanto no plenamente predecibles.

El Gobierno de España ha tomado en septiembre de 2025 una serie de acuerdos restrictivos contra dirigentes y relaciones comerciales con el actual Gobierno de Israel como respuesta al muy probable genocidio que aplica a la población palestina, con toda seguridad limpieza étnica y discriminación institucionalizada (apartheid), con el resultado de al menos 65.000 palestinos asesinados durante los últimos dos años.

Entre las medidas aprobadas (anuncio del presidente Pedro Sánchez del 8 de septiembre, Consejo de Ministros un día después), figuran la 'Prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes' y la 'Denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel'.

La realidad es que al menos el último punto resulta muy complicado de cumplir por la existencia del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, renovado por última vez en 2023 para aumentar de cuatro a seis los destructores de la Marina de los Estados Unidos autorizados a tener base permanente en la Base Naval de Rota; Convenio cuyo origen son los pactos firmados por Franco con Eisenhower en 1953.

Las bases militares de utilización conjunta de Rota y Morón son hoy españolas, aunque con contratos de la luz independientes entre los dos inquilinos, y si uno no comparte recibos y discusiones con Iberdrola no parece posible la confianza total entre compañeros de piso.

Las bases amparan un tráfico de buques y aeronaves norteamericanas sobre las que el Gobierno español tiene escaso control, los acuerdos se basan en la confianza mutua e impiden, en el mejor de los casos, el tránsito de armas nucleares.

La experiencia histórica aclara además que el apoyo de Estados Unidos a Israel es casi total en tiempos de paz, y en caso de conflicto, forzado o actualmente voluntario, absoluta. Testigos directos cuentan por ejemplo cómo en la guerra del Yom Kippur de 1973 los cazas norteamericanos aterrizaban en la base madrileña de Torrejón y despegaban minutos después con la estrella de David en el fuselaje.

Digamos como principio universal que la existencia de bases y miles de militares en un tercer país restringe la soberanía del anfitrión.

Unos días después de los primeros acuerdos citados, el 10 de septiembre de 2025, el Gobierno de Israel ordenó el bombardeo de la capital de Qátar, Doha, al parecer para ejecutar extrajudicialmente a una delegación de Hamás que parecía estar participando en la negociación de algún alto el fuego provisional en la Franja de Gaza.

La sorpresa del Gobierno qatarí y las monarquías del Golfo ha sido mayúscula, después incluso de ayudar a repeler la respuesta de Irán a Israel interceptando misiles unos meses antes; después del reciente anuncio de inversiones qataríes públicas multimillonarias por 500 mil millones de dólares en EEUU, incluido un avión presidencial para Trump como regalo del emir valorado en 400 millones de dólares.

La gravedad del ataque sobre Qátar va más allá de los muertos y de violar la soberanía de un país aliado de EEUU, sino por tener una renta per cápita superior al atacante, en contra de la costumbre, aviso para navegantes dentro y fuera de Oriente Próximo.

Qátar alberga la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Próximo, lo que convierte en imposible la no participación de EEUU (algunas fuentes incluyen al Reino Unido) por activa o por pasiva o por irresponsabilidad en el ataque.

El bombardeo israelí sobre Qátar quiebra de alguna forma la alianza estratégica de las petromonarquías árabes durante los últimos 80 años basada en inversiones multimillonarias, compra de armamento norteamericano y cesión de soberanía a EEUU a cambio de seguridad.

Las consecuencias se irán definiendo en el transcurso de los próximos meses y probablemente supongan una reconfiguración de alianzas, por desconfianza absoluta sobre las actuales.

Únicamente añadir, como muestra de impunidad absoluta de la que el primer ministro Netanyahu se aprovecha, que el Gobierno israelí ha atacado militarmente sólo en 2025 a Líbano, Siria, Irak, Irán, Yemen y Qátar, además de los palestinos ocupados de los que legalmente es responsable y una flotilla de ONG amarrada en Túnez. Todos los afectados han visto su soberanía severamente recortada, digamos suavemente.

La realidad es que la soberanía nacional en la segunda década del siglo XXI está en entredicho.

Por una parte, porque convivimos con riesgos, amenazas y tendencias globales que saltan fronteras nacionales, ya sea la globalización, la digitalización, el cambio climático, el terrorismo (de Estado y particular), los fondos de inversión, los virus, las finanzas internacionales (sólo la deuda es soberana) y otros fenómenos varios.

A lo anterior se suma la creación de organizaciones internacionales -Naciones Unidas, OTAN, Unión Europea- donde los Estados han ido mancomunando decisiones o cediendo soberanía para enfrentarse en común a desafíos.

