Información, memoria y pedagogía democrática

Comisión de la Verdad de Colombia.

A seis mil kilómetros al este de Madrid, el asalto violento al Capitolio norteamericano está centrando la actualidad política norteamericana este comienzo del verano de 2022 por la celebración de una comisión de investigación parlamentaria que va dejando cada vez más claro que se trató de un autogolpe de Estado del anterior presidente Donald Trump. La información solo compite con las últimas sentencias regresivas del Tribunal Supremo de EEUU sobre el aborto, el control de armas y el cambio climático. 

El valor de la comisión sobre el 6 de enero de 2021 reside en ofrecer información sobre lo que pasó; memoria, que es débil, en año y medio los sucesos parecen de otra época, ya casi olvidados; y pedagogía democrática.
En una reciente estancia pude comprobar la coyuntura política norteamericana y también la estructura, llamémosle así, los mensajes que EEUU como Estado lanza de forma continuada  a ciudadanos propios y ajenos desde sus estructuras, por ejemplo, desde sus museos.
El presidente Lincoln vigila la capital política del país desde un partenón en un extremo del National Mall, que indica el triunfo del dórico en EEUU como en ningún otro lugar del planeta, sentado en un templo griego con enormes inscripciones talladas de su segundo discurso de investidura y su discurso de Gettysburg, ambos marcados por la guerra civil.
"Nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales (...). Que este país, bajo Dios, pueda tener un nuevo nacimiento de libertad, y que el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la Tierra", palabras de Lincoln allí grabadas.

Museo de la Guerra Civil Americana
en Richmond (Virginia).

En el recomendable Museo de la Guerra Civil Americana en Richmond (Virginia), recordemos que la ciudad fue la capital confederada, se ofrece información detallada del conflicto (1861-1865), que fue guerra de secesión (siete Estados quisieron irse de la federación), información de batallas, protagonistas; de 750.000 víctimas mortales, cifra no superada de nacionales fallecidos en una guerra, casi el doble que en la Segunda Mundial; se ofrecen mensajes políticos sobre las bondades de la Unión, de la igualdad en derechos de cualquier ciudadano y mucho contenido sobre la segregación racial de los norteamericanos de origen africano.
Sale de allí uno bien informado sobre cómo la abolición de la esclavitud fue decisión acelerada por la guerra (los padres fundadores no eran de la idea unas décadas antes) y cómo la igualdad legal de derechos fue torpedeada con éxito en la realidad durante más de un siglo, al menos hasta los años 60 del siglo XX. Tenemos aquí memoria, información y mensajes políticos democráticos.
Tres mil ochocientos kilómetros al sur, y a un clic instantáneo de distancia, este mes de junio se ha difundido el informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia.
"Somos una Entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera".
Y ¿qué han hecho? "El proceso para crear el Informe Final comenzó en noviembre de 2018 y se desarrolló dentro de un enfoque de varios niveles para descubrir, comprender y analizar el conflicto armado que se ha extendido por medio siglo”. En medio de este trabajo, se resaltan los siguientes logros:

• La recolección de cerca de 15.000 entrevistas individuales y colectivas, tanto en el territorio nacional como a los colombianos exiliados en 23 países, lo que permitió escuchar directamente a cerca de 30.000 personas.

• La investigación en profundidad sobre 730 casos y 1.195 informes de hechos de violencia durante el conflicto armado.

• La creación de 28 Casas de la Verdad en municipios afectados por el conflicto armado.

• La realización de 14 Diálogos para la no continuidad y la no repetición del conflicto armado, 10 Reconocimientos (de responsables y de dignificación a víctimas), 17 Contribuciones a la verdad (entre ellas las cinco sostenidas con los expresidentes Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos), 16 Encuentros por la Verdad, 53 Espacios de escucha (de todos los sectores, incluida la Fuerza Pública), 23 escenarios de convivencia y cinco diálogos de recomendaciones.

• La colaboración de 186 voluntarios y cerca de 800 organizaciones internacionales que apoyaron el proceso de escucha en países como España, Suecia, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

• Más de 23.000 horas de investigación y deliberación con documentos históricos, expertos multidisciplinarios y archivos nacionales, incluida la exploración en profundidad de la difícil situación de los pueblos étnicos (comunidades negras, indígenas y Rom) durante la guerra.

El objetivo de la Comisión con la presentación de su Informe Final y su legado es “que los hallazgos y recomendaciones que son el resultado de su proceso contribuyan significativamente a la dignificación de las víctimas y tengan un impacto real en las políticas públicas y en la población colombiana en general". 
El resultado es un muy recomendable e inmenso trabajo que se puede sintetizar en información, memoria y pedagogía democrática sobre un conflicto que entre 1985 y 2018 registró en Colombia al menos 450.000 homicidios.
Ocho mil kilómetros al noreste de Bogotá, y a centímetros de su sensibilidad, se acaba de aprobar este 14 de julio en el Congreso español la Ley de Memoria Democrática (aquí enlace a proyecto de ley, BOCG de 7 de julio) con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones; cinco de los votos favorables pertenecieron a EH Bildu, independentistas vascos, las matemáticas dicen que no fueron imprescindibles; lo destacable es cómo partidos sistémicos como el PP, de extremo centro en extinción como Ciudadanos o aparentemente de izquierdas como ERC no apoyaran la ley con entusiasmo.

Valle de los Caídos (España), mayo de 2022.

El proyecto de ley irá en septiembre al Senado para su previsible aprobación definitiva.

La ley, continuidad de la norma aprobada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, "profundiza en la política de Estado en favor de la verdad, la justicia, la reparación y el deber de memoria como garantía de no repetición", según argumenta el Gobierno en nota informativa, de gran utilidad para quien no tenga tiempo o interés en leerse el texto completo de la ley.
La norma incluye la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, centrada en el conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra edad contemporánea. Por primera vez se condena de manera expresa el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista.
La norma profundiza en el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil de España y la dictadura franquista, hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978 y homenajea a todas las víctimas de la contienda. También reconoce la Ley de Amnistía como un logro de todos los demócratas y pone en valor la importancia de la Transición y de la Constitución de 1978, como pilar fundamental de la democracia.
La ley se fundamenta en los derechos humanos y en los principios fundamentales del derecho internacional humanitario (verdad, justicia, reparación y deber de memoria) y da respuesta a las recomendaciones de los organismos internacionales, como Naciones Unidas.
Respecto a la verdad

• Declara el derecho de los familiares y la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

• El Estado asume el liderazgo en la búsqueda e identificación de desaparecidos y el impulso de las exhumaciones.

