Europa social y militar, juntas o ninguna

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

En este otoño de 2017 la Unión Europea ha registrado dos avances políticos relevantes, uno en el ámbito militar y otro en el social, dos campos aparentemente desconectados, hoy raquíticos, que de avanzar supondría la consolidación del edificio comunitario.
Con el boato que merecía la ocasión, en la cumbre de Gotemburgo (Suecia) del 17 de noviembre se promulgó el llamado Pilar Social Europeo; firmaron Comisión Europea, Consejo Europeo y Parlamento Europeo, los tres bajo responsables políticos conservadores.
¿Qué ha ocurrido para tamaño consenso? Pues la coincidencia en el diagnóstico: Europa no respondió ante los ciudadanos bajo la crisis financiera, social, política e institucional que ha marcado los últimos años, traducido en desafección hacia Gobiernos nacionales y también hacia Bruselas. La descomunal movilización de recursos públicos no se destinó a proteger a un ciudadano a la intemperie.
En lenguaje comunitario el edificio se sostiene hoy sobre tres pilares: el mercado compartido, la política exterior y los asuntos policiales-judiciales.
Éste sería un cuarto pilar de la UE de derechos sociales a partir de una serie de principios estructurados en tres categorías: igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo (educación y formación, igualdad entre sexos, apoyo activo para el empleo); condiciones de trabajo justas (y de calidad, salarios decentes, respaldo en caso de despido, equilibrio entre las vidas profesional y privada); y protección e inclusión social (educación y asistencia infantil asequibles y de buena calidad, prestaciones por desempleo, renta mínima, pensiones, sanidad, acceso a servicios esenciales como vivienda, transporte, energía o comunicaciones digitales).
En relación con el segundo asunto militar, el pasado 13 de noviembre los ministros de Exteriores y Defensa de 23 Estados miembros firmaron una notificación conjunta sobre la PESCO, siglas que responden a la cooperación estructurada permanente en materia de seguridad y defensa.
Se trata de "mejorar la coordinación e incrementar la inversión en defensa y cooperación en cuanto al desarrollo de las capacidades de defensa".
Entre los compromisos de los que se habla la UE figuran "el aumento constante de los presupuestos de defensa" e iniciativas como incrementar las inversiones materiales, los proyectos de capacidades colectivos e industriales y los gastos dedicados a innovación.
En el documento aparece en 15 ocasiones el término "vinculante" ("binding"), asociado casi siempre a "compromiso", lo que refleja la intención de acabar en este asunto con las declaraciones gaseosas.
Síntoma del estado de ánimo que se ha creado o se quiere transmitir, el editorial de la Revista Española de Defensa (medio oficial del Ministerio), junto con loas algo impúdicas al primer año de De Cospedal al frente de la casa, añade eufórico que "España, junto con Alemania, Francia e Italia, ha liderado en los últimos meses el decidido empeño de la UE por conseguir una auténtica Europa de la defensa".
Hasta el momento tanto el Pilar Social como la PESCO son ya bastante más pero sobre todo una declaración de intenciones que se tendrán que concretar en un plan de acción y en el presupuesto.
Según el funcionamiento de las instituciones comunitarias, nos encontramos en la actualidad bajo el marco financiero plurianual 2014-2020, por lo que hablaríamos ya del siguiente quinquenio y ahí debería figurar con sus dotaciones el nuevo pilar y medio de la UE, supuestamente -hasta que se confirme no será definitiva- con la salida del club y de sus cuentas del Reino Unido y contando con que la comunidad se pueda o se quiera seguir financiando con el actual 1% del PIB, que no parece elevado para afrontar objetivos ambiciosos.
Tanto la Defensa como los servicios sociales son hoy competencias nacionales, ligadas a la soberanía nacional, núcleo de los Gobiernos centrales, cada vez más centrados en un discurso securitario, y en el caso español el Estado social descansa principalmente en las Comunidades Autónomas; en ninguno de los dos casos se habla hasta el momento de ninguna cesión de soberanía.
En el apartado social confiemos en la capacidad demostrada de transformación del capitalismo tras las crisis de la última década, también en la sensibilidad social del conservadurismo centro y noreuropeo, ya que no hay contramodelo -real o sospechado- frente al que reaccionar al otro lado de los Urales ni la socialdemocracia vive su mejor momento electoral para imponer su programa.
Si la Europa política continúa siendo principalmente un mercado no requerirá ni avanzará una política común o coordinada de Defensa, como mucho progresará lo afectado por intereses empresariales, siempre ligados hoy a la innovación y desarrollo tecnológico.
En contra de lo que se escucha en foros sectoriales, la seguridad no garantiza el Estado del bienestar o la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades, sino que es una consecuencia.
La Defensa protege una comunidad política y si ésta no existe no resulta necesaria su protección militar; porque no hay realidad política creíble que carezca de un componente social consistente.
Por paradójico que resulte, la Europa social y militar comparten el mismo futuro; porque sin pilar social compartido no hay Europa ni entonces habrá política común de Defensa.