En el orden internacional surgido de la 2GM la soberanía era pieza fundamental del entramado, únicamente matizada por la denominada 'responsabilidad de proteger' surgida del optimismo post guerra fría, con el sano propósito de impedir catástrofes humanitarias, principio ahogado sin embargo en la intervención fallida sobre Libia.

Algún analista considera incluso que el Estado nación en boga durante los últimos dos siglos, con la democracia liberal asociada en su mejor versión, con sus banderas, sus fronteras sagradas y su servicio militar -que algunos nostálgicos se empeñan en reivindicar, ignorando su inutilidad militar- fue una creación para una economía industrial y una sociedad hoy desaparecida.

Ahora bien, cosa distinta es la cesión voluntaria de soberanía a recibir el bombardeo de un vecino.

La Unión Europea es competente en muchos asuntos porque así lo han decidido los Estados miembros. Cuando nos alarmamos por la inacción de la UE ante determinados problemas, como la llegada de inmigrantes o refugiados, muchas veces se olvida que los Estados miembros no han cedido esa competencia a la Unión; y siempre se olvida que en esos casos, y aquí está la Defensa militar, los 27 consideran que aún hoy les interesa más la actuación propia e individual que la colectiva.

Contamos hoy por tanto con violaciones impunes al derecho internacional humanitario, a la soberanía estatal y a cualquier norma de convivencia entre países; tenemos un proceso de cesión de soberanía voluntaria a organizaciones internacionales; contamos con la presencia militar de la primera potencia mundial en suelo español y europeo; y asistimos pasmados a la eliminación de la arquitectura internacional de seguridad construida en la guerra fría y sustituida por la nada.

El resultado parece ser un caos no gobernado ni por Estados Unidos, una reconfiguración de alianzas políticas, un nuevo orden en construcción que se puede generar fruto de actuaciones militares o por voluntad política previa.

La soberanía nacional está en 2025 recortada y bien recortada siempre que lo sea por voluntad propia, no por imposición, y por tanto quizá la solución en nuestro caso ante muchos desafíos actuales sea ceder aún más soberanía hacia la Unión Europea, que incluya competencias sociales y luego quizá de política exterior y militares. ¿Estaría la mayoría de la ciudadanía española de acuerdo? 

Ceder soberanía o que te la pisoteen, podría ser la alternativa.

Artículo publicado también en La Discrepancia

Gaza y nuestra seguridad

El asesinato en Washington de dos trabajadores de la embajada de Israel el 22 de mayo de 2025 aflora de forma brusca una amenaza hasta hoy latente a nuestra seguridad: el estallido de episodios de violencia más allá de Oriente Próximo, la comisión de atentados en territorio nacional en el marco de la ocupación colonial y la limpieza étnica que se lleva produciendo en la Palestina histórica desde hace 80 años y en niveles especialmente sangrientos desde hace dos.

Caben matices a lo sucedido en EEUU, la proliferación de armas de fuego en ese país en manos de particulares, la tasa de asesinatos, las continuas masacres en institutos a las que nadie busca explicación política. Y caben lecciones a estudiar, lo de lecciones aprendidas resulta siempre algo pretencioso.

Caben también similitudes, a la espera de resultados de la investigación si alguna vez se comparten: actores solitarios que pasan de la radicalización -aunque radicales hay muchos en cualquier sociedad- a la radicalización violenta, en este apartado hay una minoría bastante reducida. El salto es lo que se pretende detectar.

En cualquier caso el fenómeno en España no nos coge de sorpresa. Responsables y organismos de seguridad se temen y actúan sobre un posible atentado consecuencia indirecta del asesinato de palestinos desde hace dos años.

La prueba es el creciente y elevado número de detenciones de personas acusadas de yihadismo.

Según datos en abierto del Ministerio del Interior, hasta el mes de mayo se han detenido en España en 2025 un total de 67 personas acusados de algún delito relacionado con el terrorismo que llamamos yihadista, lo que de mantenerse la evolución puede llevar a terminar el año con récord histórico y superando incluso la cifra de 2004, año de los atentados de Madrid, que fueron 131 los detenidos. Para ver la progresión, Interior informa de 89 detenidos en 2024 y de 53 en 2023.

Inmediatamente después de estos datos es necesario aclarar que cosa distinta es detención que juicio que condena, es decir, que no todos los detenidos son acusados ni los acusados juzgados ni todos los juzgados son condenados. Estudios indican que alrededor de un 40% de los encausados por delitos relacionados con el yihadismo son finalmente absueltos. La causa está en que hará una década que la actuación judicial y policial se adelantó, se producen digamos detenciones preventivas, en muchos casos personas autoradicalizadas con contenidos digitales, y probar las intenciones es complicado.

