Información, memoria y pedagogía democrática

Comisión de la Verdad de Colombia.

A seis mil kilómetros al este de Madrid, el asalto violento al Capitolio norteamericano está centrando la actualidad política norteamericana este comienzo del verano de 2022 por la celebración de una comisión de investigación parlamentaria que va dejando cada vez más claro que se trató de un autogolpe de Estado del anterior presidente Donald Trump. La información solo compite con las últimas sentencias regresivas del Tribunal Supremo de EEUU sobre el aborto, el control de armas y el cambio climático. 

El valor de la comisión sobre el 6 de enero de 2021 reside en ofrecer información sobre lo que pasó; memoria, que es débil, en año y medio los sucesos parecen de otra época, ya casi olvidados; y pedagogía democrática.
En una reciente estancia pude comprobar la coyuntura política norteamericana y también la estructura, llamémosle así, los mensajes que EEUU como Estado lanza de forma continuada  a ciudadanos propios y ajenos desde sus estructuras, por ejemplo, desde sus museos.
El presidente Lincoln vigila la capital política del país desde un partenón en un extremo del National Mall, que indica el triunfo del dórico en EEUU como en ningún otro lugar del planeta, sentado en un templo griego con enormes inscripciones talladas de su segundo discurso de investidura y su discurso de Gettysburg, ambos marcados por la guerra civil.
"Nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales (...). Que este país, bajo Dios, pueda tener un nuevo nacimiento de libertad, y que el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la Tierra", palabras de Lincoln allí grabadas.

Museo de la Guerra Civil Americana
en Richmond (Virginia).

En el recomendable Museo de la Guerra Civil Americana en Richmond (Virginia), recordemos que la ciudad fue la capital confederada, se ofrece información detallada del conflicto (1861-1865), que fue guerra de secesión (siete Estados quisieron irse de la federación), información de batallas, protagonistas; de 750.000 víctimas mortales, cifra no superada de nacionales fallecidos en una guerra, casi el doble que en la Segunda Mundial; se ofrecen mensajes políticos sobre las bondades de la Unión, de la igualdad en derechos de cualquier ciudadano y mucho contenido sobre la segregación racial de los norteamericanos de origen africano.
Sale de allí uno bien informado sobre cómo la abolición de la esclavitud fue decisión acelerada por la guerra (los padres fundadores no eran de la idea unas décadas antes) y cómo la igualdad legal de derechos fue torpedeada con éxito en la realidad durante más de un siglo, al menos hasta los años 60 del siglo XX. Tenemos aquí memoria, información y mensajes políticos democráticos.
Tres mil ochocientos kilómetros al sur, y a un clic instantáneo de distancia, este mes de junio se ha difundido el informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia.
"Somos una Entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera".
Y ¿qué han hecho? "El proceso para crear el Informe Final comenzó en noviembre de 2018 y se desarrolló dentro de un enfoque de varios niveles para descubrir, comprender y analizar el conflicto armado que se ha extendido por medio siglo”. En medio de este trabajo, se resaltan los siguientes logros:

• La recolección de cerca de 15.000 entrevistas individuales y colectivas, tanto en el territorio nacional como a los colombianos exiliados en 23 países, lo que permitió escuchar directamente a cerca de 30.000 personas.

• La investigación en profundidad sobre 730 casos y 1.195 informes de hechos de violencia durante el conflicto armado.

• La creación de 28 Casas de la Verdad en municipios afectados por el conflicto armado.

• La realización de 14 Diálogos para la no continuidad y la no repetición del conflicto armado, 10 Reconocimientos (de responsables y de dignificación a víctimas), 17 Contribuciones a la verdad (entre ellas las cinco sostenidas con los expresidentes Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos), 16 Encuentros por la Verdad, 53 Espacios de escucha (de todos los sectores, incluida la Fuerza Pública), 23 escenarios de convivencia y cinco diálogos de recomendaciones.

• La colaboración de 186 voluntarios y cerca de 800 organizaciones internacionales que apoyaron el proceso de escucha en países como España, Suecia, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

• Más de 23.000 horas de investigación y deliberación con documentos históricos, expertos multidisciplinarios y archivos nacionales, incluida la exploración en profundidad de la difícil situación de los pueblos étnicos (comunidades negras, indígenas y Rom) durante la guerra.