• Establece la elaboración de un censo de todas las víctimas de la guerra y la dictadura y se garantiza la preservación de documentos y el acceso a los archivos.

• Impulsa la creación de un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura y un registro y censo de víctimas.

• Recoge un reconocimiento explícito del papel del movimiento memorialista y crea una estructura estable de participación a través del Consejo de la Memoria Democrática.

Respecto a la justicia

• Declara la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción y la nulidad de sus sentencias y pone en el centro de la acción pública a las víctimas.

• Declara el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos de la guerra y la dictadura hasta la promulgación de la Constitución de 1978.

• Impulsa la creación de una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía General del Estado como instrumento de la investigación.

Respecto a la reparación

• Avanza en la necesidad de realizar una auditoría y un inventario de bienes incautados y sanciones económicas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

• Se incluyen dos nuevos supuestos de adquisición de nacionalidad española para quienes sufrieron el exilio.

Respecto al deber de Memoria como garantía de no repetición

• Los contendidos de Memoria se han incluido en las enseñanzas de ESO y Bachillerato.

• Se fomentará la investigación en materia de memoria democrática.

Además, la Ley reconoce expresamente el papel desempeñado por las mujeres en su lucha por la conquista de derechos y libertades que ocupan un lugar transversal y singular a lo largo de la norma. También establece la obligación de retirar vestigios franquistas, dispone la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo o actividades que supongan menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas y establece un régimen sancionador que garantiza el cumplimiento de la ley con multas que van desde los 200 a los 150.000 euros.
La norma establece dos días oficiales de memoria: el 31 de octubre, para el recuerdo y homenaje a todas las víctimas, y el 8 de mayo, para el recuerdo y homenaje de las víctimas del exilio.
Finalmente, incluye una regulación exhaustiva de los supuestos contrarios a la memoria democrática, avanza en lo relativo al patrimonio documental, regula los lugares de memoria y modifica el régimen jurídico del conjunto del Valle de los Caídos como paso previo a su resignificación.
La Ley de Memoria alcanza hasta el año 1978, año de aprobación de la Constitución española, y contiene una disposición adicional que permitirá la creación de una Comisión de expertos que pueda investigar posibles vulneraciones de derechos humanos a personas que lucharon por la libertad y la democracia desde la entrada en vigor de la Constitución hasta 1983, informa Presidencia.
Disfrazado de bisonte
Estos procesos de memoria democrática, justicia transicional, comisiones de la verdad, que en España han tenido su traducción en las leyes de memoria de 2007 y 2022 (aquí enlazo un artículo propio sobre este tipo de iniciativas), siempre encuentran resistencia y no resultan sencillos en ninguna geografía, son incómodos para muchos e imprescindibles para sus respectivas sociedades.
La tramitación parlamentaria de la ley española ha generado rechazos múltiples entre muchos hoy más ocupados en defender su biografía que las ideas que la inspiraron; abundan también quienes no aprovechan ninguna oportunidad de condenar la dictadura y sus efectos, nostálgicos del franquismo, de su juventud o de otro planeta distinto al actual; la ley se ha visto además marcada por el peregrino argumento de haber sido casi redactada por el terrorismo independentista vasco a los 12 años de haber desaparecido la organización terrorista bajo un Gobierno del mismo partido socialista que ha redactado la ley.
Se da la circunstancia de que en la España de 2022 florece el antiterrorismo sin ETA, como hay más anticomunistas sin la URSS que comunistas quedan, falta de argumentos políticos y repesca de estrategias que funcionaron para algunos en el pasado.

Monumento a Lincoln en Washington.

Si Lincoln se levantara de su asiento de mármol dórico firmaría al pie el informe colombiano y la ley de memoria democrática española, y seguiría aterrado por televisión, emitido en horario de máxima audiencia, las comparecencias sobre el asalto al Capitolio y la deslegitimación de los resultados electorales por parte del Partido Republicano, indistinguible de Trump.

"Hay futuro si hay verdad", han escogido en Colombia como lema para presentar su trabajo y conclusiones; que se podría traducir en que la democracia es uno de esos asuntos que hay que trabajarse todos los días, porque nunca está el proceso finalizado, hay que mantener cierta tensión continuada, como sucede en algunos ejercicios de respiración.
En caso contrario en cualquier momento se puede uno encontrar en la cocina a un tipo disfrazado de bisonte y con los pies encima de la mesa. Al conocido como "chamán de QAnon" le han condenado a tres años y cinco meses de cárcel; hay otros 600 imputados. Esos 41 meses de cárcel también son pedagogía democrática.

Artículo publicado también en el blog 'Al revés y al derecho' de infoLibre.

Nostalgia (democrática) de futuro

Fotografía de Nicolás Muller, de los años cuarenta, 

parte de una exposición inaugurada en noviembre 

de 2020 en el Instituto Cervantes de Tánger.

La actualidad nos presenta un anteproyecto de ley de memoria democrática, la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar símbolos de la II República, el permanente blanqueamiento del franquismo, ya sin frenos mentales ni sociales, el centenario de la Legión... ¿Cómo nos situamos hacia el pasado?

Somos lo que elegimos recordar, se puede decir desde un enfoque literario, pero la frase se puede aplicar también a la política: una sociedad elige unos determinados referentes pasados para tratar de ser mejor en el presente y a futuro. Así han actuado muy diversos países, media Europa recuerda y honra la resistencia al nazismo, no el colaboracionismo imprescindible de muchos para que triunfara en suelo alemán, holandés o francés; los mismos EEUU pasan de puntillas sobre el genocidio de los nativos norteamericanos o el racismo, aunque conmemoren a Martin Luther King -fiesta nacional- por unas ideas más ejemplares que las de sus asesinos; la parte del planeta que algunos identifican como Occidente sólo comienza ahora a pensar qué hacer con su pasado colonialista, el contenido de sus museos y la valoración que merece una actuación pretendidamente civilizadora que en la inmensa mayoría de las ocasiones fue ejemplo y preludio de guerras, racismo y violencia vividas más tarde en la propia Europa en la primera mitad del siglo XX.