La Memoria 2024 de la Fiscalía General del Estado ofrece algunas reflexiones de interés que pueden ayudar a enfocar la lucha desde los tribunales y el Estado (algunos de los puntos reflejan posición, otros parecen un aviso para navegantes judiciales):

1. La radicalización yihadista en España se caracteriza por la juventud de los radicalizados.

2. Los espacios virtuales desempeñan un papel central como catalizadores del proceso de radicalización.

3. Los conflictos internacionales y las crisis geopolíticas han tenido una gran repercusión en la radicalización yihadista en España.

4. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha enfocado en el «discurso del odio», especialmente en las redes sociales, su lucha contra esta tipología delictiva.

5. Comportamientos que alaban o justifican actos terroristas no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica.

6. Para que un discurso sea penalmente relevante, debe suponer una incitación, al menos indirecta, a la violencia.

7. El discurso para tener trascendencia penal ha de generar una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros, o para el propio sistema de libertades.

8. La lucha contra el terrorismo requiere un enfoque multidimensional que incluya tanto medidas de seguridad como estrategias de prevención y desradicalización.

9. La cooperación internacional es esencial para combatir eficazmente el terrorismo yihadista.

10. Es necesario un equilibrio entre las medidas de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales para garantizar una lucha efectiva contra el terrorismo.

Curiosamente parece temerse una reacción terrorista de inspiración yihadista a partir de las matanzas en Israel/Palestina, donde la religión de las víctimas poco tiene que ver (afecta a musulmanes, cristianos e incluso ateos), aunque sea un recurso argumental muy potente. Confundir movimientos nacionalistas como Hamás o Hezbolá con organizaciones terroristas yihadistas como Al Qaeda o Dáesh es un error frecuente. Cada momento declina la violencia de una forma determinada, no parece haber hoy indicios de que organizaciones palestinas hayan decidido cometer actos terroristas en Europa o EEUU como si ocurría en los sesenta y setenta del siglo XX.

En cualquier caso, siempre es buen momento para incidir en que el terrorismo no es una ideología, sino un instrumento para alcanzar objetivos políticos. Y existe una variedad poco estudiada que es el terrorismo de Estado, que practica el actual Gobierno israelí y casi todos los que le precedieron.

Siempre será difícil aplicar la etiqueta de terrorismo a individuos radicalizados violentos sin organización ni estructura detrás ni objetivos políticos, que es el formato hoy más frecuente. No existe ejército formado por un solo individuo, y si además cobra se llama mercenario.

El caso es que el riesgo probable de que se cometiera un atentado cercano que utilizara el recurso argumental de la violencia muy real contra los palestinos ya se ha producido. Si no hemos atendido convenientemente el problema en origen durante los últimos 20 meses y ya ha saltado a territorio nacional/occidental, el interés por la resolución del conflicto debería dispararse, más allá de la regulación del grifo de la ayuda humanitaria.

Cualquier especialista en seguridad podría añadir además que con carros de combate no se lucha contra el terrorismo, lo que introduce el ámbito de la seguridad interior, que en España y la Unión Europea recibe también un presupuesto público muy considerable.

Acierta el Gobierno de Pedro Sánchez cuando pretende que los obsesionados con el porcentaje del gasto en Defensa, que no por la utilidad de lo financiado, contabilicen como seguridad su vertiente cíber o general también interior, porque el mundo digital mal entiende de fronteras y las inseguridades exteriores fácilmente se convierten en interiores. La seguridad es un objetivo mucho más amplio que el equipamiento militar con el que se insiste en respuesta a unas amenazas no concretadas. Sobre la campaña en marcha para incrementar el gasto público en Defensa reviste interés recordar que la actual teocracia israelí ha conseguido monetizar/rentabilizar la ocupación colonial de palestinos a través de una industria tecnológica y de defensa muy extendida de la que nuestras Fuerzas Armadas deberán estar ya buscando sustituto.

Recordemos asimismo que la disuasión armada ha fracasado en Ucrania y Palestina, probemos entonces ahora la disuasión política y comercial y penal contra la violencia, avanzar en los procedimientos penales a los máximos responsables de violaciones del derecho internacional y tratar de romper las estructuras que lo han hecho posible.

La visión realista de las relaciones internacionales ha demostrado ya sobradamente sus limitaciones, la tolerancia con dictadores y regímenes autoritarios, la impunidad de los criminales de guerra, la retórica con más de 50.000 palestinos muertos en dos años, la incongruencia del doble discurso se trate de Ucrania o Palestina.

Hasta quienes no consideren los derechos humanos motivo suficiente para una llamada a la acción, por interés interesado y egoísta nos conviene desactivar la violencia por lejos que se produzca, nunca está demasiado lejos.