El objetivo de la Comisión con la presentación de su Informe Final y su legado es “que los hallazgos y recomendaciones que son el resultado de su proceso contribuyan significativamente a la dignificación de las víctimas y tengan un impacto real en las políticas públicas y en la población colombiana en general". 
El resultado es un muy recomendable e inmenso trabajo que se puede sintetizar en información, memoria y pedagogía democrática sobre un conflicto que entre 1985 y 2018 registró en Colombia al menos 450.000 homicidios.
Ocho mil kilómetros al noreste de Bogotá, y a centímetros de su sensibilidad, se acaba de aprobar este 14 de julio en el Congreso español la Ley de Memoria Democrática (aquí enlace a proyecto de ley, BOCG de 7 de julio) con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones; cinco de los votos favorables pertenecieron a EH Bildu, independentistas vascos, las matemáticas dicen que no fueron imprescindibles; lo destacable es cómo partidos sistémicos como el PP, de extremo centro en extinción como Ciudadanos o aparentemente de izquierdas como ERC no apoyaran la ley con entusiasmo.

Valle de los Caídos (España), mayo de 2022.

El proyecto de ley irá en septiembre al Senado para su previsible aprobación definitiva.

La ley, continuidad de la norma aprobada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, "profundiza en la política de Estado en favor de la verdad, la justicia, la reparación y el deber de memoria como garantía de no repetición", según argumenta el Gobierno en nota informativa, de gran utilidad para quien no tenga tiempo o interés en leerse el texto completo de la ley.
La norma incluye la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, centrada en el conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra edad contemporánea. Por primera vez se condena de manera expresa el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista.
La norma profundiza en el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil de España y la dictadura franquista, hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978 y homenajea a todas las víctimas de la contienda. También reconoce la Ley de Amnistía como un logro de todos los demócratas y pone en valor la importancia de la Transición y de la Constitución de 1978, como pilar fundamental de la democracia.
La ley se fundamenta en los derechos humanos y en los principios fundamentales del derecho internacional humanitario (verdad, justicia, reparación y deber de memoria) y da respuesta a las recomendaciones de los organismos internacionales, como Naciones Unidas.
Respecto a la verdad

• Declara el derecho de los familiares y la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

• El Estado asume el liderazgo en la búsqueda e identificación de desaparecidos y el impulso de las exhumaciones.

• Establece la elaboración de un censo de todas las víctimas de la guerra y la dictadura y se garantiza la preservación de documentos y el acceso a los archivos.

• Impulsa la creación de un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura y un registro y censo de víctimas.

• Recoge un reconocimiento explícito del papel del movimiento memorialista y crea una estructura estable de participación a través del Consejo de la Memoria Democrática.

Respecto a la justicia

• Declara la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción y la nulidad de sus sentencias y pone en el centro de la acción pública a las víctimas.

• Declara el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos de la guerra y la dictadura hasta la promulgación de la Constitución de 1978.

• Impulsa la creación de una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía General del Estado como instrumento de la investigación.

Respecto a la reparación

• Avanza en la necesidad de realizar una auditoría y un inventario de bienes incautados y sanciones económicas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

• Se incluyen dos nuevos supuestos de adquisición de nacionalidad española para quienes sufrieron el exilio.

Respecto al deber de Memoria como garantía de no repetición

• Los contendidos de Memoria se han incluido en las enseñanzas de ESO y Bachillerato.

• Se fomentará la investigación en materia de memoria democrática.

Además, la Ley reconoce expresamente el papel desempeñado por las mujeres en su lucha por la conquista de derechos y libertades que ocupan un lugar transversal y singular a lo largo de la norma. También establece la obligación de retirar vestigios franquistas, dispone la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo o actividades que supongan menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas y establece un régimen sancionador que garantiza el cumplimiento de la ley con multas que van desde los 200 a los 150.000 euros.
La norma establece dos días oficiales de memoria: el 31 de octubre, para el recuerdo y homenaje a todas las víctimas, y el 8 de mayo, para el recuerdo y homenaje de las víctimas del exilio.
Finalmente, incluye una regulación exhaustiva de los supuestos contrarios a la memoria democrática, avanza en lo relativo al patrimonio documental, regula los lugares de memoria y modifica el régimen jurídico del conjunto del Valle de los Caídos como paso previo a su resignificación.
La Ley de Memoria alcanza hasta el año 1978, año de aprobación de la Constitución española, y contiene una disposición adicional que permitirá la creación de una Comisión de expertos que pueda investigar posibles vulneraciones de derechos humanos a personas que lucharon por la libertad y la democracia desde la entrada en vigor de la Constitución hasta 1983, informa Presidencia.
Disfrazado de bisonte
Estos procesos de memoria democrática, justicia transicional, comisiones de la verdad, que en España han tenido su traducción en las leyes de memoria de 2007 y 2022 (aquí enlazo un artículo propio sobre este tipo de iniciativas), siempre encuentran resistencia y no resultan sencillos en ninguna geografía, son incómodos para muchos e imprescindibles para sus respectivas sociedades.
La tramitación parlamentaria de la ley española ha generado rechazos múltiples entre muchos hoy más ocupados en defender su biografía que las ideas que la inspiraron; abundan también quienes no aprovechan ninguna oportunidad de condenar la dictadura y sus efectos, nostálgicos del franquismo, de su juventud o de otro planeta distinto al actual; la ley se ha visto además marcada por el peregrino argumento de haber sido casi redactada por el terrorismo independentista vasco a los 12 años de haber desaparecido la organización terrorista bajo un Gobierno del mismo partido socialista que ha redactado la ley.
Se da la circunstancia de que en la España de 2022 florece el antiterrorismo sin ETA, como hay más anticomunistas sin la URSS que comunistas quedan, falta de argumentos políticos y repesca de estrategias que funcionaron para algunos en el pasado.