Hay causas nobles y otras lo son menos, compatible con la frase de Camus cuando dijo en relación con la Guerra Civil que "fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa".

En relación con los acontecimientos registrados por la Historia, nada fue inevitable.

Digamos que España no estaba condenada a un golpe de Estado en 1936, a una Guerra Civil con medio millón de muertos (200.000 en la retaguardia) y 40 años de dictadura.

Digamos que Francia pudo o no sufrir un golpe de Estado en 1962 (lo sufrió, a manos de sus militares africanistas y fracasó) o Chile 1973 o Argentina 1976 o Egipto en 2013, acontecimientos -golpes de estado y dictadura posterior- ante los que uno puede mostrarse crítico, indiferente o entusiasta.

Para acercarse a estos procesos históricos siempre es útil buscar la compañía de historiadores, profesionales de las Ciencias Sociales que cuentan con la perspectiva, conocimiento y competencia profesional del oficio, y son de ayuda en este momento el reciente "Una violencia indómita. El siglo XX europeo", de Julián Casanova; o "El holocausto español", de Paul Preston.

Se trata de estudiar la historia de la violencia para comprender lo que ocurrió y evitarla, libros que arrojan luz sobre los bárbaros y quienes se resistieron a la barbarie.

En un clima de crispación política que curiosamente aparece en España en las legislaturas en las que no gobierna la derecha, se reprocha a la izquierda algún tipo de extraño complejo o pecado original en su acercamiento a la Guerra Civil, quizá por ponerse de parte de las víctimas, entre ellas la democracia.

Desde dentro del colectivo acusado se puede decir que simplemente los referentes simbólicos y los objetivos son distintos, que la supuesta voluntad revanchista, que hasta podría estar justificada, hasta ahora no ha tenido confirmación científica con pruebas de laboratorio.

Una prueba bastante clara del ánimo fundamentalmente constructivo y conciliador de los partidos hoy gobernantes se puede observar en la conmemoración este mismo año del centenario de la Legión, recordatorio exquisitamente acrítico con su historia, con su actuación durante más de la mitad de su existencia,  ligada mayoritariamente al colonialismo en Marruecos y el bando insurrecto de la Guerra Civil; relacionado con lo anterior, sigue pendiente por parte de las Fuerzas Armadas una profunda revisión de sus referentes simbólicos, en vista de los cuales no ha sido mala decisión proyectar su utilidad desde el presente hacia el futuro, aunque se titubea.

En España se podría afirmar que estamos viviendo por fascículos y tardíamente la comisión de la verdad que suele acompañar los procesos de transición desde la violencia o dictaduras a regímenes democráticos, procesos que se han vivido recientemente en países cercanos como Colombia, Marruecos o Túnez y aquí nunca se celebró en formato al uso (aquí un acercamiento al tema).

Como contraste digamos que Franco ha cabalgado a caballo en  el principal centro de formación de los militares españoles -Ejército de Tierra- hasta agosto de 2006, en la Academia General Militar de Zaragoza; todos los oficiales españoles que han pasado por el centro hasta esa fecha han convivido con naturalidad con el dictador en estatua ecuestre, con el débil argumento que el dictador fue antes director de la academia, como si pudiera celebrarse de Hitler sus años mozos o sus dotes pictóricas o literarias.

Con semejante paisaje, digamos entre paréntesis que no sorprende la reciente salida ideológica del armario de algunos generales al pasar al retiro, armario en el que guardaron su ideología extrema para ascender en el escalafón bajo gobiernos incluso socialistas. 

Más allá de gestos simbólicos, la principal iniciativa pública para honrar a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura ha sido hasta hoy la conocida como ley de Memoria Histórica, llamada realmente Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

En cumplimiento de aquella ley, que se quedó algo corta en cuanto al compromiso del Estado con las víctimas desaparecidas, desde el Ministerio de Defensa se realizaron diversas actuaciones para profundizar en el conocimiento de nuestra historia mediante la digitalización de fondos documentales,  la mejora del tratamiento de los fondos y acceso a los archivos históricos, la modernización de museos militares y la retirada de símbolos en dependencias del Ministerio y ejércitos relacionados con la Dictadura o la Guerra Civil.

En el proceso de aplicación de la ley se retiraron a lo largo de los años 2009 y 2010 un total de 410 símbolos; y se modificaron además 11 denominaciones de bases, acuartelamientos o establecimientos (Carmen Polo y Francisco Franco daban nombre a residencias militares en Madrid hace una década).

Sobre símbolos retirados, al margen de caballos y águilas, sirva recordar ejemplos anecdóticos como uno que conmemoraba en Ferrol la primera guardia que pasó insomne el dictador en tiempos de joven militar; o una placa en bronce con nada menos que las huellas de la pisada de Franco que se lucía en Ceuta emulando las de aquel astronauta Armstrong sobre la luna.

"Always Franco", escultura de Eugenio Merino.

La renovación completa del Museo del Ejército, inaugurado en julio de 2010 en su nuevo emplazamiento del Alcázar de Toledo, podría encuadrase también en las iniciativas puestas en marcha de recuperación respetuosa del pasado.

¿Qué ocurrió después de aquel impulso de finales de la primera década de siglo? Poco reseñable, más allá de declaraciones públicas y voluntad política en contra de financiar actuaciones enmarcadas en este campo de la memoria histórica o acusaciones directas a familias de desaparecidos de querer lucrarse con las subvenciones.

El hilo cronológico nos lleva entonces hasta la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019, de la que se acaba de cumplir un año sin movimiento alguno por parte de los muchos nostálgicos, que tampoco peregrinan a Mingorrubio/cementerio de El Pardo para visitarlo en su nueva morada, ni una vela calientaplatos parece haberse encendido para la ocasión. Recordemos, porque la memoria es corta, hasta la democrática, que tuvo que ser el mismo Tribunal Supremo quien avalara en sentencia la retirada de los huesos del dictador de la basílica, sentencia firme y unánime del Supremo del 30 de septiembre de 2019 que puso fin al proceso contencioso-administrativo interpuesto por la familia para intentar impedir su salida del Valle de los Caídos.

El calendario avanza y llega a enero de 2020, cuando se crea por primera vez en el seno del Ministerio de la Presidencia una Secretaría de Estado de Memoria Democrática. 