Sugerencias

• Bruselas propone un fondo para operaciones militares en el exterior (El País, 7-3-2018).
• Defence cooperation: Council adopts an implementation roadmap for the Permanent Structured Cooperation (PESCO) (UE, 6-3-2018).
• Declaración del presidente Juncker sobre la proclamación del Pilar europeo de derechos sociales (Comisión Europea, 17-11-2017).
• Cooperación en materia de defensa: 23 Estados miembros firman una notificación conjunta sobre la cooperación estructurada permanente (Consejo Europeo, 13-11-2017).

El péndulo engañoso

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

Tiene un poder de atracción hipnótico y misterioso sólo comparable a la contemplación del desfragmentador de Windows, y similar efecto práctico: desconocido.

En el segundo caso, con esas miles de celdas que van cambiando de posición y color, aprendimos al menos que la información en el ordenador está troceada y dispersa y que a veces conviene agruparla, aunque el funcionamiento aparente siga siendo el mismo.

Va y viene la bola del péndulo en un movimiento que parece eterno, pum, pum, hacia un lado, hacia el otro, con una insistencia que parece que tiene razón.
El botafumeiro que acompaña al apostol Santiago es un péndulo que además acaba con los malos olores, o los tapa con otro, un péndulo oloroso.
DRAE: "Cuerpo grave que oscila suspendido de un punto por un hilo o varilla"; en la definición cabemos todos, todos oscilantes y pendientes de algo o de alguien.
La utilidad del péndulo seguro que existe aunque la desconozcamos, su movimiento cansino está claro y se utiliza de forma metafórica para explicar, por ejemplo, fenómenos políticos, bandazos sociales.
Leemos en estos tiempos temerosos que la seguridad y la libertad son incompatibles, no hay punto de equilibrio, lo que avanza una retrocede la otra, y ahí aparece la imagen del péndulo para explicarnos que la sociedad ha progresado durante décadas en libertades a costa de una supuesta seguridad y ahora tocaría reducir libertades para defendernos de no está muy claro qué.
No está claro porque problemas sociales se interpretan hoy exclusivamente en clave de seguridad, léase la inmigración o los refugiados, y una posible explicación que se suma a la mínima conciencia social de algunos gobernantes es que la seguridad es el corazón simbólico y real del poder estatal, que tiende a sobreactuar.
Mientras la política económica se decide bastante en Bruselas y las políticas sociales son competencia de las Comunidades Autónomas, el Gobierno central aparece cada vez más uniformado, y parece a gusto en el papel de recaudador y alguacil.
¿Seguridad pasada? Comparten los analistas que la sociedad actual se define por la imprevisión, el cambio permanente, el riesgo, el individualismo, y si todas estas son características del entorno donde nos movemos implícitamente puede parecer que el estadio anterior era seguro, estable y solidario: el de la guerra fría en términos geopolíticos, con el ingente volumen de recursos que se tragó, las guerras por delegación, la amenaza nuclear; en el ámbito laboral podemos pensar en la seguridad pasada, que era sobre todo trabajo infantil, jornada no regulada, ausencia de derechos, salarios de miseria, pluriempleo, trabajo esclavo hasta hace dos tardes; seguridad personal, recuerdan algunos, con la familia como gran pegamento social, olvidando el tipo de relaciones familiares digamos de hace un siglo o de medio.
La imagen del péndulo lleva a creer que todo es reversible y a la misma velocidad, y ahí está el error.
El incremento de la desigualdad, el aumento del paro, la reducción de derechos laborales, la devaluación salarial, los recortes en Sanidad y Educación vividos mayoritariamente desde las elecciones de noviembre de 2011 no tendrán un movimiento contrario y compensador en los próximos años ni aunque acompañara la bonanza económica ni aunque gobernara España un partido político con un programa radicalmente opuesto al del Partido Popular.
Lo perdido en términos de Estado social en cinco años no se recuperará en uno ni en cinco. Digamos que el dinamitero y el albañil trabajan con voluntad y ritmos diferentes.
La violencia colonial sólo podía ser combatida con la violencia del nativo, se defendía a mediados del siglo XX, con parte de razón que permanece y parte superada por los acontecimientos que no sé cuál es pero lo escribo por precaución.
"El péndulo del reloj acuna las horas", escribió Ramón Gómez de la Serna. Dejemos el péndulo para la radiestesia, el Día del Apostol y el estómago del reloj de pared.
Hay que estar alerta en el movimiento de ida, el de vuelta no sabemos cuándo ni incluso si se producirá.