Monumento a Lincoln en Washington.

Si Lincoln se levantara de su asiento de mármol dórico firmaría al pie el informe colombiano y la ley de memoria democrática española, y seguiría aterrado por televisión, emitido en horario de máxima audiencia, las comparecencias sobre el asalto al Capitolio y la deslegitimación de los resultados electorales por parte del Partido Republicano, indistinguible de Trump.

"Hay futuro si hay verdad", han escogido en Colombia como lema para presentar su trabajo y conclusiones; que se podría traducir en que la democracia es uno de esos asuntos que hay que trabajarse todos los días, porque nunca está el proceso finalizado, hay que mantener cierta tensión continuada, como sucede en algunos ejercicios de respiración.
En caso contrario en cualquier momento se puede uno encontrar en la cocina a un tipo disfrazado de bisonte y con los pies encima de la mesa. Al conocido como "chamán de QAnon" le han condenado a tres años y cinco meses de cárcel; hay otros 600 imputados. Esos 41 meses de cárcel también son pedagogía democrática.

Artículo publicado también en el blog 'Al revés y al derecho' de infoLibre.

Militares en política

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

La presencia de exmilitares en puestos de gestión política y en listas electorales es cada vez más frecuente, también en España. En países avanzados la relación de lo militar con el golpismo o el extremismo, también aquello de destacar la ejemplar evolución democrática de los militares, suele estar relacionada con despistados ajenos o recién llegados a este campo, más allá de los estudios históricos donde el asunto siempre tiene interés.
Hablamos de exmilitares, en la reserva o retiro, que acumulan una formación y experiencia profesional valiosa, en muchos casos habiendo tenido responsabilidades de alto nivel y experiencia internacional, que deciden cambiar de profesión y dedicarse a la política.
El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de nombrar a un militar retirado como ministro de Defensa, James Mattis, apodado "Perro loco" cuando estaba en activo y dirigía la presencia militar de su país en Oriente Próximo y Asia central entre 2010 y 2013.
Trump ha tenido que saltarse la ley que prohíbe que un militar retirado pueda ser nombrado ministro hasta pasados siete años, como es el caso de Mattis; ha sido necesaria una especie de indulto presidencial para colocarlo.
Leemos que Mattis es el primer militar de carrera en ocupar el cargo de secretario de Defensa desde 1951, cuando fue nombrado el general George Marshall bajo la presidencia de Harry Truman. Sin embargo, no es extraño en ese país ver a exmilitares en altos cargos políticos, como Colin Powell, quien fue primero máximo mando militar en tiempos tormentosos de Bush padre y llegó a ministro de Exteriores en tiempos ya huracanados de Bush hijo.
Se observa también que el PP en España o el Partido Republicano en EEUU se muestran más favorables a nombrar militares en altos cargos de sus ministerios de Defensa que la izquierda suele ocupar con civiles, como el actual secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez, número tres en el Ministerio español.
En España los cuatro principales partidos políticos tienen o han tenido muy recientemente militares en sus filas en cargos electos o de gestión, normalidad que contrasta con la sobreactuación pública y publicada de muchos con un fichaje de Podemos en 2015.
Ése fue el conocido caso de Julio Rodríguez,  jefe de Estado Mayor de la Defensa en tiempos de Zapatero y Carme Chacón de ministra, entre 2008 y 2011. Candidato al Congreso en dos ocasiones en las listas de Podemos, no resultó finalmente elegido ni en 2015 (por Zaragoza) ni en 2016 (por Almería), aunque sigue comprometido como prueba que figura en la candidatura de Pablo Iglesias para la próxima asamblea en Vistalegre. Desde su fichaje por Podemos el partido morado no ha vuelto a decir una extravagancia extrema en asuntos de Defensa: es más, al lado de Mattis este Rodríguez es un ejemplo de moderación.