"Siendo la memoria el ejercicio de reconstrucción del pasado en el momento presente, ha de entenderse como un derecho; un derecho de la ciudadanía", se lee en una web puesta en marcha desde la Presidencia del Gobierno. "Para ello, el objetivo fundamental de toda política de memoria es crear condiciones de pedagogía social que se constituyan en garantías de no repetición".

A través de este sitio web, se podrán consultar una serie de recursos informativos, así como atender las peticiones y reparación de las víctimas y sus familiares. 

Finalmente llegamos al anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado por el consejo de ministros de 15 de septiembre.

"El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura".

La Ley adopta medidas destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.

Se determina la consideración de víctima con arreglo a los parámetros internacionales de Derechos Humanos y declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.

Además, instaura el 31 de octubre, fecha de la aprobación en Cortes de la Constitución española en 1978 como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas. Asimismo, se declara el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.

La nueva ley recogerá la elaboración un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, dando respuesta a la fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas en ese periodo. 

Sobre el derecho a la verdad de las víctimas, se asume que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad, reforzando la colaboración entre las mismas. Incluye medidas como el impulso al mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones y régimen de autorizaciones. Asimismo, se crea el Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Se incluyen actuaciones como la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la Dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales podrán adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Introduce a su vez medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial. Con el mismo objetivo se ocupa de la revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios, que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura.

Asimismo, incluye actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista.

Recoge también acciones en el plano educativo actualizándolos contenidos curriculares para ESO y Bachillerato, y en el plano de la investigación y la divulgación con el fin de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. Se contempla la constitución de una Fundación cuyo objeto será contribuir al conocimiento, difusión y promoción de la historia de la democracia en España a través de la preservación de los archivos de los presidentes del Gobierno constitucionales.

Retirada de la placa en homenaje a Largo

Caballero de su casa natal en Madrid.

Se regulan los Lugares de Memoria Democrática con una función conmemorativa y didáctica. En cuanto al Valle de los Caídos, se enfatiza su resignificación con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes. Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos tienen el carácter de cementerio civil y solo podrán albergar restos de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil. Asimismo, se procederá a reubicar cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la Dictadura. Se declarará con la ley como extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Este anteproyecto de ley se puede interpretar como la segunda parte de la Ley de Memoria Histórica de 2017 y un avance más en la profundización democrática de nuestro país, en línea con las democracias avanzadas que celebran sus amagos democráticos y condenan las dictaduras, al menos sobre suelo patrio (cosa distinta sucede con el Brasil de Bolsonaro, para quien su dictadura militar mató poco).

Junto a las iniciativas legislativas cabría mencionar actuaciones poco conocidas y de largo recorrido, como la desarrollada en los últimos años por parte de la Diputación de Ciudad Real con el Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED, bajo el nombre de "Mapas de Memoria", un espacio de investigación, creación e intervención social que busca generar conocimiento sobre el pasado reciente. Conformado por antropólogos, historiadores, investigadores y artistas, su objetivo es establecer puentes para comprender la memoria, la violencia y el trauma, así como dignificar a las personas que fueron desaparecidas o silenciadas.

Siempre conviene recordar que la ampliación o el ejercicio de derechos no afecta al no interesado, ya sea el matrimonio homosexual, la libertad de expresión o que el Estado te ayude a encontrar y enterrar al abuelo: quien no se quiera casar, opinar o no tenga abuelo en paradero desconocido nada tiene que temer.

Contra olvidadores (Benedetti), agoreros, provocadores, asustados de buena fe, contra perezosos intelectuales, la España de 2020 tiene una solidez institucional y social en nada comparable a los años treinta del siglo XX; la prueba es la civilizada no respuesta -probablemente reducida a los tribunales, y al uso del detergente para eliminar pintadas- a la inmensa provocación desde el Ayuntamiento de Madrid de retirar a martillazos de su casa natal una placa conmemorativa de Largo Caballero, muerto en el exilio, prisionero de los nazis, presidente del Gobierno, ministro de la República, por decisión del PP gobernante tras propuesta de Vox apoyada también por Ciudadanos. La misma sentencia política a muerte civil ha recibido Indalecio Prieto, fallecido en el exilio, promotor nada menos que de un acuerdo nacional en 1948 con los monárquicos para restaurar la democracia en España, secretario general del PSOE y ministro de la República.

Para quien dude sobre la decisión, 250 historiadores se han sumado hasta la fecha a una declaración de emergencia en la que sustentan los criterios no históricos de la medida.

España es sólida a pesar de sus destructores, lo que no les quita responsabilidad en el intento.

El anteproyecto de ley de Memoria Democrática saldrá adelante o no dependiendo de la lógica parlamentaria, más allá de los efectos higiénicos que algunos le adjudicamos, como a la lógica parlamentaria respondió la eliminación de la Justicia o la Sanidad universal del ordenamiento patrio con gobiernos anteriores.

En cualquier caso, siempre será muy distinto enfrentarse a una dictadura a padecerla, beneficiarse de ella o añorarla acusando de dictatorial a la democracia que la sustituyó.

No es lo mismo ampliar derechos que recortarlos.

En relación con el pasado, cada uno elige el espejo donde mirarse.

Nadie quiere hoy ganar una guerra porque la razón democrática sólo estuvo en un bando; el objetivo es ganar el presente y el futuro.

Sugerencias

• Memoria democrática, información y enlaces en la web de Presidencia del Gobierno.
• Normativa relacionada con la memoria democrática
• Centro Documental de la Memoria Histórica
• Ministerio de Justicia
• Sobre Largo Caballero, Prieto y Vox. Un informe técnico (Conversación sobre la Historia, 6.10.2020).
• Mapas de la Memoria (proyecto de la Diputación de Ciudad Real y la UNED).
• Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos.
• Declaración institucional de Pedro Sánchez con motivo de la exhumación de los restos de Francisco Franco (La Moncloa, 24 de octubre de 2019).
• Acuerdo para la ejecución de la exhumación y reinhumación de Francisco Franco (Moncloa, 11.10.2019).
• Comisiones de la verdad, versión española, por Carlos Penedo (Blog Contextos / infoLibre, 16.1.2018).

Comisiones de la verdad, versión española

Artículo de opinión publicado también en infoLibre / Blog Al revés y al derecho.

Retirada de la estatua ecuestre de Franco que presidió hasta 2006

la entrada de la Academia General Militar de Zaragoza (EFE).