La España que no existe

• Mayoría política y ciudadana a favor de la reforma de la Constitución
• Gobierno y PP se encastillan en la letra de la Carta Magna
• Estructura territorial y Estado del bienestar, principales carencias del texto de 1978

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado: "lo que está en la Constitución está en la Constitución y lo que no está no existe en la vida política y social de España". Traducción: lo que no se encuentre en el texto escrito en 1978 ni se puede hablar en la España de 2014. No comparten la opinión respetados constitucionalistas, la mayor parte de los grupos políticos e incluso la sociedad española, todos partidarios de su reforma.

El Roto en El País, 16-6-2014.

La evidente exageración del fiscal general a principios de junio para evitar el debate sobre monarquía o república refleja el enquistamiento del Partido Popular y del Gobierno en la Constitución de 1978, inmutable por la falta actual de consenso ante la negativa de quien tiene la llave para que no lo haya, el propio Partido Popular.
En un plano anecdótico, dentro de esa única España que existe y que se fijó en piedra en 1978 encontramos la preferencia del varón sobre la mujer –ley sálica- o la pena de muerte –figura en la Constitución en caso de guerra, aunque fue posteriormente abolida en otros textos legales-, no aparece por ningún sitio ni las 17 Comunidades Autónomas ni la Unión Europea hoy omnipresente; y corresponde al rey “declarar la guerra y hacer la paz”.
Con más calado, desde círculos políticos y constitucionales se apunta hacia dos reformas necesarias: repensar el modelo territorial que la Constitución apenas esbozó, hacia un escenario federal; y blindar el Estado social para ponerlo a salvo de crisis y Gobiernos que lo amenacen.
Ante la reciente proclamación del rey Felipe VI y los llamamientos a que lidere o impulse la regeneración política del país, la misma Constitución dice en su artículo 56 que “la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados”, que aclara el artículo 64, “los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes”.
El rey es por tanto constitucionalmente irresponsable y no puede ni abdicar sin el refrendo del Parlamento. Por tanto, hacer responsable al rey Felipe de la estabilidad nacional, de la resolución del contencioso soberanista en Cataluña o cualquier otro, es exagerar su función simbólica, de representación o arbitraje, crear expectativas de imposible cumplimiento. Mirando al pasado, la función política del rey ha sido posible con la complicidad absoluta del Gobierno de turno, sucedió con Adolfo Suárez y con Felipe González de presidentes.
La reciente sucesión en la Corona ha puesto en primera línea del debate político el modelo de Estado, la propia Constitución y, de fondo e ignorado por los principales responsables del Estado, la demanda ciudadana de una mayor participación política.
En el pleno del Congreso del pasado 11 de junio convocado para debatir la Ley orgánica de abdicación del rey Juan Carlos los grupos políticos dejaron clara su posición:

• Alfredo Pérez Rubalcaba, Partido Socialista: “España sufre tres crisis simultáneas, una social, otra política, cuya principal expresión es la desconfianza hacia las instituciones, y una crisis territorial, tres crisis que exigen cambios, entre otros, cambios constitucionales que exigen no un nuevo proceso constituyente sino una reforma constitucional; reformas con consenso, pero reformas al fin y al cabo, para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos, para cambiar nuestro sistema electoral; reformas que tienen que recoger en nuestra Constitución los avances sociales que en estas décadas se han producido y consolidarlos; reformas, en fin, para abordar nuestros problemas territoriales, el funcionamiento de nuestro Estado autonómico y hacerlo en una dirección federal. Son reformas que en estos momentos consideramos inaplazables e imprescindibles”.
• Josep Antoni Duran i Lleida: “El pacto constituyente —sigo palabras de Miquel Roca— está finiquitado; palabras de un ponente constitucional, no simplemente del portavoz de Convergència i Unió hoy en esta sesión. Toca oír lo que piensa el pueblo de Cataluña, y ustedes en lugar de eso buscan simplemente la adhesión a un nuevo pacto, la adhesión a una nueva Transición”.
• Cayo Lara, Izquierda Plural: “Se ha agotado un modelo que ustedes, los banqueros y los grandes empresarios quieren perpetuar con la apariencia de cambiar todo para que nada cambie (…). Los derechos pactados en la Transición, incorporados en la Carta Magna, se violan masivamente un día sí y otro también (…). Eso sí, cuando se trata de reformar la Constitución, tan sagrada para unas cosas, no hay ningún problema en hacerlo en dos tardes para asegurar a los bancos y a los mercados que no se preocupen, que tendrán su dinero pase lo que pase”.
• Aitor Esteban Bravo, PNV: “Hacemos un llamamiento expreso a la apertura de un proceso de reforma constitucional; una reforma que, más o menos enunciada, está en el discurso y agenda de la mayoría de los grupos políticos; una reforma pendiente y necesaria a la que a todas las instituciones —también a la monarquía— les compete dar impulso”.
• Pablo Iglesias, Podemos: la estrella política emergente, que evidentemente no participó en el pleno del día 11, tomó posesión dos días después como eurodiputado, momento en el que dijo que “acataba la Constitución hasta que los ciudadanos la cambien para recuperar sus derechos sociales. Eso es lo que toca ahora, trabajar para abrir un proceso constituyente que devuelva la palabra al pueblo".