Por su parte, Ciudadanos tiene entre sus padres fundadores a un exmilitar, Matías Alonso se llama, que ha sido desde 2009 y hasta este mes de enero nada menos que secretario general del partido. Sigue en la Ejecutiva de Ciudadanos ahora como responsable del área de Defensa. Oficial de Artillería, nos cuenta la formación política de su paso por el Ejército, sin mucho detalle, es desde 2012 diputado autonómico por Tarragona en el Parlamento de Cataluña.
En relación con el Partido Popular tenemos, entre otros reservistas voluntarios, a Luis Alejandre, exgeneral que llegó por nombramiento de Federico Trillo a jefe de Estado Mayor del Ejército (de Tierra), donde estuvo año y medio escaso pero intenso, con el Irak invadido y el accidente del Yak-42 ("los militares no organizamos viajes de novios a Cancún", dijo pocos días después). Menos conocido es que Alejandre ha sido entre 2011 y 2015 consejero de Movilidad y Proyectos (?) en el Consell de Menorca por el Partido Popular, responsable de transportes podríamos decir, y actualmente se le puede leer en La Razón o escuchar como tertuliano en Radio Nacional de España lanzando sus opiniones sobre asuntos de actualidad, por ejemplo el renacido Yak-42.
Un último ejemplo alude al PSOE y a Zaida Cantera, conocida por sufrir y denunciar un delito sentenciado de acoso sexual en su etapa militar en el Ejército (de Tierra), ahora militante y diputada socialista por Madrid desde 2015 y muy comprometida con la candidatura de Pedro Sánchez para secretario general del partido.
Cuatro casos, seis contando con los dos norteamericanos, símbolo de normalidad democrática de militares que deciden cambiar de profesión cuando acaba su carrera profesional o la abandonan por diversos motivos.
La normalidad militar española ha llegado hasta las llamadas puertas giratorias, la industria de Defensa está llena de exmilitares que gestionaron estos asuntos desde el otro lado de la barrera, el público.
Es importante destacar que un exmilitar en primera línea política ejerce funciones de dirección política, no militares ni de defensa de intereses corporativos.
Y un segundo aspecto de interés es que los primeros jefes de los tres ejércitos y de la Defensa ocupan una responsabilidad militar y son militares en activo, pero están encuadrados en un equipo de dirección política, cosa que nunca ninguno ha reconocido a excepción del mencionado Julio Rodríguez.

Los cuatro políticos españoles de pasado militar han ampliado horizontes, seguro que han ganado en perspectiva, los cuatro sentían de uniforme un compromiso con lo público que ahora se manifiesta de otra forma, ligado a un proyecto y un partido que lo representa.
Todos los que en esta columna han aparecido tienen el mérito de haber roto barreras, se han expuesto a la crítica sin la protección del uniforme y la bandera, han superado obstáculos como los legales de Mattis, Powell rompió las fronteras que limitan a veces la violencia, Julio Rodríguez parece convencido de que puede haber una reunión de vecinos sensata, Alonso lucha por patentar el sentido común como ideología política, Alejandre se rebeló contra la insularidad de una isla, Cantera se impuso al corporativismo que en ocasiones tapa hasta el delito.
Bienvenidos todos.

Sugerencias

• Por qué defiendo a Franco, por Juan Chicharro (La Razón, 2.1.2019).
• La espinosa relación de Trump y sus militares (El Espectador, 21.12.2018).
• Fulgencio Coll: "Estoy con Vox porque son los más claros defendiendo la democracia" (El Mundo, 19.12.2018).
• Jair Bolsonaro anunció a otro general para su gabinete, que ya tiene seis militares (Infobae, 26.11.2018).
• Un grupo de 181 militares retirados firman un manifiesto en defensa de Franco: "Su figura ha sido vilipendiada hasta el extremo" (El Diario.es, 31.7.2018).
• El Gobierno de Donald Trump: entre los generales y los ideólogos (El País, 9.12.2016).