En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.
Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.
Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.
Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia.
"Las comisiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo", define el Centro Internacional para la Justicia Transicional -ITCJ-, organización internacional especializada en la justicia en periodos de transición.
En síntesis, este tipo de comisiones tienen iniciativa pública, no sustituyen a la justicia penal, ponen el foco en las víctimas y en las violaciones de los derechos humanos, y suelen recopilar un gran volumen de datos, con miles de víctimas, y a menudo durante un periodo de tiempo muy amplio que puede contemplar décadas. Entre sus objetivos figuran afrontar la impunidad y obtener una imagen más o menos clara de sucesos violentos que permanecen en disputa o son negados, proteger y reconocer a las víctimas y supervivientes, proponer políticas y promover cambios también sociales.
Tras el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016, y recogido entre sus compromisos, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición fue creada en Colombia por un decreto presidencial en abril de 2017, un mecanismo entre otros -como la búsqueda de desaparecidos-, contempla un periodo de seis meses para entrar en funcionamiento y tres años de mandato que culminarán con la elaboración de un informe final.
"Satisfacer de manera oportuna los derechos de las víctimas", insiste el decreto de creación, además de "garantizar el derecho a la verdad como un pilar fundamental para la consolidación de la paz".
Entre los objetivos se mencionan "contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido", "el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país" y "promover la convivencia en los territorios y la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia".
"La CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado".
En noviembre de 2017 el Comité de Escogencia ha seleccionado a los 11 integrantes de la Comisión, que incluye religiosos -la preside un sacerdote jesuita-, periodistas, sociólogos y militares entre sus perfiles.
Estas comisiones dan voz y protagonismo a las víctimas de la represión y audiencia que en algunos casos se produce en la televisión pública en horario de máximo impacto, como está ocurriendo actualmente en Túnez.
El Gobierno tunecino creó la llamada Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), en diciembre de 2014, con las funciones de identificar y juzgar a los responsables de los abusos cometidos durante los régimenes de Habib Burguiba (1957-1987) y Zine el Abidine ben Alí (1987-2011).
La comisión cuenta con activistas pro derechos humanos, opositores a Ben Alí, jueces, abogados, y representantes de colectivos de víctimas de la represión.
También se trata de un mecanismo entre otros, como la Comisión Nacional de Investigación sobre los Temas de Malversación y de Corrupción; y la Comisión Nacional de Investigación sobre las Violaciones y los Excesos cometidos hacia el final de la dictadura.
Creada en 2013, la Instancia tunecina ha recopilado más de 62.000 denuncias presentados por víctimas de todo tipo de abusos, y realizado más de 48.000 audiencias.

Cartel de la película de Álex de la Iglesia "Balada triste

de trompeta" (2010), comedia negra que se desarrolla

en parte en el mausoleo del Valle de los Caídos.

Unos años anterior a las dos mencionadas es la comisión de la verdad creada en Marruecos en los primeros años de reinado de Mohamed VI para investigar nada menos que los denominados "años de plomo" del reinado de su padre Hasán II, llamada Instancia Equidad y Reconciliación. Fue instaurada en enero de 2004 y entregó un informe final al rey en diciembre de 2005 con el balance de unos trabajos desarrollados con el objetivo de arrojar luz sobre las graves violaciones de los derechos humanos entre 1956 y 1999, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y proponer reformas.
Como resultados más directos, la comisión marroquí consiguió determinar las circunstancias de la muerte de alrededor de 800 víctimas (desaparecidos forzosos), se abrieron 17.000 investigaciones individuales y se indemnizó a más de 10.000 víctimas.
Una peculiaridad de la comisión marroquí fue que contempló la reparación comunitaria, la represión de ciertas regiones y comunidades (por ejemplo el Rif y grupos de víctimas como las mujeres), para lo que recomendó programas de desarrollo socioeconómico y cultural.
Las organizaciones de derechos humanos de Marruecos se preocupan desde entonces en seguir el cumplimiento de aquel informe final de una comisión que cuenta con una web algo congelada en cuatro idiomas, entre ellos el español.
Tres casos diferentes los de Colombia, Túnez y Marruecos: el final de una guerra civil, la caída de un dictador, la reinvención de una monarquía autoritaria.
"Una comisión de la verdad puede verse como la ruptura con un pasado violento, una restauración de los cimientos morales de la sociedad que merece el nivel más alto de reconocimiento y apoyo", nos dice el ITCJ.
La reconciliación no es una consecuencia directa de este tipo de comisiones de la verdad, aunque ayudan a crear un nuevo clima político y a recuperar la dignidad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.
En España no se celebró en el paso de la dictadura a la democracia iniciativa comparable a las tres comisiones de la verdad reseñadas.
La equidistancia, hoy convertida en un insulto en el marco de la crisis independentista en Cataluña, fue una marca de fábrica de la transición política española, en lo referido al franquismo y sus delitos, o al abandono de sus víctimas aún mal enterradas por millares en cunetas y barrancos.
Lo más parecido vivido en España a una comisión de la verdad, por su contenido y objetivos, es la llamada ley de la memoria histórica que acaba de cumplir diez años desde su entrada en vigor tras la publicación en el BOE de 27 de diciembre de 2007, con el largo nombre de Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura; la ley recibió el apoyo de todos los grupos (PSOE, IU-ICV, CiU y PNV) salvo PP y ERC; los partidos ya emergidos entonces no existían.
Además de contribuir a generar un debate público, son indudables los logros de una ley en cuyo articulado se incluye el fomento de la memoria democrática, proclama el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia por motivos políticos o ideológicos durante la guerra civil y la dictadura posterior; se declara la ilegitimidad de sus tribunales, sanciones y condenas; se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos económicos de las víctimas (orfandad, años de cárcel); se concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados y los miembros de las Brigadas Internacionales; la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados...
Capítulo especial y polémico mereció la retirada de más de medio millar de símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura (más de 400 de instalaciones militares o dependientes del Ministerio de Defensa).
Entre las críticas hay que mencionar la moderación de la ley en cuestión de fosas comunes (anima  a las administraciones públicas a que faciliten a los interesados su localización, y se hizo un mapa) y una serie de recomendaciones en relación con el mausoleo del Valle de los Caídos sin resultado una década después.

Monumento con las huellas del dictador Franco

retirado en 2010 del Monte Hacho en Ceuta.