En el campo de los especialistas, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Fernández opina, en contra de mucho texto publicado en las últimas semanas, que la Corona está bastante bien regulada en la Constitución y que incluso el proceso de abdicación y proclamación de nuevo rey se ha hecho correctamente, siendo innecesaria una ley reguladora de la abdicación que ha sido reclamada desde diversos ámbitos. En este apartado sobre la Corona, que aparece en el Título II, sólo señala la necesaria eliminación de la preferencia del varón a la mujer en la sucesión al trono.
Este constitucionalista apunta hacia dos reformas de calado: un nuevo marco territorial y asegurar el Estado social.
En relación con el primer punto se sitúa la reforma del Senado sobre la que se viene hablando décadas sin avance alguno, aunque el catedrático defiende una reforma en profundidad del Título VIII, “De la organización territorial del Estado”, que considera con escaso contenido y prácticamente agotado.
Igual o mayor énfasis concede García Fernández a que es imprescindible replantearse el contenido social de la Constitución como respuesta al ataque que viene sufriendo en los últimos años. Se muestra de este modo partidario de convertir en derechos los que la Constitución considera en su Título I como “principios rectores de la política social y económica”. Esos artículos hacen referencia a la protección social (artículos 39 y 40), a que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo” (artículo 41), a que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. El catedrático considera necesario reforzar como derechos en la Constitución lo que hoy son declaración de intenciones.
En relación con las encuestas, ya en 2009 el CIS realizó un estudio entre 580 parlamentarios –Congreso, Senado y asambleas autonómicas- con el significativo resultado de que el 81,1% de los consultados creía necesaria una reforma de la Constitución, y se mencionaba concretamente como asuntos prioritarios la organización territorial, la preferencia del varón en la sucesión al trono, el Senado, la Corona-Monarquía, la ley electoral y más derechos civiles de la ciudadanía (sociales, vivienda, participación, voto).
Más recientemente, en noviembre de 2012 el CIS preguntó en su Barómetro por la Constitución, en el que la mayoría de los encuestados (51,5%) se declaraba poco o nada satisfecho con la Constitución y un 67,5% se mostraba poco o nada satisfecho sobre el funcionamiento de la democracia en España.
Como indicador de la actual opinión del ciudadano sobre la organización territorial del Estado puede servir el último barómetro conocido del CIS, correspondiente al mes de mayo, donde una minoría del 31% de los españoles está de acuerdo con el actual Estado autonómico, mientras un 34% se muestra partidario de reducirlo hacia un mayor centralismo (un 20% defiende un Estado sin Comunidades Autónomas); y en el polo opuesto, el 22% de los encuestados defiende mayor autonomía y hasta la posibilidad de independencia.
Desde 1978 la Constitución se ha reformado en dos ocasiones, una en 1992 para introducir el sufragio pasivo de los ciudadanos comunitarios (que los extranjeros comunitarios se puedan presentar como candidatos en elecciones municipales) y la polémica reforma de agosto de 2011 del artículo 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Es interesante recordar también que en 2006 el Consejo de Estado elaboró, a petición del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, un informe sobre la reforma de la Constitución centrado en cuatro puntos: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la inclusión en la Constitución del proceso de construcción europea, la referencia de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. El planteamiento es criticado por poco ambicioso y el resultado fue calificado como mero ejercicio académico, que no tuvo grandes repercusiones políticas.
El expresidente del Gobierno Felipe González señalaba el pasado mes de mayo en un acto público que las distintas Constituciones en los últimos dos siglos de la historia de España se han agotado en sí mismas sin reforma, lo que siempre abría al final de cada proceso un proyecto constituyente.

Sugerencias

• La Inmaculada Constitución, por Carlos Penedo (Blog Contextos, 6-3-2013).
• Las Fuerzas Armadas en una nueva Constitución, por Javier García Fernández (El País, 8-5-2013).
• Un pacto para la reforma constitucional, por Javier García Fernández (El País, 3-12-2013).
• La reforma de la Constitución: la posible baza de Felipe VI para regenerar la monarquía (20 minutos, 18-6-2014).