Todas estas iniciativas fueron recogidas en una página web, de la que han desaparecido los enlaces desde los organismos públicos aunque sigue viva en el ciberespacio, también congelada, porque el actual gobierno del Partido Popular se ha dedicado a congelar su aplicación y hasta el presidente Rajoy ha llegado a presumir de no destinar un euro a su cumplimiento, caso sólo similar a la Ley de Dependencia y nunca equiparable a la pedagogía pública necesaria con la Ley General Tributaria, por poner un ejemplo.
La Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por iniciativa del Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue un ejercicio positivo con un exceso de prudencia que como ocurre a menudo no es reconocido ni por los propios porque se queda corta ni por los extraños a quienes cualquier paso les parece excesivo. Lo peculiar de este asunto es la distinción entre propios y extraños en la defensa de la democracia.
Los últimos coletazos parlamentarios sobre esta Ley han sido la aprobación en el Congreso, con ánimo reformista, de una proposición no de ley promovida en septiembre por el Grupo Socialista y de una proposición de ley el pasado noviembre impulsada por el PDCat.
Se habla últimamente con frecuencia de brechas generacionales, que haberlas haylas, aunque en este y otros casos (violencia machista) se puede interpretar también que las sociedades evolucionan y hacen inadmisible lo que se aceptaba hasta ese momento.
En el 40 aniversario de la Constitución española de 1978 aún existen iniciativas que pretenden impulsar una comisión de la verdad en España sobre los crímenes del franquismo (aquí, enlace la Plataforma que agrupa a muchas de ellas, y aquí un post publicado al respecto). Independientemente de su recorrido, sería positivo en cualquier caso en el corto plazo la aplicación completa de la Ley de memoria histórica, reformada o no; y podría ser aconsejable que el Gobierno español se implicara con su apoyo material y político en procesos de transición como los mencionados, aprovechando el reciente asiento conseguido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020.
En su mensaje navideño el rey Felipe VI animaba a recuperar el protagonismo internacional de España, de donde se deduce que lo tuvo y se ha perdido.
Como ocurre cuando se estudia una lengua extranjera, que te ayuda a conocer mejor la propia, la implicación española en procesos de carpetazo a la violencia en Colombia, Túnez, Marruecos u otros lugares apoyaría a los ciudadanos de esos países y al tiempo aumentaría la sensibilización de nuestros responsables políticos hacia las víctimas nacionales de un pasado que se resiste a abandonarnos.

Sugerencias

Marruecos

• El lento camino de Marruecos en derechos humanos, por Diego Blázquez (infoLibre - Blog Al revés y al derecho, 15-1-2018).
• La Comisión Marroquí de la Verdad: el momento de los primeros balances, por Driss Yazami (Afkar/Ideas, primavera 2006).
• Síntesis del informe final de la IER marroquí (en español, Fondazione Mediterraneo, 27-1-2006).

Túnez

• Túnez busca la verdad y dignidad que le arrebató la dictadura (El País, 26-12-2017).

Colombia

• Colombia - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.
• Mujeres al frente, documental y video de Lula Gómez.

España

• Más allá de la reconciliación, el silencio y el olvido, por Zira Box (Ctxt, 27-6-2018).
• Una democracia impermeable, por Ignacio Sánchez-Cuenca (infoLibre, 23-2-2018).
• Todos los nombres de la represión franquista (UNED / Diputación de Ciudad Real, 26-1-2018).
• 'El resurgir del pasado en España', de Paloma Aguilar y Leigh Payne (Taurus, 2018).
• España comienza mañana su andadura en el consejo de derechos humanos de la ONU (Servimedia, 31-12-2017).
• 10 años más de desmemoria (El Periódico, 3-12-2017).
• El Congreso aprueba reformar la ley de Memoria Histórica para declarar nulas las sentencias franquistas (Cadena SER, 14-11-2017).
• Memoria histórica: “La fortaleza de la democracia se mide en la capacidad de atender los reclamos de las víctimas” (Naciones Unidas, 19-5-2017). Informe sobre España de 2014.
• Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo.
• LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (BOE, 27-12-2007).
• Página web sobre la Memoria Histórica del Gobierno de España.

Comisiones de la verdad

• Por decreto, por Leila Guerriero (El País, 14-2-2018).
• Verdad, justicia y reparación. Creación de una comisión de la verdad efectiva (Amnistía Internacional, 11-6-2007).
• ICTJ - ¿Qué son las comisiones de la verdad?

La Cruzada de Trump

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.

En la historia universal de las construcciones políticas, el nacionalismo y sus poco más de dos siglos ocupa un lugar destacado, con una mala salud de hierro, superviviente a la reducción de la religión en los asuntos públicos, a los desastres del nazismo y el fascismo, a la construcción de organizaciones multinacionales como Naciones Unidas y la integración europea, superviviente a la misma globalización en esta última fase.
En el podio seguramente cabría situar también a las Cruzadas, un asombroso impulso político-religioso que desde finales del siglo XI supo reorientar la violencia durante un par de siglos, la brutalidad feudal medieval, hacia una campaña de expansión contra los vecinos y heterodoxos, fueran musulmanes en la llamada Tierra Santa o la península ibérica, también contra los paganos bálticos o los cátaros al otro lado de los Pirineos.
"¡Dios lo quiere!", gritaban en la primera cruzada impulsada por el papa Urbano II.
Guerra santa con objetivos políticos y comerciales patrocinada por la Iglesia (católica) y la Orden de Cluny, con la complicidad posterior de las monarquías nacientes que por estas tierras (Castilla, Aragón, León, Portugal) aprovecharon el fenómeno para ganar territorios hacia el sur con la valiosa contribución de un instrumento nacido para la ocasión como fueron las órdenes militares, soldados de Dios, monjes guerreros o guerreros monjes.
Nacionalismo y religión, parientes cercanos, nunca se fueron del todo y hoy reviven con una fuerza insospechada.
En su juramento como presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que "el proteccionismo nos llevará a la prosperidad", frase digna de ser inmortalizada en bronce. Dijo más cosas:

• Reforzaremos viejas alianzas y crearemos nuevas, y uniremos a todos los países civilizados en contra del terrorismo radical islámico, que erradicaremos completamente de la faz de la tierra.
• La Biblia nos dice: "Qué bueno y satisfactorio es cuando el pueblo de Dios convive en unidad".
• Estaremos protegidos por los magníficos hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y, más importante, estamos protegidos por Dios.
• Que Dios os bendiga a vosotros y Dios bendiga a América.

La verdad es que en inglés suena más solemne que en español, no es extraño que lo haya eliminado de la web de la Casa Blanca, a diferencia de los tiempos de Carlos I y V -recomendaba el español para dirigirse al Creador y en inglés a los caballos- hoy para hablar con Dios es más directo el inglés:

• We will reinforce old alliances and form new ones – and unite the civilized world against Radical Islamic Terrorism, which we will eradicate completely from the face of the Earth.
• The Bible tells us, “how good and pleasant it is when God’s people live together in unity.”
• We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement and, most importantly, we are protected by God.
• God Bless You, And God Bless America.

En el caso de Trump no sería "Dios lo quiere", como en la idealizada Edad Media, sino "Dios nos quiere".
Tanta referencia al Altísimo en apenas diez minutos de discurso probablemente no signifique nada concreto, teniendo además en cuenta la diversidad religiosa de ese gran país, el Dios al que alude es genérico como las salas de oración ecuménicas de hospitales y aeropuertos, puede ser cristiano episcopaliano, evangelista, católico o judío (sí huele a Antiguo Testamento); sincretismo religioso que añade un componente irracional en la presidencia entrante, imprevisible, apolítico, sentimiento puro.
Proteccionismo irracional, se podría sintetizar todo lo anterior.
Pura democracia sentimental, título de un reciente libro de Manuel Arias Maldonado. Las apelaciones en la política española cada vez más frecuentes al perdón en lugar de a responsabilidades penales o políticas, sea por la gestión del Yak, sea por el caos de las recientes nevadas, se enmarcan en la misma línea.
La esperanza al otro lado del Atlántico apunta a que la reacción a Trump vendrá desde dentro de los mismos Estados Unidos, como se empezó a comprobar desde el mismo día del juramento.
Los primeros en reaccionar, cosa no prevista, han sido la sociedad civil norteamericana y Canadá; el resto ya está tardando.

Sugerencias

• Payasos terroríficos, por Antonio Muñoz Molina (El País, 5-2-2017). Silvio Berlusconi y Donald Trump son inmunes al ridículo porque agotan en su comportamiento todas las posibilidades de la caricatura
• The People Are Leading the Politicians in the Fight Against Trump (The Nation, 31-1-2017).
• Donald Trump’s Muslim Ban Is Cowardly and Dangerous, editorial (The New York Times, 28-1-2017).
• Alud de críticas a Trump por defender la utilidad de la tortura (El País, 27-1-2017). Los republicanos le recuerdan al presidente que los abusos a detenidos son ilegales
• La edad de oro americana, por Martín Caparrós (El País, 26-1-2017). La lectura melancólica de la historia de Estados Unidos no permite entender el país que es
• We Are Dissidents; We Are Legion, por Charles M. Blow (The New York Times, 23-1-2017).
• Trump Administration, Center for American Progress.

Leyendas, historia y datos sobre yihadistas

Columna de opinión publicada en Estrella Digital.

Iglesia de san Román en Toledo que 

alberga el Museo de la Cultura Visigoda. / PND

UNO - En el Boletín Oficial del Estado de 6 de mayo de 1969 el dictador Franco firma el decreto de fundación del Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda en Toledo. El texto dice que "la época visigoda constituye un estrato básico en la forja del espíritu unitario del pueblo español". Recuerda la exposición de motivos que "aquel contingente de gentes invasoras" eran nada menos que "las más cultas de todos los germanos", recuerda el viaje al catolicismo de Recaredo en el 589 "y con ella la conversión de todo el pueblo godo a la verdadera fe", y el hallazgo en ese periodo de "una fórmula espléndida de convivencia entre la Iglesia y el Estado". 
Lo que la historia nos dice de aquellos tres siglos de dirección política visigoda (409-711) es la sucesión de reyes y disputas internas, su escaso e intermitente control militar de la península, disputado por otros godos menos leídos, bizantinos en la costa y francos al norte.
DOS - Cuando Alfonso VI entra en 1085 en Toledo, en un lugar cercano a la puerta del Valmardón su caballo se detiene, se hinca de rodillas ante una mezquita y se niega a dar un paso: allí encuentran enterrada la imagen de un Cristo, oculto durante los más de tres siglos de dominación musulmana, junto con una lámpara de aceite que no había dejado un segundo de alumbrar. Un adoquín blanco en la puerta nos recuerda la decisión del caballo.
Lo que nos dice la historia es que en aquella conquista no se disparó una ballesta, que la caída de Toledo supone un importante avance de la llamada Reconquista y que desde muy temprano los reyes cristianos tuvieron la voluntad política de construirse una historia que incluyera desde los romanos hispanos a aquellos visigodos a los que Franco tuvo en alta estima.
Ya en el siglo XVIII se esculpieron 108 estatuas de todos los reyes que en España habían sido, incluida la familia completa de los godos, para situar en la cornisa del palacio real de Madrid, pero era tanto el peso de la historia que ante el peligro de aplastar a los últimos representantes de las dinastías reales se decidió prudentemente colocarlos en la plaza de Oriente y en el parque del Retiro.

TRES - En la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2015, que recoge los datos de un año antes, leemos que "el número de Sentencias recaídas durante el año 2014 en materia de terrorismo ha sido de 39: 33 respecto a ETA y su entorno, tres respecto al terrorismo radical de origen gallego, dos respecto al terrorismo internacional yihadista y uno de terrorismo anarcoinsurreccionalista".
"Fueron juzgados 142 acusados" y "el número total de condenados por terrorismo ha sido de 70: 61 de la Organización Terrorista ETA y su entorno, dos condenados por terrorismo internacional yihadista, seis por terrorismo radical independentista y uno por terrorismo anarcoinsurreccionalista".
Aquí hay cifras, no leyendas ni aún historia. En los periódicos, donde dicen que se escribe un esbozo, se publican a diario las continuas detenciones de yihadistas, que sumaron en 2014 un total de 36 en territorio nacional, según el Ministerio del Interior.
La "amenaza más grave para nuestra sociedad", que se califica en varias ocasiones en la Memoria como "fenómeno proteico", signifique lo que signifique, que centra la actividad de la Guardia Civil (80.000 agentes), Policía Nacional (68.000), CNI (3.500) y, fuera de España, de las Fuerzas Armadas (125.000), tuvo en 2014 un total de 36 personas detenidas y dos condenados.
Añade la Memoria que en las cárceles españolas hay 17 penados cumpliendo condenas por terrorismo yihadista (11 por los atentados del 11-M) y 62 presos preventivos; además un centenar de personas ha viajado desde España a zona de conflicto, de los que han vuelto una veintena (retornados) y siete han sido detenidos.

Mezquita del Cristo de la Luz, Toledo / PND

Probablemente el caballo de Alfonso VI y hasta el ministro de Educación y Cultura de Franco en 1969, José Luis Villar Palasí, podrían elaborar una explicación político-literaria -un relato, dicen ahora los modernos- de que, durante el año pasado, el número de condenas a terroristas independentistas gallegos supere al de yihadistas.
Mientras llega una explicación plausible, se recomienda visitar en Toledo la mezquita del Cristo de la Luz -mil años de historia nos contemplan- y la iglesia de San Román, sede ésta del citado Museo de la Cultura Visigoda, ubicado en una espléndida iglesia mudéjar con pinturas entre las que aparece un mural de la resurrección de los muertos, pero con ese estilo románico que no da casi miedo.

Sugerencias

• BOE de 6 de mayo de 1969.
• Memoria de la Fiscalía General del Estado 2015.
• Los datos desmontan la psicosis terrorista (El Mundo, 23-12-2015).
• Los reyes belgas estaban en un balneario en plena alerta terrorista (El País, 2-12-2015).
• You Are More Than 7 Times As Likely To Be Killed By A Right-Wing Extremist Than By Muslim Terrorists (Think Progress, 30-11-2015).
• Tulaytula: Asociación de Amigos del Toledo Islámico (1997-2012).
• Clara Delgado Valero (1952-1998), especialista en el Toledo islámico, en Dialnet.

Vergara y Ágreda en Orgullo y Satisfacción, diciembre 2015.

La Fundación Francisco Franco amenaza con denunciar a los ayuntamientos

MEMORIA HISTÓRICA
A la asociación "defensora de la obra y la figura de Francisco Franco Bahamonde, Generalísimo y Caudillo de España", no le gusta la Ley de Memoria Histórica ni los nuevos ayuntamientos que anuncian cambios en los callejeros, por lo que amenaza con demandas contra alcaldes y concejales

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

Imagen que ilustra el comunicado de la Fundación Francisco Franco.

Como "una nueva campaña revanchista" y una maniobra de distracción califica la Fundación Nacional Francisco Franco el anuncio de varios alcaldes recién electos en Madrid, Valencia, Zaragoza, La Coruña, Cádiz y Santiago de Compostela de adaptar los callejeros municipales a la llamada Ley de la Memoria Histórica de diciembre de 2007.
La Fundación pide "respeto a los nombres de las calles y monumentos como testimonio de una época de España, algunos sufragados por voluntad popular, cuyo juicio debe dejarse a los historiadores y no a los políticos". También "declara su intención de reprobar y demandar a los alcaldes y concejales que aprueben la retirada de monumentos, vidrieras, escudos y estelas por daños al patrimonio histórico artístico del pueblo español".
Esta asociación añade que si sólo pudieran aparecer en los callejeros a demócratas de trayectoria intachable, "habría que eliminar también a La Pasionaria, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, Santiago Carrillo y Lluís Companys, implicados todos ellos en golpes de Estado y asesinatos políticos".
"El comportamiento de la extrema izquierda, del PSOE y de los nacionalistas en estos últimos años ha vuelto a enfrentar a los españoles por unos hechos que todos creíamos ya olvidados, para lo que no vacilan en difundir mentiras como que España es el país del mundo con más desaparecidos sin enterrar, sólo superado por Camboya".

Critica al PP por no derogar la Ley

El Partido Popular no se libra de las críticas, a pesar de que en la conferencia política celebrada este fin de semana varios de sus dirigentes, como Esperanza Aguirre o la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, se han pronunciado en contra de la Ley de Memoria Histórica.
"El Partido Popular es responsable del actual clima de discordia por negarse a derogar la Ley 52/2007 y por aplicarla en numerosos municipios contra el sentir de sus votantes, a pesar de haber prometido modificarla en su campaña electoral de 2011", afirma la Fundación en un comunicado.
Piden la derogación inmediata de la norma "ya que sólo sirve para dividir a los españoles, manipular la historia y amenazar a todos los que quieran investigar la guerra civil y el régimen del 18 de Julio".        

Defensa de la verdad en todos sus frentes

Arco de la Victoria en Madrid. | Barcex / Wikipedia

La Fundación Nacional Francisco Franco nació en 1976, "apenas un año después de la muerte del Caudillo", dicen de sí mismos. Se constituyó legalmente y goza de personalidad jurídica como institución cultural "sin que su actividad u objetivos sean de adscripción política o partidista". Sus estatutos enumeran como objetivo prioritario la difusión de la memoria y obra de Francisco Franco.
La Fundación defiende la verdad en estos dos frentes: el personaje histórico y su legado, cumpliendo su función "a pesar de las dificultades", reconocen.        
En esa línea de actuación, junto a otras actividades –edición de libros, conferencias– "sale constantemente al paso, de forma documentada y objetiva, de tanta mentira y distorsión de la verdad".
Cuenta con un archivo que contiene un fondo de 30.000 documentos "que se han puesto a disposición de los historiadores, investigadores, periodistas y alumnos que preparan sus tesis a través de la página web o directamente en las oficinas de la sede".
La Fundación espera incrementar su actividad y visibilidad en breve con dos nuevos proyectos: la creación de un museo dedicado a Franco y sus colaboradores y sus realizaciones en los diversos campos de su era histórica; y "posibilitar a los jóvenes españoles una base cultural y un conjunto de valores y principios que les abrirá nuevos y más originales horizontes". En síntesis, su objetivo es que "la historia llegue sin tapujos ni veladuras a las nuevas generaciones".

Sugerencias

• Esperanza Aguirre pide derogar la Ley de Memoria Histórica (Estrella Digital, 11-7-2015).
• El Ayuntamiento de Madrid no ha elaborado un plan para cambiar nombres de calles (Versión Original, Ayuntamiento de Madrid, 7-7-2015).
• Pablo Casado insiste en que la Ley de Memoria Histórica es sectaria (Estrella Digital, 19-6-2015).
• Web oficial de la Memoria Histórica.